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Altar Mayor - Nº 84 (60)
Jueves, 27 febrero a las 20:39:35

Altar Mayor

REVISTA DE LA HERMANDAD DEL VALLE DE LOS CAÍDOS
Nº 84 – enero-febrero de 2003


Por
Federico Trillo-Figueroa - Ministro de Defensa

Los Ejércitos cumplen en el Estado una función esencial que afecta a la raíz misma de su legitimidad, cual es la defensa de los elementos básicos en que se asienta: la integridad de su territorio, y la vida y las libertades de los ciudadanos y la independencia de la nación. Este carácter final de la misión, de recurso último, es el que explica también que se les atribuya la custodia de los símbolos básicos de la identidad nacional, como son la bandera y el himno, y que hayan de mantener en todo momento la confianza de la Nación y procurar el prestigio exterior, que es la base del respeto disuasorio.

La defensa nacional es materia de alta sensibilidad política y nunca puede ser campo propio para la demagogia, la improvisación o la frivolidad. De hecho, en los Estados de democracia avanzada, como el nuestro, debe mantenerse un alto grado de consenso político, y cualquier reforma debe estar presidida por la prudencia y por la amplitud de horizontes. Afecta a las cuadernas mismas del Estado.

La idea francesa de la «nación en armas» no sólo sirvió para generalizar el Servicio Militar Obligatorio; exigió también la presencia de la organización en todo el territorio nacional y la afectación de miles de hectáreas al demanio militar (desde los acuartelamientos hasta las fortificaciones, los campos de entrenamiento o las baterías de costa). Las importantes dotaciones que conllevan el abastecimiento de material y vituallas hizo que se generaran en la Administración Militar los primeros contratos administrativos tipo. A lo largo del siglo XX, el despliegue y la organización de los Ejércitos respondían a la primera necesidad defensiva: la defensa interior y exterior del territorio. De la misma manera, se aglutinaron en empresas públicas, especializadas por sectores, las luego cada vez más integradas factorías e industrias militares.

Todo ello comienza a cambiar a partir de las dos Grandes Guerras, que traen por consecuencia las alianzas de defensa colectiva y la necesidad de constituir ejércitos, cada vez más conjuntos, que sean desplegables de forma combinada con los de los aliados. La homogeneización de los sistemas de armas y municiones y la necesidad de hacerlos interoperables va produciendo también la formación de consorcios industriales transnacionales.

España ha estado fuera de ese proceso durante una buena parte del siglo pasado. Con la llegada de la democracia nuestra defensa recupera el horizonte exterior que Ortega y Gasset había reclamado para vertebrar España, hace ahora 80 años, integrando las aspiraciones nacionales en un nuevo proyecto sugestivo de vida en común que acabara con nuestro particularismo, manifestado típicamente en el caso militar como «pronunciamientos». No deja de ser significativo que el último y definitivo intento de golpe de Estado en España tratara de abortar la constitución del Gobierno que precisamente, meses más tarde, nos integraría en la Alianza Atlántica. Comenzó por entonces también la reforma militar -de la orgánica del nuevo Ministerio de Defensa y los Cuarteles Generales a la reducción de las circunscripciones territoriales- impulsada por un Gobierno socialista que supo dar continuidad a la política de defensa, manteniendo a nuestro país en el seno de la OTAN (cambiando así sus postulados iniciales). En los años 90 se producen las primeras misiones internacionales de nuestros Ejércitos y, paralelamente, se introduce el sistema mixto de reclutamiento. Se comprobó que los soldados y marineros profesionales, incorporados por vínculo voluntario, cubrían más adecuadamente las necesidades de los Ejércitos y permitían una mayor especialización y mejor formación. Ello iba unido al progresivo desenganche de la sociedad española del servicio Militar Obligatorio: durante los años 1985/01 se declararon 1.054.366 objetores de conciencia, y hasta más de un millón de jóvenes habían solicitado prórroga de incorporación a filas en el momento anterior a la suspensión del Servicio Militar. Había que hacer de la necesidad operativa, el Ejército profesional, virtud política, es decir, el final del servicio Militar Obligatorio. Así lo vieron con claridad la mayoría de las fuerzas parlamentarias que integraron la Comisión Mixta Congreso-Senado para la reforma del sistema, y el impulso del Presidente Aznar permitió anticiparse un año a las previsiones iniciales. Hoy, un año después, nuestro Ejercito está cubierto por más de 75.000 soldados y marineros profesionales, de los cuales más de 3.000 se encuentran desplazados fuera de España para cubrir misiones internacionales (en tres teatros distintos: Bosnia Herzegovina, Kosovo y área de Afganistán). En torno a 40.000 de los efectivos totales han rotado por alguna de esas misiones. Hoy nuestras libertades e intereses están plenamente garantizados ante cualquier amenaza, y esa cifra permite decirlo así a quien tiene la responsabilidad directa de garantizar la defensa de España. Hoy nuestros militares están altamente valorados por el resto de los países aliados, y prueba de ello es la reciente calificación obtenida por Bétera (Valencia) como Cuartel de Alta Disponibilidad de la OTAN. Hoy nuestra defensa nacional está integrada en la defensa colectiva aliada y debe planificarse y programarse en función de las capacidades que podamos compartir con nuestros aliados atlánticos y nuestros socios europeos, y todo ello sin rebajar ni un milímetro la defensa frente a riesgos propios o específicos.

Para ello, hemos puesto en marcha un proceso de revisión estratégica que concluirá antes del verano sus trabajos. En él se examinan desde las amenazas y riesgos y las nuevas misiones, a la estructura adecuada de las fuerzas, su distribución y organización territorial, y la necesidad de planificar sus previsiones financieras para la obtención de sistemas de armas que serán al tiempo más eficaces y menos gravosos para los contribuyentes. Por eso, están en marcha normas que habrán de completar el despliegue operativo de los Ejércitos y su organización funcional, que sustituya al antiguo despliegue y organización territorial. También, por ello, seguiremos avanzando en la mejora de los procedimientos que permitan una planificación y programación más integrada de los sistemas de armas y comunicaciones, y en nuevos impulsos a la política de infraestructuras, retos inexcusables de la modernización de nuestros Ejércitos, si no queremos quedarnos atrás. Todo ello podemos hacerlo por la prudencia de quienes nos han precedido en los últimos 25 años que ahora cumple el Ministerio de Defensa y la extraordinaria profesionalidad de los militares españoles, que una vez más ha querido resaltar su Majestad el Rey Don Juan Carlos, cuando este miércoles inaugure las nuevas instalaciones de los soldados españoles que trabajan en Istok (Kosovo). En este empeño nacional desearíamos que nadie pudiera quedarse fuera. Es lo que hoy exige la defensa de España.


 
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