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Altar Mayor - Nº 81 (13)
Jueves, 25 julio a las 18:56:48

Altar Mayor REVISTA DE LA HERMANDAD DEL VALLE DE LOS CAÍDOS
Nº 81 – julio-agosto de 2002

EL VATICANO II Y LA CONFESIONALIDAD CATÓLICA DEL ESTADO
Por José María Permuy Rey

De todos es conocido, no sólo el inconmensurable valor de su formación académica, sino también, y sobre todo, el rigor doctrinal y la ortodoxia católica del Profesor Suárez. Por eso, me ha extrañado mucho que D. Luis escriba en su artículo sobre el Vaticano II publicado en el número 80 de Altar Mayor, que «el Concilio declaró que no era deseable el Estado confesional».

Como no es la primera vez que aborda el tema opinando en ese sentido, debo pensar que tal afirmación responde a una creencia arraigada en el interior de D. Luis Suárez, seguro que pensando, de buena fe, que con ello se adhiere al sentir verdadero de la Iglesia.

Dada mi sincera admiración por D. Luis, me cuesta entrar a replicarle contradiciendo su exposición. Pero, en conciencia, movido también –como él- por el deseo de servir a la Iglesia como Dios quiere que sea servida, no puedo hacer otra cosa.

No obstante, como un servidor no es nadie, y no puedo competir en categoría, en prestigio y en autoridad con D. Luis Suárez, prefiero apoyarme en otro personaje que creo nadie dudará está, cuando menos, a la altura del ilustre Catedrático. Me refiero al no hace mucho fallecido Obispo D. José Guerra Campos.

Monseñor Guerra Campos dedicó no pocos de sus escritos e intervenciones públicas a refutar –entre otras cosas- las teorías de quienes afirman que el Concilio Vaticano II «declaró que no era deseable el estado confesional». Es importante recordar que D. José participó directamente en el Concilio, primero como Consultor del Episcopado Español (1962-1963), y en las sesiones de 1954 y 1965 como Obispo.

Según el Obispo de Cuenca «es necesario apartar del camino una interpretación equivocada del Concilio Vaticano II. Hay quienes propalan que el Concilio, al defender la libertad religiosa, ha excluido la confesionalidad o, al menos, invirtiendo la posición tradicional de la Iglesia, la mantiene sólo como una hipótesis poco deseable. En favor de esta interpretación se alegan a veces, además de una teoría de la sociedad que se pretende apoyar en el Concilio, el hecho de que éste no habla de la confesionalidad, mientras se ocupa detenidamente de la libertad religiosa; y aunque el Concilio toma en consideración el caso de un reconocimiento civil especial que se puede otorgar a una comunidad religiosa, se subraya que lo hace con una locución condicional y restrictiva: "Si, en atención a peculiares circunstancias de los pueblos..." (DH. 6), como si fuese una concesión excepcional, simplemente tolerada.

»Esa interpretación es insostenible. Aunque el Concilio no hubiese tocado el tema de la confesionalidad, habría que aplicar la siguiente advertencia de Pablo VI: "Las enseñanzas del Concilio no constituyen un sistema orgánico y completo de la doctrina católica. Esta es más vasta [...], y el Concilio no la ha puesto en duda ni la ha modificado sustancialmente. Por lo contrario, la ha confirmado, ilustrado [...] No debemos separar las enseñanzas del Concilio del patrimonio doctrinal de la Iglesia, sino más bien ver cómo se insertan en él" (Alocución del 12 de enero de 1966). Pero el mismo Concilio ha precisado oficialmente sus intenciones. En efecto, se distinguieron en el Concilio dos cuestiones: primera, los deberes religiosos de la sociedad civil y del poder público en relación con la Iglesia; segunda, los derechos civiles de la persona en materia religiosa. El Concilio, según consta por las relaciones que precedieron a la votación del texto, da por resuelta la cuestión primera, suficientemente explanada en la doctrina tradicional, y de modo sistemático en los documentos pontificios de la edad moderna. El Concilio se propuso únicamente tratar la segunda cuestión, declarando el derecho a la libertad religiosa de modo que "las cosas nuevas, siempre coherentes con las antiguas", sean un desarrollo de la tradición de la Iglesia (DH. 1). Por eso, en lo tocante a los deberes religiosos de la sociedad civil (distintos del reconocimiento jurídico de la libertad) el Concilio se remite a la doctrina tradicional (DH. 1), y si evoca el caso de un reconocimiento civil especial (DH. 6), es para aplicar también a este supuesto la condición de la libertad religiosa, como derecho común a todos los ciudadanos. La locución condicional supone una limitación de facto, puesto que no en todos los países existe el mencionado reconocimiento, pero no implica una restricción de principio o un menor aprecio del caso. El Concilio no indica en este párrafo (DH. 6) si el caso es más o menos deseable; para esta valoración hay que atenerse a la doctrina tradicional, que acaba de reafirmar en DH. 1. Las relaciones con que se presentó a los Padres del Concilio el texto de la Declaración DH. repiten más de una vez expresamente que la libertad religiosa no se opone a la confesionalidad del Estado.

