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Altar Mayor - Nº 90 (10)
Sábado, 20 diciembre a las 14:17:01

Altar Mayor

REVISTA DE LA HERMANDAD DEL VALLE DE LOS CAÍDOS
Nº 90 – Enero de 2004 (Extraordinario)

SOBRE LA GLOBALIZACIÓN Y SUS RIESGOS
Por Antonio Chozas Bermúdez - Economista,
Leopoldo Gonzalo y González -
Catedrático,
Adolfo Iranzo González - Economista y periodista

1. INTRODUCCIÓN

Entre los grandes tópicos del nuevo siglo quizá uno de los más característicos sea el de la globalización. Globalización del pensamiento, de las formas de vida y, naturalmente, de la economía. Tras la implosión del llamado socialismo real y la generalización de los regímenes democráticos, el liberalismo político y económico ha concluido por imponerse de un modo que nadie hubiera imaginado hace pocos años.

Con creciente intensidad, el ciudadano de a pie se ve inmerso en un fenómeno sociológico de universalización de sus relaciones de comportamiento social que están transformado sus hábitos de convivencia sin que tenga una convicción clara de cuál pueda ser su aportación personal a la forma de influir en la dirección de ese fenómeno que hemos dado en llamar «la globalización».

La «globalización» está contribuyendo a amplificar el campo de actuación de los agentes económicos y, sin duda alguna, a elevar los niveles de vida de todos los ciudadanos, aunque no en igual medida. Pero, al mismo tiempo, están apareciendo nuevos problemas, de no fácil tratamiento, porque en muchos casos escapan a la acción interventora de los poderes públicos de muchos países, bien porque están atrapados en las redes de acuerdos internacionales que limitan su capacidad de actuación, o bien porque el origen del problema está en otro país y, por lo tanto, fuera de sus posibilidades de actuación.

La globalización, se puede apreciar con mayor claridad en la evolución de la actividad económica. Es lo que llamamos «globalización de la economía» porque quizás ha sido por donde ha empezado el fenómeno globalizador gracias a la eliminación, en primer lugar, de las barreras que han hecho posible la potenciación de los intercambios comerciales entre los países de una misma área económica y entre distintas áreas supranacionales. Después, se ha ido viendo la necesidad de ampliar la idea de la cooperación económica a los restantes campos que configuran las relaciones de convivencia de una sociedad para acortar diferencias en lo que los economistas hemos venido en llamar «niveles de bienestar». Para ello ha sido necesario eliminar, además de las barreras económicas, barreras políticas, barreras sociales, incluso barreras tecnológicas y avanzar en la harmonización de las normas que regulan las relaciones de convivencia de toda la sociedad. De ahí que a lo que hasta ahora hemos particularizado como la globalización de la economía, tengamos que empezar a ampliarlo a lo que realmente informa la estructuración de toda una sociedad: la ideología; y tengamos que empezar a estudiar lo que este concepto puede significar y lo que este concepto puede influir en nuestro próximo futuro.

El fenómeno de la «globalización» es amplio y complejo y abarca a todas y cada una de las actividades que desarrollamos en nuestra vida de relación cotidiana, tanto laboral como social. La globalización de la economía se ha producido como consecuencia de un conjunto de procesos caracterizados por la eliminación de todo un conjunto de barreras gracias a los acuerdos internacionales, el desarrollo tecnológico, logístico y de información y comunicación. Estos nuevos contextos globales en constante evolución afectan a todo el entorno social y todos los agentes económicos y exigen la necesidad de desarrollar normas de comportamiento adaptadas a la nueva situación que, sin pausa, se está configurando a nivel mundial.

La globalización se presentó, en primer lugar, como una de las notas distintivas del capitalismo finisecular. La progresiva integración de las economías nacionales en una economía auténticamente mundial, lleva a que aquellas dependan cada vez menos de las políticas de sus gobiernos y más de los mercados internacionales. Como señala Pierre Velíz, el núcleo de esa interdependencia planetaria lo constituyen las empresas transnacionales, megaorganizaciones que, gracias a la tecnología informática, ejercen un control de los mercados prácticamente en tiempo real. Pero a diferencia de lo sucedido en el proceso decimonónico de internacionalización económica, en el que las empresas que lograban una significativa proyección hacia el exterior lo hacían comúnmente al servicio de sus propios intereses nacionales, las actuales empresas multinacionales son apátridas, se encuentran emancipadas de cualquier hegemonía nacional. La globalización no es, pues, una mera prolongación de la internacionalización, sino su transformación. Pretende, ante todo, eliminar las fronteras físicas, administrativas, sociolaborales y fiscales que puedan dificultar la acumulación del capital a escala mundial.

La progresiva internacionalización operada a lo largo de los siglos XVIII y XIX, respetaba la soberanía de las naciones y las interrelacionaba a través del comercio, la inversión y el crédito. Pero la globalización pretende algo más: la homogeneización de los condicionamientos institucionales a la circulación de los capitales a un nivel mínimo y mediante un proceso competitivo entre las diversas jurisdicciones estatales. De modo que, tal como observa Jacques Adda, la instancia nacional no desaparecerá, pero ha quedado relegada y limitada en sus posibilidades de actuación y eficacia económica.

Tipos de interés, tipos de cambio y cotizaciones bursátiles, quedan íntimamente relacionados en todo el mundo en virtud de la globalización, que opera al modo de un sistema circulatorio que toma capitales de los mercados del centro y los bombea luego a la periferia en forma de créditos e inversiones de cartera o, indirectamente, a través de corporaciones transnacionales. Como «...el capital reporta muchos beneficios -subraya G. Soros-, no sólo el aumento de la capacidad productiva sino también mejoras en los métodos de producción y otras innovaciones; no sólo un aumento en la riqueza sino también un aumento en la libertad, [...] los países compiten por atraer y retener capital; y preparar condiciones atractivas para el capital tiene prioridad sobre otros objetivos sociales».

Así pues, habida cuenta que el desarrollo de la economía global no ha ido acompañado de un desarrollo paralelo de la sociedad global, el relajamiento competitivo de las legislaciones nacionales en materia mercantil, tributaria, laboral y de seguridad social, en su propósito de atraer las inversiones apetecibles, pone en riesgo de desaparición el Estado de Bienestar que tan inteligentemente creó e hizo posible el propio sistema capitalista como garantía de su eficiente supervivencia.

No se trata de anatematizar un proceso, probablemente inevitable y con evidentes connotaciones positivas, aunque a todas luces resulte inapropiado identificarlo con la utopía universalista soñada por la Ilustración, sino de examinar sus peculiaridades y de reflexionar sobre el modo de evitar o, cuando menos, paliar sus consecuencias más negativas.

En el análisis de este fenómeno de la globalización, pretendemos poner en evidencia los riesgos que la misma implica en tres importantes escenarios: el estrictamente financiero; el concerniente a las relaciones laborales; y el que se refiere al Estado de Bienestar, a la política fiscal y al irrenunciable papel del Sector público como garante del sano funcionamiento de la economía de mercado. Pues conviene recordar, como lo hizo el propio Hayek, que «la alternativa de la economía dirigida no es el laissez faire, sino una estructura racional para el funcionamiento de la libre competencia».
 

