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El Brocal
El Brocal - Nº 9
Jueves, 11 julio a las 16:29:36

El Brocal

REVISTA DE ESTUDIOS Y DE DOCUMENTACIÓN
Nº 9 – 11 de julio de 2002

LAS LEYES FUNDAMENTALES DEL ESTADO ESPAÑOL Y LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS*
Por Adolfo Iranzo

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con el siguiente preámbulo:

«Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana;

»Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias;

»Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión;

»Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones;

»Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad;

»Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre, y

»Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso;

»La Asamblea General proclama la presente

»Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción».

* * *

El Considerando segundo del preámbulo trascrito señala que se han cometido actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, por el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos. Ciertamente ha sido así, con la historia en la mano, y lo sigue siendo en muchos lugares del mundo, desde el punto de vista de la cultura occidental y el momento histórico actual. Pero para hacer un juicio objetivo del comportamiento de la humanidad en una época determinada, también debe tenerse en cuenta que muchos de esos actos, que hoy calificamos de bárbaros y ultrajantes, en la época en la ocurrieron se veían con absoluta naturalidad y sin percatarse de que aquello era ultrajante. Este era el caso de la esclavitud en los Estados Unidos de América en la fecha en que se promulgó la Constitución americana (año 1787), dos años antes de la Revolución francesa, cuando también se veía con naturalidad la eliminación de la aristocracia y la ejecución de los aristócratas.

El progreso evolutivo de la sociedad humana ha sido lento, difícil y atormentado. La lucha por la supervivencia ha impuesto, desde los remotos orígenes de la humanidad, la ley del más fuerte, como sucede en otras especies zoológicas, de las que el hombre también forma parte. Las distintas agrupaciones humanas en forma de hordas, tribus, clanes familiares, ciudades Estado, señoríos, condados, reinos o imperios llevaban implícita la necesidad de auto defenderse de las potenciales agresiones procedentes de otras agrupaciones semejantes que tendrían como objetivo la apropiación de un territorio y sus recursos económicos, o las riquezas acumuladas o el sometimiento de otros pueblos para propio beneficio. Ya en época histórica, existen evidencias suficientes de que las guerras suponían no sólo la derrota sino el exterminio del contrario. Con el paso del tiempo, alguien descubrió que era más útil perdonar la vida al derrotado y someterlo a esclavitud. Fue este descubrimiento un primer paso hacia el respeto a la vida de los seres humanos. Respeto a la vida que, en la actualidad, nos parece, a los que nos desenvolvemos dentro de la cultura cristiana europea, algo elemental u obvio, sobre todo, tras la eliminación de la pena de muerte de la legislación penal de los países de nuestro entorno. Sin embargo, la pena de muerte sigue vigente en una gran parte de los Estados Unidos de América, en plena vigencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cincuenta años después de su solemne promulgación.

El enjuiciamiento de la Historia, con la perspectiva actual, nos lleva a la consideración de costumbres bárbaras o crueles las practicadas por los hombres de la antigüedad sin percatarnos de que todavía existen pueblos y naciones del mundo, que llamamos civilizado, donde no sólo se tolera sino que se ve con naturalidad que el hombre pueda disponer de la vida de sus semejantes en aras de una pretendida salvaguardia de la estabilidad social.

Las ideas de la Ilustración, de libertad igualdad y fraternidad, recogidas por la primera Constitución francesa tras la Revolución de 1789 y, algunos años antes, por la Constitución de los Estados Unidos de América, todavía vigente, supusieron otro paso adelante fundamental hacia la extensión y consolidación de los derechos individuales de la sociedad humana que, a partir de entonces, se han ido recogiendo sucesivamente por los textos constitucionales de otros países y resumidos por la Declaración de las Naciones Unidas de 1948.

Las constituciones españolas, desde la primera de 1812, no han sido excepción a esta corriente ideológica iniciada con la Ilustración, que se han ido perfilando con el paso del tiempo y adaptándose a las nuevas realidades de la sociedad y de su entorno político y cultural de nuestro hemisferio. Adaptación paralela y coincidente con la experimentada por las de esos otros países, incluida la norteamericana, única que conserva intacto y vigente el texto de sus siete artículos originales, aunque enriquecido con veintidós enmiendas, fruto de esa necesaria adaptación, conforme lo han ido requiriendo las circunstancias en cada momento.