»La doctrina de la Iglesia, reafirmada por el Concilio Vaticano II, incluye, además de la protección de la libertad civil o inmunidad de coacción en materia religiosa, unos deberes positivos religiosos que la sociedad civil, en cuanto tal, ha de cumplir. Se pueden resumir en dos grupos. Primero, en relación directa con el "orden espiritual": a) dar culto a Dios; b) favorecer la vida religiosa de los ciudadanos; c) reconocer la presencia de Cristo en la historia y la misión de la Iglesia instituida por Cristo. Segundo: en relación directa con el orden temporal, inspirar la legislación y la acción de gobierno en la ley de Dios propuesta por la Iglesia. Estos deberes, cuando una sociedad civil los reconoce como principios fundamentales de su vida pública, constituyen el núcleo esencial de la confesionalidad en su sentido pleno.

»Primero. Los deberes en relación directa con el orden espiritual quedan reafirmados en la misma declaración sobre la libertad religiosa: "Como la libertad religiosa que los hombres exigen para el cumplimiento de su obligación de rendir culto a Dios se refiere a la inmunidad de coacción en la sociedad civil, deja íntegra la doctrina tradicional católica acerca del deber moral de los hombres y de las sociedades para con la verdadera religión y la única Iglesia de Cristo" (DH. 1). Esa doctrina tradicional, que, según declara el Concilio, subsiste íntegra sin mengua de la libertad religiosa, se ha formulado de modo reiterado y explícito en una serie de documentos de los Sumos Pontífices en los ciento veinticinco años anteriores al Concilio: por ejemplo, Gregorio XVI (Mirari vos), Pío IX (Quanta cura, etc.), León XIII (Inmortale Dei, Libertas, Diuturnum, Humanum genus, Sapientiae christianae, etc.), Pío X (Vehementer nos), Pío XI (Urbi arcano, Quas primas, etc.), Pío XII (innumerables alocuciones relacionadas particularmente con la inspiración cristiana de lo temporal). Y nótese que en estos documentos no se habla de cualquier "reconocimiento jurídico especial"; se habla de un deber moral del Estado, en nombre de la sociedad civil, de dar culto público a Dios y de reconocer la Religión de Cristo no solamente en cuanto lícita o útil en lo social, sino en cuanto verdadera. (A pesar de la claridad de DH. 1, hubo quienes insinuaron que entre las sociedades cuyos deberes religiosos se afirman no se cuenta la sociedad civil, sino más bien las asociaciones religiosas. Los documentos excluyen ese conato de interpretación liberal. La misma relación que presentó el sentido de la DH advirtió que no se propugna un estado de viejo tipo liberal, arreligioso o indiferente; que la sociedad en cuanto tal puede honrar a Dios por actos públicos en cumplimiento de su deber religioso). Veamos algunas muestras de la doctrina de la Iglesia:

»I-a) Culto a Dios. "La sociedad política ha de cumplir, por medio del culto público, las muchas y relevantes obligaciones que la unen con Dios. No pueden las sociedades políticas obrar en conciencia como si Dios no existiese; ni volver la espalda a la religión, como si les fuese extraña; ni mirarla con esquivez ni desdén, como inútil y embarazosa; ni, en fin, adoptar indiferentemente una religión cualquiera entre tantas otras; antes bien, y por lo contrario, tiene el Estado político la obligación de admitir enteramente y profesar abiertamente aquella ley y prácticas de culto divino que el mismo Dios ha demostrado querer. Es obligación grave de los príncipes honrar el santo nombre de Dios; así como favorecer con benevolencia y amparar con eficacia a la religión, poniéndola bajo el escudo y vigilante autoridad de la ley. Deber este al que también vienen obligados los Gobiernos" (León XIII). "No se nieguen los gobernantes de las naciones a dar por sí mismos y por el pueblo públicas muestras de veneración y de obediencia al imperio de Cristo. El deber de adorar públicamente y obedecer a Jesucristo no sólo obliga a los particulares, sino también a los magistrados y gobernantes" (Pío XI).

