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Altar Mayor - Nº 112 (05)
Miércoles, 07 febrero a las 22:56:44

Altar Mayor

REVISTA DE LA HERMANDAD DEL VALLE DE LOS CAÍDOS
Nº 112 – Febrero de 2007

SITUACIÓN MUNDIAL EN LOS AÑOS EN QUE NACIÓ LA FALANGE
Antonio castro Villacañas 
*

Falange Española apareció ante el público el domingo 29 de octubre de 1933, en medio de una gran expectación política y popular provocada tanto por las circunstancias que entonces conformaban la vida española y europea como por la personalidad de sus presentadores.
 

1. La circunstancia política española

España vivía en aquel recién comenzado otoño una singular etapa política que culminó con la disolución de las Cortes, decretada por Martínez Barrios el 10 de octubre al ser nombrado Presidente del Gobierno en sustitución de Lerroux. Las elecciones habrían de celebrarse el domingo 19 del siguiente mes de noviembre. En realidad, la crisis gubernamental ocultaba, y pretendía remediar, la profunda crisis del Régimen. El 21 de mayo de aquel año había podido escribir el diario ABC: «El ambiente de violencia, de indisciplina anárquica, que se mantiene, como una endemia incurable, de punta a punta de España, sigue ofreciendo el índice diario de asesinatos, de atentados, de depredaciones, de toda suerte de rebeldías y atropellos». No exageraba el periódico monárquico. «España deriva hacia la anarquía» tituló en Londres el Daily Telegraph del 7 de julio la crónica de su corresponsal en Madrid. Dos días después, el 9 de julio, era el Daily Mail quien informaba: «El estado de España es caótico, por la confusión política, social y económica, efecto del desorden imperante. El terrorismo se ha hecho endémico, y la dinamita y los tiros no asustan a los españoles. Bandas de atracadores amenazan y saquean en los pueblos con el más puro estilo de gansters».
 

Casas Viejas

La caída de Azaña se veía venir desde los sucesos de Casas Viejas, población gaditana donde –el 10 de enero anterior– braceros anarquistas proclamaron el comunismo libertario, asaltaron el cuartel de la Guardia Civil y se hicieron fuertes con rehenes vivos y muertos. Azaña ordenó la intervención de los Guardias Asalto, la policía que había organizado y armado militarmente para sustituir a la Guardia Civil en las ciudades y demás núcleos de crecida población urbana y para disponer de una rápida fuerza de intervención armada en cualquier clase de conflictos. Los guardias redujeron a sangre y fuego el levantamiento campesino, incendiando las chozas en que se habían refugiado sus dirigentes y matando con frialdad a una docena de sublevados. Aunque Azaña logró, mediante los votos de la mayoría republicano-socialista, que el Parlamento exculpara de la tragedia al Gobierno y centrase la responsabilidad en los mandos de la fuerza actuante, por todo el país se extendió la opinión de que era verdad –como dijeron los culpados– que Azaña había dado órdenes verbales de exterminar a los campesinos rebeldes, mediante dos consignas transmitidas a los jefes de los Guardias de Asalto por una persona de su entorno y de su máxima confianza: «Ni heridos, ni prisioneros» y «tiros a la barríga». Ambas fueron expresiones que tanto los monárquicos como los republicanos de derecha, centro o izquierda atribuyeron a Azaña, haciéndole políticamente responsable de lo sucedido. Su Gobierno fue conocido desde entonces como «el Gobierno de Casas Viejas».

Azaña creyó poder paliar las consecuencias políticas del debate parlamentario sobre la matanza de los campesinos andaluces forzando la aprobación de la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas (norma que sirvió para alzar en su contra a la opinión pública católica, al Episcopado y al Vaticano) y la Ley orgánica del Tribunal de Garantías Constitucionales, en la que por una disposición adicional se excluía de cualquier posible revisión jurisdiccional tanto a las leyes republicanas votadas por las Cortes antes de la Ley orgánica de referencia, como a los decretos dictados en ejecución de aquellas.
 

Un verano crítico

Azaña pensó reformar y reforzar su gobierno dando en él entrada a Luis Companys como representante de la Esquerra Republicana de Cataluña. Necesitaba para ello la aprobación del Presidente de la República, y se la pidió en el Consejo de Ministros celebrado el día 8 de junio. Alcalá Zamora adujo que antes de acceder a la propuesta, o de denegarla, deseaba conocer la opinión de los grupos parlamentarios. Azaña presentó entonces su dimisión con carácter irrevocable, puesto que tal deseo significaba que él no contaba con la confianza del Presidente, a pesar de tener la del Parlamento por mayoría absoluta de diputados.

Para resolver la crisis, el Presidente llamó a los jefes de las minorías parlamentarias, pero también a personalidades independientes republicanas (Marañón, Ortega y Gasset, Ossorio y Gallardo, Sánchez Román, Unamuno) y a otras (Santiago Alba, Melquiades Álvarez) que habían «alumbra(do) con sus luces mortecinas los últimos momentos de la Monarquía», según decía El Sol. La mayoría de los consultados recomendó la formación de un Gobierno de concentración republicana, con deseable presencia socialista. Como ello equivalía a reponer la fórmula Azaña, Alcalá Zamora prefirió experimentar otras nuevas, y llamó a don Julián Besteiro para que formara un Gobierno de socialistas y republicanos. El Comité Ejecutivo del PSOE negó a Besteiro su reglamentario permiso para tal tarea, por lo que el Presidente de la República hubo de transmitir el encargo a Indalecio Prieto, quien sí obtuvo la venia de su partido pero no en número suficiente la de los republicanos. Tuvo, pues, que renunciar a formar Gobierno, ya que los socialistas no quisieron pedir el apoyo de los radicales de Lerroux. La pelota pasó entonces a manos de Marcelino Domingo, quien también fracasó en su intento al no contar con el apoyo de los socialistas, y ni siquiera con el número suficiente de sus afines republicanos. Como España llevaba ya cinco días sin Gobierno, corrieron rumores alarmantes por los medios políticos y por la calle. Para atajarlos, Alcalá Zamora no tuvo más remedio que llamar otra vez a Azaña, a quien reclamó formara un Gobierno nuevo, insistiéndole en que no volviera a reponer el Gobierno anterior o a ensayar otro semejante.

