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Altar Mayor - Nº 84 (15)
Sábado, 01 marzo a las 17:33:14

Altar Mayor

REVISTA DE LA HERMANDAD DEL VALLE DE LOS CAÍDOS
Nº 84 – enero-febrero de 2003

EUROPA: MIRANDO AL FUTURO
Por Juan E. Iranzo - Director General IEE

El proceso de integración europeo ha intentado, desde sus comienzos, coordinar el avance en las relaciones económicas y políticas de los Estados miembros con la ampliación en el número de socios. Así, a comienzos de este nuevo siglo, el futuro de Europa se debate en la búsqueda del modelo que debe dirigir los procesos de integración de nuevos miembros con el fin de encontrar la armonía institucional, política y económica para hacer frente con éxito a dicho proceso. La futura ampliación obligará a realizar ciertas reformas estructurales con el fin de facilitar la toma de decisiones que incluirán puntos como la reducción al mínimo de asuntos del principio de unanimidad, la revisión de los criterios de ponderación de voto en el Consejo o la reasignación de escaños en el Parlamento.

El impulso de este ambicioso proyecto de ampliación parte de la idea de que no podemos construir Europa dejando al margen algunos de los países que la componen, a los que nos unen importantes lazos históricos y culturales. Los primeros pasos del proceso de adhesión tuvieron lugar en 1993 en el Consejo Europeo de Copenhague en el que se fijaron las condiciones que deberían tener los países candidatos (disponer de instituciones estables que garanticen la democracia, transformar sus economías planificadas en economías de mercado, capacidad para afrontar la competencia y asumir las obligaciones del acervo comunitario). En los siguientes Consejos de Luxemburgo y Helsinki, en 1997 y 1999 respectivamente, se inician las negociaciones de adhesión con los países aceptados, y es en junio del 2001 cuando el Consejo de Gotemburgo marca el último hito en este proceso impulsando negociaciones en capítulos tan delicados como son el medio ambiente y la libre circulación de personas y capitales.

De momento, Hungría, Eslovenia, Estonia, República Checa y Chipre parecen los mejor situados para iniciar la adhesión, pero es posible que el resto de países candidatos (Polonia, Eslovaquia, Lituania, Letonia y Turquía), a excepción de Bulgaria y Rumanía, se terminen incorporando dentro de la presente década. Si se culmina la que sería la quinta ampliación comunitaria, se dará paso a una UE formada por 27 Estados miembros lo cual generará beneficios potenciales en el terreno económico y político, derivados del mayor tamaño de mercado, pero también ocasionará importantes problemas de ajuste sectorial y regional, consecuencia del menor nivel de desarrollo. El éxito de la ampliación depende tanto de los esfuerzos conjuntos como del apoyo de la población de los países miembros y candidatos. El proceso es irreversible y sus beneficios son ya evidentes, estabilidad política y progreso económico en una Europa con objetivos comunes en la que debemos asumir, con prontitud, el papel que nos concierne en los aspectos internacionales, políticos y económicos.

Es necesaria la instrumentación adecuada de aspectos del proceso de ampliación, que son extremadamente sensibles, dada la repercusión sobre las economías de los países miembros, como son el tema agrícola y el reparto de los Fondos Estructurales. La agricultura es, sin duda, un capítulo clave, por ser la política de mayor gasto comunitario y por representar todavía en torno al 9 por 100 del PIB de los países candidatos, por lo que la plena incorporación de los PECO (Países de Europa Central y Oriental) pasa necesariamente por el establecimiento de un período transitorio y por una reforma de la actual PAC, que está encaminada a potenciar más las políticas de estructuras y menos las de sostenimiento de precios. Por otro lado, la ampliación de la UE hacia países con un sector agrario más amplio y competitivo que el de los actuales miembros podría ser una amenaza para la estabilidad de la PAC, en base a esto sería aconsejable seguir manteniendo los actuales sistemas de apoyo y obligar a los países a que realicen la adhesión de forma escalonada. Por último, todo ello debe tener en cuenta las negociaciones agrarias abiertas en el seno de la OMC, tras la Conferencia Ministerial de Qatar, en materia de ayudas nacionales, tarifas arancelarias, etc., que condicionarán la estrategia europea de ayudas y de defensa de sus mercados.

