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Altar Mayor Nº - 138 (05)
Tuesday, 08 March a las 12:33:55

Altar Mayor artículos REVISTA DE LA HERMANDAD DEL VALLE DE LOS CAÍDOS
Nº 138  - noviembre / diciembre de 2010

 

LA DECADA DE LA GRAN TRANSFORMACION
Juan González-Anleo*



 
 
1. Introducción
 
El gran cambio social experimentado por la sociedad española en la década de los años 60 –hablaríamos con más exactitud de la última generación, 15 años, antes de la muerte de Franco– ha sido objeto de valoraciones muy discordantes. La mayor parte de los opositores al Régimen, sobre todo los comunistas españoles no sabían –o no querían reconocer– que el «pueblo español» había sufrido una drástica y decisiva transformación, que, a pesar de sus costes y de los problemas que planteó a la problemática España de aquellos tiempos, trajo consigo beneficios incalculables.

Frente al pesimismo y desaliento de los enemigos radicales del régimen, da fe del carácter extraordinario de esa transformación y de sus beneficios para el conjunto de la sociedad, entre otros, el sociólogo que más y mejor ha investigado y escrito sobre el franquismo desde el punto de vista sociológico, el profesor Amando de Miguel, de cuyos trabajos me declaro deudor en la elaboración de este artículo.

En su último trabajo sobre este tema recuerda el profesor que el desarrollo económico fue extraordinario, con tasas de crecimiento que «no se habían visto nunca en toda la Historia (de España) y no se iban a ver más», y con secuelas que cambiaron el rostro de España: «España dejó de ser un país eminentemente agrario y rural, se produjo un gran aumento de la población universitaria, se alentaron las aspiraciones a instaurar la democracia, se puso en marcha y fue consolidando una auténtica sociedad de consumo, se inició tímidamente la modernización política, se impuso una gran movilidad territorial, con fuertes movimientos migratorios interiores y exteriores, etc..

Hubo más cambios que Amando no menciona y algunos de ellos más bien negativos –los inevitables costes de todo cambio profundo–, y a ellos dedicaré la mayor parte de mi trabajo, pero quiero antes examinar una hipócrita acusación de los enemigos del Régimen que lo que sucedió en la España de aquellos años 60 no fue sino «una especie de reajuste político», como pretenden muchos o, como asegura el profesor Tierno Galván, una vil manipulación de los que entonces mandaban en el país, a fin de embaucar a los proletarios con la falsa revolución del aumento del nivel de vida y el incipiente consumo, y así desviarlos de la auténtica revolución, que de esa forma iba a depender únicamente de la clase media….

En general a los intelectuales les costó mucho reconocer la realidad del cambio que se estaba produciendo en España, y alguno llegó a despreciar la transformación en marcha, como Luis García San Miguel para quien «España (la de 1972) es una sociedad poco interesante, una sociedad sin cambios o con muy pocos cambios». Pensaban sólo en cambios originados por la política del Gobierno, explica Amando de Miguel, y «así se despreciaban los cambios aunque fueran los más espectaculares de la Historia de España», olvidando que los cambios sociales se producen muchas veces al margen de la acción política porque poseen una dinámica propia.

Pero amplios sectores de la sociedad negaron que el cambio que se estaba produciendo fuera un desarrollo auténtico. La «generación polémica», así bautiza Amando de Miguel al grupo etáneo de 30 a 45 años, porque percibían clara y dolidamente el «décalage», la brecha entre el crecimiento económico y el desarrollo político: la «generación de predominio», en el poder, porque su conservadurismo los inducía a rechazar el crecimiento económico en cuanto causa segura del materialismo y la secularización.

En la reciente y exitosa serie televisiva «Cuéntame cómo pasó» se percibe difusamente esta oposición o recelo, yo no la llamaría «rechazo», pero, sobre todo, el entusiasmo sin límites ante la irrupción en los hogares de la clase media española de las nuevas maravillas de la sociedad de consumo, la televisión sobre todo. En la familia protagonista de la serie todos sueñan con el consumo, despiertos o dormidos. Y a medida que se va imponiendo en el hogar, tiene un efecto de reencantamiento, de revitalización, de rejuvenecimiento incluso, como se observa en la reacción negativa inicial y «conversión» posterior de la abuela de la familia los beneficios del consumo.

2. El cambio social y las aperturas al cambio

Esnecesaria aquí una breve aclaración sobre el concepto de cambio social. Los sociólogos definimos el cambio social como «toda transformación observada en el tiempo que afecta de una manera no efímera ni provisional a la estructura o el funcionamiento de la organización de una colectividad dada y modifica el curso de su historia». El término clave es «estructura», no necesariamente ni en primer lugar la estructura de poder, la política, pues suelen ser más decisivas las estructuras económicas, demográficas, culturales, ocupacionales y sociales. Ortega solía decir que la política era sólo la epidermis de la sociedad. Acertado o no en su expresión, lo que nos quería comunicar el filósofo madrileño era su prevención a considerar la política como el núcleo duro de la vida de un pueblo, pecado que suelen cometer muchos politólogos que han escrito sobre el franquismo y su rigidez o parálisis. Las estructuras culturales, económicas, ocupacionales y sociales son la verdadera trama, el tejido duro y correoso que, olímpicamente indiferentes muchas veces al tejemaneje de los hombres de gobierno, subyacen a y determinan las formas de ser y hacer de los pobladores de un país, y, muy en especial, de sus gobernantes. Esas estructuras experimentaron grandes transformaciones en la década de los 60. Y un puntal básico de la estructura política, la cultura política, sufrió igualmente una profunda mutación, como luego se verá.