El 14 de junio presentó Azaña su nuevo gabinete a las Cortes, manifestando que contaba con la colaboración de los cinco grupos republicanos y socialistas que habían participado en el equipo anterior, más la de otros dos nuevos, el federal y el de la Esquerra catalana, y que había ofrecido algunos ministerios a los radicales sin obtener su aceptación por negarse aquellos a colaborar con los socialistas. Tras varios días de debate, el Parlamento aprobó al nuevo Gobierno y su programa de actuación por 188 votos contra 6.

Azaña se apresuró a justificar la relativa novedad de su Gobierno solicitando la aprobación por las Cortes de una tanda de nuevas leyes: la de tenencia ilícita de armas de fuego; la reformadora de la competencia del Jurado; la de reforma de la Ley Electoral; la de Orden Público; la de vagos y maleantes; la de arrendamientos rústicos; y la de habilitación de recursos para el funcionamiento del nuevo Ministerio de Industria y Comercio, entre ellos los correspondientes a los sueldos del ministro y del subsecretario (2.500 pesetas mensuales aquél, 1.500 éste), y de los gastos de representación (1.000 pesetas al mes) del primero... Todas ellas se aprobaron durante los meses de julio y agosto, con escasísima presencia de los diputados, ausentes del salón de sesiones –y de Madrid– por el calor. Para obtener el necesario quorum se recurrió al cebo de poner al cobro las correspondientes dietas. La desgana parlamentaria significaba un claro desdén hacia el Gobierno y, en el fondo, hacia la República.
 

Unas elecciones significativas

El 3 de septiembre se celebraron elecciones para cubrir quince vocalías del Tribunal de Garantías Constitucionales. Ya se habían elegido antes por las Cortes, el 13 de julio, otros dos vocales y el Presidente, que fue don Álvaro de Albornoz. Los quince nuevos vocales electivos se repartían así: cuatro, designados por las Facultades de Derecho de toda España; dos, por los Colegios de Abogados; y los once restantes, por los Ayuntamientos integrantes de cada una de las once circunscripciones electorales establecidas al efecto, coincidentes con otras tantas regiones históricas o naturales. Completaban el Tribunal, como vocales natos, los Presidentes del Tribunal Supremo y del Consejo de Estado. El resultado de la elección nacional fue claramente contrario al Gobierno, que sólo consiguió 5 vocales afectos por 10 contrarios, entre éstos don Juan March, el financiero y diputado mallorquín encarcelado por Azaña. Los 5 vocales gubernamentales obtuvieron 17.859 votos, frente a los 33.029 de los contrarios. El Gobierno, como es costumbre en estos casos, adujo que este tipo de elecciones no tenían carácter político y por tanto carecían de significado.

No lo entendió así la opinión pública, y el 6 de septiembre Lerroux planteó en las Cortes que el resultado de aquellas elecciones era tan patente y claro que no necesitaba interpretaciones, por lo que pidió un cambio de Gobierno para que el país entrase en unas condiciones de normalidad espiritual, pues de no hacerlo el Gobierno de Azaña sería en realidad una dictadura. Azaña respondió que el Gobierno no dependía del Tribunal, ni éste del Gobierno, por lo que las elecciones de sus vocales carecían de trascendencia política. El Gobierno sólo necesitaba la confianza del Parlamento. Replicó Lerroux que todas las elecciones eran políticas, y aquéllas expresaban una voluntad popular contraria al Gobierno; una voluntad todavía no contraria a la República, pero en camino de serlo, por lo que él, como jefe del partido radical, anunciaba que si Azaña no rectificaba, a partir de entonces ya no podía tener ninguna clase de concomitancias con el Gobierno. Azaña planteó la cuestión de confianza, que el Parlamento le concedió por 146 votos a favor y sólo 3 en contra.
 

El enfrentamiento de los Presidentes

La opinión pública interpretó el resultado del debate parlamentario como una clara muestra de la debilidad personal de Azaña y de su peculiar interpretación de la República. Para demostrar lo contrario, en el Consejo de Ministros del siguiente día 8 de septiembre, celebrado bajo la presidencia de Alcalá Zamora, Azaña pidió a éste que le revalidase los poderes, pues la votación parlamentaria demostraba que su Gobierno contaba con una mayoría suficiente y solidaria. Tras una breve discusión entre los componentes del Consejo, el Presidente de la República anunció su decisión de abrir un periodo de consultas. El Gobierno quedaba disuelto.

Tras comparecer en Palacio los mismos personajes de tres meses antes y escuchar de ellos las mismas opiniones, Alcalá Zamora decidió que «procedía un cambio de Gobierno, y que el nuevo fuese una concentración netamente republicana, con radicales incluso, pero que no supusiera contraposición al partido socialista». Es decir, una vuelta al más puro espíritu del 14 de abril, como si desde entonces no hubieran sucedido en España suficientes cosas.
 

