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El Risco de la Nava
El Risco de la Nava - Nº 239
Miércoles, 13 octubre a las 08:45:20

El Risco de la Nava

GACETA SEMANAL DE LA HERMANDAD DEL VALLE DE LOS CAÍDOS
Nº 239 – 12 de octubre de 2004

SUMARIO

  1. El laicismo que viene, por Fernando Sebastián Aguilar
  2. Sigue el derrotismo, por Antonio de Oarso
  3. Apuntaciones sobre la última cuenta pendiente de la democracia, por Antonio Castro Villacañas
  4. De Gallardón a López Diéguez, de Lanoticiadigital.com
  5. A propósito de Turquía: ¿Europa es un simple pacto entre Estados?, de ForumLibertas.com


EL LAICISMO QUE VIENE
Mons. Fernando Sebastián Aguilar
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela.

El Señor Presidente del Gobierno nos anuncia leyes «progresistas, laicas y modernas». ¿Qué son leyes progresistas? Y ¿cuáles son las verdaderamente modernas? Esto de ser más o menos moderno es muy relativo y no da garantías de nada. Tan moderna es la bomba atómica como la Sociedad de Naciones. Parece más bien que lo que nos interesaría a los españoles es que el gobierno promoviera leyes inteligentes, prácticas, justas, capaces de favorecer verdaderamente el bien auténtico y general de los españoles.

En principio, todas las leyes que salen del Parlamento, son leyes laicas, es decir, promulgadas por una autoridad civil, no sagrada, sin ninguna pretensión trascendente. El Parlamento no es el Sinaí. Afortunadamente. Leyes laicas son también las que proceden de una mentalidad laica, o más bien laicista

Seguramente el Señor Presidente se refería a leyes elaboradas, aprobadas y promulgadas con una visión laica de la sociedad y del hombre, es decir, sin referencia a Dios, sin tener en cuenta la ley de Dios, incluso sin tener en cuenta la fe en Dios que puedan tener algunos ciudadanos, pocos o muchos. Eso sería tanto como anunciarnos leyes discriminatorias, que se ajustan a la mentalidad de unos y no tienen en cuenta la mentalidad de otros, que favorecen a los que no creen en Dios e ignoran a los que sí creen en El y quieren vivir de acuerdo con su voluntad.

Según esto, al prometernos leyes laicas, el señor Presidente puede estar anunciando leyes que no tengan en cuenta la ley de Dios, ni las exigencias de la moral natural, leyes que favorezcan la concepción laica de la vida, según la cual no hay ningún ser creador, sino que somos hijos del azar, y por tanto dueños absolutos y únicos responsables de nuestra existencia, sin que pueda haber ningún valor absoluto ni tengamos que dar cuentas de nada ante nadie. Estamos solos en el mundo y entre todos tenemos que ir modelando nuestra humanidad como mejor nos parezca. No hay referencias morales que orienten nuestra vida, la opinión pública, el consenso, y en última instancia la conveniencia de los grupos más influyentes son las únicas fuerzas que de verdad rigen nuestra vida. No tenemos raíces firmes ni rumbos orientadores.

Parece que nuestros gobernantes consideran un bien importante para España y para los españoles, el ir prescindiendo de cualquier influencia religiosa en las leyes y por tanto en la configuración de las relaciones sociales entre nosotros y de los bienes que en nuestra convivencia podamos encontrar. Quieren una España laica, en la que la religión sea, a lo más, una afición privada de algunos ciudadanos, tolerable sólo en la medida en que no pretenda aparecer ni ser tenida en cuenta en la vida pública, en las leyes, en la cultura, en los comportamientos, en los usos y costumbres, en los criterios morales y normativos de nuestras conductas. No se trata sólo de impedir que los eclesiásticos influyan en la vida política, se trata más bien de que no influyan tampoco las convicciones religiosas de nadie, ni siquiera de los políticos. Esto es tanto como amordazar las conciencias, destruir la fuerza vital de la religiosidad y de la fe.

Ante este propósito a los creyentes se nos presentan muchas dificultades. Las leyes tienen que responder al conjunto de la sociedad, a la voluntad y a las creencias de los ciudadanos, y no a las opiniones particulares de los gobernantes. Un gobernante puede ser ateo, como un partido puede ser partidario del agnosticismo, pero no tienen por qué tratarnos a los demás como si también lo fuésemos, y menos todavía utilizar los recursos del poder político para convencernos de su ateísmo.  Tampoco sería justo lo contrario. Si en España hay treinta millones de ciudadanos que creen en Dios ¿es justo que a la hora de legislar no tengan en cuenta nuestras creencias y sí tengan en cuenta únicamente las creencias de los demás? Eso no es gobernar para el bien de todos.