1.1. Aspectos de la globalización económica y financiera

La globalización de la economía, se ha venido abriendo paso bajo una idea de liberalización de la actividad, con el abandono paulatino de la intervención de los Estados en aras de un protagonismo mayor por parte de la iniciativa privada. Aunque todavía queda mucho por hacer, este fenómeno da la impresión de que ya se ha consolidado, en buena medida, y los resultados parecen haber sido muy positivos en el área de la Unión Europea.

El problema se plantea, como siempre, en los límites de la intervención de los poderes, y se discute incluso si los poderes públicos deben o no tener algún tipo de intervención en la actividad económica. Es decir, nos estamos planteando, nuevamente, si el laissez faire debe ser la norma de oro para la actuación del Estado en los temas económicos.

Las convulsiones financieras que se sucedieron en los años finales del pasado siglo y que, en mayor o menor medida afectaron a toda la economía mundial, sin que se pueda todavía considerar que sus efectos han sido totalmente superados, ha puesto sobre el tapete la necesidad de una regulación internacional de determinados aspectos de la actividad económica, concretamente la libertad de circulación de capitales.

La libertad de circulación de capitales que, junto a la libertad de circulación de mercancías y la libertad de circulación de las personas, es uno de los principios fundamentales del Tratado de Roma, empezó a tener serias objeciones en los foros financieros internacionales.

Ya en la asamblea mundial de 1998 del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, se analizó la petición del Presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, de elaborar un plan de aplicación global como forma de salir de la crisis que afectaba a los mercados internacionales. En una reunión del G-7 celebrada poco tiempo después de aquella asamblea mundial, el Grupo anunció que iba a aumentar la vigilancia y control sobre los fondos de cobertura y a adoptar medidas para estabilizar los mercados financieros mundiales. Se daba así el primer paso para establecer medidas de limitación a lo que hasta entonces se consideraba sacrosanto derecho de la libre iniciativa: el movimiento internacional de los capitales.

Un año después, la LIV asamblea mundial del FMI y del Banco Mundial celebrada en Washington, avanzó, por boca de su director general Michel Camdessus, la necesidad de «encontrar una tercera vía entre la liberalización indiscriminada y el control absoluto».

En palabras de Camdessus, «la experiencia de Asia ha rebajado el entusiasmo de muchos en este tema. Es necesario definir mejor la libertad en el movimiento de capitales, porque, si no se perfila esa definición, puede funcionar muy mal y en algunos países ha tenido un efecto desestabilizador».

Las manifestaciones de Camdessus vienen a reconocer el planteamiento que hacíamos en «en las crisis económicas existe una fuerte influencia psicológica que tiende a amplificar los ciclos depresivos o, incluso a provocarlos, sin suficiente justificación económica». En el tema de «las operaciones especulativas, normalmente esas operaciones sólo benefician al especulador; no significan aportaciones positivas para la economía real, pero pueden producir perjuicios irreparables que tardan tiempo en ser superados. Por ello, las operaciones especulativas, deben ser sometidas a controles rigurosos y sujetas a intervención cuando puedan alterar el equilibrio financiero de los mercados afectados».

Parece que se está tomando conciencia de que, igual que se vigilan las concentraciones de empresas para que no dominen los mercados de forma monopolística, también hay que vigilar los movimientos internacionales de capitales cuando pueden afectar, negativamente, a los mercados financieros.

La corriente neoliberal que parece informar la configuración de las economías en las principales áreas económicas del mundo occidental y que, como antes decíamos, está dando resultados muy positivos, se enfrenta a problemas emergentes que vuelven a plantear la vieja cuestión de la necesidad de intervención de los poderes públicos y que podríamos resumir en lo siguiente: «en la actividad económica la libertad es necesaria, pero no ilimitada».
 

1.2. La globalización y el trabajo

En efecto, en las dos últimas décadas se ha asistido a un proceso de integración económica que ha elevado la producción y los intercambios hasta el nivel planetario. Los factores responsables de la aceleración de este proceso de globalización han sido, entre otros, y según la OCDE (1996), los siguientes: los cambios en las políticas económicas y comerciales, que han generalizado la liberación de los mercados de bienes, servicios y factores; las nuevas estrategias de las empresas multinacionales, que aprovechan las también nuevas oportunidades de localización que la integración les presenta; y la introducción de las innovaciones tecnológicas en la información, las comunicaciones y los transportes, que facilitan la integración de los mercados y la producción multinacional con costes reducidos.

Todo ello ha generado la formación de un nuevo paradigma en el que los mercados tienden a globalizarse y el Estado ha cedido a las empresas innovadoras el liderazgo en la dinámica económica, con un acentuado retorno al liberalismo como sistema de gobernación. Así, esta globalidad rampante incumbe a todos los procesos y elementos del sistema económico y social. En particular, los efectos combinados de la globalización y de las nuevas tecnologías sobre el trabajo, el empleo y las distintas categorías de trabajadores en los países desarrollados, van a constituir el gran reto para las relaciones laborales en los comienzos del siglo XXI.

En este orden de consideraciones, hay que señalar que uno de los aspectos más polémicos de la globalización se sitúa en la generalizada identificación que de ella se hace con la nueva forma que ha adoptado el evidente retorno del liberalismo y el creciente abandono del modelo político y socioeconómico vigente desde el final de la segunda guerra mundial, sobre todo en Europa, e identificado con el Estado del Bienestar. Dicho retorno se ha basado en una fuerte crítica al papel del Estado en la economía y la propuesta del mercado como el instrumento idóneo para la asignación de los recursos y, en mayor medida aún, para la producción de bienes y servicios. A los sentimientos y prejuicios antiestatales, tan difundidos en la sociedad, se han añadido motivos económicos y financieros (como la búsqueda de la eficacia y la reorganización del sector público, reducción de las subvenciones y del déficit público, acceso a los mercados de capitales) y administrativos (reducir la carga administrativa y la burocracia del Estado), con amplias secuencias de privatización de las empresas públicas, desregulación y liberalización de los mercados, flexibilización y segmentación, a la vez que precarización, de las relaciones de trabajo. En definitiva, una pérdida de valoración de lo público en la economía y la sociedad y, lo que es más grave, un desplazamiento de la valoración del trabajo como centro de la ciudadanía social y, consecuentemente, de la solidaridad y la cohesión sociales.

No obstante, en este punto es muy necesario huir de las simplificaciones, profundizar con rigor en el análisis de las causas y efectos de las transformaciones económicas y sociales en curso y no endosar, sin más, todas las culpas de sus consecuencias desfavorables a la globalización. Porque, en su visión simplista, la tesis de la globalización prescinde de la persistencia del Estado nación y de su papel todavía crucial para cambiar la estructura y la dinámica de la nueva economía y de los cambios sociales. Es evidente que las reglamentaciones y políticas gubernamentales determinan las fronteras y estructuras internas de la economía global. A este respecto, se ha advertido con acierto que no existe, y no existirá en el futuro previsible, un mercado mundial totalmente abierto para el trabajo, la tecnología, los bienes y los servicios, mientras haya Estados naciones (o asociaciones de Estados naciones, como la Unión Europea) y mientras los gobiernos estén para fomentar los intereses legítimos de sus ciudadanos y empresas, de los territorios bajo su jurisdicción en la competencia global.