Algunos comentarios, que de vez en cuando se publican en los medios de difusión, relativos al desconocimiento que Las Leyes Fundamentales del Estado Español tenían sobre los derechos humanos, me animó a realizar un análisis de esos textos legales a la luz del articulado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a la vista también, como referente, de la Constitución de los Estados Unidos, por tratarse de la más antigua, todavía vigente, de los países de nuestro entorno cultural y, además, por tratarse del Estado democrático más influyente del mundo.

Las Leyes Fundamentales del Estado Español, forman un cuerpo legal que ha sido considerado como la Constitución del Estado y eran, como se sabe, las siguientes:

I. – PRINCIPIOS DEL MOVIMIENTO NACIONAL

- Ley de Principios del Movimiento Nacional, de 17 de mayo de 1958

II. – DERECHOS FUNDAMENTALES

- Fuero de los Españoles, de 17 de julio de 1945

- Fuero del Trabajo, de 9 de marzo de 1938

III. – ORGANIZACIÓN DEL ESTADO Y DEL MOVIMIENTO NACIONAL

- Ley Orgánica del Estado, de 10 de enero de 1967

- Ley Orgánica del Movimiento y de su Consejo Nacional, de 28 de junio de 1967

IV. – CORTES

- Ley Constitutiva de las Cortes, de 17 de julio de 1942

V. – JEFATURA DEL ESTADO

- Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, de 26 de julio de 1947

- Ley Orgánica del Consejo del Reino, de 22 de julio de 1967

VI. – REFERÉNDUM

- Ley de Referéndum Nacional, de 22 de octubre de 1945

VII. – GARANTIAS

- Ley Reguladora del Recurso de Contrafuero, de 5 de abril de 1968

He aquí el articulado de la Declaración Universal y su comparación con las Leyes Fundamentales del Estado Español.

Artículo 1

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

En relación con este artículo, la Ley de Principios del Movimiento contiene lo siguiente:

Principio V: «La comunidad nacional se funda en el hombre como portador de valores eternos y en la familia como base de la vida social; pero los intereses individuales y colectivos han de estar subordinados siempre al bien común de la Nación, constituida por las generaciones pasadas, presentes y futuras...».

Principio IX: «...El ideal cristiano de la justicia social, reflejado en el Fuero del Trabajo, inspirará la política y las leyes».

Principio XI: «La empresa, asociación de hombres y medios ordenados a la producción, constituye una comunidad de intereses y una unidad de propósitos. Las relaciones entre los elementos de aquélla deben basarse en la justicia y en la recíproca lealtad, y los valores económicos estarán subordinados a los de orden humano y social».

Por su parte, el Fuero de los Españoles proclama:

Artículo tercero: «La Ley ampara por igual el derecho de todos los españoles, sin preferencias de clases ni acepción de personas».

Artículo cuarto: «Los españoles tienen derecho al respeto de su honor personal y familiar. Quien lo ultrajare, cualquiera que fuese su condición, incurrirá en responsabilidad».

El Fuero del Trabajo, promulgado en plena guerra civil, es una pieza maestra en el enunciado de la política laboral y social del Estado, que dotó a España de la legislación social más avanzada de Europa cuando España estaba prácticamente en ruinas y su economía maltrecha y de base fundamentalmente agraria. La crítica a la política laboral enunciada en este Fuero, se ha centrado en que no se reconoce en él el derecho de huelga; lo cual es cierto. A cambio, fue capaz de proporcionar una estabilidad en el puesto de trabajo prácticamente vitalicia, y sus indudables ventajas son todavía añoradas por los trabajadores que aún permanecen en actividad y que tuvieron la oportunidad de conocer aquella legislación laboral. Por otro lado, la Declaración Universal de Derechos Humanos no incluye entre los mismos el derecho de huelga.

Los principios enunciados en este primer articulo de la Declaración Universal se pueden identificar en toda la redacción del Fuero del Trabajo. Por citar alguna, la Declaración III.4 proclama que: «...las relaciones entre los trabajadores y las empresas [...] estarán basadas en la justicia, la recíproca lealtad y la subordinación de los valores económicos a los de orden humano y social».

