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El Brocal
El Brocal - Nº 8
Sábado, 22 junio a las 22:22:48

El Brocal

REVISTA DE ESTUDIOS Y DE DOCUMENTACIÓN
Nº 8 – 22 de junio de 2002

PREPARAR LA PAZ

Con este título, el 29 de mayo de 2002, los obispos de Bilbao, San Sebastián y Vitoria, hicieron pública una carta pastoral que, al menos, ha sido calificada de inoportuna.

Partiendo de ella, hemos recogido diferentes documentos sobre la misma, con un orden de correlación según han sido generados, a fin de dar una amplia visión a nuestros lectores.

Estos documentos, son:



TEXTO DE LA CARTA PASTORAL

Nuestra sociedad anhela la paz y sufre por no tenerla. La Iglesia comparte tal anhelo y sufrimiento y los expresa en la oración continua por la paz y en el trabajo diario por prepararla.

La crudeza y obscuridad del momento presente reclaman, además, de nosotros una palabra pública y explícita. Numerosos cristianos la están demandando. Muchos ciudadanos la están esperando. Conscientes de nuestra misión de pastores, queremos decirla, una vez más, con libertad evangélica y con voluntad conciliadora.

En una secuencia de enunciados iremos formulando los rasgos más preocupantes de nuestra situación presente. En torno a cada uno de ellos, desgranaremos de manera escueta la descripción necesaria, la valoración adecuada y algunas sugerencias operativas.

1. Marcados por el desacuerdo y la incomunicación

Un año después de las elecciones del 13 de mayo los partidos políticos mantienen prácticamente intactos sus graves desacuerdos anteriores. No comparten ni el análisis de la situación, ni la apreciación de la naturaleza de los problemas en juego, ni el concepto de paz que desean, ni las vías para ir accediendo a ella. Nos parece que el desacuerdo político es, en gran medida, origen y fruto de una grave incomunicación. Una sociedad bastante bien avenida en muchos aspectos de su diaria convivencia, se encuentra, sin embargo, surcada por la incomunicación política. Asistimos en las últimas semanas a un repunte de iniciativas de concertación entre diversas formaciones políticas. Pero son todavía señales parciales e insuficientes. La comunicación en los puntos candentes está, al día de la fecha, bloqueada. Una gran parte de la ciudadanía no acaba de comprender que el vehículo de relación más socorrido consista en un intercambio de mutuas censuras a través de los medios de comunicación social.

La Iglesia aboga de manera neta y decidida por la comunicación entre los diversos grupos políticos, a través de un diálogo paciente que busca el acuerdo. «El diálogo se manifiesta siempre como instrumento insustituible, de toda confrontación constructiva, tanto en las relaciones internas de los Estados como en las internacionales» (Juan Pablo II). Dialogar no equivale a claudicar. Precisamente por ser una relación entre personas (no una pura confrontación de ideas o programas), lleva dentro de sí una dinámica que, en medio de tensiones inevitables, puede aproximar efectivamente las posiciones de los interlocutores. El diálogo es la avenida que conduce a la plaza mayor de la paz. Cerrarse al diálogo equivale a renunciar a la paz verdadera, que no consiste en la victoria, sino en el acuerdo.

2. La paz es incompatible con el terrorismo

Muchos son los enemigos de la paz, que, con mucho realismo, es calificada como «amplia justicia y reducida violencia». La durísima violencia de ETA no ofrece visos razonables de cancelarse próximamente. En comunicados recientes anuncian su propósito de mantenerla. De hecho, su práctica subsiste en varias de sus formas: asesinatos, extorsiones, amenazas...

Son muchos los motivos por los que reiteramos una vez más que ETA debe desaparecer, con toda su constelación de violencia. Viola gravemente el derecho a la vida, a la integridad física y a la seguridad personal. Al eliminar físicamente al adversario político, socava los cimientos mismos del sistema democrático. Contraviene frontalmente la exigencia firme de la inmensa mayoría de los ciudadanos. Destroza a numerosas familias. Provoca en sus víctimas potenciales el miedo insufrible y el sobresalto continuo. Siembra en nuestra comunidad la desmoralización y la desesperanza. Conduce a sus propios activistas a un callejón sin salida. Mancha la imagen pública de nuestra sociedad. Constituye, en fin, un fortísimo obstáculo para que los desacuerdos políticos existentes en nuestra sociedad se planteen correctamente y se aborden serenamente.

La valoración moral del terrorismo de ETA ha de ser, pues, gravemente negativa. Dicha valoración afecta en la debida proporción a todas aquellas personas o grupos que colaboran con las acciones terroristas, las encubren o las defienden. Todas las personas y grupos sociales y políticos sin excepción tenemos la obligación moral de definirnos netamente frente a ETA.

3. Un desafío a la vida, a la libertad y al sistema democrático

Dentro del variado espectro de las víctimas potenciales de ETA, son últimamente los concejales del PP y del PSOE quienes se encuentran en el punto de mira de sus atentados. Tal fenómeno resulta particularmente grave porque es un ataque directo a la democracia. Ésta, por su misma naturaleza, postula que todas las opciones políticas tengan sus propios representantes, libremente elegidos, que participen en la gestión de la comunidad política. Atentar contra un concejal por asumir y promover la opción política de sus votantes es, pues, asestar un rudo golpe a la misma democracia. Conseguir por esta vía que algunos partidos no lograran completar una lista electoral mínima, poniendo de este modo en riesgo la celebración misma de los comicios municipales, equivaldría a herirla gravemente. Esperamos que el apoyo de casi toda la sociedad, las medidas de seguridad acordadas por los partidos y adoptadas por las autoridades y el coraje cívico personal de los candidatos disipe en su momento este sombrío temor.

Los ediles en riesgo grave son una porción de la abultada población amenazada. Son algunos miles los ciudadanos que viven entre nosotros la zozobra continua por la suerte de su vida, su integridad, su libertad. Todos tenemos que preguntarnos si somos suficientemente sensibles al drama que ellos y sus familias padecen. Desde esta sensibilidad brotará en nosotros la necesidad de defenderlos, acompañarlos y protegerlos. Es un acto de justicia y solidaridad. Para los cristianos el cumplimiento de este oficio es un verdadero «banco de prueba» de la calidad de nuestra fe.

4. No todo vale contra el terrorismo

La conciencia de la injusticia, de la inutilidad y del peligro del terrorismo y el consiguiente rechazo social a él se han vuelto más intensos en el mundo a partir del 11 de septiembre. Al mismo tiempo, han traído consigo la tentación de descompensar el binomio «seguridad-derechos humanos», mediante un acento mayor en el primer miembro de dicho binomio. El riesgo de sucumbir a esta tentación no es imaginario.

Siempre que la necesaria firmeza frente al terrorismo se convierta en indebida dureza, estaremos deslizándonos por esa pendiente. La sociedad tiene el derecho y el deber de defenderse frente al azote terrorista. Ha de utilizar en esta defensa todos los medios que sean a la vez moralmente lícitos y políticamente correctos. En ningún caso debe traspasar el umbral de los derechos inviolables de las personas.

Ni siquiera los mayores malhechores pueden ser objeto, por ejemplo, de malos tratos y, menos todavía, de la aplicación de la tortura. El Concilio Vaticano II es tajante en este punto (cf. Gaudium et spes, 27). Legisladores, gobernantes, jueces y Fuerzas de Seguridad han de mantener en este punto un cuidado siempre diligente. Resulta preocupante escuchar voces autorizadas de personas y organismos (Amnistía Internacional, Gesto por la Paz) que aseguran que no siempre se respetan debidamente estos límites que nunca deberían ser franqueados.

