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Altar Mayor - Nº 81 (11)
Jueves, 25 julio a las 19:05:47

Altar Mayor

REVISTA DE LA HERMANDAD DEL VALLE DE LOS CAÍDOS
Nº 81 – julio-agosto de 2002

Comentario de Urgencia
SOBRE EL REAL DECRETO-LEY 5/2002 DE 24 DE MAYO
De medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad
Por Luis García-Chillón

El pasado 26 de Mayo, conforme señala la Disposición Final Segunda, del RD objeto de comentario, entraron en vigor una serie de disposiciones, que modificando en parte determinados artículos del Estatuto de los Trabajadores, la Ley General de la Seguridad Social, la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, el Real Decreto 5/1997 sobre el acceso al subsidio por desempleo y el Real Decreto 625/1985, que desarrolla la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de Protección por Desempleo, pretende ser un mecanismo para que «los desempleados puedan encontrar un trabajo en el menor tiempo posible; facilitar oportunidades de empleo para todas las personas que deseen incorporarse al mercado de trabajo; mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo; y corregir las disfunciones observadas en la protección por desempleo», según señala el preámbulo, de folio y medio, que publica el BOE de 25 de mayo de 2002.

Pues bien, este Real Decreto, cuyo contenido restrictivo de posibles derechos adquiridos, es, al parecer, la disculpa causante para que desde todos los sectores de la izquierda, sin excepción de sindicatos o partidos políticos, se llame al pueblo español a una «Huelga General» el día 20 de Junio.

Lo que no se dice a los ciudadanos, mal informados y peor orientados jurídicamente, es que desde la aprobación de la Constitución de 1978, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 35.2, esos «derechos adquiridos» de los trabajadores se baten en rápida retirada, puesto que esa «Norma mormorun» determina que «la ley regulará un estatuto de los trabajadores», y que cuando se pone en el BOE núm. 64, de 14 de Marzo de 1980, ya convertida el la Ley 8/1980, en su Disposición Final Tercera se derogan, entre otras y expresamente, las siguientes Leyes y Decretos: la Ley, de 16.10.44, sobre Reglamentaciones de Trabajo; la Ley de Contrato de Trabajo, texto refundido aprobado por los Decretos de 26 de enero y 31 de marzo de 1944; el Decreto de 18 de Agosto de 1947, de creación de los Jurados de Empresa; el Decreto, de 11 de septiembre de 1943, sobre el Reglamento de los Jurados de Empresa; la Ley 41/62, de 21 de julio, sobre la participación del personal en la administración de las empresas que adopten la forma jurídica de sociedad; la Ley 38/73, de 19 de diciembre, de Convenios Colectivos Sindicales; la Ley 16/76, de ocho de abril, de Relaciones Laborales; el RD 3149/77, de 6 de diciembre, sobre elección de representantes de los trabajadores en el seno de la empresa; y el RDL 34/78, de 16 de noviembre, sobre Reforma del Fondo de Garantía Salarial.

Pero poco duró la vigencia del Texto propuesto, puesto que la disposición final séptima de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social, autorizó al Gobierno para elaborar un Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, incluyendo las modificaciones producidas hasta la fecha de regulación del permiso parental y por maternidad, conforme la Ley 4/1995, de 23 de marzo.

Tres cuartos de lo mismo pasó con la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por el RDL 1568/80, de 13 de junio, que de conformidad con el artículo 1 de la Ley 7/1989, de 12 de abril, fue derogada por la entrada en vigor del RDL 521/1990, de 27 de abril, por el que se aprueba la Ley de Procedimiento Laboral, cuya efímera vigencia se mantiene hasta la publicación del RDL 2/1995, de 7 de abril (Justicia e Interior), por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral (BOE núm. 86 de 11 de abril de 1995).

Finalmente, y en la inteligencia de no marear al lector con tanta cita legal, se debe añadir que más de lo mismo le ocurre al Decreto 2065/1974, de 30 de mayo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que es derogado, en unión, entre otras disposiciones, con la Ley 40/1980, de 5 de julio, de Inspección y Recaudación de la seguridad Social, el RDL 10/1981, de 19 de junio, sobre Inspección y Recaudación de la Seguridad Social, la Ley 26/1985, de 31 de julio, de Medidas Urgentes para la Racionalización de la Estructura y de la Acción Protectora de la Seguridad Social, al entrar en vigor el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE, de 29 de junio), por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social.