De todos modos, habrá de tenerse muy presente, tanto en la acción del Estado como en la de los agentes y movimientos sociales, que el nuevo capitalismo informacional/global, con su centro nervioso en las redes financieras y una dinámica impulsada por las nuevas tecnologías, se caracteriza por una tendencia a aumentar la desigualdad y la polarización sociales, a saber, el crecimiento simultáneo tanto del vértice como de la base de la escala social. Ello obedece a los tres siguientes factores: a) una diferenciación fundamental entre trabajo autoprogramable y altamente productivo y trabajo genérico prescindible; b) la individualización del trabajo, que socava su organización colectiva, con lo que los sectores más débiles de la mano de obra quedan abandonados a su suerte; y c) la desaparición gradual del Estado del bienestar bajo el impacto de la individualización del trabajo, la globalización de la economía y la deslegitimación del Estado, privando así de una red de seguridad a la gente que no puede alcanzarla de forma individual. «Esta tendencia hacia la desigualdad y la polarización no es inexorable: puede contrarrestarse y evitarse mediante políticas públicas. Pero la desigualdad y la polarización están prescritas en las dinámicas del capitalismo y prevalecerán a menos que se emprenda una acción consciente para compensar estas tendencias» (Castells, 1996).

Precisamente, esa necesaria y urgente línea de acción la propugna, con claridad y rigor, el Informe de la OIT sobre el trabajo en el mundo (1997-98). En efecto, el Informe, después de analizar la creciente movilidad del capital en un mundo interdependiente, frente al paralelo inmovilismo del Estado y del trabajo, propugna la necesidad de una cierta «reglamentación del mercado de trabajo» que, incluso, facilita la apertura de la economía: «la mundialización se basa, ciertamente, en los principios del liberalismo y de la economía de mercado. Pero, una vez reconocidas las ventajas de la apertura, cabe dudar que no tengan ya nada que hacer las instituciones que intervienen en el funcionamiento de los mercados como los sindicatos y la negociación colectiva, o que los órganos de las administraciones públicas sólo vayan a desempeñar una función modesta en una economía mundial abierta». Y, tras subrayar la nueva relevancia que está llamada a tener la concertación social en el nuevo mundo globalizado, el Informe se pregunta: «¿Existe otro método que permita hoy resolver el problema pendiente en la mayoría de los países, y que consiste en conciliar la descentralización y la individualización que trae consigo la intensificación de la competencia, con una reglamentación del trabajo que limite la inseguridad y la desigualdad, a la vez que las tensiones que imponen en lo tocante a la integración social y el desarrollo económico?».

Y esta es, precisamente, la gran tarea que han de ser capaces de realizar y afianzar los sistemas de relaciones laborales de nuestro tiempo para dar respuestas eficaces al complejo fenómeno de la globalización y a sus múltiples efectos. Porque, una vez más, ese fenómeno de la globalización está poniendo de relieve que los cambios experimentados por el sistema económico y sus consecuencias sociales se encuentran en el origen de las modificaciones de las soluciones normativas, como ha ocurrido inevitablemente a lo largo de la trayectoria histórica del Derecho del Trabajo, moldeado en cada caso por la evolución del sistema de producción de bienes y servicios y los cambios sociales aparejados.

Por todo ello, valdrá la pena abordar con rigor dicha tarea y analizar a fondo unas relaciones laborales que sean el componente básico en la configuración de un humanismo del trabajo como elemento clave de la nueva economía global y firme base de cohesión y solidaridad sociales. Porque, como afirma el tan repetido Informe, «para una sociedad resulta muy arriesgado regirse únicamente por las leyes del mercado».
 

1.3. La globalización, el Estado de bienestar y la política fiscal

Afirmábamos más arriba que el propósito competitivo de crear las condiciones financieras, laborales y fiscales idóneas para la atracción de capitales por parte de los estados, relegaba a un segundo término la consecución de consagrados objetivos sociales. La competencia fiscal a que obliga la globalización supone rebajas en los impuestos que inciden sobre el capital, el desplazamiento de la presión tributaria hacia otras rentas dotadas de menor movilidad -como las del trabajo-, la reducción del gasto público y, con ésta, la progresiva revisión a la baja del Estado de Bienestar.

En efecto, no sólo en nuestro país, sino en toda la UE, se ha procedido al recorte de las prestaciones de la Seguridad Social de forma tanto directa (rebajando sus cuantías) como indirecta (endureciendo las condiciones exigidas para su concesión). Además, se ha suprimido también la indicación de las mismas con salarios y precios. La despublificación de las estructuras organizativas de la Seguridad Social y la sustitución de prestaciones públicas por privadas, sobre todo en el ámbito sanitario, están siendo acompañadas por una reorientación de aquella hacia superadas posiciones proasistenciales, como lo demuestran el acelerado desarrollo de las prestaciones no contributivas y, en la Europa comunitaria, sobre todo, la sustitución de prestaciones basadas en seguros por otras de carácter asistencial fundamentadas en el nivel de renta de los beneficiarios.

Como lo demuestra el proceso ya iniciado en los países escandinavos, entre otros, la globalización fuerza a sustituir los impuestos personales sobre la renta extensiva o integral por viejas fórmulas de imposición cedular, de manera que las rentas procedentes de los factores de la producción más móviles tributen relativamente menos. La vuelta a los planteamientos analíticos en la imposición sobre la renta va unida a un desplazamiento de la tributación directa hacia la indirecta, como más adecuada a las exigencias de la globalización pero claramente contraria a los postulados de la necesaria equidad en el reparto de la carga tributaria. La harmonización fiscal europea se justifica, precisamente, por el propósito de evitar una competencia interjurisdiccional en este terreno, absolutamente incompatible con la idea del mercado único, así como por la pretensión de garantizar un mínimo de justicia en la distribución de las cargas públicas.

El Sector público español ha sido sensible, desde luego, a los aires de la competencia fiscal procedentes de la globalización, acometiendo un significativo control del nivel y eficiencia de los gastos públicos, minorando la presión fiscal ejercida por conducto del IRPF y buscando recursos alternativos por la vía de la imposición sobre los consumos específicos, entre otras medidas.

Todo lo que antecede merece una reflexión detenida con el objeto de señalar los aspectos conflictivos de la globalización, así como de anticipar las estrategias que permitan cohonestar las ventajas de dicho proceso, verdaderamente histórico, con la preservación de fundamentales equilibrios sociales y financieros respecto de los cuales las autoridades nacionales y los organismos internacionales de cooperación no pueden permanecer ajenos.
 