5. Gestionar el conflicto entre identidades nacionales contrapuestas con miras a la paz

La pacificación de este país entraña, desde luego, la desaparición de ETA y el limpio esfuerzo concertado para combatirla. Pero los problemas que es preciso resolver para alcanzar la paz no terminan ahí. Para comprender y sortear las dificultades para la paz en nuestra tierra es preciso enfocar correctamente otra realidad que viene de lejos. Todos los sondeos revelan, con obstinada estabilidad, la coexistencia de identidades nacionales total o parcialmente contrapuestas y a veces conflictivas. Unos se sienten «sólo vascos»; otros «solamente españoles»; otros «más vascos que españoles»; otros «más españoles que vascos»; otros, en fin, «igualmente vascos y españoles».

Todos son ciudadanos de pleno derecho en esta comunidad, y deben ser respetados como tales. Esta pluralidad conflictiva de identidades está reclamando el hallazgo de una fórmula de convivencia en la que cada uno de los grupos modere sus legítimas aspiraciones políticas en aras de una paz social que es un valor notablemente más precioso y necesario que el imposible cumplimiento de todas las aspiraciones de todos los grupos. «En la casa común hemos de caber, apretándonos, todos aquellos que, por la palabra o por los hechos, no se autoexcluyan de un proyecto compartido» (Votos para la paz, pp. 5-6). No vemos otro camino que respete las identidades y prepare la paz. El afecto por la casa común no puede ser impuesto. Surge de la comunicación confiada. Se alimenta del proyecto compartido y asumido voluntariamente. Se malogra cuando quiere imponerse por la fuerza ciega o por el puro imperio de la ley.

En nuestro «Encuentro de Oración por la Paz», celebrado en Armentia el 13 de enero de 2001, los obispos quisimos plasmar esta vieja convicción en el lema «Entre todos paz para todos». Todos hemos de ser artífices y beneficiarios de la paz que necesitamos y anhelamos. «Lejos de empecinarse en cualquier proyecto excluyente, este país necesita... un proyecto integrador. La paz verdadera y plena ha de tener la ambición de acabar ganando para su causa incluso a los más recalcitrantes» (Votos para la paz, p. 6).

Conocemos las graves dificultades de un proyecto así. Pero el mismo análisis del volumen y de la composición de cada una de las opciones nos revela que existe un núcleo muy mayoritario de ciudadanos cuya sensibilidad no es excluyente, sino inclusiva. En todos los partidos nos encontramos con numerosos votantes y afiliados, que, sin dejar de ser fieles a sus opciones, desean ardientemente soluciones de concertación.

Es preciso gestionar con delicada sabiduría esta pluralidad de identidades contrapuestas, para no convertirla en «guerra de identidades». Los Gobiernos de Madrid y Vitoria, los partidos políticos y los medios de comunicación social pueden, con sus palabras o sus acciones, atizar o desactivar el conflicto. Algunas decisiones de gobierno, determinadas declaraciones de políticos, ciertas intervenciones en medios de comunicación social favorecen más la radicalización que la concertación.

6. Valor y relatividad de las diferentes fórmulas políticas

Las fórmulas políticas que el pueblo ha aprobado o asumido mayoritariamente tienen, sin duda, gran valor y deben constituir el eje vertebrador de nuestra convivencia. No pueden ser suplantadas sin graves razones de bien común. Sin embargo, si el valor superior de la paz postula que todos revisemos el propio modelo para aceptar otro construido entre todos y para todos, es evidente que ninguno de esos modelos tiene valor absoluto e intangible. Mientras respeten los derechos humanos y se implanten y mantengan dentro de cauces pacíficos y democráticos, la Iglesia no puede ni sancionarlos como exigencia ética ni excluirlos en nombre de ésta. En consecuencia, ni la aspiración soberanista, ni la adhesión a un mayor o menor autogobierno, ni la preferencia por una integración más o menos estrecha en el Estado español son, en principio, para la Iglesia «dogmas políticos» que requieran un asentimiento incondicionado. En este punto, el pensamiento social cristiano afirma como un derecho cívico la libertad de sostener y promover por vías pacíficas cualquiera de estas opciones.

7. Distinguir nacionalismo y terrorismo

Ateniéndonos estrictamente a nuestra misión de obispos, mantenemos una posición análoga respecto al debate sobre el nacionalismo. Ser nacionalista o no serlo no es ni moralmente obligatorio ni moralmente censurable. Es un asunto de convicciones, de historia familiar, de tradición cultural y de sensibilidad personal. Cada una de las diversas sensibilidades existentes en nuestro país debe respetar la identidad de las demás, apreciar los valores que en ellas se encarnan, procurar un intercambio que constituya un enriquecimiento mutuo y cultivar una viva conciencia de pertenecer a un único pueblo plural. Nadie ha de sentirse en nuestra tierra más ciudadano que los demás por el hecho de poseer determinados rasgos culturales específicos, ni ha de recelar de aquellos conciudadanos de otra tradición cultural diferente, considerándolos como extraños, y menos como enemigos. Nadie ha de subestimar las señas peculiares de este país, como son, entre otras, la lengua y la cultura, ni alimentar en su espíritu la sospecha de que la connivencia con el terrorismo anida, al menos de manera latente, en el corazón de un nacionalista. Son numerosos los nacionalistas que, aborreciendo de manera pública el terrorismo con las palabras y los hechos, se sienten justamente heridos cuando, de la boca de políticos o comentaristas, se confunde frecuente mente nacionalismo con terrorismo.

8. Un asunto candente y resbaladizo

El Gobierno español, apoyado por otras formaciones políticas, se ha propuesto firmemente la reforma de la Ley de Partidos. A través de cualificados representantes ha expresado su deseo de disponer pronto de un instrumento legal que pueda permitir la ilegalización de Batasuna por vía judicial. Las razones que públicamente aduce para justificar tal ilegalización son fundamentalmente dos: no es justo que un partido vinculado a ETA goce de la cobertura de la ley; la ilegalización debilitará el apoyo que Batasuna ofrece a ETA.

No nos incumbe valorar los aspectos técnicos de un proyecto legal que despierta adhesiones y críticas entre los expertos. Resultaría precipitada en estos momentos una valoración moral ponderada de dicho texto, aún no del todo fijado. Tampoco podemos prever todos los efectos de signo contrapuesto que podrían derivarse de su aprobación y eventual aplicación. Pero nos preocupan como pastores algunas consecuencias sombrías que prevemos como sólidamente probables y que, sean cuales fueren las relaciones existentes entre Batasuna y ETA, deberían ser evitadas. Tales consecuencias afectan a nuestra convivencia y a la causa de la paz. Nuestras preocupaciones no son sólo nuestras. Son compartidas por un porcentaje mayoritario de ciudadanos de diversas tendencias políticas, encomendados a nuestro servicio pastoral.

La convivencia, ya gravemente alterada, ¿no sufriría acaso un deterioro mayor en nuestros pueblos y ciudades? Probablemente la división y la confrontación cívica se agudizarían.

No vemos cómo un clima social así pueda afectar favorablemente a la seguridad de los más débiles: los amenazados. Más bien nos tememos que tal seguridad se vuelva, lamentablemente, más precaria. No somos, ni mucho menos, los únicos que albergamos esta reserva cautelosa.

9. Optar por la paz

La paz es el objetivo prioritario de esta sociedad. A él deben subordinársele otros objetivos legítimos e incluso saludables para nuestro país. Es, pues, necesario optar por la paz.

