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Altar Mayor - Nº 91 (10)
Sábado, 03 abril a las 10:20:51

Altar Mayor

REVISTA DE LA HERMANDAD DEL VALLE DE LOS CAÍDOS
Nº 91 – Febrero de 2004

Aportes a la Historia
JUAN SERNA Y EL PROCESO DE JOSÉ ANTONIO EN ALICANTE
Por Jeroni Mas

Es sabido que el fiscal que actuó en el proceso incoado contra José Antonio, en Alicante, por el delito de rebelión militar, fue Vidal Gil Tirado; pero lo que normalmente se ignora es que Gil no fue el primero. El primer fiscal fue Juan Serna Navarro. Francisco Bravo, que en su libro José Antonio ante la justicia roja (1941) reproduce gran parte del sumario, no se refiere para nada a Serna, lo cual de por sí ya resulta un tanto sospechoso. Tampoco lo hacen Agustín del Río Cisneros y Enrique Pavón Pereyra en Los procesos de José Antonio (1963). Según Juan de Valencia: «Para el juicio hubo que introducir modificaciones en el tribunal. El Bohórquez (sic) abandonó la fiscalía, que fue ocupada por el propio Vidal Gil». Gumersindo Montes Agudo sí menciona a Serna en su libro Vieja Guardia (1939, p. 305-306). Dice Montes:

«Para actuar de fiscal se había señalado a don Juan Serna. Este se presentó cuando Enjuto ya tenía el sumario en marcha. Tienen un cambio de impresiones en el que no llegan a un acuerdo y entonces marchan a Madrid, donde el Gobierno concede toda su confianza a Enjuto y destituye al Fiscal señor Serna».

Tomás López Zafra, secretario del Juzgado Especial Instructor del sumario, tampoco menciona a Serna en el extenso artículo que publicó en Arriba (20/XI/1948) sobre los detalles del proceso. Sólo cita a Gil y cuando se refiere a Serna calla su nombre. Hasta tal punto resulta esto extraño, que cualquiera que lea el artículo creerá que cada vez que menciona al «fiscal» se está refiriendo a Gil Tirado. Tampoco en la Causa General. La dominación roja en España (1944), en el anexo dedicado José Antonio, que recoge la declaración prestada por López Zafra (si bien, no se le nombra por su nombre, sino por el «Secretario judicial»), se menciona para nada a Serna.

Juan Serna Navarro (1884-1957) era el hijo mayor (tenía dos hermanos) de una familia muy modesta. Al quedar huérfano de padre y madre, a los once años, pasó a vivir con un tío suyo y, mientras cuidaba el rebaño de ovejas, estudió el bachillerato con unas notas excelentes. Lo que motivó que en un número de la revista Blanco y Negro, correspondiente al año 1902, se publicase una nota con este título «Un pastor bachiller». Posteriormente estudió Derecho (1903-1909), sacando matrícula de honor en todas las asignaturas (20) de la carrera y le fue adjudicado, por unanimidad, el premio extraordinario de licenciatura en Derecho. Aunque no estaba afiliado a ningún partido político, su ideología era republicana, liberal y con una gran sensibilidad para las cuestiones sociales.

Juan Serna, como fiscal jefe que era de la Audiencia Territorial de Valencia, fue comisionado, el día 3 de octubre de 1936, para que

«en representación del Ministerio Fiscal y como delegado de esta Fiscalía General de la República, intervenga e inspeccione el sumario que por supuestas responsabilidades en la actual rebelión militar, se sigue en Alicante contra José Antonio Primo de Rivera para el que ha sido nombrado por la Sala de Gobierno de este Tribunal Supremo, Juez especial el Magistrado Don Federico Enjuto Ferrán, y actúe en su día ante el Tribunal Popular especial de Alicante en la expresada causa».

