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Altar Mayor - Nº 88 (13)
Domingo, 19 octubre a las 11:59:40

Altar Mayor

REVISTA DE LA HERMANDAD DEL VALLE DE LOS CAÍDOS
Nº 88 – septiembre-octubre de 2003

RUPTURA GENERACIONAL Y CAMBIO EN NUESTRA HISTORIA RECIENTE
Por Álvaro de Diego, Dr. en Ciencias de la Información

Múltiples enfoques

Es preferible hablar de los desafíos antes que de los problemas que la ancianidad plantea. Desafíos coincidentes, más o menos, con la multiplicidad de enfoques que el asunto suscita y que enunciaré muy a vuelapluma. Espero disculpen lo obvio o escasamente pretencioso de estos enfoques habida cuenta de mi acercamiento colateral, en tanto que historiador, al objeto de nuestro estudio.

Hay una perspectiva muy sugestiva de aproximación a la ancianidad que la entiende como período de preparación de la muerte. Philippe Ariés, en su ensayo acerca de la historia de la muerte en Occidente, analiza el papel de ésta en la configuración del entorno cultural y las formas de intercambio que en él se desarrollan.

No obstante, antes que nada, el envejecimiento poblacional debe ser considerado un hecho sociológico indiscutible de nuestro tiempo. Indiscutible e insoslayable, por cuanto «la población constituye, al mismo tiempo, un importante recurso productivo y la finalidad más o menos inmediata de toda actividad económica». Como señala Rafael Puyol, quien a su vez se apoya en Nadal, en la última parte del siglo XX la sociedad española se vio sometida a una rápida y profunda metamorfosis demográfica en progresiva convergencia con los comportamientos de los países de nuestro entorno económico y social.

«La caída de la fecundidad originó un sensible y paulatino descenso del crecimiento vegetativo. La tasa de crecimiento real disminuyó con relación a los períodos inmediatos anteriores y su acción habría sido mayor de no haber mediado la acción compensadora del saldo migratorio positivo (retornados) y la inmigración que recibimos a partir sobre todo de los años ochenta [...].

»La natalidad española actual presenta una situación preocupante. Con esos 1,17 hijos por mujer sólo logramos un 57% de los descendientes necesarios para el reemplazo de las generaciones, establecido en 2,1».

A lo largo del siglo XX se produce un progresivo envejecimiento demográfico, acompañado de un envejecimiento de la propia vejez. En el padrón de 1996 se registran más de 6 millones de personas de 65 años y más. La cuarta edad (personas de 75 años y más) supone un 40% de la población vieja (más de dos millones de individuos).

Las implicaciones de todo ello son obvias, especialmente desde perspectivas financieras. Entramos así en otro enfoque: el económico. El incremento de la tasa de dependencia implicará que una población activa cada vez más restringida habrá de sostener a una población inactiva cada vez mayor que durante más años estará percibiendo una pensión, especialmente las mujeres jubiladas (debido a la mayor esperanza de vida del sexo femenino).

El sistema actual de pensiones, basado en el método financiero del reparto, consiste en una serie de transferencias intergeneracionales, «puesto que la generación laboralmente activa financia las pensiones de la anterior generación, ya jubilada, con la expectativa de que la siguiente generación, a su vez, pagará sus pensiones cuando entre en el período de jubilación». Los problemas a corto plazo son claros: crisis económica, incremento del desempleo, decremento del número de cotizantes. A largo plazo: la reducción de la natalidad, junto al aumento de la esperanza de vida, incrementa la tasa de dependencia (cociente entre pensionistas/cotizantes), con el mismo efecto de aumento de la carga sobre las cotizaciones futuras. La evolución del gasto de la Seguridad Social revela que ésta es una de las partidas más dinámicas dentro del conjunto del gasto de 14 Administraciones Públicas.

Tras la última legislación: Ley 26/1985 de reforma de las pensiones (eleva de diez a quince años el período de cotización mínimo para acceder a una pensión); Ley de planes y fondos de pensiones privados (que gozan de privilegiado trato fiscal) de 1987; y la Ley de pensiones no contributivas de 1990; a las que hay que sumar el acuerdo político del llamado Pacto de Toledo en 1995 y la Ley de Consolidación y Racionalización del sistema de Seguridad Social (en aplicación desde agosto de 1997), se ha planteado en numerosas ocasiones la introducción de un modelo mixto. Nos estamos refiriendo al desarrollo de un sistema compuesto por un subsistema de pensiones públicas de reparto y otro de pensiones de capitalización privada, de carácter obligatorio ambos.

Al margen de orientaciones económicas, parece evidente que no ha habido una sistematización del fenómeno de la ancianidad en relación con la identidad política, la posición en el contexto social y los consiguientes roles que este sector poblacional desempeña. Sí se ha hecho con el fenómeno juvenil, desde dos tipos de enfoques metodológicos:

a) Estáticos: «objetivando el período juvenil y analizándolo, en lo diferencial, lo más aisladamente posible».

b) Dinámicos: «considerando al sector juvenil en tanto que componente activo de la dinámica social, motivador y propulsor de procesos de cambio».

Dentro de los enfoques estáticos aplicados especialmente a la juventud tenemos:

1. Jurídicos: consideran a la juventud el período durante el cual el individuo adquiere los derechos y las responsabilidades del adulto, pero pierde la protección propia del niño. Si los jóvenes obtienen derechos, puede extenderse la situación a los ancianos, que también adquieren prerrogativas propias de su edad.