Optar por la paz significa no manipularla, poniéndola al servicio de otros intereses. Nadie debe jugar con la paz ofreciéndola a cambio de un determinado modelo de país. Nadie debe retrasar la paz en aras de unos objetivos electorales más inmediatos. A todo partido político se le pide hoy la grandeza de ánimo necesaria para estar dispuesto incluso a «menguar», a fin de que pueda «crecer» la paz.

Optar por la paz comporta para cada una de las opciones políticas una disposición a recortar «mi proyecto» de país, para que pueda surgir en el intercambio «nuestro» proyecto compartido. Cada partido tiene derecho a mantener y defender sus propuestas, pero ha de someterlas en cada momento al bien superior de la paz. Absolutizar el proyecto propio no es una manera de acercarnos a la paz; es un modo de alejarnos de ella. Optar por la paz significa apoyar efectivamente a los movimientos sociales que, anteponiéndola a las diferentes sensibilidades políticas existentes en su seno, procuran abrir caminos que un día, más o menos próximo, puedan disipar la larga y penosa pesadilla que estamos padeciendo en este pueblo. Optar por la paz lleva consigo ofrecer signos de distensión y de aproximación. Una política penitenciaria que permitiera a los presos cumplir su condena más cerca de sus lugares de origen entrañaría, por ejemplo, un gesto de humanidad, sobre todo para sus padres y familiares. Optar por la paz entraña educar para la paz especialmente a las jóvenes generaciones, suscitando en ellas el pensamiento crítico, la conciencia ética, la sensibilidad por toda vida humana, el respeto al diferente, el sentimiento de pertenencia a un mismo pueblo plural, el compromiso a favor de la reconciliación social. Optar por la paz lleva consigo para los creyentes orar incesantemente por ella manifestando al Señor nuestras dificultades para conseguirla y ofreciéndole nuestras manos para construirla.

Conscientes de que nuestra misión pastoral entraña un serio compromiso pacificador, los obispos de estas diócesis renovamos públicamente nuestro firme propósito de alentar, desde nuestro puesto, estas líneas de trabajo. Pedimos especialmente a los cristianos las secunden con generosidad y las apliquen con tenacidad.

10. Reavivar la esperanza

La esperanza de un pueblo es capital. No hay futuro mejor sin una esperanza firme y constante ante las dificultades. Cuando está viva es capaz de extraer de las mismas dificultades una energía mayor. Cuando está muy mermada produce abatimiento y pasividad.

La esperanza de este pueblo está debilitada por la crudeza, la duración y la complejidad de los problemas que le afligen. La Iglesia puede y debe contribuir a sostener esta esperanza histórica porque ha recibido del Espíritu Santo un sedimento inagotable de esperanza escatológica que es capaz de encender las auténticas esperanzas históricas.

Nuestra Señora de la Esperanza, que es también Nuestra Señora de la Paz, sostenga nuestra esperanza y nos consiga la dicha de la paz.
 

NOTA DE PRENSA DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

Ante las reiteradas consultas dirigidas a la Conferencia Episcopal Española, por la Carta pastoral Preparar la paz, de los obispos de Bilbao, San Sebastián y Vitoria, la Oficina de Información, a fecha de 31 de mayo, se siente en el deber de aclarar los siguientes extremos:

· Los obispos de las diócesis citadas han hecho pública la mencionada carta pastoral bajo su exclusiva responsabilidad como pastores de sus propias Iglesias particulares.

· La Secretaría General de la Conferencia Episcopal Española no ha conocido el texto de la Carta pastoral hasta unos instantes antes de su difusión por los medios de comunicación social.

· Ninguno de los órganos de la Conferencia Episcopal Española ha estimado necesario pronunciarse sobre la Ley de partidos políticos, cuya aprobación se está tramitando en el Congreso de los Diputados en el ejercicio de sus competencias constitucionales.

· Por último, la Oficina de Información quiere poner de relieve la firme condena que hace el documento del terrorismo de ETA, que no tiene justificación alguna, ni moral, ni jurídica, ni política.
 

«MÁS DE 350 SACERDOTES VASCOS SUSCRIBEN UNA CARTA DE APOYO A SUS OBISPOS»

EFE. BILBAO.- Continúan las reacciones de apoyo o repulsa a la polémica pastoral de los obispos vascos en la que criticaban la ilegalización de Batasuna. A la llamada del Gobierno al Nuncio del Papa le ha seguido una carta firmada por 358 sacerdotes vascos, escrita «en respuesta a los ataques que han recibido los obispos de la Comunidad Autónoma Vasca».

Según publica el diario Deia, la misiva ha sido enviada a la Conferencia Episcopal, a los Obispados vascos y al Vaticano.

En ella, los religiosos afirman:

· «La realidad vasca como pueblo está atravesando una serie de problemas como consecuencia de grandes oposiciones y dolorosos conflictos políticos, sociales y culturales que están demandando soluciones que superen los enfrentamientos que se viven».

· Los sacerdotes piden «el cese de todas las violencias» y «el reconocimiento de los derechos individuales y colectivos sin excepción».

· «La conciencia de pertenecer a un pueblo llamado Euskal Herria se va afirmando, desarrollando y creciendo cada día a pesar de un entorno estatal poderosamente hostil».

· «Lo único que tiene legitimidad como valor democrático para determinar el destino y la configuración de Euskal Herria como nación es la decisión libre y democrática de sus miembros».

· «Lo antidemocrático es entorpecer o negar el ejercicio de ese derecho fundamental de autodeterminación».
 

ALGUNOS DE LOS FIRMANTES DE ESTA CARTA

La lista de los que rubrican la misiva no se hará pública, aunque sí ha llegado íntegramente a manos de los prelados vascos. En el documento sí que aparecen cinco nombres como representación de ese colectivo de firmantes, entre los cuales figuran los de Dionisio Amundarain y Jesús Lezaun. El primero de ellos perteneció al convento de los benedictinos de Lazcano, de donde fue exclaustrado, o lo que es lo mismo, expulsado, al parecer por ser «demasiado político», según han comentado fuentes religiosas de San Sebastián consultadas por este periódico. Tras abandonar el convento, Amundaram creó una academia de euskera en la localidad. En estos momentos no desempeña ninguna labor dentro de su diócesis, aunque pertenece a la Comisión de Traducción y Publicación de textos litúrgicos.

Jesús Lezaun, por su parte, era profesor de Cristología en el seminario de Pamplona, función de la que fue apartado por el arzobispo Fernando Sebastián. Desde hace tiempo escribe en el diario Gara y pertenece al colectivo «Herria 2000 Eliza», cercano a Batasuna y firmante del pacto de Lizarra. Recientemente publicaba en el rotativo abertzale un artículo bajo el título «No le permito al arzobispo que me diga quién soy ni quién quiero ser», en el que aparecían reflexiones acerca de la carta en cuestión, sobre la que concluye que «decimos que lo antidemocrático es entorpecer e impedir ese principio fundamental que es la autodeterminación». Además, criticaba al arzobispo de Pamplona por no reconocer la existencia de Euskal Herria como país.
 

DESDE EL VERDADERO RESPETO
Editorial Alfa y Omega, 6 junio 2002

Decir con honradez y libertad la verdad de lo que se piensa es, sin duda, la más alta demostración de respeto verdadero y de caridad cristiana, y la más noble forma de auténtica libertad. Desde este respeto verdadero está escrito –y así, por tanto, debe entenderse– este comentario editorial sobre la Carta pastoral Preparar la paz firmada por los cuatro obispos de las tres diócesis vascas.