Lerroux sustituye a Azaña

El encargado de rectificar el rumbo de Azaña fue Lerroux, quien –por consejo-mandato del Presidente de la República– desde el 9 de septiembre se dispuso a formar Gobierno y a conseguir el apoyo de las Cortes Constituyentes, que Alcalá Zamora no quería disolver pues el artículo 80 de la Constitución sólo le concedía el derecho a hacerlo dos veces durante su mandato presidencial. Para convencer a Lerroux, Alcalá Zamora arguyó que convenía dar la sensación de que el partido radical no se había opuesto ni se oponía a la mayoría republicana de aquellas Cortes, sino a los Gobiernos que no habían sabido utilizarla...

Corrió por Madrid la voz de que Lerroux se disponía a formar un Gobierno con 12 diputados radicales, y eso bastó para que los grupos republicanos de izquierda acordaran el 10 de septiembre, en una reunión celebrada en las Cortes, no colaborar con el oficialmente encargado de escoger los nuevos ministros. La verdad es que Lerroux buscó la colaboración de republicanos notorios, independientes o alejados de la activa política de partidos y grupos, por lo que llegó a ofrecer ministerios a Madariaga, Moles y Sánchez Román, no pudiendo hacer lo mismo con Ortega y Gasset por encontrarse éste fuera de Madrid. Pensó en Franco, entonces Comandante General de Baleares, para hacerle Ministro de la Guerra, y el mismo día 9 le llamó a Palma pidiéndole que con urgencia se trasladara a Madrid, donde el general llegó el día 10, sin que –tras las conversaciones con el jefe radical– al final aceptara el futuro Caudillo ningún cargo.

Las dificultades encontradas por Lerroux para cumplimentar el encargo de Alcalá Zamora motivaron el que éste llamase a Azaña para que advirtiera a los demás jefes republicanos que si el radical fracasaba en su primer intento por falta de colaboración de sus respectivos grupos parlamentarios, el Presidente de la República volvería a encargarle la formación de un nuevo Gobierno, pero esta vez firmándole previamente el Decreto de disolución de las Cortes. La amenaza causó efecto, y los grupos parlamentarios republicanos volvieron a reunirse el día 11 de septiembre para acordar que con mucho gusto colaborarían con el jefe radical los partidos de Acción Republicana (Azaña), Radical-socialista (Gordón Ordás), Republicanos Gallegos u Orga (Casares Quiroga), Esquerra Catalana (Companys) y Federal (Franchy Roca).
 

El primer gobierno de Lerroux

El nuevo Gobierno quedó compuesto el 12 de septiembre. En realidad era una continuación del anterior, pero sin presencia de socialistas. De hecho suponía el final de la versión azañista de la República, un fuerte golpe para el PSOE y la liquidación de un bienio lamentable, pero, en definitiva, un Gobierno débil. Tres de sus apoyos se escindieron en poco tiempo: los radical-socialistas de Marcelino Domingo se calificaron como independientes de los de Gordón Ordás; los federales se dividieron en tres ramas, según el grado de colaboración que admitían respecto de la República Unitaria; por último, la Esquerra se partió en dos grupos, uno conforme y otro disconforme con Maciá.

A la izquierda del Gobierno, además de las fuerzas extraparlamentarias anarcosindicalistas y comunistas se situó desde el primer momento sin tregua ni respeto el socialismo, que consideraba haber perdido la República como régimen de los republicanos y anunciaba su voluntad de tener íntegramente el Poder en sus manos y convertir el régimen en República socialista.

A la derecha del Gobierno, la oposición estaba integrada por el Partido Conservador (Maura), el Agrario, y sobre todo por Acción Popular (Gil Robles), que propugnaba la formación de un frente antimarxista para conseguir la revisión constitucional, y amenazaba a Lerroux con la misma hostilidad que ya había manifestado a Azaña.
 

El enfrentamiento parlamentario de Azaña y Lerroux

Lerroux procuró retrasar lo más posible su presentación ante las Cortes, cosa que por fin hizo el 2 de octubre ante la expectación de partidarios y adversarios. Su programa se fundamentaba –dijo– en los mismos principios que motivaron a las Cortes para hacer la Constitución: autonomías regionales, laicismo, reforma agraria y reforma social. Tenía la convicción de haber formado un Gobierno que garantizaba la continuidad de una política de izquierdas. Mantener lo legislado por las Constituyentes era un compromiso de honor para su Gobierno, pero en cambio no resultaba posible prolongar la situación en que se encontraba el orden público. «Cada día, un atraco; cada día, un asesinato; cada día, un desafuero de una autoridad; [...] eso pone espanto en el alma, y a la sociedad entera al borde de la anarquía, por la izquierda, y de cualquier género de dictadura, por la derecha». Invitó a todos los españoles a incluirse en la legalidad creada por las Cortes Constituyentes, y anunció una amnistía para cuantos hubieran delinquido contra ella, como muestra del cambio en la gobernación del país.
 

Una moción socialista de desconfianza

Los socialistas presentaron una moción de desconfianza, que defendió Indalecio Prieto. En ella se acusaba al Gobierno de presentarse ante las Cortes para buscar sus votos al mismo tiempo que las tachaba de divorciadas de la opinión y desprestigiadas. El Partido Socialista negaba que el Gobierno fuera de concentración republicana. «En nombre del grupo parlamentario socialista declaro –dijo Prieto– que la colaboración del Partido Socialista en Gobiernos republicanos, cualquiera que sean sus características, su matiz y su tendencia, ha concluido definitivamente». En cuanto a la amnistía, Prieto anunció que no consentirían una impunidad envuelta en el manto de la piedad.
 