2. Sociológicos: «Todo grupo de edad, en particular la infancia, la juventud y la vejez, está anclado en hechos biológicos, pero configurado por fuerzas sociales tales como la división del trabajo, la difusión de la información, la educación, las ideologías, las normas». Como la juventud, la ancianidad plantea un problema: fijar los límites de edad (en el caso de la vejez, sólo el inferior).

3. Pedagógicos: en el caso juvenil, hace referencia al proceso de maduración de la personalidad, como tránsito de la heteronomía a la autonomía. En el caso de la vejez, el tránsito probablemente fuera en sentido inverso.

4. Sociohistóricos: Antes de la aparición de la enseñanza generalizada (siglo XIX) no existía la noción de adolescencia. A principios del siglo XX, se produjo un fenómeno de «identificación prospectiva» entre la sociedad y las jóvenes generaciones; a partir de entonces se considera ya a éstas como garantía del porvenir. La juventud, por tanto, pasaba a ser objeto de todos los desvelos, pero al par se trataba de tenerla bien controlada para perpetuar la jerarquía de normas y valores. Hoy, habida cuenta del envejecimiento poblacional, es la ancianidad, que no será obviamente garantía del porvenir, quien habrá de recibir un mimo semejante.

Los enfoques dinámicos, por otro lado, consideran a la juventud (o, en su defecto, lo harían con la ancianidad), no sólo como grupo, estrato o colectivo, sino como componente activo de la dinámica social, como fuerza social, elemento motivador y propulsor de cambios.
 

El enfoque generacional

En cualquiera de los casos, nuestro enfoque se va a basar en el choque generacional y el cambio histórico. Existen trabajos, por ejemplo, acerca del impacto de la secularización en las distintas generaciones, pero me voy a centrar en algo distinto: la transformación política de la sociedad española a partir del enfrentamiento generacional. Transformación que ha sintetizado, de forma magistral, Ignacio Sotelo en un artículo sobre la noción de España en Pedro Laín Entralgo. A su juicio,

«Hizo la transición la generación del 56, que, como es preceptivo, desde su primera juventud se había rebelado contra la anterior, la generación de la guerra, pero la llevó a cabo con la prudencia que imponía el temor, todavía coleando, de una nueva guerra civil. La generación siguiente, la de 1976, accede a la vida pública en una situación por completo distinta de la que sufrió la del 36».

De todos es conocido el aserto de Rohmer de que el niño es radical, el joven liberal, el adulto conservador y el anciano absolutista, pero frente a un concepto meramente biológico de generación, entendemos ésta como el grupo unido en virtud de un hecho histórico ante el que reacciona y por el que quedan marcados. Ortega y Gasset, en La rebelión de las masas, señala que

«Una generación actúa alrededor de treinta años. Pero esa actuación se divide en dos etapas y toma dos formas: durante la primera mitad -aproximadamente- de ese período, la nueva generación hace la propaganda de sus ideas, preferencias y gustos, que, al cabo, adquieren vigencia, y son lo dominante en la segunda mitad de su carrera. Mas la generación educada bajo su imperio trae ya otras ideas, preferencias y gustos, que empiezan a inyectar en el aire público. Cuando las ideas, preferencias y gustos de la generación imperante son extremistas, y por ello revolucionarios, la nueva generación es antiextremista y antirrevolucionaria, es decir, de alma sustancialmente restauradora. Claro que por restauración no ha de entenderse simple vuelta a lo antiguo, cosa que nunca han sido las restauraciones».

No obstante y como se desprende de las explicaciones de Ortega, la idea de generación no se asienta única y exclusivamente en la edad, en la simple biología. Se asienta en edad puesta en relación con los «acontecimientos decisivos», en la «situación», como apunta López Aranguren. Y resulta innegable que el «acontecimiento» más «decisivo» de nuestra historia reciente es la guerra civil, que enmarca la «situación» de las distintas generaciones coetáneas y posteriores a la guerra. La actitud generacional ante el conflicto cainita explica el cambio histórico posterior, porque «una guerra civil, sobre todo en la forma cruenta que asumió en España, no sólo deja cicatrices objetivas (destrucción económica, formas políticas, etc.), sino también huellas en la mentalidad individual y colectiva, causando heridas psíquicas, enemistades y odios irreconciliables que hacen difícil o casi imposible el regreso a una convivencia como la anterior».

Paloma Aguilar liga estrechamente la generación histórica a la memoria colectiva. Su propósito, cumplido de forma exitosa, es el de analizar el cambio de la Transición a partir de una memoria traumática de la guerra civil. Según esta autora, «no sólo ocurre que distintas generaciones viven acontecimientos históricos distintos, sino que aun viviendo los mismos, los interpretan y se ven afectados por ellos de forma peculiar».

La guerra civil se convierte así en el acontecimiento fundacional del régimen de Franco y en el elemento legitimador de su propia existencia. El discurso de la legitimidad del régimen evoluciona, no obstante, teniendo en cuenta el paso del tiempo y la aparición de nuevas generaciones ajenas a la guerra. De este modo, de una dialéctica de la legitimidad de origen acaba pasándose a otra de la legitimidad de ejercicio.