2. LA GLOBALIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

En primer lugar y, a efectos metodológicos, consideramos que el fenómeno que afecta a la economía mundial, en la actualidad, no es un simple regreso a la internacionalización operada durante los siglos XVIII y XIX. Una mayor velocidad de los transportes de mercancías y una nueva y más eficaz tecnología de las comunicaciones, junto con la supresión de fronteras y eliminación de barreras aduaneras y obstáculos tecnológicos, ha hecho posible la ampliación de los mercados a niveles inimaginables hace tan solo unos años.
 

2.1. Influencia de las nuevas tecnologías

Tenemos que destacar, necesariamente, la importancia de los avances tecnológicos en este proceso expansivo, ínter fronteras, de la actividad económica. Gracias a las nuevas tecnologías de las comunicaciones, y en especial de Internet, ha sido posible la «globalización» en su actual configuración. Concretamente, Internet ha significado el nacimiento de una nueva cultura, a nivel mundial, del sistema de relaciones sociales y todo el complejo universo que se mueve en torno al diverso comportamiento de la Sociedad Humana. Es más, Internet ha supuesto un valioso instrumento que ha incrementado el valor añadido de una buena parte del trabajo que se realiza con apoyo documental, que ahora se puede obtener, directamente, en tiempo real, a través de la Red. La potencia de la Red y su uso generalizado, nos permite, incluso, decir, que se está configurando como un nuevo factor económico de la producción de bienes y servicios.

Como indica Manuel Castells (véase La era de la información. Vol. I: La sociedad red. Alianza Editorial. Madrid 1996), está apareciendo una nueva forma de capitalismo. «...Pero este tipo de capitalismo es profundamente diferente de sus predecesores históricos. Posee dos rasgos distintivos fundamentales: es global y se estructura, en buena medida, en torno a una red de flujos financieros». «En este casino global gestionado de forma electrónica, los capitales específicos prosperan o fracasan, dictando el destino de las grandes empresas, los ahorros familiares, las divisas nacionales y las economías regionales». «...el capital financiero, para operar y competir, necesita basarse en el conocimiento generado y procesado por la tecnología de la información».

«Los mercados financieros globales son el lugar donde los beneficios de todas las fuentes acaban convergiendo en busca de mayores beneficios». «...los mercados financieros globales y sus redes de gestión son el capitalismo colectivo real, la madre de todas las acumulaciones». Estos nuevos mercados financieros globales utilizan las redes de comunicaciones mundiales como depositarias de sus ganancias y como fuente potencial de mayores beneficios; por ello «...las redes financieras globales son el centro nervioso del capitalismo informacional. Sus movimientos determinan el valor de las acciones, los bonos y las divisas, llevando a la ruina o a la riqueza a inversores, empresas o países. Pero estos movimientos no siguen una lógica de mercado. El mercado sube y baja, es manipulado y transformado por una combinación de maniobras estratégicas realizadas por ordenador, psicología de masas de fuentes multiculturales y turbulencias inesperadas, causadas por grados cada vez mayores de complejidad en la interacción de los flujos de capital a escala real».
 

2.2. La interdependencia económica

A nuestro juicio, la globalización de la economía significa una autentica interdependencia de todas las regiones económicas, de tal manera que, nada de lo que ocurre en un país es ajeno o irrelevante para el resto del mundo. Y esa interdependencia es tanto más patente en el sistema financiero mundial que resume y sintetiza el conjunto de todas las transacciones económicas que se realizan.

Esta afirmación es relevante por las consecuencias que puede tener, para un país o para un conjunto de países, lo que está sucediendo en un momento determinado en un mercado financiero concreto; la mayor parte de las veces, sin capacidad de reacción operativa en tiempo real. Un simple rumor, la corazonada de un operador financiero importante secundada por otros; o los intereses particulares de alguno de los gigantes financieros mundiales, son elementos capaces de desencadenar convulsiones financieras de dimensión universal, con efecto inmediato sobre las fuentes de generación de riqueza para conjuntos enteros de países o enteras regiones económicas concretas.
 

2.3. Las debilidades del sistema financiero internacional

Lo sucedido en los últimos años del pasado siglo en todo el mundo a partir de la crisis financiera asiática, iniciada en 1997, trasladada a Iberoamérica en 1998 y todavía latente, es un patético ejemplo de que el sistema financiero mundial, con toda la potencia que posee, es, al mismo tiempo, incapaz de hacer frente a sus propias debilidades.

No es, por lo tanto, ocioso que en estos últimos años se hayan desatado las inquietudes por establecer algún sistema de vigilancia y control de los mercados financieros internacionales que, de alguna manera, introduzcan elementos de tranquilidad y sosiego en su devenir natural. No en balde, la práctica totalidad del ahorro perteneciente a las familias del mundo industrializado se mueve en estos mercados y, dependiendo de su gestión, se verán compensados, o no, los esfuerzos ahorradores de toda una vida laboral.
 

2.4. Necesidad de elementos de vigilancia y control

El clamor por la introducción de elementos de vigilancia y control en los mercados financieros internacionales se dejaron oír con especial intensidad a partir de las crisis financieras iniciadas en los mercados asiáticos a mediados de 1997 y las manifestaciones pidiendo reglas de comportamiento se extendieron, incluso, al ámbito eclesiástico. Portavoces relacionados con los medios financieros del Vaticano se mostraron partidarios de la redacción de un código ético de normas de comportamiento aplicable a todos los operadores financieros, complementario de las regulaciones jurídicas, que aunque existentes a nivel local, han demostrado ser claramente insuficientes.

Las crisis financieras internacionales no son nuevas, en modo alguno, en los escenarios económicos. Desde la de 1929, tristemente conocida por sus desgraciadas consecuencias, en contra de toda razón económica, han sido varias las que se han registrado, con variable intensidad, pero siempre con efectos más negativos de los que razonablemente cabría esperar. Pero, en la actualidad, lo que más tiene que preocuparnos es que «la globalización» añade elementos nuevos que hacen, tanto más urgente, anticiparnos a la prevención de los daños que, por debilidad del sistema, pueden dar al traste con los beneficios y ventajas que, también sin duda, aporta el fenómeno globalizador.
 

2.5. La globalización del sistema financiero

La globalización del sistema financiero internacional no ha sido un fenómeno espontáneo que haya surgido de la noche a la mañana. La génesis del movimiento de la globalización se ha producido con mayor lentitud de lo que hoy aparenta. Pero sí que podemos establecer un punto de origen, un hito histórico, una primera referencia en la que asentar el principio de la globalización del sector. La Conferencia de Bretón Woods de 1944 y la creación del Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo (BIRD), más conocido como el «Banco Mundial», así como la simultánea constitución del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Corporación Financiera Internacional, establecieron las bases de una nueva concepción del sistema financiero, a nivel mundial, que hizo posible abordar la reconstrucción de las economías de los países directamente afectados por la contienda bélica que acababa de finalizar.