La intervención de Azaña

Azaña, en un discurso que duró dos largas horas, presumió de los movimientos precursores de la República, de los orígenes del Régimen, y de sus primeros pasos, para luego decir que el honroso mérito de haber sabido mantener el espíritu revolucionario correspondía a los Gobiernos que él había presidido. En cuanto a la última crisis, la había planteado para mejorar las posiciones políticas. Rebatió las alusiones y reticencias del Presidente del Gobierno a la incapacidad de las Cortes Constituyentes para permitir Gobiernos que no fueran republicano-socialistas o como el presentado por Lerroux, y sobre todo a la encubierta amenaza de ser disueltas, aventura cuya gravedad no podía ocultársele a nadie. Atacó también la anunciada amnistía, porque no era posible pacificar los espíritus a costa de soliviantar otros. El amnistiar a los que se sublevaron contra la República exigía una previa consulta electoral. Terminó su discurso diciendo: «Tengo la seguridad de que esas elecciones futuras, tan temidas, quizás nos traigan un despertar republicano tan vigoroso y tan fuerte como el del 12 de abril. Aún el pueblo español se pone en pie cada vez que le hablan de la República. Este es el único servicio que estoy dispuesto a prestar; porque otros servicios, esos que se llamaban servicios al Estado, o al Régimen, o a las instituciones, servicios difícilmente publicables y que le sirven a uno el día del entierro para ir al cementerio cubierto de cruces, de condecoraciones y de loores incluso de sus enemigos [...]. Como en el fondo la verdad es que cada uno de esos servicios es una claudicación con la propia conciencia, ese tipo de servicios yo no los prestaré jamás».
 

La posición de Esquerra y de los radicalsocialistas

El debate se aplazó hasta el día siguiente, 3 de octubre, a petición de Lerroux, por lo avanzado de la hora. La sesión se reanudó con la intervención del señor Esbert, representante de Esquerra Catalana, quien negó la confianza al Gobierno por los motivos aducidos ya por Azaña. Gordón Ordás, en nombre de los radicalsocialistas, puso sus votos al servicio de Lerroux. Estaba claro que éste no contaba con suficiente apoyo parlamentario, al retirárselo Acción Republicana y la Esquerra, dos de los partidos que en principio habían aceptado tener representación en su Gobierno.
 

Contestación de Lerroux

«Señores diputados: los que van a morir os saludan». De tan rigurosa y triste forma comenzó Lerroux su discurso de contestación, anticipando con ello su postura. «No tengo otra [...], dado el respeto que debo al régimen parlamentario». Se enfrentó primero con Prieto, calificándole de joven león con el que un león viejo –como él– podía llegar a entenderse en un determinado momento. «Lo que no he visto nunca que se entiendan son los leones y las serpientes», dijo, y tras una breve pausa siguió: «Con el señor Azaña no será fácil que nos entendamos, porque el señor Azaña no tiene corazón, según él mismo alguna vez lo ha declarado». Hizo luego historia de sus relaciones políticas con Azaña desde que se conocieron, difíciles por el carácter áspero, rígido y esquinado del alcalaíno, al que acusó de haberle cercado en cada una de las crisis que habían vivido juntos. Pero eso se había acabado, porque él dejaba libre su puesto y el cerco quedaba roto. «En el orden político, personalmente Su Señoría –anunció– no contará jamás conmigo. A mí se me hace una, se me hacen dos, y hasta se me hacen tres; pero yo no hago oposiciones al título de idiota». No iba a defender al Gobierno, porque «en este puesto ya no continúa nadie si el señor Presidente del Congreso se da por notificado de que el Gobierno está en crisis y va a presentar su dimisión al Presidente de la República».
 

Besteiro y Prieto frustran el abandono del Parlamento por el Gobierno

Besteiro, como Presidente del Congreso, impidió que Lerroux abandonase el hemiciclo: el Gobierno no podía irse del banco azul y dejar a las Cortes en pleno tumulto, máxime cuando varios diputados de distintos partidos habían pedido la palabra. Insistió Lerroux en que nada tenía ya que hacer allí el Gobierno, pero el Presidente del Congreso apeló a su responsabilidad ante la República, y el espectáculo continuó con la intervención de Indalecio Prieto, quien comenzó diciendo: «Yo espero de Su Señoría, que tan noblemente nos ha saludado a la hora de morir, que esa muerte sea plenamente gallarda y no olvide cuanto es esencia del régimen parlamentario [...]. Y si un bello morir honra toda una vida, Su Señoría debe morir hoy gallardamente, ante la votación adversa del Parlamento, pero no huir cuando ésta va a dictar su soberana resolución declarando si Su Señoría y los ministros que con Su Señoría obtuvieron la confianza del Presidente de la República cuentan o no con la del Parlamento. Porque si las Cortes Constituyentes le niegan la confianza, automáticamente el Presidente de la República, en cumplimiento del artículo 75 de la Constitución, tiene que separar a Su Señoría y a los demás ministros de los cargos para que fueron nombrados». El que hubiera o no hubiera votación de confianza tenía distintas consecuencias, y por eso el grupo socialista la exigía estuvieran los ministros presentes o ausentes. Prieto remató a Lerroux de esta forma: «Yo invito a Su Señoría a que espere la resolución del Parlamento para morir con plena, con absoluta dignidad, cual corresponde a su figura, a su historia, y al nombre de Alejandro Lerroux».
 

Lerroux replica a Prieto

En su réplica, el Presidente del Gobierno adujo que se le pedía demasiado. «¿No es suficiente que un hombre como yo haya pasado por el sacrificio de venir en condiciones que estaban previstas? ¿Qué se quiere además? ¿Que, uno por uno, todos los oradores empiecen a tratar a la representación de la más alta autoridad del Gobierno como a un monigote del pim-pam-pum?». A eso no se podía prestar nadie. Intervino de nuevo el Presidente del Congreso para recordar que el Gobierno estaba sometido a un voto de desonfianza, y que el reglamento de la Cámara autorizaba a que sus firmantes hablasen dos veces antes de que se procediera, en su caso, a la oportuna votación.
 