«El régimen se encargó a lo largo de estos años de legitimar tanto su hito fundacional como su propia pervivencia; primero, a través de un relato maniqueo de la contienda dedicado a justificar la necesidad del alzamiento y, segundo, con el transcurrir del tiempo, asociando este recuerdo de la guerra a la paz y al progreso, legitimando el régimen más por el resultado de su gestión (legitimidad de ejercicio) que por sus orígenes (legitimidad de origen), pero sin descuidar éstos ni perderlos de vista un solo momento. Finalmente, el franquismo inculcó un miedo feroz, obsesivo y omnipresente a la repetición de la Guerra Civil, justificando la pervivencia del régimen aludiendo a los supuestos peligros que un democracia liberal podía tener para España, parapetándose así tras un recuerdo traumático sobre el que ya existía el consenso del nunca más».

En este sentido, la historia del franquismo puede explicarse en función de la actuación de las generaciones fundamentales que en él actúan. La misma transición puede ser estimada como un cambio protagonizado por una generación joven, consciente del pasado, pero sin hipotecas hacia el futuro.

En la primera mitad del franquismo (aproximadamente hasta 1957, año del verdadero punto de inflexión del régimen) priman los ideales de la «generación del 36», es decir, los de aquellos jóvenes que han combatido en una guerra civil y han conquistado una victoria al costo de una sangre que, a su juicio, les legitima para construir un nuevo Estado a su gusto. Se trata, en palabras de Laín Entralgo (uno de los que ampararon a la generación siguiente), de una «generación sangrienta y espiritualmente astillada».

No obstante, debe aclararse que fueron varios los grupos que participaron en apoyo de la causa de Franco durante la guerra y sostuvieron su régimen más tarde. En otras palabras, muchos colaboraron a una victoria que, al fin, fue compartida: tradicionalistas, alfonsinos, «democristianos», falangistas, militares, simples técnicos conservadores sin adscripción política concreta, etc.
 

La revolución generacional falangista

En todo caso, una «familia» parecía especialmente identificada con los ideales de la «generación del 36» y, en un principio, amenazaba monopolizar las estructuras del Estado: la falangista. Con independencia del desfase entre discurso y realidad, entre propaganda y hechos, todo apuntaba a que el Estado nacional, entonces significativamente «Nuevo Estado», iba a ser un Estado falangista. Nada más lejos de la realidad. Franco repartía hábilmente el poder (sobre todo, en su consejo de ministros) entre las distintas «familias» que sustentaban el sistema.

Ahora bien, en los años de la guerra civil y de la contienda mundial sin duda la propaganda fue esencialmente «azul» y el discurso ideológico nacionalsindicalista. Ello no favorecía, como veremos, un trato preferente a la ancianidad. Muy por el contrario, favorecía un discurso impregnado de mesianismo juvenil. Falange, en línea con los movimientos rupturistas y poéticos del momento, había sustituido la lucha de clases marxista por la pseudo-fascista lucha generacional. En este sentido, José Antonio Primo de Rivera, que había afirmado que los grandes hombres eran los antepasados de sí mismos, señaló:

«Si alguna vez me acometió la duda de si los veteranos de la Falange llegarán a dirigir España, en cambio no dudé nunca de que la regirán los muchachos que han descubierto en la Falange su verdadera actitud ante España. No hay más que vieja política y nueva política. Más fuerte que las actitudes de derecha y de izquierda es hoy, en la juventud, la conciencia de generación».

Según Adolfo Muñoz Alonso, «José Antonio es, quizás, uno de los pensadores españoles que ha tomado más en serio lo que representa la juventud para dotar de sentido a la vida y para arrostrar la muerte, para el desencanto y para la edificación del mundo futuro [...] En definitiva, lo que José Antonio preconiza es el reconocimiento de la juventud como categoría histórica y no como momento de transición en el proceso evolutivo».

Resulta curioso que el protagonismo de una juventud en cuanto a la realización de la justicia social no fuera precisamente ahistórico (de ahí el desprecio joseantoniano a Rousseau): se trataba de aunar lo mejor de los programas de derecha e izquierda en un pulso poderoso y firme contra el sectarismo. ¿De dónde procedía, entonces, el sentido revolucionario? Procedía del exaltado tono juvenil, en general, y de lo radical de algunas de sus proposiciones, en particular. De ello dan muestra algunos puntos del movimiento:

Punto 20: «Emprenderemos una campaña infatigable de repoblación ganadera y forestal, sancionando con severas medidas a quienes la entorpezcan e incluso acudiendo a la forzosa movilización temporal de toda la juventud española para esa histórica tarea de reconstruir la Patria».

Punto 23 (sobre la educación): «Es misión esencialmente del Estado, mediante una disciplina rigurosa de la educación, conseguir un espíritu nacional fuerte y unido e instalar en el alma de las futuras generaciones la alegría y el orgullo de la Patria [...]».

Punto 26: «Falange Española de las JONS quiere un orden nuevo, enunciado en los anteriores principios. Para implantarlo, en pugna con el orden vigente, aspira a la revolución nacional».

Esa apuesta inequívoca determinó que los ministros de filiación falangista habitualmente se caracterizaran por su juventud al alcanzar la cartera: Gamero (30 años), Girón de Velasco (¿30?), Arrese (36), Serrano Súñer y Miguel Primo de Rivera (37), etc..