Pero a pesar de este frondoso bosque legislativo, plantado con la única intención de ir derogando, con su modificación legislativa a la baja de los derechos sociales, contemplamos atónitos, cómo desde diferentes medios de comunicación, distintos personajes también alzan sus voces dando su opinión de lo que se ha venido a llamar el «decretazo».

De esa forma, mi distinguido colega Nicolás Sartorius, en el Diario El País de 31 de mayo, se despacha con un largo artículo titulado El error Aznar. Por su parte el Exministro de la UCD, Carlos Bustelo, se pronuncia, en esta ocasión en la tercera de ABC, con otro titulado Sindicatos y Empleo en la España Democrática.

Sartorius, llevado por su vocación de abogado laboralista, critica duramente el contenido del Real Decreto Ley desde una óptica que supone entender como un recorte de los derechos de los trabajadores en materia de prestaciones de empleo, salarios de tramitación, fecha de inicio de la prestación cuando no se han disfrutado las vacaciones, salarios de tramitación en caso de despido, desaparición del PER, la supresión del desempleo a los fijos discontinuos y las condiciones establecidas, a los efectos de fijar la renta personal, de los solicitantes del subsidio.

Por su parte, Bustelo, más político que jurista, afirma que «es la suma de intervencionismo franquista, consenso democrático y estado de bienestar socialista nos ha llevado en España al sistema laboral y sindical más injusto y disfuncional del mundo desarrollado y muy probablemente ha retrasado en varios años nuestra convergencia real con la renta media de la Unión Europea».

Pero ambos ilustres comentaristas omiten, no sé si intencionadamente o no, que la reforma de la legislación social es una fijación, que dudo de calificar de enfermiza, de todos los Gobiernos a partir de 1978.

La consigna liberal de desmontar el sólido y bien estructurado edificio de los derechos de los trabajadores, la están llevando de manera imparable, tanto unos como otros. Da igual que sean de UCD, socialistas o del PP; todos ellos se han afanado, y se afanan, en hacer efectivo el vacilante contenido social de los artículos 35, 37, 38, 40, 41, 42 y 50 de la propia Constitución Española de 1978, que para sí quisiera el marco de garantías y derechos que contenía el Fuero del Trabajo, conforme ya he tenido ocasión de exponer en artículos anteriores.

Por eso ¿a qué viene esa hipócrita crítica al Gobierno con motivo del «decretazo»? ¿No es más cierto que llevamos muchos años sufriendo los trabajadores leyes y decretos que sólo nos conducen a la proletarización más absoluta, y que a una nueva «reforma» le sigue otra peor con la vieja disculpa de la convergencia en una Europa, a la que, por cierto, no nos han permitido opinar si queremos o no pertenecer a ella?

Qué más da que se modifique el llamado «Subsidio Agrario», refugio de irregularidades propiciatorias de «votos cautivos», o que se abarate el despido, se incrementen las trabas para la prejubilación o dejen de cobrar las prestaciones por desempleo los trabajadores fijos discontinuos cuyos contratos estén firmados después de julio de 2001.

La realidad es mucho más dura que todo eso, puesto quienes sólo tenemos el rendimiento de nuestro trabajo para vivir hace décadas que estamos siendo expropiados de unos derechos que costaron siglos de lucha social, miles de muertos y esfuerzos infinitos, y todo ello, para mayor vergüenza con la colaboración de unos sindicatos que se hacen llamar de clase. Nos falta saber de cuál.

¡Fuera máscaras! No admitimos cantos plañideros contra unas normas cuando se hace dejación del deber de defensa ayer, hoy y siempre.

Las huelgas políticas, como fue la convocada para el 20 de junio, sólo persiguen fines políticos, de quienes siendo cómplices y encubridores de todas las «rebajas sociales» anteriores, ahora esconden la mano, cantan la palinodia, y tiran la piedra al tejado de los que dicen representar. De pena.


 
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