Artículo 2

1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

2. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.

El ya citado artículo tercero del Fuero de los Españoles recoge el derecho enunciado en este artículo 2 de la Declaración Universal. Consecuente con el artículo tercero del FE, el artículo 17 del Código Civil, vigente desde 1889, considera españoles a: «todos los nacidos en territorio español; los hijos de padre o madre españoles aunque hayan nacido fuera de España; los extranjeros que hayan obtenido carta de naturaleza y los que, sin ella, hayan ganado vecindad en cualquier pueblo de la Monarquía (sic.)», sin ningún tipo de distinción.

En relación con este artículo de la Declaración Universal hay que recordar que Estados Unidos, firmante de la misma, no comenzó la integración racial hasta la Administración Kennedy, en 1960; y la discriminación por sexo, que impedía el voto de la mujer, permaneció hasta la incorporación de la Enmienda XIX al texto constitucional.

Artículo 3

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Fuero de los Españoles, artículo diecisiete: «Los españoles tienen derecho a la seguridad jurídica. Todos los órganos del Estado actuarán conforme a un orden jerárquico de normas preestablecidas, que no podrán arbitrariamente ser interpretadas ni alteradas».

Artículo 4

Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.

Ninguna de las Leyes Fundamentales hace alusión al tema de la esclavitud por ser algo inconcebible cuando las Leyes fueron redactadas.

Artículo 5

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

El derecho enunciado en este artículo de la Declaración Universal no figura expresamente en ninguna de las Leyes Fundamentales, aunque el Código Penal vigente cuando las Leyes Fundamentales fueron redactadas, procedía del Promulgado por la República Española en 1932, según lo dispuesto por la Ley de 19 de julio de 1944. En este Código de la República, y en todas las reformas efectuadas posteriormente, ha desaparecido todo vestigio de penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

La Constitución norteamericana tampoco recoge expresamente este derecho tal y como está redactado en la Declaración Universal, pero la Enmienda IX indica que «La enumeración de ciertos derechos que se hace en esta Constitución no deberá interpretarse como denegación o menoscabo de otros derechos que conserva el pueblo». A sensu contrario debemos interpretar que la falta de prohibición expresa no tiene porqué significar que se permite el trato degradante. No obstante, la enmienda VIII establece que: «No se exigirán fianzas excesivas; no se impondrán multas excesivas, ni se aplicarán castigos crueles o inusitados».

Artículo 6

Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.

Para las Leyes Fundamentales se trata de otra obviedad, toda vez que el Código Civil de 1889 en su artículo 29 establece que la personalidad civil se adquiere con el nacimiento a las veinticuatro horas de vivir desprendido del seno materno; y sólo se extingue por la muerte de las personas (Art. 32).

Artículo 7

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.

Fuero de los Españoles, artículo tercero, ya citado: «La Ley ampara por igual el derecho de todos los españoles, sin preferencia de clases ni acepción de personas».

Artículo 8

Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.

La Ley Reguladora del Recurso de Contrafuero establece «...la facultad de toda persona legitimada para hacer uso del derecho de petición, de denunciar la existencia de un contrafuero...». El recurso de contrafuero se regula en los artículos 59 y siguientes de la Ley Orgánica del Estado. Están legitimados para hacer uso del derecho de petición, todos los españoles, según el artículo veintiuno del Fuero de los Españoles que dice: «Los españoles podrán dirigir individualmente peticiones al Jefe del Estado, a las Cortes y a las autoridades».

Artículo 9

Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.

Fuero de los Españoles, artículo dieciocho: «Ningún español podrá ser detenido sino en los casos y en la forma que prescriben las leyes». Artículo diecinueve: «Nadie podrá ser condenado sino en virtud de Ley anterior al delito, mediante sentencia de Tribunal competente y previa audiencia y defensa del interesado».

Artículo 10

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.

Ley de Principios del Movimiento Nacional. Principio IX: «Todos los españoles tienen derecho a una justicia independiente, que será gratuita para aquellos que carezcan de medios económicos».