En cualquier caso, Falange no era, ni mucho menos, la única columna en que descansaba el Estado de Franco y ninguno de sus 26 puntos (eliminado el 27) fueron incorporados al Nuevo Estado «más que de manera parcial, evitando los objetivos más radicales». Sí se incorporó, sin embargo, su lenguaje, su dialéctica. El Decreto de Unificación de 19 de abril de 1937, texto jurídico realmente fundacional del «Nuevo Estado Español», respondía a la «gran tarea de la paz» como cristalización del «pensamiento y estilo de nuestra Revolución Nacional». Creaba así una entidad política única, superadora de los partidos políticos, a partir de los dos exponentes políticos que, unidos al ejército, apoyaron el movimiento militar:

«Como en otros países de régimen totalitario, la fuerza tradicional viene ahora en España a integrarse en la fuerza nueva. Falange Española aportó con su programa masas juveniles, propagandas con un estilo nuevo, una forma política y heroica del tiempo presente y una promesa de plenitud española; los Requetés, junto a su ímpetu guerrero, el sagrado depósito de la tradición española, tenazmente conservado a través del tiempo, con su espiritualidad católica, que fue elemento formativo principal de nuestra nacionalidad y en cuyos principios eternos de moralidad y justicia ha de seguir inspirándose».

Huelga decir que la vieja norma jonsista de la recusación del mando a los 45 años fue obviada. Franco los cumplía el año en que se promulgó el decreto unificatorio.

Poco después, los Estatutos de FET y de las JONS, de 4 de agosto de 1938, adolecían del mismo lenguaje casi revolucionario, juvenil, si bien ahora descafeinado con alusiones de tipo tradicionalista. En éstos se instituían los fines esenciales del Nuevo Estado, que serían los de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, «guardia permanente de los valores eternos de la Patria, virilmente defendidos en tres guerras civiles, exaltados con voz y sangre el 29 de octubre de 1934 (sic) por la nueva generación, y definitivamente rescatados en la coyuntura histórica del 17 de julio de 1936 por el Ejército y por el pueblo hecho Milicia». También se establecía el I Consejo Nacional del Movimiento, cuyos nombramientos se efectuaban por cooptación y que, a la larga y dejando aparte su escasa operatividad, determinó el progresivo envejecimiento de la institución.

La mitificación de José Antonio Primo de Rivera, «El Ausente» durante gran parte de la guerra civil, supuso una forma de embaucar a un sector idealista de la juventud. Acaeció entonces una pseudo-divinización, con tintes paganos en algún caso, desde la noticia de su fusilamiento (el 20 de noviembre de 1936) y la certificación oficial y pública de su muerte (dos años después).
 

El discurso juvenil y la realidad de la previsión social franquista

La realidad fue bien distinta. El discurso juvenil y visionario determinó en gran medida una legislación social algo pacata en cuanto a la protección de los derechos de la ancianidad. Para estudiar dicha protección el mejor trabajo es el de Pedro González Murillo, quien analiza la acción del Ministerio de Trabajo de 1941 a 1957. Según González Murillo, la política social franquista estuvo inextricablemente ligada a José Antonio Girón de Velasco, un ardiente falangista dotado de un «carácter impulsivo que en la mayoría de las ocasiones no generaba los resultados inicialmente apetecidos», y una «fe en el general Franco» que le convertía en destacado propagandista del régimen. El Ministerio de Trabajo y la Organización Sindical, puntas de lanza de la política social del franquismo, se convirtieron en frenos a cualquier conflicto social que realizadoras de obras prácticas, sobredimensionadas por la propaganda.

A juicio del muy crítico González Murillo, el sistema de previsión constituía «un conjunto descoordinado de seguros». La historia, por tanto, de la política social del primer franquismo es la «historia de un fracaso», no tanto porque no se hiciera nada (se partía de cotas bajísimas), sino por el desfase existente entre el discurso oficial y la realidad.

La primera ley fundamental del régimen, esto es, el Fuero del Trabajo de 9 de marzo de 1938, suponía una carta programática de derechos laborales, con una breve referencia a la ancianidad en el punto X:

1. b La previsión proporcionará al trabajador la seguridad de su amparo en el infortunio.

2. b Se incrementarán los seguros sociales de: vejez, invalidez, maternidad, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, tuberculosis y paro forzoso, tendiéndose a la implantación de un seguro total. De modo primordial se atenderá a dotar a los trabajadores ancianos de un retiro suficiente.

Pero resultaba más importante el punto final (XVI): «El Estado se compromete a incorporar a la juventud combatiente a los puestos de trabajo, honor o de mando, a los que tienen derecho como españoles y que han conquistado como héroes».

El artículo 28 del Fuero de los Españoles, tercera ley fundamental de la España de Franco, recogía: «El Estado español garantiza a los trabajadores la seguridad de amparo en el infortunio y les reconoce el derecho a la asistencia en los casos de vejez, muerte, enfermedad, maternidad, accidentes del trabajo, invalidez, paro forzoso y demás riesgos que puedan ser objeto de seguro social».

El Seguro de Vejez fue, en realidad, el primero que se desarrolló en España. Comenzó a funcionar como libertad subsidiada en 1908. Desde 1919 se denominó retiro obrero obligatorio, transformándose finalmente en 1939 en subsidio de vejez. La Ley de 1 de septiembre de 1939 inició un programa de previsión social estatal, si bien no se comenzó a implantar en el campo (trabajadores agrícolas) hasta febrero de 1943.

La incapacidad del Estado para ofrecer una pensión digna a los ancianos había originado desde 1913 los homenajes a la vejez creados en Cataluña por el director de la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros de Barcelona, Francisco Moragas y Barret. Ejemplo de beneficencia pública, el sistema se basaba en patronatos benéficos tutelados por el INP que concedían pensiones a los ancianos que quedaban fuera del campo de aplicación del Retiro Obrero. Anualmente, por tanto, se celebraban actos públicos coincidentes con las fiestas patronales que servían para verificar el reparto de pensiones a los más desfavorecidos, «procurando que dichas solemnidades fueran altamente reverénciales para la ancianidad y que, por su elevado contenido social, no pudieran confundirse nunca con otras de menor espiritualidad».