Hubo intentos de cambio en la España de entonces, al margen de las maniobras y componendas de los «vencidos» por dar marcha atrás a la Historia. Aquellos intentos y estas maniobras no tuvieron el menor éxito. Pero se produjeron también genuinos intentos de cambio desde dentro. García Escudero los llama «aperturas», y cita estas cuatro:

1. La primera apertura, de índole cultural, fue impulsada por la Falange, y su representante más caracterizado fue Pedro Laín Entralgo. Desde su «neoliberalismo» falangista, el que fue rector de la Universidad Complutense y fundador de la revista Escorial, impulsó la idea de una «España [...] suma de términos regida y ordenada por el prefijo con; una convivencia que sea confederación armoniosa de un conjunto de modos de vivir y pensar capaces de cooperar y competir entre si». Desde diversas instancias de ese «neoliberalismo» se propusieron los nombres y la obra de Menéndez Pidal, Marañón, Zubiri, Baroja, Larra, Costa, Clarín, Azaña, Sánchez Albornoz, Américo Castro, Madariaga, Unamuno, Ortega... Pero la oposición oficialista de los vencedores fue cerrada, y la primera apertura fracasó, con un duro impacto sobre la vida cultural, que no murió pero que mereció ser bautizada por Julián Marías como «vegetación del páramo».

2. La segunda apertura fue la inaugurada por los propagandistas católicos que, formados por el cardenal Herrera Oria, reemplazaron a los ministros falangistas tras el final de la II Guerra Mundial. Alberto Martín Artajo, ministro de Exteriores, se atrevió a declarar «Yo soy la evolución». Ignoraba probablemente el concepto sociológico y real de «evolución». Pero el hombre de la apertura fue Ruiz Jiménez, continuador en cierta manera del «neoliberalismo falangista» de la primera apertura. Esta segunda apertura recogió un estado de ánimo característico de la época, con manifestaciones muy concretas que fueron modificando el talante de buen número de españoles: la autocrítica religiosa, encabezada por el profesor Aranguren, el descubrimiento por parte de los críticos de la parte de verdad de «los otros», los vencidos, un cierto rechazo del triunfalismo ambiente, y, certifica García Escudero, «la pérdida de la juventud», muy probablemente el efecto de mayor trascendencia de aquellos años 50. Sobre todo de la juventud universitaria, debido a las confusos incidentes universitarios con choques entre grupos callejeros y un muchacho herido del Frente de Juventudes. Ni que decir tiene que estos incidentes y el clima general de conflicto clausuraron la segunda tímida apertura.

3. La tercera apertura la inauguró el Plan de Estabilización de 1957, preludio y motor del llamado «milagro económico español». Los ministros tecnócratas sucedieron a los «propagandistas» del cardenal Herrera, y los hombres del Opus Dei asumieron una intervención creciente y decisiva en la vida pública. Los tecnócratas tuvieron su opositor principal en Rafael Calvo Serer, también opusdeista pero opositor frontal al régimen. La oposición reaccionó con su participación en el Congreso del Movimiento Europeo, Munich de junio de 1962 (el «contubernio de Munich»), exigiendo un régimen de cariz occidental. El Régimen contraatacó con un nuevo gobierno, el de 1962, que, con el apoyo decisivo de Carrero Blanco, consagró la línea tecnocrática y desarrollista e incorporó a Fraga Iribarne, quien enarboló la bandera de la conciliación política y abrió con la Ley de Prensa de 1966 cuatro ventanas a «una habitación cuya atmósfera había llegado a ser irrespirable», las entreabiertas ventanas del cine, el teatro, el libro y la prensa. Esta fue la tercera apertura, que se reforzó con la proclamación de don Juan Carlos como sucesor a título de rey, con el éxito del desarrollo económico, y con la aparición de una nueva clase, que, unida a la clase media tradicional, formaba la base moderada, equilibrada y equilibradora cuya ausencia había sido la causa fundamental de los trastornos de la España de la preguerra civil. Pero no se realizaron los grandes avances institucionales que había derecho a esperar, y el proyecto de asociaciones políticas, aprobado por el Consejo Nacional en 1969, murió en la mesa de Franco. Y con él, la tercera apertura.

4. La cuarta apertura, a partir de 1969, está marcada por la decadencia física de Franco, y ha sido acertadamente denominada por Ricardo de la Cierva la «rebelión de los contextos»: el familiar, el internacional y el doméstico, que provocó la constitución del bunker absolutamente inmovilista. Las llamadas de atención de algún ministro, de los editoriales del diario Ya, del Grupo Tácito, del mismo López Rodó, que pidió desarrollo político fueron desoídas. La Iglesia siguió marcado distancias con el Gobierno. Pero hubo que esperar la intervención decisiva de la biología, en noviembre de 1975.

3. El desarrollo económico como punto de partida

Ha escrito Stanley Payne que «en base a su cultura cívica, su índice de analfabetismo y grado de desarrollo económico, puede sostenerse la hipótesis de que la España de 1930 estaba al nivel de Inglaterra en las décadas de 1840 y 1850 o de Francia en las décadas de 1860 Y 1870». Este enorme retraso, sólo levísimamente reducido durante los breves años de la República, se prolongó y ahondó hasta la década de los 50, por múltiples razones, y se redujo radicalmente, aunque no desapareció por completo, en los años 70.

En estos años 70 España se había convertido en una potencia industrial, cuya renta per capita era comparable, no igual, desde luego, a la de otros países de Europa occidental. Este desarrollo económico tuvo lugar, en su mayor parte, durante un período de tiempo relativamente corto, entre 1964 y 1973: en esos diez breves años la economía española creció, en términos reales, a razón de un 7,3% anual –tasa de crecimiento sólo superada por el Japón entre las principales economías occidentales–. El PNB per capita aumentó desde una cifra inferior a 300 dólares en 1960, hasta 3.260 dólares en 1977, cantidad algo por debajo de los 3.530 dólares de Italia, pero muy por encima de Portugal (1.849), Grecia (2.950) o Irlanda (3.060).