El nuevo sistema financiero mundial funcionó razonablemente bien durante más de veinticinco años, hasta que se produce la primera crisis de la energía en los albores de la década de los 70. Todavía pesa en el ambiente la idea generalizada de responsabilizar a los profesionales de la economía por no haber sabido anticipar a tiempo la gestación de aquellas crisis sobre las que, por otra parte y en descargo de esta opinión, se han vertido auténticos ríos de tinta. Pero a los profesionales de la economía se nos sigue atribuyendo el cometido de analizar todos los fenómenos nuevos que surgen en el vasto campo de las relaciones económico-sociales y anticipar, en la medida que lo permite nuestra formación, los puntos que pueden resultar conflictivos, estableciendo las oportunas señales de alarma o, simplemente, de atención.
 

2.6. Un poco de historia

Volviendo, nuevamente, la vista atrás -porque la historia es imprescindible para entender el presente y otear el futuro-, a partir de la primera crisis de la energía se generan tensiones financieras en todo el mundo. El inusitado incremento de los precios del petróleo puso en manos de los países productores desmesuradas disponibilidades financieras, para las que no estaban preparados. Pronto se demostró que no existía capacidad en estos países para invertir al ritmo al que crecían sus ingresos. Algunas anécdotas pintorescas son bien expresivas a este respecto, como es el caso del cemento comprado por un país africano que, ante la patente imposibilidad de descargarlo a tiempo en el único puerto existente medianamente utillado, y tras varios meses de obligadas estadías en espera de turno de descarga, llegado el momento, hubo que dinamitar los barcos porque el cemento había fraguado en las bodegas.

Pero, junto a la incapacidad inversora de los países productores de crudo, se dispararon los costes de producción de los países industrializados dependientes del petróleo y empeoraron las relaciones reales de intercambio de los países en vías de desarrollo no productores de crudo. Como siempre, las tensiones originadas rompieron el eslabón más débil; en este caso fue la crisis de la deuda del subcontinente suramericano en el año 1982, la que interrumpió el crecimiento de los países del cono suramericano durante varios años. Los acuerdos del Plaza en 1985, y del Louvre en 1987, permitieron restablecer la competitividad internacional del dólar, aunque la tranquilidad no anidó mucho tiempo en los mercados financieros internacionales. La caída del muro de Berlín y los costes de la reunificación de Alemania introdujeron tensiones en el Sistema Monetario Europeo, a las que tampoco fueron ajenas las consecuencias económicas de la Guerra del Golfo de 1990, en la que Estados Unidos asumió definitivamente el liderazgo político y económico mundial. Las desalineaciones monetarias europeas de 1992-1993, interrumpieron el ritmo ascendente de la flamante Comunidad Económica Europea, que parecía configurarse como la primera región económica del mundo y capaz, por ello, de establecer las reglas del comportamiento financiero internacional, al mismo nivel, al menos, que los Estados Unidos de América.

Fueron, aquellos, años de incesantes tensiones monetarias que afectaron a ambos hemisferios. Las convulsiones de Indonesia, Malasia y Corea y los contratiempos de Taiwán de 1986; la devaluación de la unidad monetaria China de 1994; la revalorización del yen entre 1992 y 1995; la crisis mexicana de 1994-1995, llamada efecto tequila, son algunos de los ejemplos más significativos de las 212 crisis financieras contabilizadas en el mundo entre 1975 y 1997.
 

2.7. La crisis inédita

Con éste título, publicó el Instituto de Estudios Económicos, en 1998, un excelente trabajo al que más adelante nos referiremos. Es en 1997 cuando el mundo asiste a una crisis cuya envergadura supera todas las previsiones, tanto de los organismos financieros internacionales como de las entidades financieras privadas más conspicuas. La devaluación, en un 20 por ciento, del baht tailandés, el 2 de julio, causó un efecto dominó en los principales países asiáticos de su entorno próximo: Indonesia, Malasia, Filipinas y Corea llegaron a soportar una devaluación de sus respectivas monedas que superó el 80 por ciento; a finales de año la devaluación del baht había alcanzado el 93 por 100. Singapur, Hong Kong, Taiwán, China y Japón se vieron igualmente involucrados y, al año siguiente, los efectos se trasladaron a Iberoamérica y, ya más atenuados, a Estados Unidos y Europa. El índice de las bolsas de los países en vías de desarrollo de la Corporación Financiera Internacional llegó a caer un 25 por ciento y el índice asiático llegó a caer el 53 por ciento. Los tipos de interés a corto plazo se situaron por encima de los 600 puntos. Los activos involucrados alcanzaron cifras billonarias expresadas en dólares y los flujos de ayuda movilizados por los distintos organismos financieros internacionales para hacer frente a la crisis, también se contabilizaron en billones de dólares.

La rapidez en la difusión de la crisis financiera, su alcance mundial y la ineficacia de los controles y de los sistemas de detección, supervisión, intervención y resolución de la crisis ha puesto de manifiesto el altísimo grado de interdependencia financiera que existe entre todos los países del mundo. La globalización de la economía es ya un hecho incontrovertible y, el sector financiero, su más genuino exponente. Y, si constatamos que los efectos de un problema financiero se pueden trasladar de un extremo a otro del mundo en cuestión de minutos, gracias a las nuevas tecnologías de la comunicación, no es menos cierto que tenemos que ocuparnos, además de preocuparnos, en establecer los adecuados sistemas de cautelas, a nivel global, para erradicar, definitivamente, las convulsiones financieras subyacentes en todas las inversiones especulativas, que se intentan disfrazar bajo el pleonasmo de «inversiones en capital riesgo».
 

2.8. El omnipresente componente psicológico

En trabajos anteriores nos ocupábamos de las, entonces, recientes crisis económicas de Asia y de Iberoamérica, y afirmábamos que en las crisis financieras existe un componente psicológico que tiende a amplificar los ciclos depresivos e incluso a provocarlos, sin justificación económica suficiente para la magnitud del desastre originado. Y planteábamos la necesidad de introducir determinadas cautelas en los movimientos internacionales de capitales, para prevenir desajustes financieros no deseados.
 

2.9. Las cautelas necesarias

Nuestras ideas se vieron corroboradas por los principales responsables de los organismos financieros internacionales. En la asamblea mundial del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial celebrada a finales de 1988, se analizó la petición formulada por el Presidente de los Estados Unidos Bill Clinton de elaborar un plan de aplicación global como forma de salir de la crisis que estaba afectando a los mercados financieros internacionales. En una reunión del G-7, celebrada poco después, el Grupo anunció que se iba a aumentar la vigilancia y control sobre los fondos de cobertura y se iban a adoptar medidas para estabilizar los mercados financieros mundiales.

En la asamblea mundial de 1999 del FMI y del Banco Mundial, celebrada en Washington, el director general, Michel Camdesus, expuso la necesidad de encontrar una tercera vía entre la liberalización indiscriminada y el control absoluto.