El Decreto de 18 de abril de 1947 transformó el subsidio en Seguro de Vejez e Invalidez, incrementándose posteriormente sus prestaciones con los decretos-ley de septiembre de 1955 y septiembre de 1956. Lo cierto es que hasta 1947 «se puede decir que el trato a la vejez tuvo un marcado carácter benéfico y caritativo dándose paralelamente un problema básico para los pensionistas como era el de la revalorización de sus, ya de por sí, mínimas pensiones por debajo de los incrementos porcentuales de los salarios de la población trabajadora». Ello determinó que los trabajadores trataran de alargar lo más posible su vida laboral para retrasar, en la medida de lo posible, una jubilación dependiente de una pensión exigua.

Si rastreamos el Boletín Oficial de las Cortes Españolas podemos observar el sectarismo con que se concedían en un principio las pensiones de viudedad. Los casos eran bastante exiguos. Se trataba muy especialmente de esposas de militares nacionales o líderes políticos asesinados durante la guerra.

En 1956, unos meses antes de que Girón de Velasco abandonase el Ministerio de Trabajo, el seguro de vejez e invalidez comprendía a todos los trabajadores españoles por cuenta ajena, manuales o intelectuales, mayores de 14 años (fijos, eventuales o a domicilio) cuyas rentas del trabajo no excedieran las 40.000 pesetas. Se excluía a los servidores domésticos, funcionarios y obreros del Estado. De hecho, la agricultura, como en el resto de los seguros sociales, resultaba ampliamente discriminada. De esta separación del campo con respecto a las medidas de previsión social del Ministerio de Trabajo dio cuenta el delegado nacional de Sindicatos, Fermín Sanz Orrio, a Girón de Velasco en junio de 1945:

«La ignorancia de dichos productores por un lado, y la escasa difusión agravada con la distancia en que se encuentran muchas localidades y aldeas de los pueblos en donde aquellas fueron dadas a conocer, impidieron que miles de estos productores gozaran en la actualidad de los beneficios establecidos con tan amplio criterio laboral».

El nivel adquisitivo de los pensionistas del seguro de vejez era realmente bajo en los años cincuenta. Hasta 1947 la percepción diaria de los pensionistas era de 3 pesetas, lo que, además, era notoriamente antipolítico para algunos elementos del sindicalismo. En enero de 1948 un procurador sindical elevaba a las Cortes una propuesta para enmendar la deficiente legislación sobre los pensionistas. Denunciaba como «insignificante» la cuota diaria de 3 pesetas, que no alcanzaba a su juicio para «cubrir las más elementales necesidades de la clase trabajadora». Además, dado que los «expedientes que se instruyen para la concesión del beneficio» eran «harto laboriosos» quedaban excluidos del censo «muchos miles de trabajadores que hoy viven tristemente en una mendicante miseria».

Como señala González Murillo, el mejor ratio de la efectividad del seguro residía en la percepción que del mismo tenían las autoridades del propio régimen. Ejemplo: I Asamblea del INP, Santander, mayo de 1953.

«El escaso peso de las retribuciones generaba la impresión de que el régimen podría prescindir perfectamente del seguro de vejez y dejarlo en manos de las mutualidades. Y es que el seguro estaba demostrando su total ineficacia para cumplir las funciones que tenía encomendadas; su peso no difería esencialmente de la protección implantada en 1919. Podemos afirmar que se trataba de un seguro que se había convertido en una ridícula donación asistencial dada la carencia de un verdadero sistema coercitivo sobre el sector empresarial que dotara al sistema de una eficacia inmediata y segura. De ahí la tendencia a abandonar las prestaciones por vejez a las mutualidades».

A pesar de todo, los menos asistencialistas pensaban que el sistema generaba desajustes financieros. Creían que la compasión que despertaban los ancianos en algunos médicos encargados de hacer su evaluación con vistas a conceder el seguro ponía en peligro la supervivencia del sistema general de previsión español.

En enero de 1954 se amplió el seguro de vejez e invalidez a los trabajadores por cuenta ajena con ingresos hasta 30.000 pesetas anuales. Las autoridades de Trabajo respondían así a una equiparación de salarios con el coste de la vida que podía dejar fuera del campo del seguro a los que sobrepasaban la cifra de ingresos estipulada. Pero las prestaciones continuaban siendo notablemente insuficientes, «muy por debajo del nivel mínimo de subsistencia». Los legisladores suponían, por tanto, que los ancianos seguían trabajando, tenían otras fuentes de ingresos o vivían a expensas de un familiar. Las condiciones para la obtención de una pensión, por parte de la viuda de un beneficiario, eran draconianas: haber cumplido los 65 años o hallarse incapacitada para todo trabajo; que no tuviese derecho al seguro de vejez e invalidez; haber contraído matrimonio con el difunto por lo menos hacía diez años con el marido fallecido. Pese a todo, la pensión para la viuda constituía la mitad de la que había percibido el marido.

En suma, «uno de los problemas esenciales con que se encontraba el subsidio de vejez era su escaso campo de aplicación. Por poner un ejemplo, y pese a ser un sector de la población relativamente pequeño, todavía a la altura del año 1951 no se consideraba como perceptores de este subsidio a los nacidos con anterioridad al año 1875 que debieran haber sido los que con más intensidad reclamaran dicho subsidio».