»I-b) Favorecer la vida religiosa de los ciudadanos. Según el Concilio, en conformidad con la tradición de la iglesia, el deber de la sociedad civil en materia religiosa no se reduce a tutelar por igual el libre ejercicio de los derechos personales, sin interés especial por las convicciones religiosas. Sin duda, la "inmunidad de coacción externa" debe garantizarse a todos, incluso a los que procedan de mala fe ("aquellos que no cumplen la obligación de buscar la verdad y adherirse a ella"), "con tal de que se respete el justo orden público" (DH. 2). Pero el fomento o favor positivo, por parte del poder público, ha de servir no indiscriminadamente a todas las actitudes, religiosas o irreligiosas, sino precisamente a la vida religiosa, aunque sin pretender dirigirla (DH. 3). "El poder público debe crear condiciones propicias para el fomento de la vida religiosa, a fin de que los ciudadanos puedan realmente ejercer los derechos de la religión y cumplir los deberes de la misma, y la propia sociedad disfrute de los bienes de la justicia y de la paz que proviene de la fidelidad de los hombres a Dios y a su santa voluntad" (DH. 6).

»I-c) Reconocimiento de Cristo y su Iglesia. Este postulado, tan de relieve en los documentos ya citados, subyace también a los textos del Concilio Vaticano II; pues la iglesia cree -y, naturalmente, quiere que se reconozca- "que la clave, el centro y el fin de toda la historia humana se halla en su Señor y Maestro" (GS. 10), y cuando reivindica su libertad ante el poder público lo hace no sólo por el título común a cualquier grupo de hombres que viven comunitariamente su religión, sino "como autoridad espiritual constituida por Cristo Señor, a la que por divino mandato incumbe el deber de ir a todo el mundo y de predicar el Evangelio a toda creatura" (DH. 13).

»La Iglesia puede tolerar situaciones legales o ambientes agnósticos en los que no se confiesa el señorío de Cristo. Ante la amenaza de políticas ateas que desprecian o atacan la presencia activa de los valores religiosos (GS. 20; LG. 36; DH. 6), es lógico que la Iglesia procure garantizar en todas partes, al menos, su independencia, mediante la implantación del principio de la libertad religiosa (DH. 13). Pero la Iglesia de ningún modo puede renunciar a que se extienda el reconocimiento de Cristo y de su propia misión divina, tanto en la vida privada como en la pública. Y esto no por ambición institucional ni en busca de privilegios, sino por amor a Cristo y para bien de los hombres. El que muchas iglesias locales no vivan en un primer plano esta preocupación confesional no cambia el sentido de la doctrina y no justifica el descuido allí donde aquélla pueda aplicarse, ni mucho menos la pretensión de erigir en norma suprema situaciones deficientes. Con el pretexto de acomodarse a las inciertas previsiones de un futuro secularizado, la Iglesia no puede fomentar el eclipse de Dios; más bien se alegrará de que los pueblos y sus representantes no se avergüencen de confesar a Cristo. Por algo el Papa, de modo especial en sus viajes por Italia, ha alabado no pocas veces la participación oficial de las autoridades en el culto público.

»Segundo. Deber religioso de la sociedad civil en relación directa con el orden temporal: inspirar la legislación y la acción de gobierno en la ley de Dios, según la propone la Iglesia. El Concilio Vaticano II insiste una y otra vez en que los ciudadanos creyentes han de instaurar el orden temporal "dirigidos por la luz del Evangelio y la mente de la Iglesia y movidos por la caridad cristiana". "Hay que instaurar el orden temporal de tal forma que, salvando íntegramente sus propias leyes, se ajuste a los principios superiores de la vida cristiana" (AA. 7).

Este deber afecta evidentemente a los ciudadanos en todos los grados de su participación en la vida social. Además de reconocer el ámbito propio de la Iglesia en la vida del hombre (contra el intento de absorber a éste en el orden temporal, la inspiración cristiana de dicho orden comprende dos factores: 1º el amor cristiano como espíritu vivificante, que importa una concepción del hombre y del sentido de su vida, condicionante profundo del orden social; 2º criterios para el contenido material de las normas. Estos criterios provienen, en gran medida, del Derecho o Ley Natural; pero hay que advertir que el reconocimiento de esta ley en su plenitud y universalidad se salvaguarda gracias al magisterio moral de la Iglesia Católica; dado el relativismo y el agnosticismo reinantes, en la práctica el derecho natural actúa como verdadera norma operativa sólo donde se escucha la voz de la Iglesia, que lo proclama y lo interpreta auténticamente. Basta recordar, por ejemplo, la facilidad con que muchos niegan u olvidan el derecho a la vida de los no nacidos. De ahí que aceptar el derecho natural equivale, de hecho, a acatar "la ley de Dios según la doctrina de la Santa Iglesia Católica".

»Recapitulando. Las objeciones de principio contra la confesionalidad nacen, o bien de la suposición errónea de que ha cambiado sustancialmente la doctrina de la Iglesia, o bien de un doble equívoco: el confundir un principio jurídico interior al Estado con las posibles vinculaciones jurídicas entre el Estado y la Iglesia, y el confundir la libertad religiosa con un concepto agnóstico e indiscriminadamente permisivo de la libertad civil».


 
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