Ley Orgánica del Estado. Artículo veintinueve: «La justicia gozará de completa independencia. Será administrada en nombre del Jefe del Estado de acuerdo con las Leyes, por Jueces y Magistrados independientes, inamovibles y responsables con arreglo a la Ley». Este artículo ha sido tomado de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870 (Art. 1º: «la justicia se administra en nombre del Rey»). El resto de la redacción procede de los artículos 8 y 9 de la Ley de 1870. Artículo treinta: «Todos los españoles tendrán libre acceso a los Tribunales. La justicia será gratuita para quienes carezcan de medios económicos».

Fuero de los Españoles. Artículo tercero, ya citado: «La Ley ampara por igual el derecho de todos los españoles...».

Artículo 11

1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y enjuicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.

2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de someterse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.

La presunción de inocencia del apartado 1 de la Declaración Universal no está recogida expresamente en ninguna de la Leyes Fundamentales españolas. Tampoco lo está en la Constitución de los Estados Unidos ni en ninguna de sus enmiendas.

Con respecto al apartado 2, el Fuero de los Españoles dice en su artículo diecinueve: «Nadie podrá ser condenado sino en virtud de Ley anterior al delito, mediante sentencia de Tribunal competente y previa audiencia y defensa del interesado».

Artículo 12

Nadie será objeto de ingerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales ingerencias o ataques.

Fuero de los Españoles. Artículo cuarto: «Los españoles tienen derecho al respeto de su honor personal y familiar. Quien lo ultrajare, cualquiera que fuese su condición, incurrirá en responsabilidad».

Artículo trece: «Dentro del territorio nacional, el Estado garantiza la libertad y el secreto de la correspondencia».

Artículo quince: «Nadie podrá entrar en el domicilio de un español ni efectuar registros en él sin su consentimiento, a no ser con mandato de la Autoridad competente y en los casos y en la forma que establezcan las Leyes».

Artículo 13

1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.

2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.

Con respecto al punto 1: Fuero de los Españoles. Artículo catorce: «Los españoles tienen derecho a fijar libremente su residencia dentro del territorio nacional».

El punto 2 no se recoge en las Leyes Fundamentales. Tampoco se prohíbe. Indirectamente se presupone la existencia de este derecho en la declaración XIV del Fuero del Trabajo: «El Estado dictará las oportunas medidas de protección del trabajo nacional en nuestro territorio y, mediante Tratados de trabajo con otras potencias, cuidará de amparar la situación profesional de los trabajadores españoles residentes en el extranjero».

Aunque las Leyes Fundamentales no lo dicen expresamente, parafraseando la enmienda IX de la Constitución de los Estados Unidos, «La enumeración de ciertos derechos que se hace en esta Constitución no deberá interpretarse como denegación o menoscabo de otros derechos que conserva el pueblo», sería aplicable a este punto. El derecho a salir y regresar a España ha sido un derecho tradicional del pueblo español.

Artículo 14

1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país.

2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.

El derecho de asilo no se contempla expresamente en ninguno de los Textos Fundamentales del Estado Español. Tampoco lo recoge la Constitución norteamericana ni ninguna de sus enmiendas. Está recogido, sin embargo, en la legislación ordinaria.

Artículo 15

1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.

2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad.

Punto 1: Tienen derecho a la nacionalidad española según el artículo 17 del Código Civil, vigente desde 1889, como ya se ha indicado a propósito del artículo 2 de la DUDH: «Todos los nacidos en territorio español; los hijos de padre o madre españoles aunque hayan nacido fuera de España; los extranjeros que hayan obtenido carta de naturaleza y los que, sin ella, hayan ganado vecindad en cualquier pueblo de la Monarquía (sic.)».

Punto 2. Fuero de los Españoles. Artículo veinte: «Ningún español podrá ser privado de su nacionalidad sino por delito de traición, definido en las Leyes penales, o por entrar al servicio de las armas o ejercer cargo público en país extranjero contra la prohibición expresa del Jefe del Estado».

Artículo 16

1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.

2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio.

3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.