Y yendo más al fondo de la cuestión, hay que preguntar por qué la fe de cada uno no puede influir en sus concepciones o actuaciones políticas. En la sociedad democrática cada uno puede manifestarse como es, todos somos iguales ante las leyes y todos tenemos el mismo derecho a intervenir en la vida pública según nuestras propias convicciones, respetando los derechos y la libertad de los demás. La fe religiosa es parte esencial de la mentalidad del creyente y de la cultura de los pueblos. No se puede actuar como si no existiese, ni se la puede recluir a la vida puramente privada, sin mutilar la vida real de los ciudadanos, sin perturbar el patrimonio cultural de la sociedad, sin traspasar los límites y las atribuciones de una autoridad justa y justamente ejercida.

Recientemente el Señor Presidente nos ha dicho que él no permitirá que nadie imponga a los demás sus creencias morales. Afirma que él respeta el orden moral, pero que el orden cívico se regula por ley en el Parlamento. Frases contundentes. Pero a lo mejor esta contundencia es más aparente que real. Porque no se trata de imponer las creencias morales de nadie, sino de exigir a los legisladores que, por el bien de los ciudadanos, respeten en sus actividades legislativas, las exigencias de un orden moral objetivo, inscrito en la naturaleza del hombre y formulado suficientemente por la recta razón a lo largo de la historia. Es cierto que el orden cívico se regula por ley en el Parlamento. Nadie lo discute. Pero los parlamentarios no son creadores del bien y del mal, no pueden legislar como les convenga, si quieren ser justos tienen que actuar según una ley moral superior y anterior al Parlamento, que fundamenta objetivamente los derechos de los ciudadanos a cuyo bien general las leyes deben ordenarse. Sin el respeto al orden moral objetivo la mejor democracia degenera en tiranía.

Por otra parte, la mentalidad laicista no tiene legitimación ni teórica ni práctica. Teóricamente la existencia de Jesucristo y la validez de su testimonio sobre la existencia y la providencia misericordiosa de Dios tienen tanto fundamento, al menos, como la opinión contraria. En una sociedad donde haya cristianos y no cristianos, creyentes y ateos, un gobierno que quiera ser justo con todos los ciudadanos, no puede identificarse con ninguna de las dos partes. La confesionalidad religiosa y católica no puede ser sustituida por la confesionalidad contraria de la militancia atea. El progreso no consiste en sustituir una confesionalidad por otra, sino en adoptar el camino de la no confesionalidad, bien entendida y lealmente aplicada, como neutralidad positiva del gobierno en materia religiosa. Si nadie puede imponer un orden moral objetivo, ¿es que el gobierno laicista puede imponernos su permisivismo moral? ¿Es que van a ser los grupos de presión los que determinen los criterios y las actuaciones del Parlamento?

Dicho con todo respeto, los cristianos pensamos que este propósito de gobernar con leyes laicas no tiene fundamento teórico serio, ni es verdaderamente progresista, sino que supone un retroceso a tesis y formas ya superadas. A muchas personas, incluso a algunos cristianos, les parece normal que las actividades religiosas de los ciudadanos no se puedan financiar con fondos públicos. Es cierto que las actividades religiosas no son de todos, pero tampoco lo son el deporte, ni el teatro, ni el cine, ni otras muchas cosas que se financian con dinero público sin que nadie lo discuta. Volvemos a la misma cuestión de siempre, el Estado y la autoridad política tienen que aceptar sinceramente que la fe religiosa es un derecho de los ciudadanos, cuyo ejercicio cualifica la vida y las actividades de la persona, enriquece el patrimonio cultural de la sociedad y facilita la convivencia justa y pacífica de los ciudadanos. O dicho de otra manera, el ejercicio de la libertad religiosa de los creyentes, forma parte del bien común que el gobierno debe proteger y fomentar. Si esto es así, ¿por qué hay que ignorarla y dejarla fuera de la actuación positiva del gobierno en igualdad de condiciones con otras muchas actividades espirituales y culturales de los ciudadanos? ¿Por qué hay que excluir la enseñanza de la religión en el programa escolar? ¿Por qué hay que prohibir los signos religiosos en los centros públicos y comunes? ¿A quién ofenden? ¿A quién hacen daño? Ojalá nuestros gobernantes encuentren tiempo para pensar un poco más en estas cuestiones.
 