Sin duda, uno de los aspectos donde más repercutirá la adhesión de los nuevos países a la UE será en la distribución de los Fondos Comunitarios, que configuran la política regional y de cohesión económica y social. Las diferencias regionales podrían agravarse con la futura ampliación, sobre todo teniendo en cuenta el número de candidatos y sus bajísimos niveles de renta per cápita y productividad. Sin embargo, no deben dejarse a un lado las políticas estructurales destinadas a las regiones más desfavorecidas de la actual UE y en todo momento, la ampliación debe respetar el principio de cohesión como algo necesario para preservar el equilibrio entre los Estados miembros. Con el fin de aprovechar las ventajas que generará este gran mercado, serán necesarias inversiones, tanto en capital físico como humano, así como transferencias tecnológicas y financieras.

En cuanto a la previsión de los posibles efectos que la ampliación tendría sobre el reparto de Fondos Estructurales y de Cohesión, merece especial atención el caso de España, al ser el país que más Fondos recibe por estos conceptos, llegando a alcanzar casi el 60 por 100 del total. Aunque en las perspectivas financieras para el período 2000-2006 se aprecian ya los primeros efectos de la adhesión, no se producirán desajustes importantes en los países receptores y no será hasta el siguiente período 2007-2013 cuando nos veamos realmente afectados. La ampliación reducirá notablemente las zonas catalogadas como Objetivo 1 (con un PIB per cápita inferior al 75 por 100 de la media europea), solamente Andalucía y Extremadura mantendrían esa condición, y en lo referente a los Objetivos 2 y 3, aunque los cambios serían menores, es posible que Aragón, Barcelona o Madrid, pudieran perder dicha condición. Respecto al Fondo de Cohesión, el efecto puede ser muy importante, pues el total de países candidatos presenta grandes deficiencias en infraestructuras de transporte y medio ambiente; así, en principio España dejaría de ser perceptora de estos fondos, sin embargo en la Cumbre de Niza (2000) se le ha conferido cierto poder de negociación en este asunto. De lo que no cabe duda es de que las regiones españolas seguirán recibiendo Fondos Estructurales (FEDER, FSE y FEOGA) hasta el 2006 y que, por tanto, no deben desaprovechar la oportunidad de acometer las reformas estructurales que se precisen.

La economía europea se encuentra obstruida por excesivas rigideces estructurales que se convierten en una causa autónoma de ineficiencia, no permitiéndole aprovechar de forma eficiente el total del potencial humano y tecnológico del que dispone. Así, y para la consecución de un crecimiento elevado, duradero y estable se debe orientar la política económica en la flexibilización de los mercados de bienes y servicios, especialmente en el mercado laboral. En el Consejo de Lisboa, en marzo del 2000, se acentuó la necesidad de progresar en el terreno de las reformas estructurales poniendo énfasis en cuatro objetivos básicos: acelerar las reformas estructurales encaminadas a flexibilizar la economía; culminar el mercado interior abriendo a la competencia sectores tradicionalmente protegidos; fomentar las políticas de I+D+I (Investigación, Desarrollo e Innovación), así como las relativas a la Sociedad de la Información y, en último lugar, modernizar el modelo social europeo mediante inversiones en capital humano y avanzar en la lucha contra la exclusión social.

El objetivo de las reformas estructurales en los mercados de productos es aumentar el grado de competencia. Con la reducción de las distorsiones existentes en el funcionamiento de los mismos, se promueve la eficiencia en la asignación de los recursos, que a su vez permite incrementar la capacidad productiva de la economía y un ajuste más rápido frente a posibles perturbaciones, contribuyendo a suavizar el ciclo económico. Para lograr estos fines la UE debe avanzar en dos frentes: en la liberalización y desregulación de sectores económicos y en la culminación del mercado único a través de la eliminación de aquellas trabas que impiden una verdadera integración de los mercados de bienes y servicios en los distintos Estados miembros. La Comisión, a raíz de las conclusiones del Consejo de Lisboa, se compromete a realizar un seguimiento del grado de cumplimiento del mercado único en el ámbito de lo que se ha denominado «Estrategia para el mercado interior europeo».