La referencia de las Leyes Fundamentales a la familia es extensa. La Ley de Principios del Movimiento la recoge en los principios VI y VIII. En el principio VI se promulga: «Las entidades naturales de la vida social: familia, municipio y sindicato, son estructuras básicas de la comunidad nacional...». En el principio VIII se dice: «... La participación del pueblo en las tareas legislativas y en las demás funciones de interés general se llevará a cabo a través de la familia, el municipio, el sindicato y demás entidades con representación orgánica que a este fin reconozcan las leyes...».

El Fuero de los Españoles se refiere a la familia, concretamente, en el artículo veintidós: «El Estado reconoce y ampara a la familia como institución natural y fundamento de la sociedad, con derechos y deberes anteriores y superiores a toda ley humana positiva».

El Fuero del Trabajo, en la declaración XII-3 dice: «[El Estado] reconoce a la familia como célula primaria natural y fundamento de la sociedad, y al mismo tiempo como institución moral dotada de derechos inalienables y superior a toda ley positiva. Para mayor garantía de su conservación y continuidad, se reconocerá el patrimonio familiar inembargable».

Con respecto al punto 1 y la igualdad de derechos en cuanto al matrimonio, es este quizás el punto más divergente de la legislación del Estado Español y la DUDH. Evidentemente, además de no existir ninguna referencia en las Leyes Fundamentales a esa igualdad de derechos, la legislación positiva, fundamentalmente recogida en el Código Civil, otorga un trato desigual a marido y mujer. El Código Civil, vigente desde 1889 y heredero de una legislación tradicional, confiere al marido la titularidad de cabeza de familia y la administración de los bienes de la sociedad conyugal y establece el deber del marido de proteger a la mujer, y ésta obedecer al marido. El derecho matrimonial español, conservaba la tradición secular de una organización de la sociedad basada en una tácita división de tareas entre marido y esposa, según la cual el marido era el responsable de aportar los medios de subsistencia de la familia y la mujer se ocupaba de las tareas domésticas y el cuidado de los hijos. La sociedad ha cambiando considerablemente en las últimas décadas y es evidente que no se puede obviar la actualización de la estructura legal con respecto a la familia. La pregunta que está en el aire, en estos momentos, es si la actualización que se está operando en España garantizará en el futuro la estabilidad de la sociedad basada en la unidad familiar. Pero éste es un tema que requiere una meditación aparte.

El punto 2, aunque tampoco figura en las Leyes Fundamentales, está regulado, desde antiguo, por el Código Civil, hasta el punto de que la falta de consentimiento, coacción o miedo grave era causa de nulidad.

La Constitución de Estados Unidos no contiene en su articulado ni en sus enmiendas, ninguna alusión a la familia ni al matrimonio.

Artículo 17

1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.

2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

Punto 1. Ley de Principios del Movimiento Nacional. Principio X: «Se reconoce [...] a la propiedad privada, en todas sus formas, como derecho condicionado a su función social. La iniciativa privada, fundamento de la actividad económica, deberá ser estimulada y, en su caso, suplida por la acción del Estado».

Fuero de los Españoles. Artículo treinta: «La propiedad privada como medio natural para el cumplimiento de los fines individuales, familiares y sociales, es reconocida y amparada por el Estado».

Articulo treinta y uno: «El Estado facilitará a todos los españoles el acceso a las formas de propiedad más íntimamente ligadas a la persona humana: hogar familiar, heredad, útiles de trabajo y bienes de uso cotidiano».

Fuero del Trabajo. Declaración XII-1: «El Estado reconoce y ampara la propiedad privada como medio natural para el cumplimiento de las funciones individuales, familiares y sociales».

Punto 2. Fuero de los Españoles. Artículo treinta y dos: «En ningún caso se impondrá la pena de confiscación de bienes. Nadie podrá ser expropiado sino por causa de utilidad pública o interés social, previa la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto en las Leyes».

Fuero del Trabajo. Declaración XII-3, ya citada: «Para mayor garantía de la conservación y continuidad [de la familia], se reconocerá el patrimonio familiar inembargable».

Artículo 18

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.

Fuero de los Españoles. Articulo sexto: «El Estado asumirá la protección de la libertad religiosa, que será garantizada por una eficaz tutela jurídica que, a la vez, salvaguarde la moral y el orden publico».