A la altura de 1950, así mismo, el seguro de vejez atravesaba una grave situación financiera que preocupaba sobremanera a las autoridades del Ministerio de Trabajo. El déficit se originaba en que las obligaciones de pago eran muy superiores a las disponibilidades del INP. Para 1951 había 50.000 subsidiados con derecho a percibir atrasos que representaban 150 millones de pesetas. Era la entrada de algunos autónomos la que había desequilibrado un censo. De ahí la necesidad que algunas apuntaban de depuración, aunque no existía voluntad política para elaborar un censo riguroso del agropecuario que determinase las necesidades reales del sector. De 2,5 millones de afiliados en 1945 se pasa a algo más de 2 en 1946, hasta llegar en 1949 a 1.965.000.

En realidad, un segmento concreto de la población trabajadora financiaba el sistema, no siendo mayoritario. La presión efectiva sobre los empresarios no fue homogénea: se ejercitaba mejor entre los empresarios industriales, no así entre los grandes propietarios agrícolas (ausencia de estadística e inspección rigurosas).

En todo caso, una cosa es el tratamiento dispensado a la ancianidad y otra muy distinta, pero igualmente constatable, el envejecimiento general de la clase política en el régimen de Franco. Se puede observar en el Consejo Nacional del Movimiento, presunto órgano de elaboración de la línea ideológica del régimen. Por encima de su falta de operatividad, pesaba en él decisivamente la parte designada por el Jefe Nacional, esto es, Franco. En las Cortes Españolas ocurría otro tanto. Creada la institución en 1942, la mayor parte de los procuradores procedían del sistema de cooptación: salvo un pequeño porcentaje electivo (más importante en el tramo final del franquismo, con el tercio familiar, por ejemplo), primaban los procuradores natos (ministros, alcaldes de las capitales de provincia, gobernadores civiles, presidente del Consejo de Estado, etc.) y los de libre designación del jefe del Estado («aquellas personas que por su jerarquía eclesiástica, militar, administrativa o social o por relevantes servicios a España, designe el Jefe del Estado en número no superior a cincuenta»).

La decisiva Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, de julio de 1947, establecía dos instituciones de primer orden, un Consejo de Regencia y un Consejo del Reino, en las que la edad era nuevamente determinante. Rezaba su artículo tercero:

«Vacante la Jefatura del Estado, asumirá sus poderes un Consejo del Regencia constituido por el Presidente de las Cortes, el Prelado de mayor jerarquía consejero del Reino y el Capitán General del Ejército de Tierra, Mar o Aire o, en su defecto, el Teniente General en activo de mayor antigüedad y por este mismo orden. El Presidente de este Consejo será el de las Cortes, y para la validez de los acuerdos se requerirá la presencia, por lo menos, de dos de sus componentes y siempre la de su Presidente».

El Consejo del Reino, supremo asesor del jefe del Estado disponía de una composición más amplia, pero similar a la del anterior. En suma, se favorecía una innegable gerusía o gobierno de ancianos, que no eran otros que los ligados a la generación del 36.

Por último, el Consejo de Ministros, que constituyó el verdadero poder en el seno del régimen, no escapó del principio anterior. Designado directamente por Franco hasta 1973 (de resultas de la aplicación de la Ley Orgánica del Estado), reflejó el mismo envejecimiento de la clase política. Hay que esperar hasta 1959 para encontrar el primer gobierno en el que ninguno de sus ministros, salvo los militares y el secretario general del Movimiento, han luchado en la guerra civil. Por otro lado, incluso en el ocaso del régimen y en la Presidencia del Gobierno hubo inflación de las personalidades de edad.
 

El prólogo de la ruptura: los cincuenta

En los años cincuenta da idea del enfrentamiento generacional la inquietud estudiantil, favorecida por el clima de apertura del Ministerio de Educación. Desde 1951 Ruiz-Giménez colocó en los principales cargos de su Departamento y del sistema universitario a falangístas «liberales» (Tovar, Laín Entralgo, Fernández-Miranda, etc.), que promovieron una línea azul de moderada integración de los vencidos.

Las actitudes puristas de los púberes falangistas, ante una revolución escamoteada, derivarán en el brote de la primera disidencia surgida en el régimen de Franco. A mediados de los años cincuenta se produce una gran crisis de legitimidad. Asumida por los grupos más jóvenes crecidos al amparo del propio sistema (SEU, Frente de Juventudes, etc.), la crisis adquiere una naturaleza fundamentalmente generacional.

El punto de inflexión del franquismo tiene lugar en 1957 con la irrupción de los primeros «tecnócratas» en el Gobierno, que con la política de desarrollismo aherrumban la legitimidad de origen en favor de la legitimidad de ejercicio. Ahora bien, el cambio de mentalidad ya se había producido una década antes entre los sectores más inquietos del ámbito falangista, que demostraron con su actuación práctica la insinceridad de un régimen no dispuesto a cumplir con sus objetivos programáticos.

Directamente enfrentada con la generación del 36, surgió la generación del 49 dentro de las más jóvenes filas joseantonianas, donde mayor era el disgusto con la singladura del Estado. «Donde estos falangistas esencialistas pudieron actuar con mayor libertad e impunidad fue en las organizaciones juveniles de la Falange (Frente de Juventudes y SEU), así como en las publicaciones dirigidas a la juventud». La generación del 49, integrada por muchachos que contaban con entre 12 y 17 años al finalizar la guerra en la que habían combatido sus hermanos mayores, no estaba hipotecada por el conflicto cainita. Por tanto, creía poder superar el clima de guerra civil (y las dos Españas) sobre la base de la unidad generacional.