Nueva intervención de Azaña

En su segundo turno, Azaña se sorprendió de la actitud de Lerroux y corrigió algunos de los perfiles que éste había resaltado en su anterior discurso sobre la biografía de su antiguo Presidente y actual censor. La difícil situación del Gobierno se debía a Lerroux, por no haber pronunciado el discurso que permitiera la agrupación de todos los republicanos. En cuanto a los reproches que Lerroux le había lanzado, Azaña dijo que expresaban el profundo desconocimiento que de su figura tenía el Presidente del Gobierno. «Su Señoría me achaca todas las taras y equivocaciones del político profesional. Si yo hubiese sido ambicioso –continuó aportando un interesante matiz autobiográfico– ¿cree Su Señoría que me hubiese pasado cincuenta años en una biblioteca escribiendo libros que no le importan a nadie, ni a mí mismo que los escribía?». Explicó a continuación con toda claridad cuál había sido su política durante los años de su gobierno: «Yo he tenido en mis manos un poder como pocos lo habrán tenido en este país en los tiempos modernos: un Parlamento adicto hasta el entusiasmo, un Gobierno comprometido con mi pensamiento y con mi obra, sometido a todas las pruebas y que nunca quebró. He tenido los plenos poderes mientras no se votó la Constitución. ¿Y qué hice de todo ese poder? Lo empleé en poner el pie encima de los enemigos de la República, y cuando alguno ha levantado la cabeza más arriba de la suela de mi zapato, en ponerle el zapato encima». Por si con estas palabras no definiera suficientemente su personalidad política y humana, despreció en las siguientes a su contrincante: «¿Cree el señor Lerroux que a mí me estorba? A mí no me estorba nadie, por dos razones: en primer lugar, porque yo, en el fondo, tengo de mi raza el ascetismo; todas las cosas de la vida las tengo echadas a la espalda hace muchísimos años, y habiendo gozado de casi todas, me son absolutamente indiferentes; en segundo lugar, porque tengo, del demonio, la soberbia, y a un hombre soberbio nadie le estorba». Nadie le estorbaba, y tampoco necesitaba a nadie: «en cuanto a que no cuente políticamente con Su Señoría, como no aspiro a nada, ni quiero nada, no tengo que solicitar el concurso de nadie para nada».
 

Lerroux suplica compasión

Empequeñecido ante tales desprecios, Lerroux casi no acertó a defenderse. Se excusó por sus alusiones personales y se limitó a reiterar que su Gobierno estaba en crisis, por lo que pedía la caridad de que le dejaran irse en paz. «¿Es posible que nadie funde complacencias en humillar la dignidad de quienes constituyen honradamente un Gobierno y mientras están aquí representan la autoridad de España?».
 

Retirada del Gobierno y votación en su contra

Era perfectamente posible. El Presidente de la Cámara, aduciendo razones reglamentarias, mantenía que el Gobierno no podía abandonar el Parlamento sin que éste votara la proposición socialista de desconfianza, y que si aquél lo hiciera «inferiría un grave daño al Parlamento, quizá al funcionamiento constitucional de la República», e insinuó que quizá, en los momentos pasionales que se estaban viviendo, algunos pudieran atribuirle al Presidente del Gobierno intenciones que él sabía muy bien no cabían en el señor Lerroux.

El Gobierno, pese a todo, se retiró del Salón de Sesiones antes de que 187 diputados votaran en su contra y sólo 91 a su favor. Hubo después la explicación del voto por parte de algunos diputados, y, entre ellas y a su término, insultos, voces, desafíos y retos de toda clase...
 

Nuevas consultas y encargos

Con la dimisión de Lerroux en su poder, Alcalá Zamora comenzó a la mañana siguiente, día 4 de octubre, a escuchar los consejos de los prohombres llamados en consulta, y volvió a oír las mismas opiniones dichas en las crisis inmediatas: o se formaba un Gobierno sacado de las Cortes Constitucionales, como querían unos, o se procedía a la disolución del Parlamento, como pedían otros. Tras escucharles a todos (salvo a Ortega y Gasset y a Sánchez Guerra, que no acudieron, éste por encontrarse enfermo, y aquél por «no actuar ya en política»), el Presidente de la República encargó el mismo día 4 la formación del Gobierno al señor Sánchez Román, quien tras breves gestiones declinó tal honor; Alcalá Zamora telefoneó entonces a Avilés para citar a don Manuel Pedregal, y éste se ocupó durante el día 5 de intentar poner de acuerdo a unos y a otros, sin lograrlo. El día 6 fue el turno del doctor Marañón, y el 7 la ocasión del catedrático de Derecho Político señor González Posada, quien renunció a tal encargo por tropezar –como sus predecesores– con las desavenencias y los vetos de los diferentes partidos. Ese mismo día 7, los socialistas amenazaron al Presidente de la República, por medio de una nota remitida a la Prensa, con que estimarían como una vulneración del Código fundamental de la República la disolución de las Cortes, por ser éstas susceptibles de sostener nuevos gobiernos, y por constituir un gravísimo error y un enorme peligro el llamar a elecciones legislativas cuando mayores y más profundas eran las diferencias entre los partidos republicanos.
 