En el dorso de este escrito hay una anotación manuscrita del propio Serna, que dice así:

«Nota. Sustituido en la Comisión por orden telegráfica del Fiscal General de la República en 7 de noviembre de 1936, por el Fiscal de Alicante Vidal Gil Tirado que fue el que continuó hasta la celebración del juicio oral días después. (Las causas de la sustitución quedan en el misterio, aunque las supone el que suscribe, y son seguramente el celo con que procuraba que no se cometieran infracciones legales ni se cumpliesen ofrecimientos ni coacciones morales con los detenidos, como se opuso a las sugerencias…».

¿Se referían esas sugerencias a la petición de la pena capital para Primo de Rivera? Es posible. No es ilógico suponer que el fiscal general, antes de tomar la decisión de la substitución-destitución, se quisiera asegurar de las intenciones de Serna.

La sustitución del primer fiscal se produjo veintidós días después de haber empezado las declaraciones testificales y tres días antes de principiar la declaración de José Antonio (10 de noviembre) y nueve antes del inicio del juicio oral (16 de noviembre). Hasta el cambio de fiscal no había habido ninguna prisa en tramitar el sumario. Esto podría desmentir lo afirmado por los historiadores franquistas de que el Gobierno había decidido, cuando se incoa el sumario, eliminar a Primo de Rivera. Según Montes Agudo, «Enjuto tramitaba el sumario con lentitud, pues prefería vivir tranquilamente en Alicante a regresar a Madrid, en plena fiebre asesina» (p. 308). La lentitud era debida, para López Zafra, a «razones ajenas en absoluto al juez instructor», pero sin especificar cuáles eran esas razones. No obstante, en la Causa General se nos informa que el 25 de octubre Enjuto y López Zafra viajan a Madrid para conferenciar con Prieto, a la sazón ministro de Marina. A la reunión no asistió López Zafra. Regresando a Alicante a principios de noviembre, «procurando el Secretario aclarar cuáles fueran las instrucciones que el Juez recibió de Indalecio Prieto, sacando la impresión de que éste había ordenado a Enjuto llevara con calma la tramitación del sumario». Las razones de Prieto «en llevar con calma el sumario se desconocen».

Para Manuel Serna, hijo de Juan Serna, la demora era consecuencia de que el Gobierno quería ganar tiempo para poder canjear a Primo de Rivera con algún político de relieve que estuviera encarcelado por los rebeldes. Esto resulta perfectamente plausible, toda vez que sabemos que a Raimundo Fernández-Cuesta (secretario general de Falange) Prieto le dijo que «la condena de José Antonio, además de un crimen, resultaba una equivocación. Que él se opuso a que se llevara a efecto, pero no consiguió vencer la decisión del "animal" de Largo Caballero».

Después de lo expuesto, parece claro que López Zafra no dijo toda la verdad. En 1974, Antonio Gibello (José Antonio. Apuntes para una biografía polémica, p. 382) escribe: «López Zafra testimonia en 1948, en circunstancia política difícil, propicia a la manipulación y a la insinceridad. ¿Trataba de congraciarse López Zafra con el Gobierno nacional o es veraz?». Parece como si Gibello supiera, o sospechase, alguna cosa más, que tampoco osa confesar ¿Por qué miente el secretario judicial? Todo apunta que el motivo no es otro que el ocultar que el Gobierno republicano (o parte de él, Azaña, Prieto, Ruiz Funes…) querían canjear a Primo de Rivera, como sostiene Manuel Serna.

Después de la Guerra Civil, Juan Serna fue condenado por un Consejo de Guerra de Oficiales Generales (5 de octubre de 1942) a doce años y un día de reclusión menor, «como responsable en concepto de autor de un delito consumado de auxilio a la rebelión», a pesar de que el fiscal pedía sólo un año de prisión menor (ya que su único delito fue seguir ejerciendo la carrera fiscal). El capitán general de la Tercera Región Militar consideró que el delito cometido era de adhesión a la rebelión y la pena a imponer debía ser de treinta años de reclusión mayor. Por ello hubo de intervenir el Consejo Supremo de Justicia Militar que, en sentencia de 17 de marzo de 1943, confirmó la pena de doce años impuesta por el Consejo de Guerra, si bien acordó conmutar dicha pena por la de seis años y un día de reclusión menor.