No por reiterado se hace innecesario insistir en que cuatro obispos que escriben bajo su exclusiva responsabilidad, no son la Iglesia; ni siquiera la Iglesia en España; ni siquiera la Iglesia en Vascongadas. Tampoco lo son, desde luego, 358 sacerdotes, que representan entre el cinco y el diez por ciento del presbiterio de esas diócesis. Es más que probable que los cuatro obispos, sabedores del manifiesto político que preparaban esos 358 sacerdotes, pretendieran adelantarse y evitar el escandaloso y negativo impacto de un escrito nacionalista a ultranza firmado por sacerdotes; adelantarse hubiera sido un acierto, si hubiera sido un acierto lo que se decía en el texto del adelanto. Pero, tristemente, no ha sido así. Se trata de un texto poco afortunado y, ciertamente, no oportuno, que no facilita en absoluto la paz ni el diálogo que dice buscar y promover.

Sin hacer el menor proceso de intenciones, sino limitándonos a la pura objetividad, es de justicia reconocer que en la Carta pastoral de los cuatro obispos de las tres diócesis vascas hay, sin duda, elementos positivos plenamente compartibles, que el propio sesgo de los no compartibles ni positivos ha hecho pasar a segundo término en la no excesivamente matizada ni equilibrada, pero sí previsible, reacción de la opinión pública mayoritaria, eclesial y social.

No por reiterado se hace innecesario insistir, sobre todo a la vista del empecinamiento más o menos interesado de determinados medios, en que la Conferencia Episcopal no manda –hablando en plata y para que todo el que quiera entender entienda– sobre cada obispo de cada diócesis, que en ella es la máxima autoridad. Pero tampoco está de más recordar que cada obispo, al mismo tiempo que lo es de su diócesis, lo es de la única Iglesia universal, formando parte del Colegio episcopal cuya cabeza es el Papa, como una vez más nos ha enseñado el Concilio Vaticano II. En esta comunión colegial deben actuar, y nada tiene de extraño la gran perplejidad que en el pueblo causa el no hacerlo así, máxime cuando se abordan cuestiones altamente polémicas de orden temporal y político, sobre las que un obispo, como cualquier otro ciudadano, tiene el mismo derecho a opinar que los demás a no compartir su opinión.

Todo lo que no une, divide, y en este documento hay, lamentablemente, afirmaciones sorprendentes no propias de una Carta pastoral, que, en primer lugar, en sí mismas no responden a la verdad histórica ni social, y que, además, van contra el sentir unánime de una gran mayoría de los ciudadanos de una sociedad global, incluidos los del propio pueblo vasco, al que más directamente va destinada la Carta pastoral. Las afirmaciones sobre «las sombrías consecuencias» que hipotéticamente podría producir la ilegalización de lo que es todo menos un partido político responsable, no se sostienen, no están probadas, no son de recibo; mucho menos «sean cuales fuesen las relaciones existentes entre Batasuna y ETA». Osadas afirmaciones basadas en «voces autorizadas» como Amnistía Internacional resultan preocupantes, aunque no tanto como la ausencia en el texto de referencias ciertamente ineludibles y de justicia.

La Iglesia y la comunidad política tienen cada una su propio ámbito de expresión, y nunca ha sido más fructífera la influencia recíproca, y la de ambas en el tejido social, que cuando se ha mantenido cada una en su autónomo y legítimo ámbito, a favor, conjuntamente, del bien común. Tomar partido en una cuestión que divide, no ya a la sociedad, sino al pueblo cristiano en la tierra vasca, es un error grave, porque confunde la fe del pueblo, hiere sensibilidades legítimas muy profundas, merma la credibilidad de la Iglesia y duele mucho.

Se hace más que oportuna la reflexión que, desde Cristo y desde la oración, hizo el cardenal arzobispo de Madrid en su homilía del Corpus Christi: «¿Cómo vamos a avanzar en la erradicación definitiva del terrorismo si no es por la vía de vidas transformadas por el compromiso sacrificado con el amor de Cristo, empeñadas en crear un ambiente personal y social donde no quepan ni el odio de los que matan, ni el de los que los inducen y apoyan? Cuando se ofrece la vida en la Eucaristía, se está en disposición de rodear con cercanía cálida y con protección constante a los amenazados por el terrorismo y de compartir compañía fiel con sus víctimas, orando constantemente por ellas. Entonces es cuando no se pierde la esperanza de que un día no lejano se conviertan los jóvenes protagonistas del terrorismo: de que haya verdaderamente paz».

Son las más responsables y sensatas reflexiones de cara a un futuro ante el que están sobrando excesos, reacciones desmedidas e injustas, peticiones de imposibles a quienes no las pueden satisfacer y escalada de palabrería irresponsable y de hipócritas gestos para la galería que distorsionan la realidad. Respeto verdadero, libertad auténtica, amor cristiano, oración, sensatez, prudencia, equilibrado discernimiento y búsqueda del bien común es lo único que se impone. Y pedir y otorgar perdón por el pecado.

Un obispo extraordinario, el cardenal Wiszynsky, guía y maestro de nuestro Juan Pablo II, halló de un modo luminoso la respuesta: «Esta noche he comprendido bien –escribe en su diario de la cárcel a la que fue sometido por el terror comunista, tras haber sufrido de sus carceleros, más que otros días, el maltrato y la humillación– que los seres humanos se dividen en dos: los que son mis hermanos, y los que todavía no saben que lo son». Esta luz nueva, la del Evangelio de Jesucristo, tiene en realidad más fuerza para generar la justicia y la paz verdaderas, que todas las estrategias políticas habidas y por haber. El dolor de nuestra querida tierra vasca está más que nunca necesitado de esta medicina que, lejos del falso diálogo que, buscando términos medios imposibles, rebaja, dejándola sin valor alguno, la verdad de la fraternidad entre los hombres, tiene el coraje de mostrarnos el genuino rostro del hombre, el nuestro y el de todos y cada uno de los seres humanos.
 

«EL GOBIERNO ESTÁ OBLIGADO A IMPEDIR QUE UN PARTIDO SEA LA TAPADERA DE ETA

En el revuelo causado por la polémica pastoral de los obispos vascos, el arzobispo de Valencia, Agustín García-Gasco, expresa con claridad la postura de la Iglesia frente a los cómplices del terror.

Francisco Pastor
La Razón, 6 junio 2002

Agustín García-Gasco nació en Corral de Almaguer (Toledo) en febrero de 1931 y fue ordenado sacerdote en Madrid, en 1956. Nombrado obispo titular de Nona y auxiliar de Madrid-Alcalá en 1985, siete años después fue nombrado arzobispo de Valencia, donde sirve desde entonces.

- Casi todos quieren la paz en España. Lograr la paz es el objetivo prioritario. Sin embargo, las discrepancias surgen en la forma de conseguirla. Frente al terrorismo ¿hasta dónde se puede llegar para conseguir la paz?

- Permítame una matización: La paz, más que el objetivo prioritario de la convivencia, es el presupuesto necesario sin el cual no es posible la sociedad. Desde luego, el respeto a la dignidad humana debe ser el planteamiento para actuar en cualquier escenario de defensa de las libertades frente al terrorismo. Ahora bien, hay que tener en cuenta que los terroristas, al despreciar la vida humana, pierden con ello toda legitimidad. Y en esto, estoy convencido de que no cabe la menor grieta en la respuesta de los ciudadanos demócratas contra el terrorismo.

- ¿Qué piensa de la ley de partidos aprobada por el Congreso esta semana por una mayoría abrumadora, con el fin sobre todo de ilegalizar los que amparan la violencia?