Este extraordinario desarrollo económico lo pudieron ver y vivir, disfrutar y padecer, una generación en el poder y otra a la espera de ocuparlo, siguiendo la caracterización orteguiana de las generaciones. Y, lógicamente, tuvo secuelas de extraordinaria importancia en el terreno educativo y cultural, en la estructura de clases de la vieja España señorial y clasista, en la movilidad territorial y social, en el esquema de pautas, valores y creencias de la sociedad, y en la nueva galería de españoles que fue silenciosamente sustituyendo a los tipos consagrados por la tradición o por las fantasías de historiadores y poetas. A no pocos historiadores y politólogos actuales les cuesta mucho reconocer la magnitud de estos cambios y, sobre todo, el que fueron el fundamento imprescindible de la prosperidad alcanzada décadas más tarde.

La actual teoría de los cambios sociales y de su génesis rechaza todo tipo de monocausalismo, como los firmados por Marx y la mayoría de los marxistas, y, con sabios matices, por Weber y su escuela. No hay factores privilegiados ni motores de cambio. En un mismo cambio pueden intervenir, sobre todo, factores materiales y espirituales –es decir, infraestructura económica frente a ideas y valores–, desde otro punto de vista, factores exógenos y endógenos. Exógenos, como la ética protestante que, al favorecer los comportamientos de ahorro, acumulación y trabajo metódico y concienzudo, determinó en gran medida el desarrollo del capitalismo. Factores endógenos como los inducidos por el mismo funcionamiento del sistema social, como sucedió con la división del trabajo social, según Durkheim. Pero la mayor parte de los cambios son mixtos. Como el que estoy ahora analizando.

Pese a esta mezcla de factores exógenos y endógenos y, en general, a la multicausalidad en la emergencia del cambio social, nadie duda de que la gran transformación española de los 60 se debió al extraordinario desarrollo económico que, entre 1960 y 1973 duplicó el nivel de ingresos de los españoles, debido a un crecimiento del PIB superior al 6% anual.

Ya he apuntado algunas de las causas: una excelente coyuntura internacional, la emigración de dos millones de trabajadores españoles, procedentes en su mayoría del campo, a los prósperos países de Europa occidental, la afluencia de turistas con preciosas divisas, la llegada del capital extranjero, el creciente consumo interior a medida que llegaban las remesas de emigrantes y las divisas de los turistas... Veamos con algún detenimiento la influencia de estos factores y circunstancias.

4. El factor demográfico y el éxodo rural

El descenso de la población campesina, que pasó de casi cinco millones en 1960 a tres millones en 1974, supuso una considerable alza de salarios agrícolas, escasez de viviendas en las ciudades, el refuerzo del movimiento obrero urbano y un tímido paso a una nueva sociedad, adquisitiva y consumista.

Esta merma de la población campesina indujo una movilidad desconocida hasta este momento en España. El éxodo a las grandes ciudades y la migración a Europa nos convirtió en un «país sobre ruedas». Si el Gobierno no podía menos de felicitarse por la corriente migratoria a Europa, que enriquecía con las remesas de los emigrantes las exhaustas arcas del Tesoro Público y «oxigenaba» en cierta medida una población campesina que los recursos primarios no podían mantener, ese mismo Gobierno temía el eventual desorden que pudiera seguirse de las grandes concentraciones en la España urbana. Algún discurso de Franco así lo atestigua, y el terrible chabolismo horizontal o vertical, cuyas consecuencias y reliquias aún padecen no pocas ciudades españolas, certifica un aspecto importante de ese desorden, aunque sospecho que Franco no pensaba en ese tipo de desordenes...

El crecimiento de las grandes ciudades significó, en términos concretos:

·         una reducción importante en el número de municipios –en 1970 había 547 menos que en 1960, sobre todo en Huesca, Soria, Guadalajara, Lérida y Segovia;
·         los municipios por debajo de 10.000 habitantes perdieron en la década de los 60 unos dos millones de personas. En 1960 residían en ellos el 48% de la población total del país, en 1970 el 33%;
·         en fuerte contraste, en los municipios superiores a los 10.000 habitantes la población creció en ocho millones de habitantes, es decir, un 56% de incremento;
·         el cambio más espectacular fue el crecimiento de las ciudades por encima de los 100.000, que pasaron de una población de 6 millones 700.000 en 1960 a 12 millones y medio en 1970.

Pasando a otro factor, hay que reconocer que la llegada del capital extranjero fue determinante para el crecimiento económico. Sólo tres datos: las inversiones extranjeras propiamente dichas pasaron de 125 millones de pesetas en 1960 a 5.038 en 1967; las remesas de emigrantes españoles pasaron de unos magros 116 millones de dólares en 1961 a 1.400 millones en 1973; los turistas dejaron 331 millones de dólares en 1961 y 1.400 millones en 1973. Los aeropuertos españoles, debido en gran parte al incremento del turismo, registraron el siguiente aumento: 337.000 pasajeros en 1950, un millón y medio en 1960 y casi once millones en 1970.