La Revista Claves de Razón Práctica, publicó en su número 99 un artículo de David Held titulado ¿Hay que regular la globalización? Entre las contestaciones que da el autor del artículo, figuran las siguientes: «En primer lugar, hace falta una ampliación de la legislación para reestructurar los mercados con el fin de contrarrestar su indeterminación y los inmensos costes sociales [...] que en ocasiones generan». «En segundo lugar, son indispensables nuevas formas de coordinación económica. Las organizaciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, la OCDE, y el G-7 operan todas con agendas distintas. La adopción de políticas se fragmenta. Es necesaria la creación de una nueva agencia económica coordinadora que funcione tanto en el nivel regional como en el global». «En tercer lugar, es importante desarrollar medidas que regulen la volatilidad de los mercados financieros internacionales y su búsqueda especulativa de beneficios a corto plazo». Estas propuestas de Held están en la línea mantenida por los autores de este artículo y que ya ha sido expuesta en los trabajos anteriores.

En estos dos últimos años se ha escrito ya mucho sobre las recientes crisis financieras globales y se han intentado sistematizar las medidas de vigilancia y control a que nos hemos venido refiriendo. El magnifico informe que con el título: «La crisis inédita» se publicó en el número 4/1988 de la Revista del Instituto de Estudios Económicos, es un buen ejemplo de esta inquietud que preocupa a una buena parte de los economistas, por no decir a todos los que se asoman al mundo de la globalización. Sin excepción, todos los tratadistas reconocen que el aumento de la libertad del movimiento internacional de capitales ha permitido una mejor asignación de los recursos, pero también reconocen una debilidad del sistema financiero internacional que lo hace particularmente sensible y expuesto a convulsiones y problemas. Se ha llegado a decir que las crisis han tenido su origen en regiones económicas donde sólo existía un capitalismo inmaduro con sistemas financieros ineficientes; pero no es menos cierto que los sistemas financieros considerados como eficientes y asentados en los países capitalistas por antonomasia, han sido seriamente afectados por las consecuencias de las crisis desatadas. Para explicarlo, en toda su magnitud, no hay más remedio que reconocer, una vez más, la estrecha interdependencia económica que hoy en día existe a nivel mundial; es decir, lo que hemos venido en llamar: la globalización de la economía y, más concretamente, la globalización de los sistemas financieros.

Son muchas las ideas que se están manejando para eliminar riesgos de desestabilización financiera. El Comité de Basilea de Supervisión Bancaria, ha formulado veinticinco principios básicos que deben cumplirse para garantizar la eficacia de un sistema de supervisión financiera. Pero se trata, más, de reglas para el consumo local que para garantizar el equilibrio financiero global. En estos momentos, podemos afirmar que, prácticamente, han sido tipificadas las causas de las turbulencias financieras, pero no se han terminado de definir, con claridad, las normas de intervención a nivel mundial para evitar los efectos perniciosos de los movimientos especulativos de capital.

La necesaria regulación, si es excesiva, podría significar un paso atrás para mantener y aumentar el crecimiento económico mundial; pero, más o menos abiertamente, se está de acuerdo en que algo se tiene que hacer, aunque la fórmula magistral no ha terminado todavía de ser elaborada en la botica de los organismos responsables de las finanzas mundiales.
 

2.10. Un Código Ético de Conducta

Nuestra afirmación de que «en la actividad económica la libertad es necesaria pero no ilimitada» sigue siendo válida. El problema está en establecer los límites de la libertad y, en esta tarea, aunque choque, sin duda, en el mundo laico y desalmado de las relaciones económicas, puede que no sea desdeñable el establecimiento de un código ético de conducta -como ha sido sugerido por el Vaticano- que sirva de base a una normativa internacional, de obligado cumplimiento, y supervisado por los organismos financieros de ámbito mundial.

La tranquilidad de las finanzas internacionales, la estabilidad de los mercados, el crecimiento económico seguro y sin sobresaltos y, quizás lo más importante, la seguridad del ahorro de las familias, de todo el orbe, bien merece el intento de reglamentar las transacciones financieras de calado especulativo en un mundo globalizado y, cada vez, más interdependiente.
 

3. LA GLOBALIZACIÓN Y LAS RELACIONES LABORALES

3.1. Concertación e integración social

El Informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el trabajo en el mundo (1997-1998), al que ya nos hemos referido, después de analizar, rigurosamente y a fondo, la crisis del sindicalismo y las transformaciones actuales de las organizaciones empresariales, afirma: «Con la mundialización de la economía y los progresos de la tecnología, el margen de maniobra de los Estados ha menguado sensiblemente. Al mismo tiempo, el índice de sindicación baja y las asociaciones patronales tropiezan con dificultades. Se pone en tela de juicio la utilidad de la negociación colectiva. Por lo mismo las relaciones laborales no parecen estar ya en condiciones de cumplir plenamente su misión; se acentúa la desigualdad de los ingresos y la pobreza, el desempleo y el subempleo llevan a la exclusión social».

Es evidente que la mundialización (término que emplea la OIT en lugar del de globalización) y los adelantos técnicos, perturban los sistemas nacionales de relaciones laborales, así como la política nacional de apoyo al crecimiento y la redistribución. Este fenómeno puede engendrar resistencias e incitar, incluso, a rechazar la apertura de la economía, a pesar de los frutos que depara. De ahí la necesidad ineludible de acotar exactamente esa pérdida de autonomía del Estado y sus consecuencias, finalidad a la que el Informe dedica su capítulo 4, «La nueva realidad de la producción y de las relaciones laborales». En él se analizan la intensa y creciente movilidad del capital en un mundo interdependiente, frente al paralelo inmovilismo del Estado y del trabajo y la necesidad insoslayable de una cierta «reglamentación del mercado de trabajo» que, además, facilite la apertura de la economía. A continuación, el Informe subraya la interrelación entre la competitividad de la empresa y las relaciones colectivas de trabajo, con una evolución que, a la vez que acentúa la autonomía y las funciones de la empresa, va acompañada de profundas transformaciones en la organización del trabajo, el aprendizaje de nuevas técnicas, la realización de las tareas y las formas de remuneración a los trabajadores, aunque no se trate, ciertamente, de una tendencia uniforme.

Todos estos elementos, sintéticamente enumerados, ponen de manifiesto que en todos los países desarrollados, si bien en diferente medida, se tiende hoy a una mayor autonomía de la empresa y a la individualización de las relaciones de trabajo. Se ha hablado también de la posibilidad de que, en el futuro, la protección de los trabajadores venga determinada por los tribunales con carácter estrictamente individual, encargándose directamente las empresas de las relaciones colectivas de trabajo mediante la aplicación de sus propias reglas de gestión de recursos humanos. Pero, al mismo tiempo, se observa una clara tendencia a la exclusión de un gran número de trabajadores, con independencia de que tal exclusión se deba a la fuerte desigualdad de los salarios y de la protección social, al desempleo o a la precariedad del empleo. En la mayoría de los países preocupa hoy la falta de cohesión social, situación en modo alguno ajena al cuestionamiento del valor trabajo como eje central de las sociedades contemporáneas, al que venimos asistiendo en estos últimos años y que pasa por un fuerte proceso de fragmentación, de individualización y de pérdida de sus referencias y soportes institucionales, «aspectos todos ellos que configuran tanto el cuestionamiento de su centralidad social como su devaluación en cuanto objetivo político real, subordinado siempre al discurso de la competitividad y del mercado» (J. L. Alonso, 1999). Esta es la causa de que, en la actualidad, muchos de los países desarrollados traten de reavivar, como antídoto, las diferentes formas de concierto social: los miembros de la Unión Europea (UE), Canadá y Estados Unidos, entre otros.