Artículo 19

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

Fuero de los Españoles. Artículo doce: «Todo español podrá expresar libremente sus ideas mientras no atente a los principios fundamentales del Estado».

Artículo 20

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.

2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

Fuero de los Españoles. Artículo dieciséis: «Los españoles podrán reunirse y asociarse libremente para fines lícitos y de acuerdo con lo establecido en las leyes».

Artículo 21

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.

2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.

Punto 1. Ley de Principios del Movimiento Nacional. Principio VIII: «El carácter representativo del orden político es principio básico de nuestras instituciones públicas. La participación del pueblo en las tareas legislativas y en las demás funciones de interés general se llevará a cabo a través de la familia, el municipio, el sindicato y demás entidades con representación orgánica que a este fin reconozcan las leyes». Fuero de los Españoles. Artículo diez: «Todos los españoles tienen derecho a participar en las funciones públicas de carácter representativo, a través de la familia, el municipio y el sindicato, sin perjuicio de otras representaciones que las leyes establezcan».

Punto 2. Ley de Principios del Movimiento Nacional. Principio VIII: «Todos los españoles tendrán acceso a los cargos y funciones públicas según sus méritos y capacidad».

Fuero de los Españoles. Artículo once: «Todos los españoles podrán desempeñar cargos y funciones públicas según su mérito y capacidad».

Punto 3. La Declaración Universal, en este punto concreto, da a entender que la participación del pueblo en el poder público se tiene que realizar mediante elecciones por sufragio universal e igual y por voto secreto o por otro procedimiento que garantice la libertad de voto. Las Leyes Fundamentales del Estado Español no reconocen el sufragio universal, pero la representación del pueblo en el Órgano Legislativo del Estado, las Cortes Españolas, que eran de carácter orgánico, se podía realizar, parcialmente, a través de la representación familiar, que según el artículo 3º de la Ley de Representación Familiar en Cortes: «La elección de Procuradores en Cortes por cada provincia se verificará por sufragio igual, directo y secreto».

Artículo 22

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.

Ley de Principios del Movimiento Nacional. Principio IX: «Todos los españoles tienen derecho: [...] a los beneficios de la asistencia y seguridad sociales, y a una equitativa distribución de la renta nacional y de las cargas fiscales. El ideal cristiano de la justicia social reflejado en el Fuero del Trabajo, inspirará la política y las leyes».

Fuero de los Españoles. Artículo veintinueve: «El Estado mantendrá instituciones de asistencia y amparará y propulsará las creadas por la Iglesia, las Corporaciones y los particulares».

Artículo 23

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.

Punto 1. Ley de Principios del Movimiento Nacional. Principio X: «Se reconoce al trabajo como origen de jerarquía, deber y honor de los españoles...».

Fuero de los Españoles. Artículo veinticuatro: «Todos los españoles tienen derecho al trabajo y el deber de ocuparse en alguna actividad socialmente útil».

Artículo veintiocho: «El Estado español garantiza a los trabajadores la seguridad de amparo en el infortunio y les reconoce el derecho a la asistencia en los casos de vejez, muerte, enfermedad, maternidad, accidentes del trabajo, invalidez, paro forzoso y demás riesgos que puedan ser objeto de seguro social».

Fuero del Trabajo. En relación con este artículo 23 de la DUDH habría que reproducir la totalidad del Fuero del Trabajo, pieza maestra de los principios reguladores del Estado Español, que afecta a la totalidad de su población. La limitación de espacio disponible obliga a transcribir únicamente las declaraciones del FT más afines a los derechos humanos recogidos en este artículo 23 de la Declaración Universal. Declaración del FT I-1: «El trabajo es la participación del hombre en la producción mediante el ejercicio voluntariamente prestado de sus facultades intelectuales y manuales, según la personal vocación, en orden al decoro y holgura de su vida y al mejor desarrollo de la economía nacional». I-2: «Por ser esencialmente personal y humano el trabajo no puede reducirse a un concepto material de mercancía, ni ser objeto de transacción incompatible con la dignidad personal de quien lo preste». I-4: «El Estado valora y exalta el trabajo, fecunda expresión del espíritu creador del hombre y, en tal sentido, lo protegerá con la fuerza de la ley, otorgándole las máximas consideraciones y haciéndolo compatible con el cumplimiento de los demás fines individuales, familiares y sociales». I-6: «El trabajo constituye uno de los más nobles atributos de jerarquía y de honor, y es título suficiente para exigir la asistencia y tutela del Estado». I-8: «Todos los españoles tienen derecho al trabajo. La satisfacción de este derecho es misión primordial del Estado».