5. El crecimiento del capital económico y del capital humano

El consumo interior se fue uniendo a esta lista de factores del crecimiento económico. Un solo dato, que explica la reindustrialización de algunas regiones españolas con empresas de industria ligera: en 1960 sólo el 4% de los hogares españoles poseía un frigorífico, y el 4%, igualmente, un automóvil; en 1969 eran ya un 63 y un 27%, respectivamente. No pocos intelectuales y toda la izquierda desconfiaron enseguida del consumismo que tímidamente se iba apoderando de los sueños de los españoles y aún más tímidamente, de sus hogares. La izquierda buscaba en aquellos momentos en toda Europa una clase o un grupo social que pudiera reemplazar a un proletariado aburguesado y consumista. Y lo buscaba desesperadamente, porque temía que la revolución del consumo desplazara definitivamente a la auténtica revolución, la marxista.
Una de las claves del crecimiento económico fue la eclosión de una nueva ética del trabajo –hoy en gran parte desaparecida– alimentada por las aspiraciones de millones de españoles a mejorar la posición social y económica de sus hijos vía la realización de estudios superiores. Hace ya muchos años el profesor Miguel Siguán, analizando la estructura social del campo andaluz, insistía en el fatalismo de los jornaleros andaluces que no veían posibilidad alguna de sacudirse su mísera condición laboral y social, ni de dejar de trasmitírsela a sus hijos, como ellos mismos la habían recibido en herencia de sus padres y abuelos. Las migraciones masivas de todo tipo modificaron radicalmente esta negra falta de horizontes.

Creo, por esto mismo, que el milagro económico español de los años 60 debió buena parte de su fortuna a la ruptura del endémico fatalismo campesino, propiciada por las liberadoras salidas al extranjero, la incipiente movilidad social, el éxodo hacia las grandes ciudades industriales del país, el acceso a niveles más dignos de estudios, etc. La ruptura del fatalismo desató un torrente de energía social represada, los españoles en Europa trabajaron esforzadamente, ahorraron, enviaron millones a sus familias y al erario público, mientras que los españoles de España se afanaban trabajando en dos empleos, haciendo horas extraordinarias, adquirían sus viviendas en las grandes ciudades de acogida, consumían y estimulaban así los flujos económicos.

6. Dos grandes cambios estructurales: la nueva estructura social y la escuela de masas.

A) La nueva estructura social

En los textos escolares de mi generación, y en libros de mayor o menor enjundia, España aparecía siempre como una nación eminentemente agraria. Un régimen político vinculado inicialmente con los intereses de esa sociedad agraria tuvo en su momento que salvarse con una política de industrialización a toda costa. A comienzos de la década de los 50 trabajaban en el campo cinco millones 300.000 españoles, y casi el mismo número, cinco millones y medio, en la industria y servicios. En 1970 los números eran tres millones y casi nueve millones, respectivamente. El sector industrial y de servicios ganaba por goleada, y este cambio tuvo lugar en apenas 10 años. Ya en 1980 la proporción a favor del sector secundario y terciario era de 6 a 1.

El éxodo rural fue siempre temido por la España oficial por diversas razones, desde que restaba fuerzas al macizo de la raza, que se suponía que residía y trabajaba en el campo, como se supone también en otros países europeos, el caso de Suiza es ya clásico, hasta que provocaba el problema de la vivienda, o que desequilibraba el statu quo de los bajos salarios en el campo en perjuicio de los ricos propietarios agrícolas.
Algunos mencionaban también el posible refuerzo del movimiento obrero urbano y el espíritu pagano y materialista que reina en las ciudades, olvidando que una de las corrientes migratorias más intensas estaba formada por jornaleros andaluces, sin duda uno de los reductos más descristianizados del país, como en su tiempo puso de manifiesto el profesor Cazorla.

El éxodo rural no fue contenido, y desbordó todas las predicciones. La del II Plan de Desarrollo, por ejemplo, predecía para 1975 una cifra de 3,3 millones de campesinos, pero ya en 1971 el número era bastante menor de 3 millones. De acuerdo con algún plan redactado en fríos despachos ministeriales de Madrid, se edificaron escuelas rurales que en poco tiempo se hallaban en ruinas porque no había ni maestros ni niños en el lugar.

Cambió, como es lógico, la posición relativa de los agricultores en la economía, como resultado de este éxodo rural y de diversas innovaciones política de concentración parcelaria, introducción de fórmulas de cooperativistas, creciente extensión de los regadíos, vigorosa mecanización de los trabajos agrícolas, y la llamada «revolución verde», que incrementó el rendimiento del trigo, la cebada y, sobre todo, del maíz y del algodón.

Pero el cambio de posición económico-social de los agricultores no fue homogéneo. Si en los años 40 y 50 la escasez de alimentos, la política proteccionista del agro y el estraperlo enriqueció a los pequeños propietarios agrícolas, en el período desarrollista los salarios de los que trabajaban en el campo subieron más deprisa que los precios de los productos agrícolas, desapareció el estraperlo, debido a las importaciones libres, y, sobre todo, se iniciaron las corrientes migratorias a las ciudades.

El primer resultado fue un relativo y creciente empobrecimiento de las pequeñas explotaciones agrícolas, la miserización del agricultor modesto. Los que nunca perdieron, ocioso es recordarlo, fueron los grandes terratenientes, que supieron aprovechar las facilidades de los créditos oficiales, las oportunidades de crear empresas muy rentables gracias a la economía de escala, el beneficio de la política de regadíos y, en algunos casos, la transformación de suelo rústico en urbano con la consiguiente especulación.

En todo caso, el éxodo rural no fue tan dramático como a veces se ha pretendido, pues si el campesino individual pudo sufrir a veces de la pérdida de sus raíces, el campesinado como colectivo hubiera sufrido más de permanecer en el campo. Y la mayor parte de los campesinos emigraban a la gran ciudad pero en gran parte lo hacían a contextos familiares o de viejos amigos y vecinos del pueblo abandonado. La emigración campesina sí perjudicó, quizás irremediablemente, a los pueblos como unidades de población. Emigraron los jóvenes, los más emprendedores y de mayor energía, y el resultado inmediato fue envejecimiento de la población campesina, y el sentimiento de decadencia que produce la vista de muchos pueblos.

Una consecuencia inesperada del éxodo rural fue el aumento de las diferencias regionales, aunque de momento no disminuya la producción o la renta per capita de las más afectadas por la marcha de sus habitantes. A la larga sí producirían menos porque se invertiría menos en ellas.