- La autoridad política, en una democracia, tiene la obligación moral de defender la vida humana y de erradicar la violencia. Sabemos todos que el magisterio de la Iglesia afirma que los pecados pueden cometerse de obra, de pensamiento, palabra y omisión. Creo que debemos tener claro que los que apoyan a ETA con sus obras, los que la protegen, los que la encubren cobijándola en partidos desnaturalizados y falsarios y los que omiten la condena del terrorismo en todas sus formas, atentan gravemente contra el sagrado derecho a la vida.

- O sea, que es justo, moralmente, ilegalizar a los que amparan la violencia...

- ¡Naturalmente! Usando los cauces legales, los gobernantes no sólo tienen el derecho, tienen la obligación moral de intervenir para evitar que un partido político actúe como tapadera de los que matan, chantajean y nos roban la libertad y la efectividad de la Constitución. Además, hay que tener en cuenta que es inmoral usar una asociación positiva, como un partido político, para fines tan aborrecibles como amparar el asesinato de inocentes. A lo largo de la historia el mal siempre ha intentado disfrazarse. El mismo Judas traicionó a Jesús con un beso. Unos hacen falsos saludos de amistad y otros son los que crucifican a pacíficos ciudadanos. En la lucha contra el terrorismo tampoco hay que quedarse en las apariencias; hay que analizar el trasfondo para que los legítimos recursos públicos que reciben y administran los partidos no vayan a engrosar las arcas de los asesinos. Si no se ilegalizan los disfraces de ETA y sus secuaces, todos estaremos siendo un poco cómplices de ellos. Es algo que habría que haber hecho, legalmente, hace ya mucho tiempo.

- ¿No cree que puede resultar engañosa la continua afirmación de que hay que rechazar la violencia «venga de donde venga», como si hubiera otra violencia equiparable a la de ETA?

- La Iglesia enseña que el derecho a la vida es sagrado. Por ello, una persona, una sociedad, tiene derecho a defenderla legítimamente frente a los ataques injustos. Es un engaño llamar «violencia» al legítimo derecho de defensa que tienen las sociedades. Hemos de recuperar, por el bien común, la noción de Estado social y de derecho de nuestra Constitución. La única violencia que hay aquí es la de los terroristas que matan, chantajean e impiden que los ciudadanos puedan vivir en libertad. En el País vasco no hay libertad. Y esa es la violencia que hay que erradicar. El Estado, legítimamente constituido, que usa los medios legales para erradicar la violencia no ejerce violencia, sino que lo que hace es garantizar la paz y la convivencia.

- Desde 1995, ha escrito Vd. casi medio centenar de cartas, homilías y comunicados contra el terrorismo pidiendo que no haya ambigüedades en las condenas. En su homilía de la misa del Corpus habló incluso de que se trata ya de una cuestión de decencia.

- Es hora de decantarse, como también señalaba el pasado domingo. Nadie que tenga hoy responsabilidad política o social puede tener decencia o credibilidad si no demuestra en sus palabras, obras y voto, un claro compromiso para erradicar el terrorismo y la pseudo-cultura que lo oxigena. Lo que está muy claro es que no podemos habituarnos a vivir con el terrorismo. Es intolerable. Es el mal, es anticristiano. Por eso, los que tienen palabras de comprensión o lo excusan eligen el camino de la muerte.

- ¿Son iguales todos los nacionalismos?

- El mejor nacionalismo es abierto y pacífico. Hay ejemplos en todo el planeta. Pero en algunas zonas muy concretas, la confusión de nacionalismo y terrorismo procede de la misma ambigüedad de los líderes de los partidos nacionalistas. Por ello, vuelvo a insistir, una ley de partidos políticos que marque criterios objetivos para que los terroristas no puedan disfrazarse de entidades legales o democráticas es esencial. El Nuevo Testamento está lleno de fariseos, quienes hacían preguntas a Jesús pero no para buscar la verdad, sino para lo contrario. Desenmascarar fariseos es una obligación.

- Hay quien piensa que no se puede hacer una ley para excluir a nadie del juego político.

- En realidad, lo que se produce es una autoexclusión. Quien niega el derecho a la vida de sus conciudadanos y de sus oponentes políticos se sitúa, él mismo, fuera de la legalidad. Que ésta autoexclusión se formalice en una ley es de estricta justicia.

- Como pastor de la Iglesia en Valencia ¿Qué propone para lograr la paz?

- Oración y acción. En una homilía que envié a todos los párrocos valencianos les rogué que en todas las misas se pida por la paz y por el fin de la violencia terrorista. En el terreno de la acción, los hombres de Iglesia debemos actuar unidos. Unirse sin fisuras en la lucha por erradicar el terrorismo es unirse a la verdadera libertad. Lo dije el domingo, en la homilía de la misa del Corpus y lo repito ahora: Quien no se suma a la lucha por la vida, hipoteca su libertad a través del miedo, la complicidad o el terror. Estar cerca de los que matan es la más nefasta de las sumisiones. Más que nunca hemos de estar del lado de la razón y de los que garantizan la vida de todos. O formas parte de la solución o te conviertes en problema. Paraula
 

LA CARTA PASTORAL
Luis Buceta Facorro,
Catedrático de Universidad
«Cuadernos de Encuentro», Verano 2002

En los abundantes comentarios, vertidos mediante manifestaciones personales y en los medios de comunicación, aprecio que ponen prácticamente sólo el énfasis en el principio o en puntos muy concretos de la Carta Pastoral, Preparar la Paz, firmada por determinados Obispos del País Vasco. Sin embargo, considero que dicha Carta merece un mayor y más detenido análisis pues las tesis que en ella se mantienen tienen un contenido político y social de fondo.

Ante todo hay que señalar que nadie duda de «la firme condena que hace el documento del terrorismo de ETA que no tiene justificación alguna, ni moral, ni jurídica, ni política» (Oficina de Información de la Conferencia Episcopal Española). Dicho esto, a partir del apartado no todo vale contra el terrorismo empiezan a expresarse conceptos e ideas que merecen un análisis detenido y no deben pasar inadvertidos.

1. En el apartado no todo vale contra el terrorismo se señala que, después del 11 de septiembre, la mayor sensibilidad ante el terrorismo trae consigo «la tentación de descomponer el binomio seguridad–derechos humanos mediante un acento mayor en el primer miembro de dicho binomio» y continúa «ni siquiera los mayores malhechores pueden ser objeto, por ejemplo, de malos tratos y menos todavía de la aplicación de la tortura». Adelanto que estoy de acuerdo con lo expresado hasta aquí. A continuación expresa que «legisladores, gobernantes, jueces y fuerzas de seguridad han de mantener en este punto un cuidado siempre diligente. Resulta preocupante escuchar voces autorizadas de personas de organismos (Amnistía Internacional, Gesto por la Paz) que aseguran que no siempre se respetan debidamente estos límites que nunca deberían ser franqueados». Naturalmente estos límites los pueden franquear sólo los que luchan contra el terrorismo, en el caso español, legisladores, gobernantes, jueces y fuerzas de seguridad españolas, que no siempre los respetan debidamente según las voces autorizadas y aceptadas en la Carta Pastoral. El Gobierno español maltrata a los terroristas vascos con prácticas de las que no pueden ser objeto ni siquiera los mayores malhechores.