SIGUE EL DERROTISMO
Por Antonio de Oarso

A pesar de la escasa confianza que este Gobierno suscita sobre su buen tino, han llegado a sorprender las declaraciones de Rodríguez Zapatero en Túnez, aconsejando a las naciones que cooperan con Estados Unidos en la estabilidad de Irak, que retiren sus tropas para que mejore la situación.

Estas declaraciones se hacen cuando Australia sufre el zarpazo terrorista en Yakarta por su presencia en Irak y para influir en sus próximas elecciones, y cuando Italia espera con angustia la suerte de dos jóvenes italianas secuestradas por los terroristas como represalia por la similar intervención italiana en Irak. Es indiscutible que la exhortación de Rodríguez Zapatero a la retirada de tropas tiene que haber sido acogida con gran satisfacción por los terroristas, ya que va en la misma dirección que sus pretensiones. De ahí a pensar que han sido ellos, los terroristas, los verdaderos destinatarios de esas declaraciones no hay ni un paso. Se trata de que los terroristas dejen en paz a España (y a su Gobierno, naturalmente) como recompensa por su buen comportamiento.

Esta política de temor ha sido justipreciada internacionalmente. Un dato anecdótico supone la rechifla con que las tropas de otras naciones saludaron la retirada de las  españolas. Muchos imitaban el cacareo de las gallinas. Pero también en las cancillerías se ha visto muy desfavorablemente la retirada española. En la reciente Convención Republicana, el Presidente Bush se refirió a todas las naciones que habían prestado apoyo a Estados Unidos, omitiendo el nombre de España. Sin embargo, a España debió de referirse, sin nombrarla, cuando manifestó que «nosotros no hemos ido a Irak para salir de allí corriendo». Eran los mismos términos que dedicó en su día a la retirada española, por lo que es seguro que la tenía bien presente cuando volvió a expresarse así en la Convención.

El primer ministro australiano fue más directo unas semanas antes, porque acusó públicamente a España de alentar a los terroristas con su política de huida. Ahora, el atentado de Yakarta ha venido a confirmar su dictamen.

Tal política se ve confirmada cuando se oye a un comentarista informar de que cuando se le preguntó al ministro Moratinos por qué ahora España traicionaba al pueblo saharauí, abandonando la tradicional defensa de un referéndum para este pueblo, contestó que no era posible en la actualidad mantener esa política porque «había que evitar un nuevo 11-M». Esto apuntaba paladinamente al deseo de congraciarse con las células terroristas marroquíes a las que se atribuye la matanza de Atocha, abandonando a su suerte al pueblo saharaui, que no será otra que caer bajo el dominio de Marruecos.

Una nueva muestra de humildad ante el Islam es la decisión de subvencionar a la religión musulmana en España con 30 millones de euros anuales, cantidad exorbitante si reparamos en que la Iglesia Católica recibe 48 millones de euros, siendo el caso que el 87% de la población española se declara católica, y los musulmanes no llegan al 5%.

Es evidente que tanto los musulmanes extremistas como los moderados han salido ganando con el cambio de gobierno español, el cual demuestra tanta simpatía por la religión musulmana como hostilidad hacia la católica, a la cual zahiere cuantas veces puede. El peligro de islamización a la larga de Europa, del que se está hablando ya con cierta reiteración, no preocupa mayormente a los socialistas, dadas sus simpatías.

Esta actitud pertinazmente hostil a la Iglesia Católica tiene raíces muy antiguas, por lo que los socialistas obedecen a sus más íntimas pulsiones y al mismo tiempo satisfacen a los musulmanes. Éstos han de ver, además, en el derribo de las tradicionales costumbres cristianas, cuyo último empujón está previsto con las próximas leyes sobre matrimonios homosexuales, liberalización del aborto, etc., un factor muy importante en el debilitamiento de la sociedad a la que pretenden conquistar en el futuro. Los musulmanes no piensan debilitarse lo más mínimo. Aquellos que pronostican que Occidente acabará contagiando su filosofía relativista y materialista y sus costumbres depravadas a los países musulmanes, es probable que se ilusionen vanamente.

