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Altar Mayor - Nº 111 (21)
Miércoles, 31 enero a las 10:50:52

Altar Mayor

REVISTA DE LA HERMANDAD DEL VALLE DE LOS CAÍDOS
Nº 111 – Enero de 2007 (Extraordinario)

CONVIVENCIA ENTRE ESPAÑOLES Y XENOFOBIA EDUCATIVA
José Manuel Cansino *

La educación es un bien preferente. Sus beneficios redundan no sólo en quien directamente la recibe sino que se irradian al conjunto de la sociedad. Unas personas con mejor y más alto nivel educativo contribuyen, muy probablemente de manera inconsciente, a una mayor prosperidad fomentando el desarrollo económico.

A esta realidad de trascendencia de los beneficios educativos más allá del alumno, se refieren los economistas afirmando que la educación provoca un efecto externo positivo sobre la sociedad.

Es precisamente esta externalidad positiva la que justifica la intervención del sector público promocionándola de muy diversas formas (produciendo directamente educación pública, estableciendo alianzas con el sector privado o, simplemente, regulando la enseñanza privada buscando la coherencia del sistema educativo nacional).

Además del efecto externo positivo sobre el desarrollo económico, la educación favorece la cohesión nacional. Entendida como la acción que las generaciones mayores ejercen sobre las más jóvenes, la educación es un proceso vehicular de transmisión de valores identitarios y, en general, cívicos en los que se reconoce la generación mayor.

Aun no siendo inmutables la mayoría de los valores transmitidos, generan otro efecto externo positivo cuando anudan a ellos la cohesión nacional, facilitando la convivencia pacífica entre las diferentes generaciones coetáneas.

Tan generalmente aceptados resultan los efectos positivos de la educación –sobre el individuo y sobre la sociedad– que la intervención pública en su favor se manifiesta hasta el extremo de convertirla en obligatoria en los niveles básicos.

Justificado así la intervención pública en la provisión o regulación de la educación, la cuestión se traslada a la realidad administrativa relevante en cada caso.

En España, el «Estado de las Autonomías» desarrollado a partir del Título VIII de la Constitución vigente, conforma una administración pública estructurada en tres niveles, estando previsto, en el mismo Título, que las competencias educativas se alojasen en el segundo nivel; el autonómico.

Importa discutir brevemente la razón de la transferencia de las competencias educativas a las CC.AA.

La razón no es de eficacia. Esto es, en rigor científico, nada hay demostrado acerca de que las CC.AA. sean ni más ni menos eficaces, ni más ni menos eficientes en la provisión de este servicio público. Téngase en cuenda que la eficacia y la eficiencia no han llegado hasta aquí por un atajo en el argumentario del autor, antes al contrario son principios rectores de las decisiones públicas como disponen los arts. 31.2 y 103 del citado Texto Fundamental.

Sólo desde una posición acientífica se puede atribuir a las administraciones autonómicas un carácter infalible en las competencias que administran.

Así las cosas, la cesión de competencias educativas a las CC.AA. es el resultado de un proceso de decisión político, en el que han coincidido la práctica totalidad de los partidos políticos con representación parlamentaria.

Durante el escaso debate político en torno al proceso de cesión educativa pesó el argumento de que una educación descentralizada, con capacidad de definir parte de los contenidos, promovería la cultura local que, de otra manera, agonizaría en archivos mal cuidados o en la memoria quebradiza de los ancianos de la zona. Sin duda, el argumento no es sólo robusto sino perfectamente asumible en lo que de contribución al patrimonio cultural colectivo tiene.

La realidad, en cambio, ha demostrado que este camino hacia la cultura particular, con reflejo creciente en las materias curriculares, cuando ha venido trufado de unas autoridades políticas nacionalistas o separatistas, ha sido esgrimido primero como factor diferencial del común nacional, y ocasionalmente esgrimido como pasaporte a una soberanía propia.

Algún ministro socialista, recién iniciada la reforma educativa, afirmó que los peligros que se han demostrado ciertos, se atajarían por la inspección de servicios del Ministerio de Educación. Tampoco nadie pagó esta factura.

La realidad es que, en no pocos casos, la referencia a la cultura local ha entrado con dimensión imperial en el curriculum de los alumnos, alentando en casos extremos pero cuantitativamente importantes, el odio al diferente; odio al que representa lo general; odio hacia lo español.

En estos casos de perversión del sistema educativo, sólo cabe la reversión de competencias a la Administración Central hasta tanto no se diseñe un nuevo marco que no propicie la xenofobia educativa.

En los últimos años y meses, socios europeos como Portugal, Alemania o Italia, han emprendido un camino similar. Todos ellos tienen sistemas educativos de mejor calidad.

La sociedad ha avanzado relegando conductas violentas cómodamente instaladas hasta ahora, a un lugar de rechazo común. Hoy día, ninguna autoridad admitiría un texto educativo que aliente o consienta la violencia contra una mujer, o diga cómo pegar a un semejante sin dejar marcar. Sin duda, es un logro de todos. Queda ahora actuar de la misma forma con los textos y actividades educativas que aliente el odio entre españoles.

 

* José Manuel Cansino es doctor en Economía y Profesor Titular de Economía Aplicada. Universidad de Sevilla.


 
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