En la sentencia del Consejo Supremo se dice lo siguiente:

«durante el período en que desempeñó la Fiscalía en la Audiencia Territorial de Valencia fue comisionado para intervenir en el Sumario instruido contra José Antonio Primo de Rivera, detenido a la sazón en Alicante, limitándose el procesado a recibir dos o tres declaraciones testificales, y a presentarse en el Ministerio de Justicia para hacer constar la parcialidad con que actuaba el instructor de dicho Sumario Federico Enjuto, si bien la protesta de Don Juan Serna, no motivó otra cosa que la ratificación de la confianza que en Enjuto habían depositado las Autoridades Marxistas, que acordaron la situación del procesado».

Por lo visto haber actuado a favor de Primo de Rivera, haber pedido el sobreseimiento de los sumarios instruidos en Murcia y haber dado órdenes a los fiscales de los Tribunales Populares para que actuasen con imparcialidad (todo ello reconocido en la sentencia) no fue suficiente para impedir que la «justicia» franquista lo condenase a doce años, sino que, además, el capitán general consideró que la pena a imponer era de treinta años.

Según Manuel Serna:

«Mi padre, con la conformidad de Enjuto, pensaba pedir una pena de dos años y pico por conspiración. Consideraba que, al estar preso Primo de Rivera cuando se produjo el alzamiento, no era posible acusarlo de rebelión militar. Azaña y el Gobierno (en el que figuraba como Ministro de Justicia el eminente penalista Ruiz de Funes) estaban de acuerdo con la calificación del fiscal».

¿Por qué cambió de parecer el Gobierno del Frente Popular? En mi opinión, por la confluencia de dos circunstancias. La primera fue el cambio de Gobierno producido en la noche del 4 de noviembre de 1936, cuando las tropas nacionales estaban a 13 kilómetros de Madrid. Entre los nuevos ministros había cuatro anarquistas, entre ellos el de Justicia –García Oliver-. Éste convocó en Valencia, nueva sede del Gobierno, a Enjuto, Gil Tirado y López Zafra y, según éste último, les dijo que

«no se explicaba la demora en la terminación del sumario, pues bien se sabía la sentencia: la muerte para José Antonio». «Concluida esta conferencia –sigue relatando López Zafra–, que se celebró en el hotel Inglés, Enjuto acudió al lugar del comedor donde se encontraba Indalecio Prieto, en cuyo conocimiento puso cuanto acababa de ocurrir, órdenes que éste ratifico».

Esto es lo que escribe López Zafra en el mencionado artículo del diario Arriba. Ahora bien, cuando declaró en la Causa General no dijo eso. Veámoslo:

«Pero el Gobierno del Frente Popular no comparte este interés político de Indalecio Prieto –cuyas razones en llevar con calma el sumario se desconocen– y desde Valencia, donde reside dicho Gobierno, el Ministro de Justicia, García Oliver, llama por teléfono pocos días después al Juzgado, así como al Fiscal de la causa contra José Antonio, Vidal Gil Tirado, que hasta entonces había figurado como Presidente del Tribunal Popular, para que vayan a conferenciar con él».

Eso merece un comentario. En primer lugar, hay que repetir que, entre el 25 de octubre y el 8 de noviembre, se ha producido un cambio de Gobierno. Por tanto, es este último Gobierno (no el de antes) el que no comparte el criterio de Prieto. Parece como si hubiera un interés en confundir los dos gabinetes. En segundo lugar, se reconoce que es a partir de la conferencia con García Oliver cuando empieza a actuar como fiscal Gil Tirado. ¿Por qué no se menciona que éste substituye a Juan Serna? Continuemos con el relato de la Causa General:

Cumpliendo la orden, acto seguido, desde Alicante se dirigen a Valencia, adonde llegan anochecido [seguramente, el sábado 7 de noviembre], reuniéndose con el Ministro de Justicia, García Oliver, el Subsecretario Sánchez Toca, el Juez Enjuto, el Fiscal Vidal Gil Tirado y el Secretario judicial que actúo en el sumario.