Punto 2. Este derecho no aparece recogido expresamente en las Leyes Fundamentales aunque en toda su redacción la única discriminación que pueda encontrarse es con respecto a la mujer casada, y en sentido protector, al considerar que el salario del marido debe ser suficiente para atender a las necesidades familiares y hacer innecesario el trabajo de la mujer casada para que puede así dedicarse enteramente a las tareas domésticas y mejor atención a su familia. También puede apreciarse un sentido protector hacia las mujeres en general y hacia los niños en relación con el trabajo nocturno. La Declaración II-1 del Fuero del Trabajo dice: «El Estado se compromete a ejercer una acción constante y eficaz en defensa del trabajador, su vida y su trabajo. Limitará convenientemente la duración de la jornada para que no sea excesiva, y otorgará al trabajo toda suerte de garantías de orden defensivo y humanitario. En especial prohibirá el trabajo nocturno de las mujeres y niños, regulará el trabajo a domicilio y liberará a la mujer casada del taller y de la fábrica». Por otro lado, el ideal de justicia y equidad campea por toda la legislación laboral del Estado.

Punto 3. Fuero del Trabajo. Declaración III-1: «La retribución del trabajo será, como mínimo, suficiente para proporcionar al trabajador y su familia, una vida moral y digna». III-2: «Se establecerá el subsidio familiar por medio de organismos adecuados». III-3: «Gradual e inflexiblemente se elevará el nivel de vida de los trabajadores, en la medida que lo permita el superior interés de la Nación».

Punto 4. Este derecho no se reconoce a nivel individual por las Leyes Fundamentales. Al haberse constituido el Estado en el principal valedor de los intereses de los trabajadores, es el propio Estado el que crea los sindicatos como entidad natural de la vida social y estructura básica de la comunidad nacional y cauce de representación en las tareas legislativas. Es ésta, una de las diferencias fundamental entre el Estado basado en la democracia inorgánica y la democracia orgánica configurada en las Leyes Fundamentales del Estado.

Artículo 24

Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.

Fuero del Trabajo. Declaración II-1, ya citada: «El Estado [...] limitará convenientemente la duración de la jornada para que no sea excesiva, y otorgará al trabajo toda suerte de garantías de orden defensivo y humanitario». II-2: «El Estado mantendrá el descanso dominical como condición sagrada en la prestación del trabajo». II-5: «Todo trabajador tendrá derecho a unas vacaciones anuales retribuidas para proporcionarle un merecido reposo, organizándose al efecto las instituciones que aseguren el mejor cumplimiento de esta disposición». II-6: «Se crearán las instituciones necesarias para que en las horas libres y en los recreos de los trabajadores, tengan estos acceso al disfrute de todos los bienes de la cultura, la alegría, la milicia, la salud y el deporte».

Artículo 25

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios- tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.

Fuero del Trabajo. Declaración III, ya citada: III-1: «La retribución del trabajo será, como mínimo, suficiente para proporcionar al trabajador y a su familia una vida moral digna». III-2: «Se establecerá el subsidio familiar por medio de organismos adecuados». III-3: «Gradual e inflexiblemente se elevará el nivel de vida de los trabajadores, en la medida que lo permita el superior interés de la Nación». III-5: «A través del Sindicato, el Estado cuidará de conocer si las condiciones económicas y de todo orden en que se realiza el trabajo son las que en justicia corresponden al trabajador». III-6: «El Estado velará por la seguridad y continuidad en el trabajo».

Declaración X-1: «La previsión proporcionara al trabajador la seguridad de su amparo en el infortunio». X-2: «Se incrementarán los seguros sociales de vejez, invalidez, maternidad, accidentes del trabajo, enfermedades profesionales, tuberculosis y paro forzoso, tendiéndose a la implantación de un seguro total. De modo primordial se atenderá a dotar a los trabajadores ancianos a un retiro suficiente». Fuero de los españoles. Artículos veintisiete y veintiocho: Tienen la misma redacción que las Declaraciones III-1 y X, respectivamente, del Fuero del Trabajo.