El encargo a Martínez Barrio

Alcalá Zamora, preocupado por la inexistencia de Gobierno, llamó ese mismo día 7, por la noche, a don Diego Martínez Barrio, lugarteniente de Lerroux y alto dirigente de la Masonería, para que –con el decreto de disolución de las Cortes– formara aquella misma noche un Gobierno de amplia concentración republicana, advirtiéndole de que en caso de no hacerlo, el Presidente de la República se dirigiría por radio al país para informarle de que la República era ingobernable y por tanto él asumía la responsabilidad de tomar medidas trascendentales.

Martínez Barrio aceptó el encargo y se dispuso a resolver el problema que planteaban la negativa de los partidos republicanos a participar en un Gobierno que no tuviera ministros socialistas, y la manifiesta incompatibilidad del Partido Socialista con el Radical. Los tejemanejes de Martínez Barrio sirvieron para que a media noche, ya acostado Lerroux, se presentaran en su casa y pidieran verle con urgencia su lugarteniente, Marcelino Domingo y Azaña, quienes sin darle margen a dejar el lecho le plantearon la situación como de extrema gravedad, tanto por la amenaza de una posible dictadura como por la de una intentona revolucionaria del proletariado. No se trataba ya de solucionar una crisis de Gobierno, sino de resolver una crisis de Régimen o de Estado. Presionado de esta forma, Lerroux aceptó que Martínez Barrio formara un Gobierno con presencia o apoyo socialista.
 

La doble postura socialista

Las Cortes no celebraban sesión aquella noche, pero estaban atestadas de Diputados, periodistas y grupos de partidarios, que acogieron con alegría las noticias aportadas por el trío actuante. Martínez Barrio pidió inmediatamente al Presidente de las Cortes que los socialistas formaran parte de su Gobierno, y Besteiro se comprometió a gestionarlo, para lo que reunió en su despacho a los más conspicuos de sus correligionarios, quienes debatieron cómo podían rectificar su postura anterior, expresada por Prieto en su segundo discurso de desconfianza, sin que pareciera una claudicación. Largo Caballero coincidía con Prieto en que «por fidelidad al criterio expuesto respecto de los efectos constitucionales de la votación recaída en el Parlamento, no podían estar representados en el nuevo Gobierno». Besteiro argumentaba que el Presidente de la República no le había ratificado su confianza a Lerroux, que era el censurado, y tampoco a unos ministros que aún no estaban designados y en todo caso lo serían por sus respectivos partidos, que tan buena disposición habían mostrado con los socialistas, por lo que éstos deberían aceptar un Gobierno formado por personas que no despertasen su hostilidad. Prevaleció la postura del Presidente de las Cortes, y los republicanos recibieron con alegría, ya avanzada la madrugada, la nota informativa de que los socialistas no obstaculizaban su ya decidida voluntad de participar en el nuevo Gobierno. Fuera del mismo se quedó, voluntariamente, Maura, republicano conservador, preguntándose qué pensaría el país de ver reunidos en el mismo Gobierno al león y a la serpiente, y sentados en el mismo «banco azul», junto con sus vetados, a los hombres del veto a Lerroux y sus ministros.
 

Gobierno de Martínez Barrio

Había amanecido ya el 9 de octubre cuando se apagaron las luces del Palacio de las Cortes y se fueron a sus casas, aliviados de sus temores, los políticos, periodistas y partidarios de un Régimen que estuvo a punto de hundirse aquellos días en el fango de los rencores e intereses partidistas. Martínez Barrio pudo avisar al Presidente de la República que había cumplido su encargo y que a primera hora de la tarde le llevaría los nombres integrantes del nuevo Gabinete. Tres representaban al Partido Radical (Presidencia, Hacienda y obras Públicas); uno, al de Acción Republicana (Estado); otro, al de Izquierda Radical-Socialista (Justicia); dos, eran independientes (Gobernación y Guerra); uno, pertenecía a la ORGA (Marina); otros dos, al Partido Radical-Socialista Independiente (Instrucción Pública y Comunicaciones); uno, a la Esquerra (Trabajo); otro más, al Partido Progresista (Agricultura); y, por último, otro al Partido Radical-Socialista original y puro (Industria). En total, 13 hombres de no mucha calidad y competencia, pero sí de variada pinta humana y política.
 

Disolución del Parlamento y convocatoria de elecciones

La Gaceta de Madrid, diario oficial de España, publicó el día 10 de octubre la composición del nuevo Gobierno junto a dos Decretos: uno disolvía el Parlamento; el otro convocaba a los españoles para que eligieran sus Diputados a Cortes el domingo 19 de noviembre. Aquel mismo día todos los partidos políticos actuantes en la República comenzaron su campaña electoral. Izquierdas y derechas eran conscientes de que aquella convocatoria clausuraba un ciclo de la República y abría otro muy diferente. Podía pensarse, con razón, que había muerto la República Constituyente y que se llamaba a los españoles para dar vida y sentido a una nueva República, ya constituida pero aún por consolidar, construir y perfilar. En estas circunstancias, ante esa convocatoria electoral, se produjo el acto fundacional de la Falange.
 

2. Las circunstancias políticas externas

Nadie puede dudar de que todo movimiento cultural, político o social, no puede nacer ni crecer de modo espontáneo e incontaminado, ajeno al «clima» reinante en su entorno. Por ello, parece evidente que en el nacimiento de la Falange también influyeron las circunstancias exteriores. Aunque éstas no exigen un análisis tan detallado como el referido a las nacionales, porque también es menor su influencia en el desarrollo de la política española en general, está claro que José Antonio y cuantos se preocupaban por el presente y el futuro de nuestro pueblo no ignoraban que en aquel momento (años 30) el mundo asistía al hundimiento del capitalismo liberal, y que en todas partes las fuerzas capitalistas recababan la intervención del Estado para superar la crisis económica mundial. Ello produjo que los políticos entendieran desde entonces que el Estado debería estar siempre presente en el área de lo económico y de lo social, y que cualquier Gobierno debería estar dotado de la mayor autoridad posible en todos los órdenes.