2. El apartado cuyo título gestionar el conflicto entre identidades nacionales contrapuestas con miras a la paz, si de por sí suficientemente expresivo, merece un estudio detenido. «La pacificación de este país entraña, desde luego la desaparición de ETA […] pero los problemas que es preciso resolver para alcanzar la paz no termina ahí. Para comprender y sortear las dificultades para la paz en nuestra tierra es preciso enfocar correctamente otra realidad que viene de lejos. Todos los sondeos revelan, con obstinada estabilidad la coexistencia de identidades nacionales total o parcialmente contrapuestas y, a veces, conflictivas». Independientemente de expresiones como que viene de lejos o todos los sondeos, lo central es que los obispos firmantes afirman rotundamente «la coexistencia de identidades nacionales total o parcialmente contrapuestas», con lo cual aceptan las tesis del nacionalismo radical de que el País Vasco es una identidad nacional diferente, claro está, de la otra identidad nacional que es España. De manera clara enfrentan con igual categoría y rango ambas identidades nacionales.

Para afianzar su afirmación se dice que «unos se sienten sólo vascos, otros solamente españoles, otros más vascos que españoles, otros más españoles que vascos; otros, en fin, igualmente vascos y españoles». Si los cálculos no fallan de las cinco categorías señaladas sólo en una se sienten sólo vascos, en las otras cuatro, en mayor o menor grado, se sienten españoles, por lo que aceptando un porcentaje igual, los sólo vascos representarían un 20% de la población y el resto el 80%.

El apartado continúa afirmando que «esta pluralidad conflictiva de identidades está reclamando el hallazgo de una fórmula de convivencia en la que cada uno de los grupos modere sus legítimas aspiraciones políticas en aras de una paz social que es un valor notablemente más precioso y necesario que el imposible cumplimiento de todas las aspiraciones de todos los grupos». De una manera clara parece que sí es preciso el hallazgo de una fórmula de convivencia, es evidente que la actual no sirve para conseguir la paz, por lo que la fórmula de convivencia que los españoles nos hemos dado a través de la Constitución y los Estatutos autonómicos no es la apropiada para conseguir la paz. La Carta Pastoral viene a afirmar que la Constitución española y el Estatuto vasco no son fórmula para resolver el conflicto. La concepción de España y de la estructura del Estado que ambas normas articulan son inadecuadas para conseguir superar esta pluralidad conflictiva. Se da pues la razón a las posiciones nacionalistas y batasunas de que hay que revisar las actuales normas constitucionales, superándolas o excluyéndolas.

Por si esto no estuviera claro, recoge una cita de Votos para la Paz en la que se dice «en la casa común que hemos de caber, apretándonos, todos aquellos que, por la palabra o por lo hechos, no se autoexcluyan de un proyecto compartido». La gran mayoría de los españoles creemos que los que se autoexcluyen son aquellos que con la palabra, pero, sobre todo, con hechos patentes, todos los días están impidiendo la vida normal y libre en el proyecto compartido de la Constitución y el Estatuto, pero no es así tal como parece expresar la siguiente afirmación: «El afecto por la casa común no puede ser impuesto. Surge de la comunicación confiada. Se alimenta del proyecto compartido y asumido voluntariamente. Se malogra cuando quiere imponerse por la fuerza ciega o por el puro imperio de la ley». Se iguala pues la violencia de la fuerza ciega con el imperio de la ley. Por lo tanto, los que quieren mantener la Constitución y el Estatuto están malogrando el afecto por la casa común y, casualmente, ésta es la acción que llevan a cabo los partidos no nacionalistas apoyados por el Gobierno de la nación.

La Carta remacha que «lejos de empecinarse en cualquier proyecto excluyente, este país necesita […] un proyecto integrador». Si es así, se reitera que el proyecto legal y constitucional actual es un proyecto excluyente y no es un proyecto integrador.

3. «Las fórmulas políticas que el pueblo ha aprobado o asumido mayoritariamente tienen, sin duda, gran valor y deben constituir el eje vertebrador de nuestra convivencia. No pueden ser suplantadas sin graves razones de bien común». Parece que la carta afirma que hay que respetar y movernos dentro de la Constitución y el Estatuto, pero en punto y seguido dice: «Sin embargo, si el valor superior de la paz postula que todos revisemos el propio modelo para aceptar otro construido entre todos y para todos, es evidente que ninguno de esos modelos tiene valor absoluto e intangible». Reitera que la paz puede exigir revisar las fórmulas políticas que el pueblo ha aportado o asumido. Defiende e incide, una vez más, en su tesis central de que hay que hallar una fórmula de convivencia que permita la paz. La actual basada en las leyes aportadas o asumidas mayoritariamente no es adecuada, por lo que, aunque no puede ser suplantada sin graves razones de bien común, el valor superior de la paz postula que todos revisemos el propio modelo. Sólo hay un modelo vigente que es el que representa los amplísimos cauces de la Constitución y el Estatuto, por lo que, una vez más, dentro del todos se está diciendo que el valor superior de la paz exige revisar el modelo constitucional.

Más adelante, en este apartado del valor relativo de las diferentes fórmulas políticas, iguala y da el mismo valor a cualquiera de las que se puedan presentar porque «la Iglesia no puede ni sancionarlas como exigencia ética ni excluirlas en nombre de ésta». En consecuencia, «ni la aspiración soberanista, ni la adhesión a un mayor o menor autogobierno, ni la preferencia por una integración más o menos estrecha en el Estado español son, en principio, para la Iglesia dogmas políticos, que requieran un asentimiento incondicionado». Pienso que no todas las ideas y objetivos, aunque no sean dogmas políticos y deban ser respetadas, puedan tener igual valor y representar lo mismo en orden a la paz y la convivencia. Las ideas y las fórmulas políticas pueden ser positivas y conducir a la convivencia pacífica y pueden ser negativas favoreciendo y promoviendo el enfrentamiento y la discordia. Aunque «el pensamiento social cristiano afirma como un derecho cívico la libertad de sostener y promover por vías pacíficas cualquiera de estas opciones», el mismo pensamiento está basado en valoraciones éticas y morales que diferencian unas posturas de otras, hasta el punto de que unas pueden ser aceptadas y otras deben ser rechazadas.

4.- En su apartado distinguir nacionalismo y terrorismo, toma posición «respecto al debate sobre el nacionalismo. Ser nacionalista o no serlo no es ni moralmente obligatorio ni moralmente censurable. Es un asunto de convicciones, de historia familiar, de tradición cultural y de sensibilidad personal. Cada una de las diversas sensibilidades en nuestro país debe respetar la identidad de los demás [...] procurar un intercambio [...] y cultivar una viva conciencia de pertenecer a un único pueblo plural. Nadie ha de sentirse en nuestra tierra más ciudadano que los demás por el hecho de poseer determinados rasgos culturales específicos [...] Nadie ha de subestimar las señas peculiares de este país, como son, entre otras, la lengua y la cultura, ni alimentar en su espíritu la sospecha de que la connivencia con el terrorismo anida, al menos de manera latente, en el corazón de un nacionalista».

Analizando este párrafo, encontramos una defensa del nacionalismo y los nacionalistas, de forma expresa y terminante. A continuación se señala que todas las sensibilidades han de respetarse y enriquecerse entre sí para conseguir «una viva conciencia de pertenecer a un único pueblo plural». Nadie ha de rechazar a nadie por poseer rasgos culturales específicos pero «nadie ha de subestimar las señas particulares de este país». Parece que se están subestimando, se han subestimado o pueden subestimarse las señas particulares por lo que los nacionalistas, que son los auténticos, velan porque los otros, a los que se les concede que puedan vivir en el País Vasco, no subestimen los valores de ese país.