De hecho esta tendencia se tradujo en una fuerte diferenciación regional desde el punto de vista del desarrollo económico: Madrid y Barcelona a la cabeza, seguidas por el País Vasco y el País Valenciano, Baleares y Asturias.

La pauta de expulsión de emigrantes comienza con Canarias y Murcia, se acentúa en Aragón, Castilla la Vieja y Andalucía, que partían de un alto nivel agrario y contaban con unos pocos núcleos de gran tradición urbana y que han disfrutado de los beneficios de los «polos de desarrollo», y culmina en León, Galicia y Extremadura, regiones de altísima emigración y «farolillos rojos» del desarrollo.

Efecto nada ambiguo del éxodo rural fue el crecimiento desordenado y caótico de las grandes ciudades, la falta de servicios y equipamiento adecuados de las enormes barriadas obreras que en su periferia surgieron como setas, las ciudades-dormitorio a veces sin calles, al menos sin calles asfaltadas.

Y otro efecto negativo, éste de índole política, fue el recelo con el que la población, la burguesía sobre todo, de las regiones receptoras de emigrantes, regiones con conciencia regional muy alta, vieron las oleadas de emigrantes, procedentes en su gran mayoría de regiones de baja conciencia regional. Un larvado conflicto de tipo xenófobo estaba servido.

Estamos viendo algunos costes del desarrollo español. Habría que señalar otros, que menciono brevemente: la dependencia industrial española de las grandes multinacionales, en primer lugar de las norteamericanas, luego de las europeas; la escasa creatividad del desarrollo industrial español, que se basó en la copia (éramos el único país del mundo que fabricaba un millón de automóviles al año pero todos de marca extranjera, prácticamente como ahora); el carácter contaminante, de tipo sucio, de la mayoría de las industrias que se montaron en España (siderurgia, cemento, químicas, navales, etc.); la creciente importancia del pago obligado por la importación de patentes o royalties; el predominio de oficinas y servicios ligados al sector turístico...

La expansión industrial y del sector terciario no equivalió inmediatamente a un proceso de mesocratización. Fraga y otros hombres importantes del Régimen se precipitaron al ensalzar la entrada de España en el exclusivo club de las clases medias, pero lo cierto es que la España del desarrollo fue más bien un país proletario que una nación de clases medias. Pero un proletario «sui generis», porque había desaparecido en gran parte, como ya he indicado, un ingrediente esencial del proletariado, el fatalismo, reemplazado por una conciencia colectiva de que era posible el ascenso social para sí mismo o para los hijos.

La movilidad social de aquellos años –quizás no tan rápida como algunos sociólogos pretendieron– proporcionaba un fundamento objetivo y un acicate para esas aspiración.

Así, en el fulgurante proceso de urbanización que se produjo en aquella década se observa perfectamente las líneas fundamentales de la transformación sufrida por la estructura de clases. Anotemos un dato más, aquí pertinente, sobre la urbanización de la sociedad española: en 1930 la población española que vivía en municipios de más de 50.000 habitantes representaba el 21%, y en 1970 el 44%, y en rápido ascenso. En las 82 ciudades de más de 50.000 habitantes, según el Censo de 1970, la población activa se articulaba en tres grupos de las siguientes dimensiones:

·         Personal de oficina (profesionales, directivos, comerciantes, Fuerzas Armadas y resto de personal de servicio), 52%;
·         Personal de fábrica, incluido el de sus propias oficinas, 45%;
·         Campesinos y pescadores 3%.

Los procesos migratorios, junto con otros cambios ya reseñados, trasladaron una buena parte de los conflictos sociales de la «posesión de tierra» al «uso del espacio urbano». Casi podría decirse que la secular «hambre de tierra» fue reemplazada por el «hambre de participación, de protagonismo, de poder» en el movimiento urbano que en aquellos años surgió con fuerza.

Entiendo por «movimiento urbano» el sinfín de organizaciones poco conexas entre sí, con objetivos y estrategias muy distintas: asociaciones de vecinos, de propietarios de viviendas, centros parroquiales, asociaciones culturales de consumidores, etc. En ellas destacaban los activitas políticos, sindicalistas o religiosos. Todos acababan luchando, aunque no fuera éste su único objetivo, contra las autoridades que no les proporcionaban suficientes servicios públicos (viviendas en lugar de chabolas, mercados, escuelas, espacios verdes, semáforos, asfaltado, etc.).

Finalizado el período que estoy analizando, la estructura de la población activa de 1976, fruto de los cambios sociales expuestos, quedó finalmente así, según datos de la EPA del INE:

 
Clases no asalariadas
29,6%
·1    Empresarios, gerentes y directores
5%
 
·2    Independientes, Profesionales y Autónomos
24,6%
 
Clases asalariadas
69,2%
·3    Trabajadores no manuales, administrativos, de servicios
29,4%
 
·4    Obreros especializados
28,6%
 
·5    Obreros agrícolas
6%
 


Se había producido una notable desproletarización, pero no se había llegado a la soñada mesocratización. Habían surgido nuevos proletarios, especialmente en el sector servicios, y todavía un 5% de obreros carecían de especialización y un 6,6% de trabajadores del campo seguían siendo jornaleros. Pero había aparecido, sin duda, una nueva clase media –gerentes, directivos, profesionales, trabajadores autónomos...– y casi la tercera parte de la población activa, el 29%, se declaraba obreros especializados.

La comparación con datos de décadas anteriores es ilustrativa de este proceso Según datos del profesor Murillo la clase media había pasado de un 27% en 1950 a un 44% en 1970, y la clase baja, de un altísimo 73% en 1950 a un 50% en 1970. La marcha para ingresar en el exclusivo club de países de clase media había comenzado.