Punto 2. Ninguna disposición de las Leyes Fundamentales del Estado hace distinción entre hijos nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio.

Artículo 26

1- Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada, el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.

2.. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.

Punto 1. Ley de Principios del Movimiento. Principio IX: «Todos los españoles tienen derecho: [...] a una educación general y profesional, que nunca podrá dejar de recibirse por falta de medios materiales...». Fuero de los Españoles. Artículo quinto: «Todos los españoles tienen derecho a recibir educación e instrucción y el deber de adquirirlas, bien en el seno de su familia o en centros privados o públicos, a su libre elección. El Estado velará para que ningún talento se malogre por falta de medios económicos».

Punto 2. No existe en las Leyes Fundamentales ninguna referencia específica a este punto. Tampoco la Constitución de los Estados Unidos de América recoge ningún postulado concreto relativo a este punto de la DUDH. Dado el contenido del artículo, es de aplicación la doctrina general de la Iglesia Católica que es acatada por el Estado Español de acuerdo con el Principio II de la Ley de Principios del Movimiento Nacional: «La Nación española considera como timbre de honor el acatamiento a la Ley de Dios, según la doctrina de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, [...] que inspirará su legislación».

Punto 3. Artículo quinto del Fuero de los Españoles, citado en el punto 1 anterior.

Artículo 27

1.-Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.

2.-Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

Artículo 28

Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos.

Artículo 29

1.- Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad.

2.- En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.

Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.

Artículo 30

Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.

Los derechos y deberes proclamados en los artículos 27, 28, 29 y 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no tienen referencia específica en las Leyes Fundamentales españolas ni la Constitución de los Estados Unidos de América. Se trata de derechos y deberes generales que están, de hecho, contemplados tácitamente tanto en la ordenación legislativa del Estado Español, como en la de los Estados Unidos.

Resumen

De los treinta artículos que componen la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dieciocho tienen referencia específica en las Leyes Fundamentales del Estado Español; los correspondientes a los artículos 27, 28, 29 y 30 son declaraciones generales que se cumplen por el ordenamiento jurídico general, tanto el español como el norteamericano que se ha tomado como referencia de autoridad. De los restantes, no hay referencia directa, aunque también pueden considerarse incluidos, los siguientes:

  • Articulo 4 relativo a la esclavitud
  • Artículo 5 relativo a las torturas
  • Artículo 6 relativo al reconocimiento de la personalidad jurídica
  • Artículo 11.1 relativo a la presunción de inocencia
  • Artículo 13 relativo a la libertad de salir y regresar a España
  • Artículo 14 relativo a la posibilidad de obtener asilo

Finalmente, sólo dos artículos contienen manifestaciones claramente en oposición a la legislación fundamental española:

  • Artículo 16.1 sobre la igualdad de derechos entre hombre y mujer en cuanto al matrimonio
  • Artículo 23.4 sobre el derecho de toda persona a fundar sindicatos

* Muchos políticos, sindicalistas y «público en general», hablan de los derechos humanos como hallazgo incuestionable de las Naciones Unidas, como descubrimiento sin precedentes, no siendo homologables los países que no hayan firmado la carta que los establece. Es un pecado de ignorancia que debieran confesar públicamente. Existen, desde antiguo, antecedentes importantes de proclamación de los derechos naturales del hombre mediante diferentes normas apoyadas en la ley natural y el influjo del catolicismo, lo que olvidan maliciosamente quienes debieran recordarlo. Como soslayan la legislación española de otros tiempos políticos e hispanistas de variada índole al asegurar que España ha estado alejada de los derechos humanos hasta que, tras la transición, se firmó la oportuna carta ante las Naciones Unidas. Vaya este pormenorizado estudio de Adolfo Iranzo para recuerdo de desmemoriados y enseñanza de ignorantes. Este trabaja ha sido publicado en la revista Altar Mayor, nº 72, marzo-abril 2001.


 
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