En algunos sectores, como las telecomunicaciones, se han producido avances significativos (en enero de 1998 se introduce la libre competencia en la provisión de la telefonía de voz y de infraestructuras de telecomunicaciones); no obstante, es necesario eliminar las barreras de entrada, autorizar nuevos operadores que aseguren una competencia plena y efectiva y promover el despliegue de nuevas redes de banda ancha capaces de soportar nuevos servicios de alto valor añadido. Asimismo, la disparidad de las normativas nacionales impide el desarrollo de un verdadero mercado interior y el aprovechamiento de las posibilidades de innovación, crecimiento económico y liderazgo tecnológico. En diciembre de 2001, el Parlamento Europeo aprobó un conjunto de cuatro Directivas (sobre el papel de las autoridades nacionales y el reparto de frecuencias y licencias, el acceso a las interconexiones, el servicio universal, incluido Internet, y las autorizaciones) que armonizan y simplifican la legislación europea en este sector, garantizando el acceso a nuevos operadores siempre que repercutan sobre el mercado interior.

En materia de política energética, la UE se enfrenta a los siguientes retos: la creciente dependencia del exterior; la necesidad de armonización de las actuaciones nacionales; la interconexión de las redes entre países; la apertura y liberalización de mercados y la coordinación de las políticas energética y medioambiental. Ante el continuo crecimiento de la demanda, son necesarias actuaciones por el lado de la oferta (incentivando nuevas fuentes energéticas), pero sobre todo por el lado de la demanda (con instrumentos fiscales que incentiven determinados consumos e impulsen el ahorro); en este sentido se apuesta por el impulso del gas natural, la opción nuclear y las energías renovables. Por su parte, el cumplimiento del Protocolo de Kioto está a la vez muy relacionado con la potenciación de energías más limpias que el tradicional petróleo y exige la máxima eficacia de la política energética. La armonización de las políticas energéticas es un importante elemento de cohesión, en la medida que puede impulsar reformas en los tejidos productivos, máxime cuando los países candidatos del este carecen de las adecuadas infraestructuras y cuentan con un marco regulatorio ineficiente.

Por lo que respecta al transporte, el creciente proceso de apertura a la competencia ha beneficiado globalmente a todos los modos de transporte y ha permitido reducir la compartimentación del mercado europeo. No obstante, todavía persisten fenómenos preocupantes en el sector del transporte terrestre como es la rigidez del sistema ferroviario y las dificultades de financiación de determinadas infraestructuras, que dificultan su desarrollo dentro de un marco eficiente. España se encuentra, en relación con el resto de Europa, en una posición aventajada, derivada del hecho de contar ya con un modelo de competencia intermodal sólidamente arraigado. De todas formas, si se tiende hacia un «mercado de transportes», es necesario abrir el sector del transporte terrestre europeo a la competencia intermodal, es decir, abrir tanto el transporte por autobús como el propio sector ferroviario a los operadores privados. En cuanto al transporte aéreo, el cual ha acentuado su situación de crisis tras los atentados del 11-S, la Comisión, con el fin de mantener la competitividad de las empresas europeas, ha optado por no aceptar las ayudas directas de los Estados y ha aplicado un plan global mediante el cual dichos Estados asumen la responsabilidad en los mayores costes de seguridad, al tiempo que se flexibilizan las reglas sobre franjas horarias y competencia. Mirando hacia delante, la adaptación a la realidad del mercado exige dos medidas de gran alcance: la creación de un cielo único europeo que elimine las trabas aún existentes y racionalice la gestión del espacio aéreo y el endurecimiento de las medidas de seguridad, así como su homogeneización en todo el ámbito europeo, con el fin de devolver la confianza a los ciudadanos.

En los mercados financieros se ha alcanzado, desde el nacimiento del euro, un elevado grado de integración, lo que ha producido un incremento notable en la competencia y en la eficiencia, presionando a la baja los márgenes de intermediación. La integración está muy ligada a la liberalización del sector financiero en Europa, así como a la armonización de la normativa reguladora (homogeneizar las reglas de supervisión bancaria o crear una licencia única que facilita la libertad de establecimiento entre países). El Plan de Acción aprobado en 1998 prevé la creación de un mercado único para los servicios financieros antes del 2005, lo que supondrá una mejora de la transparencia, del acceso a la información, así como de los derechos de los clientes. En el mercado bursátil, existen todavía importantes barreras para su integración (diferentes sistemas de negociación y liquidación, distintos estándares contables y sistemas de regulación y supervisión), lo que explica que Europa cuente con 32 bolsas a nivel nacional con su propia operativa, frente a solamente 7 que existen en Estados Unidos. Además, las bolsas europeas son más pequeñas y tienen menos actividad; es necesaria, por tanto, la consolidación de dichas bolsas ante la gran amenaza de las nuevas tecnologías, por lo que se debe desarrollar una regulación clara y efectiva que garantice el reconocimiento mutuo de cualquier operación realizada.

Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) constituyen un poderoso instrumento, tanto en su vertiente estratégica de fomento de la competitividad, como en su vertiente de cohesión social y territorial. Por ello, es necesario que los poderes públicos impulsen su difusión como la mejor garantía del propio desarrollo económico pero, a su vez, en aras de evitar los posibles riesgos de fractura social entre los que tienen y los que carecen de acceso a la información. Además, el impacto del cambio tecnológico y la propagación del shock inicial dependen estrechamente de la calidad de las políticas que lo acompañen y de las características estructurales de la economía. Es, por tanto, la mayor rigidez en el funcionamiento de los mercados y la existencia de trabas lo que explica el escaso aprovechamiento de las ventajas de la Nueva Economía en la UE. Conscientes de la importancia que para Europa tiene superar el desfase tecnológico respecto a Estados Unidos, la Cumbre de Lisboa establece una serie de actuaciones prioritarias destinadas a impulsar el desarrollo de las TIC, englobadas dentro del Plan de Acción «e-Europe 2002». Las distintas acciones de este Plan se agrupan en torno a tres objetivos: mejorar el acceso a Internet, estimular su uso y mejorar la formación digital de la sociedad; para ello establecían como métodos de acción, la creación de un entorno legislativo adecuado, el fomento del desarrollo de infraestructuras y servicios y una mayor coordinación y evaluación comparativa a nivel europeo.

El crecimiento del empleo, junto con el de la productividad total de los factores es uno de los principales elementos que condicionan el crecimiento del PIB tendencial; por lo tanto, las medidas destinadas a incrementar la flexibilidad del mercado de bienes y servicios y a mejorar la difusión del capital tecnológico deben acompañarse de otras destinadas a incrementar la tasa de ocupación, reducir la tasa de desempleo, alinear el crecimiento del coste unitario del trabajo con el aumento de la productividad y mejorar la cualificación de los trabajadores. En base al «Proceso de Luxemburgo» (1997), se adoptan cada año unas directrices comunes para el empleo que deben ser incorporadas a los Planes Nacionales de Empleo de los Estados miembros con el fin de alcanzar objetivos comunes; de este modo, se da al empleo la máxima prioridad a través de la aplicación de políticas activas y mediante un enfoque flexible, integrado y coordinado. Las orientaciones de empleo fijadas por la Comisión se han basado en cuatro pilares básicos: empleabilidad, espíritu de empresa, adaptabilidad e igualdad de oportunidades. Las orientaciones del 2001 reflejan las prioridades de Lisboa y se insta a los Estados miembros a establecer objetivos con el fin de incrementar la tasa de ocupación al 70 por 100. En los siguientes Consejos Europeos se continúo avanzando en la misma dirección: en Niza se creó la Agenda Social Europea en la que se recogen las líneas de actuación para los próximos cinco años (creación de empleo de calidad, equilibrio entre flexibilidad y seguridad, lucha contra la exclusión y discriminación, etc.); en Estocolmo, por su parte, se establecieron para el 2005 unos objetivos intermedios del 67 por 100 de tasa de empleo y del 57 por 100 en la tasa femenina de toda la UE, y para el 2010 alcanzar para el colectivo de mayor edad (de 55 a 64 años) una tasa de empleo del 50 por 100.