Reflexionemos más. Efectivamente no es verdad que los Obispos se determinen por algún partido en concreto, pero en la Pastoral se defiende al nacionalismo, es decir, unas tesis, ideas y proyecto político concreto, con distintas sensibilidades como son el PNV, Batasuna y la propia ETA. Relacionando, pues, este apartado con los iniciales de la Carta, parece evidente que si bien condenan las acciones violentas de ETA, están de acuerdo con sus ideas y planteamientos nacionalistas.

En el último párrafo se sienten en el deber de defender a los «numerosos nacionalistas que, aborreciendo de manera pública el terrorismo con las palabras y los hechos se sienten justamente heridos cuando de la boca de políticos o comentaristas, se confunde frecuentemente nacionalismo con terrorismo». Parece claro que hay nacionalistas que no aborrecen públicamente el terrorismo e incluso lo defienden, pues son varios los grupos dentro del nacionalismo, por lo que, si bien los que aborrecen el terrorismo pueden sentirse heridos, tampoco en este momento puede dejarse de identificar a ciertos grupos nacionalistas con terrorismo, por lo que la radical no identificación y lavado de imagen que buscan los obispos no es del todo exacta. En todo caso, lo que es evidente es que en la Carta Pastoral se opta por las posiciones del nacionalismo y por los nacionalistas.

5.- Un asunto candente y resbaladizo es que «el Gobierno español, apoyado por otras formaciones políticas, se ha propuesto firmemente la reforma de Ley de Partidos [...] que pueda permitir la ilegalización de Batasuna por vía judicial. Aunque resultaría precipitada una valoración moral ponderada» y tampoco pueden prever todos los efectos de signo contrapuesto, «nos preocupa como pastores algunas consecuencias sombrías que prevemos como solidamente probables y que, sean cuales fueren las relaciones existentes entre Batasuna y ETA, deberían evitarse [...] La convivencia ya gravemente alterada ¿no sufriría acaso un deterioro mayor en nuestros pueblos y ciudades? Probablemente la división y la confrontación cívica se agudizaría. No vemos cómo un clima social así pueda afectar favorablemente a la seguridad de los más débiles [...] los amenazados. Más bien nos tememos que tal seguridad se vuelva, lamentablemente, más precaria».

Una vez más, el Gobierno español, apoyado por otras formaciones políticas, es el que mediante esta ley, promulgada dentro de un legítimo Estado de Derecho, amenaza, provoca y agudiza la división y la confrontación. No es Batasuna, no es ETA, es el Gobierno español con su modelo y proyecto el que perjudica la paz y la convivencia en el País Vasco.

Preocupan a los firmantes las consecuencias sombrías que consideran solidamente probables y que deberían evitarse. Al rechazar la Ley de Partidos está cargando la responsabilidad de evitar esas consecuencias sombrías al Gobierno español, pues es el provocador con una norma jurídica semejante. La Carta apoya a Batasuna frente a un instrumento legal del Gobierno español que trata de ilegalizarla. Pero hay más, y pienso que más grave, en cierta manera, aunque no la justifica expresamente, entienden, como algo normal y lógico las «consecuencias sombrías solidamente probables». Por descontado que, también, los amenazados, los más débiles, en ese país en el que caben todas las sensibilidades, si ya tenían poca seguridad, de ahora en adelante la tendrán menos. Todo ello sin una palabra, ni mínima llamada a Batasuna y ETA, para que, por su parte, traten de evitar esas consecuencias sombrías.

6.- En su apartado de optar por la Paz señalan lo que consideran caminos para esta opción, incidiendo en el elemento central de toda la carta de que hay que cambiar el modelo. «Absolutizar el proyecto propio no es una manera de acercarnos a la paz, es un modo de alejarnos de ella», por lo que «optar por la paz, comporta para cada una de las opciones políticas una disposición de recortar su proyecto de país para que pueda surgir en el intercambio nuestro proyecto compartido». Claramente se manifiesta que el amplío campo que ofrecen la Constitución y el Estatuto no sirve, no conduce a «nuestro proyecto compartido». El resto de los españoles, la gran mayoría de los españoles, incluido muchos ciudadanos del país vasco, consideramos, por el contrario, que Constitución y Estatuto representan marco amplío y suficiente para conseguir en palabras de los Obispos, «una viva conciencia de pertenecer a un único pueblo plural», para España y los españoles.

A mayor abundamiento, de la línea profunda de esta Carta que parece ser la defensa de unos y la culpabilidad de otros, señalan que,«“optar por la paz lleva consigo ofrecer signos de distensión y de aproximación. Una política penitenciaria que permitiera a los presos cumplir sus condenas más cerca de los lugares de origen entrañaría, por ejemplo, un gesto de humanidad, sobre todo para sus padres y familiares». Por consiguiente, ofrecer signos de distensión y de aproximación, una vez más y sólo corresponde al Gobierno español que es el que detiene, juzga y encarcela. No hay ninguna llamada, por leve que sea, a los violentos grupos nacionalistas que están llevando a cabo y van a protagonizar, como solidamente probables, consecuencias sombrías en un futuro inmediato.

7.- Termina el documento de los Obispos con un último apartado dedicado a reavivar la esperanza, en el que se manifiesta que «la esperanza de este pueblo está debilitada por la crudeza, la duración y la complejidad de los problemas que le afligen. La Iglesia puede y debe contribuir a sostener esta esperanza histórica porque ha recibido del Espíritu Santo un sedimento inagotable de esperanza escatológica que es capaz de encender las auténticas esperanzas históricas». Hay, pues, una esperanza histórica, luego hay una reivindicación histórica, evidentemente, contra otras esperanzas históricas. Esa esperanza y reivindicación es la que sostienen los nacionalistas radicales frente a España, esperanza y realidad histórica, hasta ahora, compartida, en un proyecto común, por todos los pueblos de nuestra entidad nacional.

En este último apartado no se trata de la opinión sostenida por los obispos firmantes, sino que es la Iglesia la que puede y debe contribuir a sostener esa esperanza histórica. Lógicamente no me atrevo a entrar en el análisis del papel del Espíritu Santo en esta cuestión, pues creo, que, como aprendí en el Catecismo, doctores tiene la Santa Madre Iglesia que podrán responder.

Después de este análisis, hecho con toda la buena fe, desde mi posición de cristiano y español, y en el que no he buscado rebatir sino poner de manifiesto lo que considero el verdadero y profundo significado de la Carta Pastoral firmado por determinados y concretos Obispos, pienso que puedo sacar las conclusiones siguientes:

· Estos Obispos se alinean de manera clara y terminante con los nacionalismos y nacionalistas y únicamente con ese sector de la sociedad española y vasca.

· Representa una clara descalificación de la Constitución y el Estatuto como fórmula de convivencia y de paz en el País Vasco.

· Si bien es verdad, como viene repitiéndose reiteradamente, que unos Obispos no son la Iglesia, también lo es, que esos Obispos también son Iglesia y que en la Carta Pastoral hablan varias veces en nombre y como Iglesia.

· Tal y como señala en sus Criterios, Alfa y Omega (6/VI/2002) «todo lo que no une divide y, en este documento, hay, lamentablemente, afirmaciones sorprendentes no propias de una Carta pastoral que, en primer lugar, en sí mismas, no responden a la verdad histórica ni social y, además, van contra el sentir unánime de una gran mayoría de ciudadanos de una sociedad global incluidos los del propio pueblo vasco [...] tomar partido en una cuestión que divide, no ya a la sociedad, sino al pueblo cristiano en la tierra vasca, es un error grave porque confunde la fe del pueblo, hiere sensibilidades legítimas muy profundas, merma la credibilidad de la Iglesia y duele mucho».