A juicio de algunos, los resultados de esas diversas iniciativas no han estado a la altura de lo que se esperaba de ellas. Esto se debe a que las dificultades con que tropieza la aplicación de la política nacional influyen también en la concertación social. Ahora bien, tal y como ya hemos señalado sobre la globalización, no hay otro método que permita hoy resolver el problema pendiente en la mayoría de los países, y que consiste en conciliar la descentralización y la individualización que trae consigo la intensificación de la competencia, con una reglamentación del trabajo que limite la inseguridad y la desigualdad, a la vez que las tensiones que imponen en lo tocante a la integración social y el desarrollo económico.

Esa reglamentación es precisamente el objeto de las relaciones laborales y de su principal institución, la negociación colectiva lato sensu, o sea, englobando tanto la negociación institucionalizada de convenios colectivos como los diferentes métodos y modalidades de concertación y diálogo social. A continuación vamos a examinar sintéticamente las respuestas posibles, que varían en función de las características de las relaciones y las instituciones sociales de los diferentes países.

3.2. Relaciones de trabajo
 

A este respecto, en los países desarrollados se suele contraponer el modelo o sistema bipartito y voluntarista, nacido en Gran Bretaña y cuyo arquetipo es hoy los Estados Unidos, al sistema tripartito Europeo. El primero se caracteriza por una negociación descentralizada, con sindicatos que negocian directamente con las empresas y una intervención mínima del Estado. En el segundo, una negociación colectiva, coordinada en un nivel más centralizado, pretende promover, además de la protección económica, un modelo de sociedad solidaria, con una acusada intervención del Estado. Un tercer modelo, el de Japón, ha venido a sumarse a los otros dos: la negociación colectiva está muy descentralizada, hasta el punto de que puede caracterizarse como un sistema corporativo de empresa, pero es menos conflictivo que el modelo voluntarista y es objeto de una coordinación nacional que no excluye la intervención del Estado, pero conforme a unas modalidades mucho menos reglamentadas que en Europa.

En los apartados siguientes trataremos de describir, esquemáticamente, las relaciones de trabajo de los países desarrollados en sus aspectos fundamentales.
 

a) Las relaciones de trabajo en el sistema bipartito

En este grupo se incluyen Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y, desde hace poco tiempo, Australia y Nueva Zelanda. En estos países de negociación descentralizada la situación es muy variada tal como, a continuación, mostraremos.

· Estados Unidos. Fuerte caída de la tasa de sindicación (14,2 por ciento), acentuado descenso del número de trabajadores protegidos por convenios colectivos (11,7 por ciento); crecientes intentos de negociar las condiciones de trabajo en las empresas sin coparticipación sindical; sistema limitado de protección social y ausencia de concertación social. En cuanto a las interrelaciones entre negociación colectiva e integración, una de las principales conclusiones de la Comisión Dunlop en 1998 fue la de que, caso de persistir la situación de entonces, el sistema estadounidense se orientaría inexorablemente hacia una oposición cada vez mayor entre los trabajadores y los empleadores, alimentando el ciclo de los conflictos y la falta de confianza, con consecuencias nefastas para la innovación. la productividad y la cohesión social.

· Canadá. Mantenimiento de la tasa de sindicación (37,4 por ciento), buena salud de la negociación colectiva (37 por ciento de trabajadores protegidos), diálogo social entre los empleadores y los sindicatos sobre asuntos de interés nacional, la formación profesional y el empleo, mediante instituciones tripartitas nacionales y comités bipartitos sectoriales. Protección social desarrollada.

· Reino Unido. No ha decaído, pese a una disminución importante en los últimos años, la proporción de convenios colectivos (25,6 por ciento) y la tasa de sindicación tampoco ha retrocedido demasiado (32,9 por ciento). Amplia protección social nacional. Como consecuencia del ingreso en la UE se observa un cierto apartamiento del principio voluntarista, sobre todo en materia de despidos colectivos y políticas de empleo.

· Australia. A partir de 1987, ruptura con la regulación centralizada de las condiciones de empleo, con una fuerte intervención del Estado por la vía de los tribunales de arbitraje. Amplia protección social pública y nacional. Descentralización creciente de la negociación colectiva.

· Nueva Zelanda. A partir de 1991, situación casi idéntica a la de Australia.
 

b) Las relaciones de trabajo en el sistema tripartito

Característico de los países de Europa Occidental y dominante en la UE. En la mayoría de ellos, ante los fuertes impactos de la globalización y de las nuevas tecnologías, se buscan soluciones de concertación social en el plano nacional con el apoyo de los diferentes gobiernos a la formulación de acuerdos centralizados, bipartitos o tripartitos. En todos se observa, en mayor o menor medida, una disminución de la intervención del Estado y del sector público, unida a procesos de privatización y desregulación.

En este contexto dinámico se registra una tendencia a la descentralización, así como cierta pérdida de importancia de la negociación colectiva nacional y sectorial. En este sentido, cabe reseñar el notorio descenso en Suecia de la centralización de las relaciones laborales; las «cláusulas de apertura» en Alemania para favorecer los convenios de empresa, así como el aumento de este tipo de convenios en Francia a partir de 1990. Aunque todavía los convenios de empresa siguen siendo minoritarios en la generalidad de estos países, la nueva importancia de la empresa y su papel para una política de empleo eficaz actúan como un centro creciente de la negociación colectiva, como lo indican la citada experiencia alemana, el acuerdo francés de 1995, los acuerdos interconfederales de 1997 y 1998 en España, y las medidas adoptadas en Bélgica y Países Bajos en el mismo sentido.

Por otra parte, las negociaciones centralizadas sobre el empleo y la competitividad, campos sobre los que más incide el fenómeno de la globalización y características de los países de la UE, suelen versar sobre cinco tipos de asuntos: primero, medidas para promover la estabilidad macroeconómica (moderación de los costes salariales, políticas presupuestaria, fiscal y monetaria); segundo, medidas para dotar de mayor flexibilidad a la relación de trabajo (sobre todo, en materia de jornada y de organización del trabajo); tercero, lucha contra el desempleo y planes de empleo, mediante políticas activas (formación, redistribución del trabajo, nuevas fuentes de empleo, inserción de trabajadores desempleados, etc.). Finalmente, el cuarto y quinto tipo de medidas tienen que ver con el saneamiento de los sistemas de seguridad social y el respaldo de las actividades económicas.
 

c) Las relaciones de trabajo en el sistema japonés

En Japón, el sistema de negociación en la empresa, instituido después de la Segunda Guerra Mundial, es una copia del estadounidense, pero mucho menos conflictivo y regido por el principio de la cooperación. Además, ese sistema descentralizado va unido a unas formas de coordinación nacional muy intensas, hasta el punto de que se ha hablado de un neocorporativismo japonés. La negociación de empresa es una característica esencial de las relaciones de trabajo niponas, pero con una gran presencia del Estado en esas relaciones como factor de coordinación nacional.