¿Qué circunstancias conformaban el escenario y los decorados del gran teatro sociopolítico español y europeo en el año 1933?

En 1933 se cifraba el número de parados en todo el mundo, sin contar el paro encubierto, por encima de los 30 millones. Las clases medias (artesanos y pequeños industriales, agricultores medianos, pequeños rentistas) estaban arruinadas en demasiados países, y en todas partes se iban proletarizando. Tanto la crisis económica como el desasosiego social produjeron en aquellos años multitud de crisis políticas y la implantación de regímenes dictatoriales.

El año 33 comenzó con la subida al poder de Roosevelt en los Estados Unidos. Aquél ensayó con éxito su «New Deal», un programa de recuperación general, tras anunciarlo como «una nueva concepción de los deberes y responsabilidades del gobierno respecto de la economía mundial», aunque en la realidad era un modo de ordenar el Estado y la economía nacional. Un gabinete compuesto de economistas, juristas y técnicos aconsejaba en privado al Presidente sobre las medidas de tipo realista que debería adoptar. Fruto de esos consejos fueron la NRA y la AAA y sus consecuentes reglamentos en busca de la competencia leal. La Agricultural Adjustement Act pretendía solucionar el problema agrario, y la National Recovery Act el industrial y comercial, ambas mediante el equilibrio de los precios, su control y el incremento del poder de compra de los consumidores. Para ello, Roosevelt hubo de devaluar dos veces el dólar en aquél año, y aumentar mucho el presupuesto, no gravado entonces por gastos militares. También adoptó una nueva política sindical, pasando de la libertad restringida a la total, y favoreciendo los contratos colectivos e implantando la semana laboral de 40 horas. Roosevelt aprovechó su presidencia para, también a partir de 1933, incrementar el poder federal sobre el de los Estados federados.

Hítler subió al poder en Alemania el 30 de enero de 1933, tras recorrer un largo camino iniciado en 1918 y abreviado desde septiembre de 1930. Las elecciones parlamentarias dieron en esta fecha el siguiente resultado: socialistas, 8.500.000 votos; centristas y moderados, 6.500.000; nacional-socialistas, 6.400.000; comunistas, 4.600.000; nacionalistas de derecha, 3.000.000. Ello permitió que con el consentimiento de los socialistas siguiera gobernando el Partido del Centro, dirigido por Brünning, hostil a los nazis, en una fórmula de democracia autoritaria, es decir, mediante decretos-leyes y sin contar con el Reichstag. Cuando éste reanudó sus sesiones, los nazis lo abandonaron. La situación política alemana era cada día más complicada. En la calle peleaban entre sí las milicias de los partidos extremistas: nazis (SA y SS), comunistas (Frente Rojo) y nacionalistas (Cascos de Acero). El 7 de julio de 1931 se cerraron los Bancos y quebró la Bolsa. Más de 5.500.000 obreros estaban sin trabajo. En abril de 1932 se celebraron elecciones presidenciales. Ganó el Mariscal Hindemburg por 19.367.000 votos contra los 13.419.000 que obtuvo Hítler. El nuevo Presidente de la República sustituyó en mayo al Canciller Brünning por no tener la confianza del Parlamento. Le reemplazó Von Papen, quien disolvió el Reichstag. Las subsiguientes elecciones (julio de 1932) dieron a los nazis 13.700.000 votos. Von Papen volvió a disolver el Parlamento, pero las nuevas elecciones no modificaron de modo sustancial el resultado de las anteriores, por lo que Von Papen hubo de dimitir. Hindemburg llamó a Hítler, pero éste rechazó las condiciones impuestas por el Mariscal, quien nombró entonces Canciller del Reich al general Schleicher. Ante el fracaso de esta fórmula, Hítler fue nombrado Canciller el 30 de enero de 1933. El 27 de febrero se produjo el incendio del Reichstag. Hítler declaró a los comunistas fuera de le ley, por considerarles culpables del incendio. Al hacerse cargo del Gobierno, Hitler había exigido la disolución del Parlamento, de manera que Alemania celebró en siete meses tres elecciones generales. Las del 3 de marzo de 1933 dieron los siguientes resultados: 81 diputados comunistas, 120 socialistas, 88 centristas y moderados, 288 diputados nacional-socialistas y 52 nacionalistas. Con la mayoría en sus manos (340 votos contra 289), Hitler detuvo a 8 diputados socialistas y a todos los comunistas, achacándoles haber intervenido en el incendio del Parlamento, y se dispuso a gobernar con los plenos poderes obtenidos de la Cámara.

Comenzó por prescindir de la presencia nacionalista y centrista en su Gabinete, dimitiendo a Hugenberg y Von Papen, jefes respectivos de tales partidos. Maniobró luego para que las juntas directivas de todos ellos acordaran la disolución espontánea de sus respectivas formaciones. Desaparecidos, en apariencia por propia voluntad, el Centro, el Partido Socialista, el Partido Nacional Alemán y otras entidades menores, Alemania funcionó a partir del 14 de julio de 1933 en régimen de partido único.