El estallido de la disidencia universitaria, que culminó en la crisis de febrero de 1956, resulta inseparable de las iniciativas reformistas contenidas en las publicaciones del SEU de los años cincuenta. La revista del SEU La Hora da cumplida cuenta de ello. Integraba en su consejo de redacción a personas de la generación del 49 con independencia de su ideología (comunistas incluidos, como Ducay o Alfonso Sastre). La relativamente alta liberalidad en que se desenvolvían estos jóvenes universitarios y la existencia de un SEU alejado de patrones reaccionarios, favorecieron un vivero de ideas y de actitudes luego decisivas a la hora de afrontar, veinte años después, la transición.

A mi juicio, dos factores fueron determinantes a la hora de transitar de un régimen autoritario a otro democrático: el desarrollo económico, con la creación de una amplia clase media, ligado a los «tecnócratas» desde los años sesenta; y, sobre todo, la previa actitud abierta e integradora de estos seuístas. Su estilo, unido a la evolución de la Iglesia Católica, cuyas publicaciones ajenas a la censura fomentaron sobremanera el diálogo y el entendimiento, beneficiaron la plasmación de un proyecto sin monopolio de los vencedores ni revancha de los vencidos.

Es cierto que en febrero de 1956 el régimen liquidó, con la defenestración de Ruiz-Giménez y su equipo, una posible reforma desde dentro. No lo es menos, sin embargo, que la siembra de entonces, rindió fruto veinte años más tarde. En la transición encontramos a los reformistas del sistema franquista que protagonizaron el cambio: Fernando Suárez, Belén Landáburu, Rodolfo Martín Villa, Adolfo Suárez, Gabriel Cisneros, etc. Todos los citados se habían formado en el SEU, al igual que quienes, desde la oposición colaborativa, también coadyuvaron a la reforma pacífica: Ramón Tamames, Enrique Múgica, etc.

«De hecho, el Sindicato Español Universitario fue el principal vivero de militantes de Falange, lo que repercutía en la falta de madurez de los cuadros del movimiento, aunque se ganara en capacidad de acción y de atracción para un importante sector de población juvenil».

Ahora bien,

«La labor de socialización en los valores nacional-sindicalistas encontrará, pues, la dificultad de encontrarse con el enemigo en casa; es decir que sectores que buscaban su predominio dentro de la coalición querrán limitar la preponderancia de Falange dentro del Movimiento y de la gobernación del Estado [...] Esta situación hizo que el SEU casi se convirtiese en un refugio de heterodoxos dentro de un régimen fuertemente impregnado de las teorías y personal político conservadores.

En cualquier caso, todo este clima de efervescencia universitaria tenía mucho de ruptura juvenil. Y, muy paradójicamente, el anhelo de hermanamiento real entre los españoles, la superación de las sempiternas dos Españas, implicaba romper con lo inmediatamente previo. Romper, a fin de cuentas. Así se entiende que la figura de Ortega y Gasset, muerto en 1955, fuese utilizada entonces por tirios y troyanos: los opositores al sistema como parapeto liberal contra el franquismo; los renovadores del SEU como ejemplo de actitud integradora y patriotismo crítico, no empantanado en las mediocridades nacionales del momento. Para unos y otros, no obstante, era un simple símbolo recurrente porque, como indicó José Bugeda, «a Ortega lo conocimos al final de su vida y olía a cosa vieja».

Muy significativo es el libro titulado El mañana está en nosotros, de un seuísta avanzado, Gabriel Elorriaga, quien, a consecuencia de la crisis estudiantil de 1956, daría brevemente con sus huesos en la cárcel. En dicha obra, Elorriaga señalaba la libertad como punto cardinal de la ambición juvenil, basada en «toda invitación al diálogo».

Muy poco después, tras la reacción conservadora del régimen y la clausura del episodio reformista en la universidad, un encarcelado Dionisio Ridruejo aludía a que, una vez más, «la juventud más joven» constituía «nuestra principal esperanza».

El que se hubiera planteado el enfrentamiento generacional lo prueba la aparición en ese momento de la Hermandad de Alféreces Provisionales, cuyo objetivo era «integrar a las nuevas generaciones en su organización y, presumiblemente, en su visión ideológica procedente de la guerra». Sin duda, respondía, al igual que las distintas Hermandades de Ex Combatientes, a los ideales de la generación del 36. Todas estas, compuestas por ancianos comprensiblemente nostálgicos, integraron el denominado «bunker» del tardofranquismo y la transición.

Hemos visto la existencia de un planteamiento de conflicto generacional en dos momentos históricos concretos: la guerra civil y el punto de inflexión del franquismo. Vamos a observar el definitivo a nuestros propósitos en la transición a la democracia.
 

La ruptura pactada (y respetuosa)

Desde los años sesenta, gracias al desarrollo económico auspiciado por los «tecnócratas», España se había convertido en un país moderno que parecía entrar ya en el modelo occidental de sociedad de consumo. No obstante, en la última década del régimen de Franco se observaba un desfase evidente entre una sociedad joven que se asomaba al futuro y una clase política en gran parte envejecida que se anclaba al pasado. Pese a algunos avances innegables como la Ley de Prensa de 1966, el tratado preferencial con el Mercado Común o la avalancha del turismo (con todo lo que ello implicaba de apertura a Occidente), la nomenclatura gobernante acusaba los años.