En el contexto de la estrategia coordinada por el empleo deberían desarrollarse nuevos marcos institucionales y normativos que faciliten la capacidad de adaptación de las empresas en un escenario cambiante y cada vez más competitivo, combinando del mejor modo posible flexibilidad con seguridad en el trabajo. Se han logrado avances en la mayoría de los países miembros en estos ámbitos; además, desde 1997 la moderación de los costes laborales unitarios coincide con un descenso de la tasa de desempleo en la UE, lo que puede ser indicio de un comportamiento más eficiente en la formación de los salarios a través de la negociación colectiva. También parece necesario reforzar los vínculos entre la cualificación de los trabajadores y las necesidades reales de la empresa, lo que requiere desarrollar una formación profesional de mayor calidad, fomentar el aprendizaje permanente y la adecuación a las nuevas tecnologías, tanto de profesionales y parados como de los más jóvenes. Una característica fundamental del «Proceso de Luxemburgo» es su conexión con la política económica, ya que las reformas del mercado de trabajo están muy ligadas a una política macroeconómica estable, siendo ésta la mejor forma de contribuir al mejor funcionamiento de los mercados, al incremento potencial de creación de empleo y a la reducción en los niveles de paro. No obstante, aún persisten algunas debilidades que se deben paliar en el futuro, entre las que destacan: escasos avances en la implicación de los interlocutores sociales, riesgo de una excesiva burocratización del proceso, reformas estructurales pendientes en otros mercados y que dificultan la creación de empleo y el desarrollo de proyectos empresariales, etc.

La política fiscal, al igual que el resto de políticas europeas, se ha de supeditar también al objetivo básico del Consejo de Lisboa de convertir a Europa en la economía más competitiva y dinámica del mundo. Para ello se aprobó, en mayo de 2001, un paquete de medidas con propuestas de Directivas sobre refundición de la legislación comunitaria del IVA, reestructuración de la fiscalidad de los productos energéticos y asistencia mutua en imposición, entre otros. La armonización de la imposición indirecta siempre ha sido una prioridad; con la entrada en vigor del Mercado Único en 1993 se optó por un régimen transitorio para el IVA, que ha funcionado razonablemente bien gracias al cruce informático de datos en las operaciones intracomunitarias, aunque todavía está en proyecto simplificarlo y racionalizarlo aún más. En los impuestos sobre consumos específicos existen todavía fuertes disparidades de tipos entre los países miembros, lo que distorsiona en ocasiones el comercio transfronterizo. La nueva Directiva sobre fiscalidad energética pretende vincular esta tributación a la protección medioambiental bajo el principio de que «el que contamina paga»; con el fin de minimizar el impacto sobre los precios de esta armonización se deberían evitar aumentos globales de la presión fiscal y recortar otras figuras impositivas entre las que se encuentran las cotizaciones sociales, lo que serviría a su vez para incentivar el empleo.

En cuanto a la imposición directa, la UE baraja varias alternativas para el Impuesto sobre Sociedades, entre las que postula mantener la actual diversidad de los sistemas fiscales nacionales pero armonizando la corrección de la doble imposición internacional y/o opcionalmente el cálculo de la base imponible para aquellas empresas que operen en varios países de la Unión. Dado que no existe una estructura fiscal unánimemente aceptada, parece prioritario suprimir las distorsiones mediante reformas de los sistemas impositivos antes que preservarlas y ampliarlas mediante un proceso armonizador que probablemente se guiaría de acuerdo a los intereses de los grandes países de la Unión. La libertad de circulación de capitales, la falta de intercambio de información entre Administraciones tributarias y la integración de los mercados financieros europeos como consecuencia de la moneda única, han llevado a una progresiva desfiscalización del ahorro en Europa. Con el intercambio de información se intenta aumentar el gravamen de los rendimientos del capital financiero en Europa, lo que posiblemente se traducirá en una elevación de los tipos de interés.

El euro y la culminación de la Unión Monetaria suponen la consolidación de la cultura de estabilidad. En este sentido, el euro no debe entenderse como un fin, sino como un medio que servirá a los países miembros para alcanzar mayor crecimiento y bienestar social, aumentando las oportunidades de los ciudadanos de la UE y reforzando el papel desempeñado por Europa en el ámbito internacional. La búsqueda de Europa de su papel preponderante en el mundo debe apoyarse en la estabilidad macroeconómica, que exige un gran mercado común y una unión monetaria fuerte, la ampliación con garantías hacia el este junto con el reforzamiento de los lazos europeos con el Mediterráneo e Iberoamérica, el decidido esfuerzo científico y tecnológico por hacer frente a los nuevos retos de la globalización y, por último, una verdadera política exterior y de seguridad común (PESC), máxime ante la amenaza latente del terrorismo fundamentalista. El euro, convertido en la unidad de referencia de las monedas mediterráneas, permitirá avanzar notablemente hacia la zona de libre comercio euromediterránea, prevista para el año 2010. La integración de los países mediterráneos del sur en la economía internacional y el apoyo de Europa para su transición económica contribuirán a crear un clima de estabilidad política e impulsará el desarrollo económico de la región, evitando a su vez, posibles tensiones migratorias y focos de conflicto social y político que afecten a la seguridad europea. Respecto a Iberoamérica, nuestro destacado papel inversor implica la necesidad de intensificar los esfuerzos de cooperación y colaboración, en la medida en que la estabilidad y el crecimiento en aquella región garantizan la estabilidad en el medio plazo para la economía española.