B) La Escuela de masas

El éxodo rural, la urbanización de la población española y la industrialización y crecimiento económico general hallaron un poderoso aliado en la entrada de España en lo que los sociólogos de la educación han denominado categoría de «países con escuela de masas». «Escuela de masas» significa que, aproximadamente, un tercio de los jóvenes están realizando estudios superiores, en torno a un 70% estudios secundarios, y el 100% estudios primarios.

La denuncia del «África interior» de miseria material e ignorancia que lanzó Costa se apoyaba, fundamentalmente en dos realidades estremecedoras: las tasas de analfabetismo y el enorme número de niños sin escolarizar en la escuela primaria. A finales del siglo XIX la tasa general de analfabetismo era el 68%, según Ricardo Macías Picabea, mientras que en Francia afectaba sólo al 30%.  Todavía en 1960 los analfabetos representaban el 17% de la población, tasa que se fue reduciendo hasta en torno a un 7% en la década en cuestión.

En cuanto a los vacíos en la escolarización primaria, basta recordar que la tasa de escolaridad de la población de 6 a 13 años se mantuvo en un 50% entre 1880 y 1962, y habrá que esperar hasta el curso 1963-64 para alcanzar el 75%, aunque desde ese momento las tasas suben velozmente: 80% en 1966, 90% en 1970 y prácticamente completa en 1975.

Es de justicia señalar que las realizaciones del quinquenio republicado fueron notables, por lo que se puede ahora hablar desapasionadamente de «modernización educativa frustrada». El número de escuelas primarias aumentó en unas 7.000, el número de maestros en un 32%, pasando de 37.599 a unos 50.000, y el número de institutos de Bachillerato se duplicó, creándose 31 nuevos institutos y 35 institutos elementales.

En el período histórico cuyos cambios estoy analizando, el modelo tecnocrático reemplazó al anterior, de desmantelamiento de la obra republicana y recatolización de la enseñanza. En los años anteriores a la implantación del modelo tecnocrático, se produjo ya una auténtica explosión escolar del bachillerato, que afectó, sobre todo, al bachillerato elemental, manteniendo el grado superior su carácter selectivo como medio de acceso a la Universidad.

Me interesan los cambios numéricos, a los que me referiré en un momento, pero sobre todo los estructurales y cualitativos. A mi juicio la gran transformación social de este período, desde el punto educativo, fue la Ley General de Educación de 1970, que siguió a las duras críticas del famoso Libro Blanco de la Enseñanza.

El Libro Blanco, publicado en 1969, y cuya primera edición se agotó en 8 días, lo que dice mucho del renacimiento y vivacidad de la sociedad civil, que ya he comentado, fue la primera autocrítica de la Administración Educativa en toda su historia. En ella reconoció el grave problema del dualismo escolar, por injusto y discriminatorio, criticó la división del Bachillerato en elemental y superior y la prematura separación de las secciones de Letras de Ciencias, así como la existencia del bachillerato técnico y la validez del curso preuniversitario.

No debo entrar por demasiado compleja en la presentación de los cambios que introdujo la LGE. Sólo mencionaré los más importantes: (1) La generalización para toda la población de la educación básica hasta los 14 años; (2) la novedosa concepción de la educación permanente a lo largo de todo el sistema educativo; (3) la importancia de la planificación educativa dentro del marco general de la planificación económica; (4) La reorganización del profesorado, reduciendo a 11 los más de 30 cuerpos existente y, finalmente, (5) la reforma pedagógica en una línea modernizadora de trabajo en equipos, enseñanza individualizada, rechazo del memorismo exagerado, etc.

Con sus grandes aciertos y sus reconocidos fallos, la LGE transformó el paisaje educativo de aquella España que ya había comenzado, tímidamente, a ensayar reformas parciales. Los datos de mayor interés son los siguientes:

·         La Enseñanza Primaria tardó en recuperarse del desastre de la Guerra Civil. En el curso en que ésta comenzó estaban escolarizados 2 millones y medio de alumnos y en 1950 sólo se había superado esta cifra en 200.000 alumnos. A partir de ese momento el número de escolares de Primaria fue aumentando hasta alcanzar los tres millones 387.350 en 1960, 4.728.000 en 1970, y 5.473.336 en el curso 1975-76;

·         Pero el déficit de puestos escolares siguió siendo escandalosamente alto. En los primeros balbuceos de la Sociología científica española, en los años 60, se comentaba todavía con horror «el millón de puestos de enseñanza primaria» sin cubrir. El Informe FOESSA de 1975 cifró ese déficit en un millón 152.421. En algunas provincias las cifras eran insufribles: 62.254 en Cádiz, 41.779 en Murcia, 46.499 en Sevilla...

·         El Bachillerato siguió una suerte bien distinta, debida en gran medida a la iniciativa privada, en especial la de los Colegios religiosos. Fue su edad de oro, gracias a la explosión de la generosidad (P. Llanos) que llenó los Noviciados y Casas de Formación de incontables congregaciones religiosas dedicadas a la enseñanza. Gracias también, sin duda, a las ayudas oficiales, que de esa forma descuidaron su predio propio. Mandaba entonces Ibáñez Martín, ministro católico por antonomasia, no debe olvidarse. Y, sobre todo, gracias a la demanda popular, cuyas motivaciones últimas fueron muy diversas (prestigio, de los colegios religiosos, búsqueda del ascenso social, orden y disciplina, educación moral y religiosa, etc.). Pero este asunto exigiría una exploración más profunda. De una forma o de otra, el caso es que si en 1950 el número total de alumnos de bachillerato ascendía a 221.809, en 1960 era de 474.057 y en 1970 de 1.521.957, según datos del FOESSA de 1975; en 1975 había descendido a 818.468, debido al cambio en la estructura educativa de la LGE.