Pero en 1969 fue designado el Príncipe Juan Carlos de Borbón como sucesor «a título de Rey» del general Franco. Pertenecía a una generación no condicionada por la guerra, de la que da cuenta Miguel Primo de Rivera y Urquijo, amigo personal del futuro monarca:

«Franco -explica Primo de Rivera- me escuchó siempre con una atención que a mí mismo me sorprendía, dada mi juventud. Luego he reflexionado que precisamente mis pocos años eran el motivo de que me atendiese como lo hacía, porque en definitiva de alguna manera yo le transmitía el pensamiento de una generación con la que supongo no mantenía demasiados contactos».

El propio Primo de Rivera ha asegurado que observó ante Franco la necesidad de los partidos políticos, a lo que el anciano caudillo habría objetado: «A mí no puedes pedirme eso, Miguel. A mí, no. No me puedes pedir que yo sea un traidor a toda mi historia. Pero tú... vosotros, las generaciones jóvenes... sois quienes tenéis que hacerlo».

Resulta verdaderamente asombrosa la arbitrariedad con que se tomaban decisiones políticas en el ocaso del régimen de Franco. Una camarilla, que no había influido hasta entonces en el ánimo del anciano general, lo hacía entonces. Tras el asesinato de Carrero Blanco a punto estuvo de ser designado presidente del Gobierno el almirante Nieto Antúnez, un septuagenario. Finalmente, el elegido fue Carlos Arias Navarro, quien, aunque algo más joven, había participado igualmente en la guerra (como fiscal de los tribunales militares). Pese a ciertas intenciones aperturistas de Arias, a quien Juan Carlos I «heredó» a la muerte de Franco, no cabe duda de que representaba más una figura del pasado, incapaz de conciliar sus fidelidades a Franco con una reforma inevitable que no dejaba de comprender.

«Carlos Arias -señala Osorio-, que conservó durante todo su mandato frente a él un gigantesco caballete con un gran retrato de Franco, mientras colgaba a sus espaldas un pequeño retrato fotográfico del rey, que había sido gobernador, director general, alcalde, ministro y presidente del Gobierno con Franco, y que dudaba entonces si le era traidor al apadrinar la reforma política, que era además un hombre de esa edad en la que las soluciones audaces son siempre difíciles de tomar, no era evidentemente el presidente del Gobierno que necesitaba la transición...».

El relevo generacional está presente en todo el proceso de transición. Muerto Franco, Juan Carlos I entendía que el cambio debían protagonizarlo hombres jóvenes:

«Para tener éxito en ese paso se necesitaban hombres nuevos, jóvenes, hombres con una visión del mundo que sus mayores no osaban tener. Bajo el franquismo, el poder, el poder absoluto, lo ejercía un anciano. Y yo, el recién llegado, era un hombre joven con una necesidad casi física de rodearme de hombres jóvenes como yo».

Ello lo probó la designación de Adolfo Suárez como presidente de Gobierno. Poco antes, el 20 de junio de 1976 se jugó la final de la Copa del Rey entre el Real Madrid y el Zaragoza en el Santiago Bernabeu. En cierto momento, el Rey se dirigió a Suárez y Osorio y, en referencia al anciano presidente Bernabeu, les comentó: «Estareís de acuerdo conmigo en que en todos sitios hacen falta presidentes jóvenes. Pues ya sabéis lo que opino».

La aprobación de la Ley para la Reforma Política, la llave que abría la puerta al desmontaje controlado del régimen autoritario, fue labor esencial de una serie de personalidades formadas en el SEU de los años cincuenta: Fernando Suárez, ex ministro de Trabajo de Franco; Belén Landáburu, de la Sección Femenina y procuradora por el tercio familiar; Noel Zapico, del sindicalismo vertical; Lorenzo Olarte, representante de la administración local; y Miguel Primo de Rivera, mascarón de proa aunque sólo fuera en cuanto a su apellido. Como señala el primero de todos, Fernando Suárez, «ninguno de nosotros había hecho la Guerra Civil y todos teníamos entre 42 y 44 años, que entre la clase política de entonces no podía considerarse una edad avanzada». Los enmendantes a la totalidad en las Cortes fueron personajes de otra generación, caso de Blas Piñar o Fernández de la Vega.

En cualquiera de los casos, creo algo magnífico que el tránsito hacia la democracia se efectuara a partir de la responsabilidad de una generación joven y al par madura, que para mirar al mañana conocía perfectamente el pasado. El papel de nuestros abuelos, es decir, de los abuelos de quienes alcanzamos el uso de razón con el actual sistema democrático tampoco se puede desdeñar. Quisiera finalizar con un extracto de un trabajo sobre la guerra civil de una de mis alumnas. Creo que sintetiza lo que quiero explicar mejor de lo que yo mismo podría hacerlo:

«Creo que todos tenemos un abuelo, o hemos tenido un abuelo que vivió en un bando o en otro, incluso en algunos casos cada abuelo estuvo en un bando distinto, y han sabido soportar con la mayor dignidad posible una posguerra y una derrota, porque en una guerra civil todos pierden.

»En la mayoría de hogares su pena la han llevado por dentro y han tratado de evitar a toda costa transmitir sus heridas a sus descendientes, con lo cual no han sembrado las semillas del odio. Me consta que en todas las familias no ha sido así, pero sí en la mayoría.

»Creo que todos deberíamos hacer un homenaje a nuestros abuelos y darles las gracias por ser la tercera generación que convive en paz y vive en democracia. Su manera de actuar ha sido decisiva para que ahora vivamos todos juntos y podamos expresar nuestras ideas libremente».


 
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