El Ministro y el Subsecretario piden noticias del sumario y concretan sus intenciones, diciendo que a José Antonio había que condenarlo a muerte y que el sumario tenía que terminarse, añadiendo García Oliver que, dada la resonancia mundial del proceso, había que darle la más sólida apariencia jurídica… «pero con prisa…».

Aquellas misma noche el Juzgado y el Fiscal salen de Valencia, llegando a Alicante de madrugada, y el día 9 de noviembre de 1936, en cumplimiento de las instrucciones recibidas, se reanuda la instrucción rápida del sumario; dictándose auto de procesamiento con fecha 13 de noviembre, notificándosele a José Antonio, en la celda que ocupaba en la cárcel, el día 14; encarándose José Antonio con Enjuto, a quien le dice: «¿No le da a usted vergüenza, llevar canas y vestir toga?».

En este relato, López Zafra no dice nada de la entrevista –«en el comedor»– de Enjuto con Prieto. Nadie puede creer que esa «historia», si hubiera sido cierta, la hubiese omitido el «secretario judicial». Para el franquismo no podía haber dudas, todos los miembros del Gobierno republicano, incluido el socialista Prieto, habían deseado la muerte de José Antonio.

Es de justicia señalar que no todos los anarquistas estuvieron a favor del fusilamiento del fundador de la Falange. También es posible que García Oliver actuase presionado por los comunistas, que en aquellos momentos detentaban un gran poder gracias a la ayuda soviética y a las brigadas internacionales, ayuda que permitió que Madrid resistiera el avance de las tropas franquistas. Según el líder de la Federación Anarquista Ibérica, el mítico Durruti:

«Con la muerte de José Antonio, si llega a consumarse, morirá también toda esperanza de reconciliar a los españoles antes de muchas décadas. Pero, en esta guerra, cada día menos civil y más internacional, se ventilan muchos intereses extraños a los propios españoles, que ni el mismo Gobierno de la República está en condiciones de desestimar o combatir».

La segunda circunstancia –para mí más decisiva que la primera–, que influyó en el cambio de actitud del Gobierno, fue el primer bombardeo que sufrió la ciudad de Alicante el día 5 de noviembre. Ello motivó la petición de venganza contra los presos. Es sabido que en los primeros meses de la guerra, los bombardeos, por insignificantes que fueran, producían un auténtico estado de terror entre la población civil y ello motivaba represalias contra los detenidos. Por ello, es lícito pensar que la persona que ordenó el ataque aéreo debía tener el respaldo del Cuartel General de Franco. Pues era de sentido común que dicho ataque no podía tener más que consecuencias negativas en el proceso de José Antonio (en la ciudad atribuían, precisamente, al hecho de estar preso el líder falangista el haberse librado de los bombardeos).

En relación a lo anterior, escribe Luis Covarrubias:

«La ciudad levantina, situada en plena retaguardia republicana, no conoce las atrocidades de la guerra hasta el 5 de noviembre, en que un bombardero "nacional" deja caer 10 artefactos explosivos sobre el puerto, ocasionando dos muertos y un herido […]. El mismo día se cursa el siguiente telegrama: Comisión de Justicia, Alicante a subsecretario de Justicia. Madrid. Dada situación de ánimos consecuencia bombardeo, urge nombramiento Fiscal especial, don Vidal Gil Tirado, en causa instruida magistrado señor Enjuto. Salúdale. Mira. Alicante 5 noviembre. 1936. Transmítase. P. O. Firma ilegible. Hay dos sellos: Uno dice "Gobierno Civil. Alicante"; otro, "Comité Popular Provincial de Defensa. Justicia Popular. Alicante"».

Es posible que a estas alturas todavía haya quien piense: ¿Por qué Francisco Bravo y López Zafra silencian el nombre de Juan Serna, cuando su substitución-destitución era un argumento importante para denunciar las irregularidades del juicio de Alicante? ¿Por qué, al final de la guerra, fue castigado tan duramente? La respuesta creo que se deduce de todo lo dicho: Juan Serna conocía las intenciones del Gobierno republicano de canjear a Primo de Rivera.


 
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