Pero no se piense que las provocaciones a la Iglesia Católica por parte de los socialistas supongan carencia de aquella humildad que prometió Rodríguez tan pronto como ganó las elecciones. Esta gente humilde puede acumular mucha bilis al cabo del tiempo, debido a las humillaciones y críticas a que se prestan. Cualquier aficionado a Dicken recordará al Uriah Heep de David Copperfield. No es extraño que, como compensación, la tramen con algún antiguo enemigo si lo ven ahora inofensivo y amedrentado. Ser obsequiosos con los fuertes por temor, y despóticos con los débiles como represalia compensatoria, suele ser una constante en esta clase de humildes. 
 

APUNTACIONES SOBRE LA ÚLTIMA CUENTA PENDIENTE DE LA DEMOCRACIA
Por Antonio Castro Villacañas

«Es necesario que se entienda que la justicia es lo contrario de la venganza». Ésta es la base, según dicen ellas, de todas las exigencias que plantean las asociaciones de familiares de los represaliados del franquismo. También dicen que sólo pretenden recuperar «la memoria histórica» de nuestra última guerra civil y de sus consecuencias. Me apresuro a decir que yo me apunto a esos objetivos con todas mis escasas fuerzas.

Incluso, en razón de ello, hago mías en principio sus quejas contra el último gobierno del PP, al que reprochan no haber atendido -según dicen- sus peticiones al respecto. Por igual motivo aplaudo -también en principio- al Ejecutivo presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, alias ZP, que ha decidido crear una Comisión Interministerial para rehabilitar moral y jurídicamente a los represaliados.

Explico mis iniciales reservas: me parece que debe aclararse cuanto antes cuál es el contenido exacto de «la memoria histórica», en qué consiste la rehabilitación moral y jurídica, y qué debemos entender por represalias, represiones y represaliados.

Vuelvo a explicarme, con un ejemplo de memoria histórica. En la primavera del año 1937 fue ejecutado mediante garrote vil en Las Palmas de Gran Canaria el dirigente anarquista madrileño García Atadell, tras ser casi con toda seguridad sacado por la fuerza del trasatlántico en el que viajaba a América, aprovechando para ello que el barco había hecho escala en el puerto canario. Sometido luego a un consejo de guerra, quedó en él demostrado que dicho dirigente había sido el creador y mando máximo de las «Brigadas del Amanecer», cuadrillas de milicianos anarquistas que tras el 20 de julio de 1936 dedicaron esas horas de las noches madrileñas a visitar en su domicilio a cuantas personas creyó Atadell conveniente detener no tanto por su posición política como por la económica, con el fin de poder llevarlas a la cheka montada al efecto para ser en ella «adecuadamente examinadas y calificadas» por un tribunal de la máxima confianza de su presidente. Aquella misma noche o en las inmediatas -según el preso pudiera o no aportar en el momento la fianza o la indemnización solicitada por el tribunal- las cuadrillas anarquistas procedían a ejecutar la sentencia dictada, que siempre era la de muerte.

Atadell consiguió así reunir un más que discreto botín en dinero contante y sonante, oro y joyas de todas clases. Con él huyó de la España roja o republicana cuando las autoridades de esa zona comenzaban a darse cuenta de lo que el dicho Atadell había hecho y estaba haciendo, y con él viajaba hacia América cuando la policía franquista lo prendió. Y yo pregunto: ¿pueden ser considerados «represaliados» los muchos «atadeles» que se dieron desde 1936 a 1939? Y, ¿qué clase de «rehabilitación moral y jurídica» merecen los individuos «represaliados» a consecuencia de servicios semejantes?
 

DE GALLARDÓN A LÓPEZ-DIÉGUEZ
Lanoticiadigital.com

La intervención de Alberto Ruíz-Gallardón en el XV Congreso Nacional del Partido Popular lo reafirma en el liderazgo del la joven clase dirigente, aspirante a gobernar sobre los sólidos principios de las encuestas y la galería.

Su discurso no es, sin embargo, un discurso vacío. Gallardón ha sido capaz de aliñar en una misma ensalada dialéctica la defensa de España como «sugestivo proyecto de vida en común» en la literalidad de Ortega y Gasset, con la llamada al entendimiento de los proyectos vitales cualesquiera que sea la orientación sexual de sus protagonistas. Siete líneas después hablaba de la posibilidad de adoptar menores por estas «nuevas familias» a las que también se refería.