·         La Universidad superó con creces el boom del Bachillerato. En vísperas mismas de la Guerra Civil se contaban en España 33.336 estudiantes de Universidad. En 1940 eran 37.286, 54.605 en 1950, 77.123 en 1960, y a partir de ese momento la carrera algo alocada hasta los 213.159, y los 482.000 del curso 1975-1976... y el millón y medio actuales. Y crecía imparablemente la proporción de mujeres estudiantes. Comenta asombrado Amando de Miguel que en 1976 la Universidad española contaba casi con tantos profesores como estudiantes 40 años atrás.

En resumidas cuentas: la reconstrucción intelectual de España (Laín Entralgo), su «repoblación cerebral» (Llavero) estaba echando sus bases. En 1950 el número de españoles con estudios medios o superiores era de 600.000, y en 1970 llegaba a dos millones, con tendencia a dilatarse. Es decir, el 8,4% de la población. Es un ejemplo de los aspectos cualitativos de un cambio cuantitativo. Marx, sin duda, bendeciría estas palabras. Porque lo que estaba cambiando era el concepto mismo de elite y su composición humana y social.

La elite había sido siempre en España de reducidas proporciones, en la década que estamos estudiando se nutría en gran medida de profesores universitarios, y tendencialmente, de alumnos que iban acabando sus carreras e ingresando en los grupos de la elite profesional y empresarial. De profesores que iban constituyendo cuerpos cada vez más conflictivos, más progresistas, más discrepantes con la ideología autoritario-tradicional que oficialmente debían trasmitir.

El Cuerpo de Catedráticos de Universidad jugó un importantísimo papel en la gestación del Régimen Republicano, nutrió las filas de los dirigentes políticos del Régimen de Franco, y en la década de los 60, por la influencia cruzada de sus estudios en universidades del mundo occidental, de la recepción del marxismo, de los mismos acontecimientos de la revolución contracultural de los 60 y de la influencia liberalizadora del Vaticano II, suministraba líderes a la oposición política al régimen franquista. La reconstrucción intelectual de España con la que soñaba Laín Entralgo, comenzaba de una forma no imaginada por los que la planearon.

7. Un nuevo dinamismo para una sociedad civil renacida

La ruptura del fatalismo coincidió en el tiempo con una activación de la sociedad civil, estimulada también por los cambios económicos que generaron el desarrollo de múltiples ámbitos de libertades sociales, más o menos reconocidas legalmente, pero ejercidas de hecho, sin olvidar los cambios que acabo de exponer en la estructura social y en la estructura educativa del país.

El profesor de Sociología Víctor Pérez Díaz piensa, como caso de excepcional interés, en la transformación de las relaciones laborales: «los sindicatos franquistas se convirtieron poco a poco en un residuo ornamental o en un estorbo, y el contenido real de las relaciones industriales se centró en torno a convenios colectivos protagonizados por organizaciones de base, poco estructuradas, de ámbito local, aunque con una vaga coordinación, relativamente ideologizadas, semiclandestinas y semitoleradas, desde mediados de los sesenta».

Profundiza el profesor Maravall en esta transformación de las relaciones laborales que acabaría desembocando en el nacimiento o restauración de los sindicatos horizontales, de corte europeo. Las desigualdades económicas y sociales que, a ritmo similar al del progreso económico, iban apareciendo en la geografía social española y el mismo abandono de la política de autarquía exigido por el Plan de Estabilización, dice el profesor, alentaron considerablemente la aparición de las organizaciones sindicales horizontales en la clandestinidad y provocaron un aumento de las huelgas.

Hay que recordar que el sistema corporativista de relaciones laborales prohibía las huelgas y fijaba los salarios desde el Ministerio de Trabajo, sin participación de los trabajadores. En cambio los patronos tenían prohibido el despido de sus empleados a quienes tampoco se les podían asignar nuevos cometidos sin grandes dificultades legales. En la década de los sesenta, al tener que encararse España con la competencia de los fabricantes extranjeros, los empresarios se enfrentaron con el conocido dilema: la seguridad frenaba la productividad y la competitividad. A partir de ese momento los empresarios fueron firmando convenios colectivos con los representantes de los trabajadores, incluyendo mejoras salariales y mayores beneficios que los oficialmente autorizados, a cambio de obtener una mayor flexibilidad en las plantillas y otras medidas orientadas a la productividad.

Este cambio preparó el terreno para la aparición y consolidación de sindicatos como las CC.OO., USO y UGT, primer paso para el relanzamiento de la actividad de los partidos políticos.

El segundo factor de activación de la sociedad civil fue la nueva generación de universitarios, que ingresó en la Universidad, «la generación inquieta», como la llama Laín Entralgo. Cambiaban los estudiantes, pero la Universidad, en cuanto institución, apenas experimentó cambios dignos de mención. Lo cierto es que se multiplicaban las razones de descontento. En un artículo de 1967, «La realidad crispada», Ruiz Giménez citaba, entre otras, el aumento de medidas represivas, la separación de algunos catedráticos, expedientes académicos a los alumnos, procesos y detenciones, normas reglamentarias contraproducentes como el famosos decreto de las «cuatro convocatorias», la antisocial restricción de alumnos libres, la insuficiente articulación del cauce sindical, el decaimiento de la actividad cultural, etc..

En el marco más amplio de la «escuela de masas», la universidad española se fue poco a poco ensanchando, en cantidad que no en calidad, y se fue abriendo al extranjero mediante el envío a las mejores universidades europeas y americanas de millares de estudiantes para especializarse, por períodos más largos que los concedidos por la Junta de Ampliación de Estudios, y no sólo para carreras humanísticas sino también técnicas, tan necesarias en la coyuntura económica e industrializadora del país, y, sobre todo, fue cambiando el talante y el proyecto de acción de una mayoría de sus estudiantes, debido en particular a los sucesos de 1956 y, años más tarde, a la revolución contracultural de 1968.