En una consideración conjunta, las experiencias reseñadas de diálogo y concertación social, especialmente las que se registran en el ámbito de la UE, ponen de manifiesto que la concertación política y la concertación en el ámbito de la empresa están íntimamente vinculadas y marcan el «camino real» a seguir, no sólo por las naciones desarrolladas, sino también y primordialmente por los países en vías de desarrollo. En efecto, la macroconcertación es necesaria para «la realización de los proyectos empresariales en un contexto marcado por la internacionalización del capital y la globalización de la economía. En este marco [...] es necesario tener en cuenta la internacionalización del proceso de elaboración de decisiones políticas en materia económica y social» (Monereo, 1999). Necesidad que, implícita o explícitamente, es perceptible en la sociedad contemporánea que aspira, en su conjunto y cada vez más, a una mayor seguridad económica y estabilidad social basadas en reglas que eviten la desintegración de su cohesión social y desea que los gobiernos se las garanticen. Porque, como agudamente señala Daniel Cohen (1999), «la globalización y tecnología actuales forman una revolución inacabada. Le falta una regulación social especifica. Mientras que no se encuentre un nuevo conjunto de reglas sociales que se adapten a la nueva realidad, continuará el malestar social».
 

3.3. La necesaria coordinación

Como reiteradamente hemos señalado, son urgentes e indispensables nuevas formas de coordinación económica y social, entre las organizaciones internacionales con competencias en las relaciones de trabajo y áreas de actuación afines. No pueden seguir funcionando con agendas distintas y, en ocasiones, hasta contrapuestas. En lo que hace al objeto del presente estudio, éste ha sido el caso lamentable de la casi absoluta falta de coordinación en competencias y acciones entre la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la OIT desde la creación de la primera en 1995 hasta la más reciente actualidad, a causa del debatido tema de la introducción de una «cláusula social» en los tratados y acuerdos comerciales para luchar contra las prácticas ocultas de competencia ilícita y los efectos del dumping social.

A pesar de los reiterados esfuerzos de la OIT, la conferencia de la OMC en Singapur (1996) no llegó a aprobar la adopción de unos niveles sociales mínimos en las transacciones comerciales, si bien no eliminó la cuestión de su agenda de trabajo para el futuro. En esta situación, la Comisión Europea remitió a la OMC una comunicación, de fecha 30 de octubre de 1999, que contenía una propuesta aprobada por el Consejo de Ministros. Con ella se pretendía promover la adopción de unos niveles laborales esenciales y la organización de un «foro de trabajo permanente» entre la OMC y la OIT sobre comercio, globalización y cuestiones laborales. La UE pretendía, asimismo, que la próxima conferencia de Seattle aprobara el establecimiento de dicho foro conjunto. Ya sabemos como terminó la reunión de Seattle y la más reciente de Cancún que ha dejado en el aire, todavía, temas importantes de interés general.

Por su parte, el gobierno de los Estados Unidos, en una comunicación de la misma fecha remitida a la OMC, proponía que la conferencia de Seattle debería acordar la creación de «un grupo de trabajo sobre comercio y asuntos laborales en la OMC». Las tareas del grupo deberían comprender las interrelaciones y medidas adecuadas en materia de comercio y empleo, comercio y protección social, comercio y niveles laborales esenciales, política de incentivos comerciales positivos y niveles laborales esenciales, comercio y explotación laboral de menores, y comercio y derogaciones de las normas laborales nacionales. El objetivo inicial del grupo de trabajo sería la elaboración de un informe sobre sus conclusiones, que sería considerado por los países miembros de la OMC en la cuarta conferencia ministerial a celebrar en el año 2001.

Tras el sonado bloqueo a la Conferencia de Seattle y su posterior interrupción, no se sabe con certeza cuál haya sido el destino de estas dos propuestas. Sin embargo, según la solvente y completa información de Ramón Tamames, testigo directo de los avatares de la Conferencia, «en las actividades negociadoras en el marco del encuentro llegaron a identificarse algunas cuestiones estrella». Entre ellas, el anuncio «de la ulterior creación de un grupo mixto permanente OMC/OIT, para entrar en el análisis de las relaciones laborales en conexión con el comercio internacional». Esperemos que ese grupo sea pronto una realidad efectiva que contribuya eficazmente a la eliminación de tantos casos de inhumana explotación laboral y a aunar, en el nivel internacional, las dimensiones social y económica del trabajo y el empleo.
 

3.4. Hacia un nuevo Derecho del trabajo

Como hemos señalado con reiteración, los rápidos avances tecnológicos están modificando las relaciones de trabajo tradicionales, a la vez que las normas laborales tratan de adaptarse al nuevo ritmo. Las principales consecuencias de este imparable fenómeno son la dualización de las relaciones laborales entre los que están dentro y fuera de las nuevas tecnologías, la vuelta al contrato individual de trabajo como sistema de regulación de las relaciones laborales y la dificultad de distinguir entre ámbito laboral y civil.

Las nuevas tecnologías dejan fuera a las personas que ejercen actividades manuales o con escasa cualificación profesional, que además están cada vez más alejadas de las empresas a causa del proceso de subcontratación. Por otro lado está la mano de obra especializada en los nuevos procesos tecnológicos, muy apreciada por la llamada nueva economía. Además, el teletrabajo, es decir, el ejercicio de las funciones laborales desde el propio domicilio, con su intensa y creciente dinámica, crea dificultades a la hora de distinguir entre el ámbito civil y el laboral.

La primera conclusión que cabe deducir de esta nueva y compleja situación es que el fenómeno de la globalización está poniendo de relieve, una vez más, que los cambios experimentados por el sistema económico y sus efectos sociales se encuentran en el origen de las soluciones normativas, como ha ocurrido inevitablemente en el curso de la trayectoria histórica del cuerpo regulador de las relaciones de trabajo. Como ha subrayado Palomeque (1997), la existencia de transformaciones institucionales de intensidad diversa es, a fin de cuentas, consustancial al Derecho del Trabajo. Por otra parte, el propio Derecho del Trabajo ha dado muestra permanente de estas transformaciones en sus diversas expresiones históricas, las cuales derivan de modo esencial de la propia función social de respuesta de la norma laboral frente a la realidad social objeto de regulación, pues ésta se moldea en cada caso por la evolución del sistema de producción de bienes y servicios y los cambios sociales aparejados.

Así pues, las reformas laborales son, por esencia, inacabables. Como señala Juan Antonio Sagardoy (1999), todo el entramado legal del trabajo por cuenta ajena está íntimamente ligado a las evoluciones progresivas de la técnica, de la mentalidad social, de la situación macroeconómica y de las ideologías políticas. Pero, como advierte el mismo autor, con independencia de las situaciones económicas, el Derecho del Trabajo «tiene una caja negra insobornable e infranqueable a la coyuntura, y esa caja, con sus contenidos, ha de conservarse por encima de todo. Los derechos a un salario digno, el respeto a la dignidad de la persona, la limitación de la jornada, la defensa

 
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