Pese a todo, la PESC es todavía un pilar incipiente y de naturaleza inacabada en la Comisión Europea. Los dos principales avances logrados han sido, por un lado, la articulación de un cierto entramado institucional con la creación del Comité Político y de Seguridad (COPS), el Comité Militar (CM) y el Estado Mayor (EM) y, por otro, el compromiso de articular, para el 2003, la Fuerza de Reacción Rápida (FRR), justificada por el interés de la UE de intervenir de forma independiente en situaciones de crisis que se considere conveniente atajar sin necesidad de acudir a la ayuda o participación de Estados Unidos. Sin embargo, y pese a los avances, la construcción de una auténtica PESC en la UE está lejos de ser un hecho, pues contamos con algunos problemas que obstaculizan su desarrollo, entre ellos, una notable caída en los gastos de defensa, dificultad de reclutamiento de los jóvenes, desfase tecnológico respecto a Estados Unidos y la ausencia de liderazgo.

El Tratado de Amsterdam (1997) supuso un avance sustancial en el proceso de profundización de la UE a través de una mayor «comunitarización» de las políticas de los Estados miembros, pero fracasó en su intento de hacer frente a la reforma de la estructura de poder y de los mecanismos en la adopción de decisiones. Es precisamente en este punto donde el Tratado de Niza (2000) ha dado un paso sustancial al abordar la reforma institucional de cara a una UE ampliada, englobando un nuevo reparto de votos en el Consejo y en el Parlamento, la extensión de la mayoría cualificada a materias sujetas a unanimidad y la flexibilización y mejora del sistema de cooperación reforzada. El Tratado de Niza, sin embargo, se ha revelado impotente para avanzar en cuestiones como la modificación del sistema de mayoría cualificada y lo cierto es que se mantiene el veto para importantes políticas, como la fiscalidad, el medio ambiente, o la política de cohesión. En Niza se establecieron cuatro temas que deberán figurar, junto con otros que vayan surgiendo en la Conferencia Intergubernamental (CIG) que se celebrará en el 2004, son los siguientes: la forma de establecer y supervisar una delimitación más precisa de las competencias entre la UE y los Estados miembros, el estatuto de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, la simplificación de los Tratados con el fin de facilitar su comprensión y la función de los Parlamentos nacionales en la arquitectura europea. En este marco en España se ha creado el Consejo para el Debate sobre el Futuro de la UE, cuyas conclusiones serán el punto de partida de la CIG del 2004.

El citado Tratado ha recibido en la «Declaración de Laeken» de diciembre de 2001, una orientación fundamental para continuar su curso y revisarse finalmente, en la CIG del 2004. Tres son los pilares de la Declaración: acercar a los ciudadanos al proyecto europeo haciendo más transparente el reparto de competencias entre los Estados y la UE, estructurar la vida política y el espacio político europeo en una UE ampliada y convertir a la Unión en un factor de estabilidad en un nuevo mundo multipolar. Hay presente un debate sobre dos modelos divergentes que predominan claramente en la Europa actual: el de la Europa de las Naciones, preconizado por Francia, y el de la Europa federal, defendido por Alemania. Ambas alternativas implican trayectorias distintas, la Europa de las Naciones supone la prolongación del modelo actual, que aboga por una Europa unida en sus propios Estados frente a la creación de un superestado europeo; la otra alternativa, la Europa federal, se manifiesta articulada en una Constitución vinculante para todos los Estados miembros y que requeriría transformaciones profundas en las instituciones de la UE.

Con este escenario, debemos mirar hacia el futuro con decisión y no dejar de luchar para seguir adelante en un proceso abierto y en crecimiento que es la Unión Europea, con el objeto de convertirla, lo antes posible, en la economía más dinámica y competitiva del mundo.


 
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