Gallardón no es ni un suicida político ni un arribista recién llegado. Es consciente de que para gobernar con millones de sufragios es necesario desprejuiciar a la sociedad española contra la derecha política. Por eso, no duda en reivindicar para su partido los lugares comunes monopolizados por la izquierda.

En su reivindicación terminológica, Gallardón jalona su discurso con invocaciones al progreso, al diálogo, al consenso y al intercambio de ideas. Conceptos todos difícilmente objetables pero absolutamente vaciados de contenido a base de manoseo y abuso por la izquierda política.

Lo que Gallardón olvida es que al elegir su público en el universo progre, da la espalda a la masa social propia que también identifica los tópicos izquierdistas con el mensaje de sus adversarios políticos, de suerte que -para no abandonar a Ortega- se retuercen credencial al cuello deshaciéndose en el «no es esto, no es esto».

La clave está en el margen de tolerancia interno al discurso Gallardón.

La irrupción en la escena política del abogado Rafael López-Diéguez al frente del partido Alternativa Española, con un despliegue mediático diseñado -paradojas de la vida- por la misma agencia de publicidad que desarrolló la campaña de Gallardón a la Alcaldía de Madrid, inquieta a los dirigentes populares temerosos de perder por la derecha lo que el alcalde busca ganar en la progresía.

En la España de estos días, ni la masa social de la derecha moderada es la de Alianza Popular, ni el público objetivo de López-Diéguez los matones de Fuerza Nueva, aunque su proyecto político cuente con la presidencia honorífica del Sr. Piñar.

El voto conservador ha sido siempre cobarde. Ha sido un voto con la cartera antes que con el ideal. Si López-Diéguez consigue hacerse un hueco en la arena política será porque, esta vez, no sólo consiga las palmaditas de sus simpatizantes sino también su voto. De momento, Gallardón le está allanando el terreno.
 

A propósito de Turquía:
¿EUROPA ES UN SIMPLE PACTO ENTRE ESTADOS?
ForumLibertas.com

La Comisión Europea acaba de dar luz verde a la apertura de negociaciones para el ingreso de Turquía en la Unión. A pesar de las condiciones que se han impuesto, este horizonte de la incorporación turca conlleva la necesaria reflexión sobre qué es lo que caracteriza a Europa: si sólo es un conjunto de acuerdos que se concretan en una alianza entre estados sin más (abierta a todos los que tengan proximidad física) o si, detrás de esto, existen fundamentos y antecedentes que marcan una cultura y una civilización. Nadie duda que existen esas bases que podrían resumirse en tres pilares o, mejor dicho, tres ciudades emblemáticas: Jerusalén (cristianismo), Atenas (filosofía helénica) y Roma (derecho romano). Hay que añadir, además, que el cristianismo ha generado unas corrientes humanistas importantísimas en la historia europea de los últimos siglos, desde el Renacimiento (siglo XVI) hasta la Ilustración (siglo XVIII).

Si tenemos en cuenta todos estos elementos, Turquía queda totalmente en la periferia, fuera de Europa. Su cultura es islámica y de ascendencia asiática. Es un país que se extiende desde Grecia hasta el mismísimo centro de Asia. Tanto la lengua como la cultura de Turquía forman, además, todo un sustrato cultural que se alarga en el tiempo y en el espacio hasta China. Pero no es un problema de Islam frente a cristianismo, sino de sociedad y civilización.

¿Europa es un simple pacto entre estados? ¿O tiene un contenido de valores compartidos? Si la construcción de un continente unido se lleva a cabo bajo los parámetros de unos fundamentos comunes y no bajo los del simple convenio entre países, Turquía (que, por cierto, geográficamente está en Asia y, por ejemplo, no tiene nada que ver ni con el Renacimiento ni con la Ilustración) no entra para nada. Por otro lado, ¿qué sentido tiene esta obsesión de algunos por incorporar a Turquía? ¿Por qué Turquía y no, por ejemplo, países eslavos como Ucrania, Bielorrusia y, sobre todo, Rusia?

La posibilidad de que Turquía entre en la Unión Europea parte de una propuesta del propio Gobierno turco y claramente alimentada por Estados Unidos, cuyos intereses geoestratégicos responden a la visión de una Europa fronteriza con Oriente Medio, es decir, con su aliada Turquía, que es también miembro de la OTAN. Es simplemente esto, porque Turquía nunca ha compartido fundamentos y valores con Europa. No es un tema religioso, sino de base cultural y de proyecto común.


 
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