· Al aceptar, defender y justificar las tesis del nacionalismo en general, están alentando todo tipo de nacionalismo, por lo que, esta Carta Pastoral rebasa los límites del País Vasco y, aunque ésta no haya sido la intención de los firmantes, alimenta y alienta otros nacionalismos disgregadores, elementos de división y conflicto, que tratan de deshacer «la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e individisble de todos los españoles», tal como promulga nuestra Constitución.

Termino con una reflexión hecha por los propios Obispos firmantes: «la valoración moral del terrorismo de ETA ha de ser, pues, gravemente negativa. Dicha valoración afecta en la debida proporción a todas aquellas personas o grupos que colaboran con las acciones terroristas, las encubren o las defienden».
 

LA CARTA DE LOS CUATRO OBISPOS DE EUSKADI

Ángel Aguirre, Víctor Manuel Arbeloa,
Jaime Iognacio del Burgo y Enrique Jaurrieta

Diario de Navarra, 9 junio 2002

Las posiciones nacionalistas, de fondo y forma, de ciertos obispos de las diócesis en la Comunidad Autónoma Vasca vienen de lejos. De lejos también las posiciones de algunos estrechos e iufluyentes colaboradores de dichos obispos hasta hoy mismo. Monseñor Setién tire fue punta de lanza de ese nunca disimulado nacionalismo, del que dio muestras en conferencias, escritos y declaraciones, hasta su enigmático cese.

Una «pastoral» nacionalista vasca

La carta pastoral «Preparando la paz», recién publicada y firmada por los cuatro obispos de Bilbao, San Sebastián y Vitoria, da un paso adelante y hace suyas descaradamente posturas públicas, muy concretas y polémicas, sostenidas por sectores nacionalistas-independentistas vascos, desde el PNV hasta Batasuna, justificándolas en un documento pastoral colectivo. Dejando a un lado su «inoportunidad», públicamente reprochada por el Nuncio de Su Santidad en España, el punto clave, criticado por los más, es el haber hecho suya, bajo consideraciones de moral cristiana, la concreta y terrenal oposición nacionalista a la probable ilegalización de Batasuna, brazo político y cantera de E'TA, sin que parezca importarles siquiera una íntima conexión: «Sean cuales fueren las relaciones existentes entre Batasuna y ETA». Con razón los responsables eclesiales titulan este apartado 8 como «un asunto candente y resbaladizo». Los ha quemado gravemente y les ha hecho resbalar demasiado trecho.

Otro punto de la carta muy negativamente valorado ha sido que, a la hora de recomendar los obispos un proyecto integrador para su pueblo, equiparen nada menos que la violencia con la ley: «Se malogra cuando quiere imponerse por la fuerza ciega o por el puro imperio de la ley». Afirmación que nos retrotrae a tiempos pre-dernocráticos.

Una neta definición frente a ETA

Pero, además de estos dos serios errores doctrinales, que pueden sonar a muchos, objetivamente al menos, a impostura y perversión moral, la carta pastoral rezuma por sus páginas una ideología nacionalista, denunciada a voces por un lenguaje nacionalista al uso.

Comenzamos por no saber a quiénes está dirigida propiamente la carta. Las palabras primeras del texto dicen «nuestra sociedad», sin más adjetivos, y en otros momentos se escribe «la pacificación de este país» o «La esperanza de este pueblo», términos que pueden encontrarse en otras cartas pastorales que solían firmar los obispos de las cuatro diócesis, incluido el de Pamplona-Tudela.

En el primer apartado de la epístola los cuatro obispos ven en el «desacuerdo» y en la «incomunicación» las notas más relevantes de la situación política y social tras las elecciones del 13 de mayo se 2001 y hacen, en ese supuesto, como de costumbre, un elogio abstracto del diálogo, considerado también en abstracto, como si la vida política normal no fuera ya esencialmente diálogo, y como si el «diálogo» no hubiera sido durante estos veinticinco años una coartada permanente de los terroristas y sus secuaces. Todo el mundo sabe que el desacuerdo y la incomunicación tienen causas muy anteriores al 13 de mayo y que no son los habituales de todo pueblo verdaderamente plural y no amenazado por el miedo y el terror.

Por eso en el apartado siguiente los prelados se encaran lógicamente con el terrorismo. Pero para repetir una vez más que la paz es incompatible con él y que «ETA debe desaparecer», haciendo suyo el cómodo estribillo del PNV. El deber de «definirnos netamente frente a ETA» no pasa, al parecer, de esa «rotunda» afirmación. No les pidamos a estos pastores, a pesar del justo énfasis que ponen en la descripción de los motivos aducidos para la condena, que pasen de ahí; que pidan la persecución y erradicación de la banda asesina; que agradezcan al Estado y a las fuerzas de seguridad, jueces, fiscales, etc., su heroica labor para acabar con la barbarie. Menos rotundidad podremos pedirles, claro, en relación con «aquellas personas y grupos sociales y políticos que colaboran con las acciones terroristas, las encubren o las defienden». ¿Batasuna acaso?

Víctimas y tortura

Extraña que, calificándolos sólo corno «una porción de la abultada población amenazada», y siendo tan variado el «espectro de las víctimas potenciales de ETA», los obispos ponderen sólo el caso de los concejales del PP y del PSOE. Y es que aquí también coinciden con la opinión nacionalista mayoritaria, criterio por lo visto de calidad moral: «Tal fenómeno resulta particularmente grave porque es un ataque directo ala democracia». Como si la matanza de guardias civiles, policías nacionales, militares, jueces, fiscales, familiares de los mismos, etc., que han sido las víctimas más numerosas en Euskadi y en el resto de España, no fuera un ataque directo a la democracia. Y como si ETA eligiera sus objetivos por ser demócratas» y no por ser «españoles», militantes de partidos españoles, personas de una u otra forma al servicio de España, nombre que los cuatro obispos firmantes no se atreven a citar, sustituyéndolo en un momento dado por «Estado español».

Ni una palabra sobre ese casi millar de asesinados, sobre los heridos, los mutilados, los innumerables extorsionados, los incontables exiliados del País Vasco. Ni sobre el cotidiano terror callejero y sus víctimas de toda índole. La insensibilidad ante todo ello es, en verdad, un «banco de prueba» -como los mismos obispos escriben- de la calidad de «nuestra fe», de la suya también.

«No todo vale contra el terrorismo», subtitulan a continuación. Y pasan a condenar, como solía hacerlo Mons. Setién, la tortura, contra la que citan al mismo Concilio Vaticano II. Muy bien. Pero sólo aluden a una clase de tortura, aunque sin especificar acusación ni casos probados, pero no a todas las demás. Y se animan a mencionar, v.g., Amnistía Internacional y Gesto por la paz, pero no, p.e., a las asociaciones de Víctimas del Terrorismo, que tantos testimonios pueden dar de torturas de muchas clases.

«Conflicto» entre identidades nacionales

No podía faltar la palabreja clave del vocabulario nacionalista-independentista vasco, «el conflicto», repetida aquí también. Nadie medianamente serio ha puesto en duda la legitimidad del nacionalismo, de cualquier nacionalismo sereno, templado y civilizado. Si no querían ahorrarse los prelados los apartados 5 y 7, podían haber recordado también en ellos que uno de los motivos de aversión, odio y persecución en Euskadi, y no sólo por parte de ETA y Batasuna, es el llamado «nacionalismo español», que casi siempre consiste en el mero hecho de sentirse y llamarse españoles. Pero hasta un obis

 
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