Casi al mismo tiempo se reforzaron los poderes de la República y desapareció la autonomía de cada uno de los 17 Estados reconocidos por la Constitución. Todos ellos pasaron a estar bajo la tutela y el control de un «Statthalter», delegado especial del Canciller. Hitler, convertido ya en «Führer» (conductor, guía) del pueblo alemán, anunció en Nuremberg el 30 de agosto de aquel 1933 la constitución del III Reich. Para consolidar popularmente su obra, disolvió una vez más el Reichstag y todas las Cámaras regionales, a la vez que convocaba elecciones para un nuevo Parlamento, con el sistema de lista única, a celebrar el 12 de noviembre junto con un referéndum sobre el III Reich. 40.000.000 de alemanes (93,4 por 100 del censo) votaron que el Tercer Reich era una estupenda idea, y una cifra prácticamente idéntica eligió las candidaturas nacional-socialistas. El régimen nazi quedó, pues, como dueño absoluto del Poder en Alemania cuando en España aún no se habían celebrado las elecciones convocadas con el ánimo de reformar algo la República.

En Inglaterra, la existencia de 3 millones de parados había provocado la escisión del Partido Laborista y la del Partido Liberal. De aquél habían salido, y estaban creciendo, los radicales semifascistas de Sir Oswald Mosley, y los radicales semicomunistas de Maxton y Henderson. De entre los liberales, Lloyd George encabezaba la fracción prolaborista, y John Simon la proconservadora.

En 1933 existían en Europa dictaduras o gobiernos autoritarios en Polonia (mariscal Pilsudski), Checoeslovaquia (presidente Masaryk), Yugoslavia (Alejandro I), Grecia (Venizelos), Rumania (rey Carlos), Bulgaria, Letonia, Lituania, Portugal (Oliveira Salazar), Austria (Dollfuss) y Hungría (Gömbös), además de los conocidos de Italia (Mussolini) y Alemania (Hitler).

En Polonia, el mariscal Pilsudsky gobernaba desde el Ministerio del Ejército a sus amigos y compañeros ocupantes transitorios de la Presidencia de la República, y por medio de ellos a la Nación. Permitía la existencia de partidos políticos, pero limitaba su oposición a simples desahogos. Bajo su mandato se redactó la Constitución de 1935, que hizo en derecho del Presidente lo que él ya era de hecho desde que asumió el Poder: únicamente responsable «ante Dios y ante la Historia», en fórmula que el general Franco adoptaría para España varios años después.

Masaryk, en Checoeslovaquia, mediatizaba desde la Presidencia de la República con su autoridad personal el funcionamiento del oficial régimen liberal, hasta el punto de designar en vida como sucesor suyo a Eduardo Benes, su Ministro de Asuntos Exteriores.

Alejandro I de Yugoeslavia, tras haber dictado en 1931 una Constitución muy centralizadora, que levantó los ánimos de croatas y eslovenos, estableció en 1932 el régimen de partido único.

En Grecia, las elecciones de 1933 dieron el triunfo a los monárquicos y terminaron con el gobierno autoritario que el republicano Venizelos llevaba ejerciendo de hecho, bajo aparentes formas de liberalismo, desde 1928.

El rey Carlos de Rumania, que había arrebatado en 1930 el trono a su hijo Miguel, sustituyó en 1933 al Presidente del Gobierno, Vaida Voedov, por considerarle poco enérgico, y puso en su lugar a otros políticos más autoritarios. Crecía contra todos ellos la oposición obrera y campesina organizada en torno a la Guardia de Hierro que lideraba Cornelio Codreanu.

En Portugal, Oliveira Salazar perfeccionó en 1933 su peculiar dictadura con la Constitución organizadora del Estado Novo.

Dollfuss, desde la Cancillería de Austria, preparaba la Constitución que habría de proclamar en 1934, contra socialistas y nacional-socialistas, el «Estado cristiano alemán», inspirado por las encíclicas Rerum novarum y Quadragesimo anno. Dollfuss constituía el principal modelo político del español Gil Robles.

En Hispanoamérica existían en aquellos años las siguientes dictaduras o regímenes autoritarios: en Santo Domingo, la del general Trujillo; en Brasil, la de Getulio Vargas; en Perú, la del coronel Sánchez Cerro; en Argentina, la del general Uriburu, sucedido por los gobiernos enérgicos de los Presidentes Justo y Ortiz; en Ecuador, tras la caída de precios del cacao y un período anárquico, la dictadura del general Páez; en Chile, un golpe de Estado había derrocado en 1931 al Presidente Ibáñez, y sólo se restableció el orden cuando en octubre de 1932 se eligió por segunda vez al Presidente Alessandri, que inició el progresivo desplazamiento de la política chilena hacia la izquierda; por último, en Uruguay, el Presidente Terra dio en marzo de 1933 un golpe de Estado para liberarse de las limitaciones impuestas a su Poder por la Constitución de 1917, que él consideraba incapaces de resolver los problemas creados por los tiempos difíciles que se estaban viviendo.

Un sencillo resumen del panorama político internacional de 1933, tal y como podía verse en España desde cualquier ventana del Parlamento, del Estado, de los periódicos y de los partidos, describiría un amplio paisaje crítico, en el que predominaban los tonos sombríos del derrumbamiento político y social de todo el edificio liberal y capitalista, contenido apenas por enérgicas y transitorias medidas de fuerza, mientras en su torno o en el interior de la zona derrumbada alumbraban dos grandes hogueras (comunismo y fascismo) convocantes de ilusiones y expectativas populares, pero que en aquel momento nadie podía asegurar si iban a transformarse en auténticas y simples luminarias, si provisionalmente iban a dar pan y calor a los hombres y a los pueblos muertos de hambre y de frío, o si se iban a convertir en las piras funerarias de un tiempo y de una forma de vida sustancialmente extinguidos.

 

* Antonio Castro Villacañas es abogado y periodista.


 
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