La universidad española se adelantaba por una vez a las universidades europeas y americanas en la lucha contra el sistema. Había accedido a ella una nueva generación de jóvenes que no habían vivido la guerra civil y que se convirtieron rápidamente en un factor de modernización política. Pérez Diaz propone una explicación objetiva. En la universidad se operó una transformación similar a la que había tenido lugar en el movimiento obrero: las organizaciones universitarias oficialistas desaparecieron prácticamente desde los años 60, y el clima intelectual se orientó decididamente hacia la puesta en cuestión de la legitimidad del franquismo.

El ambiente de crítica al Régimen, sobre todo desde la Ley de 1966 de Libertad de Prensa, permitió que diversas publicaciones –el Ya, Informaciones, Cambio 16, Triunfo, el diario Madrid hasta su desaparición en 1971...– se embarcaran en críticas abiertas y propuestas de alternativas. Para la Universidad pudo escribir Maravall que «la tolerancia a nivel ideológico era incuestionable [...] Desde 1967 a 1975, en España era posible encontrar publicaciones de todas las variedades del marxismo».

En este clima, y en el de las relaciones laborales y primeros balbuceos sindicales, se formó la clase política alternativa al franquismo que había de (co)protagonizar la transición. Y no hay que olvidar la estrecha relación entre el clima intelectual y el lenguaje, en nuestro caso el utilizado profusamente por los hombres del Régimen. Un viejo artículo de Ruiz Giménez en Cuadernos para el Diálogo, noviembre de 1967, da en el clavo. Cito textualmente:

Las palabras llegan a obligar. No se puede invocar perpetuamente la «democracia», la «participación», la «representación», el «contraste de pareceres», etc, sin que estas máximas lleguen a comprometer. Emplear un determinado tipo de lenguaje puede ser motivo de acicate para que los problemas se manifiesten. Y exigen soluciones, no meras reacciones sancionadoras.

Una poderosa fuerza de reactivación de la sociedad civil, la tercera, fue la Iglesia Católica, no tanto como institución sino como fuerza social en la persona de muchos sacerdotes, algún valeroso obispo, y una significativa mayoría de seglares comprometidos, descontentos con el inmovilismo del Régimen, la alarmante pérdida de la clase obrera para la Iglesia, y, muy en especial, con las clamorosas injusticias sociales.
El giro en la Iglesia Católica a raíz del II Concilio Vaticano fue, sin duda alguna, uno de los cambios, de tipo exógeno, que inyectó dinamismo en la cultura política española. A finales de la década el Gobierno no podía contar ya con el apoyo y la lealtad unánimes de la Iglesia. El modelo del nacionalcatolicismo, que durante décadas sostuvo la alianza Estado-Iglesia, como lo hizo la fórmula «Trono y Altar» en el siglo XVIII francés, estaba agotado.

Entre los más decididos opositores al Régimen figuraban muchos jóvenes sacerdotes y algunos miembros destacados de la Jerarquía. La famosa Encuesta de 1971 a 15.000 sacerdotes, (el 85% del clero español), encargada por la igualmente famosa Asamblea Conjunta de Obispos y sacerdotes, reveló que 25% de los encuestados prestaban su apoyo al socialismo, y el 13% al movimiento obrero. No todo se quedó en el terreno de las actitudes y opiniones. Las asociaciones religiosas, protegidas hasta cierto punto por un Fuero especial concedido en el Concordato de 1953, sobre todo la HOAC y la JOC, sirvieron a veces de estructura para las protestas laborales y para las huelgas, imposibles sin esa cobertura. Y no faltaron los sacerdotes que colaboraron con grupos partidistas ilegales, prestando sus locales parroquiales para reuniones clandestinas, sobre todo en Cataluña. El entonces ilegal partido Convergencia i Unió, por ejemplo, se fundó en el Monasterio de Montserrat.

Algunos sacerdotes y religiosos fueron más allá, en los años inmediatamente siguientes al Régimen fenecido, y se convirtieron en líderes de organizaciones de izquierda, entre ellas CC.OO., el Partido Comunista, el PTE, de inspiración maoísta, y el ORT, dirigida por un antiguo jesuita. Pero la Iglesia Católica como institución no se desplazó bruscamente hacia la izquierda, y muchos viejos y no tan viejos sacerdotes y, sobre todo, obispos siguieron prestando su lealtad y apoyo al Régimen de Franco.

8. La lucha por la modernización política

Convertirse en un país moderno, ingresar plenamente en la modernidad, no es tarea sencilla. En el caso de España, no se trataba únicamente de instaurar un régimen democrático de partidos, elecciones libres, Parlamento y demás herramientas de las democracias occidentales en lugar del régimen autoritario de Franco, que había concentrado en su persona todos los poderes y ejercía su autoridad al mismo tiempo como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno, Capitán General y Jefe del Movimiento.

Era necesario ponerse en camino de superar atrasos seculares, «secar», valga el término, las raíces de legitimidad del Régimen, o, más exactamente, esperar a que se secaran por el mismo dinamismo de la sociedad, construir una política económica de mayor flexibilidad, libertad y apertura al exterior y, finalmente, evolucionar hacia una cultura política adecuada, o, al menos, favorable al proyecto de modernización. Comentaré algunas de estas necesidades.

1. Superar los atrasos seculares o, más exactamente, ponerse en camino de superarlos, era una labor titánica de imposible realización ni en una década ni en varias. Con un simpático optimismo afirmaba Amando de Miguel en un viejo artículo que España «para converger tenía que tragar el pasado. Tenemos que digerir en unos años la Reforma, la Ilustración, la Revolución Francesa, la Revolución Rusa y la Revolución Nacionalsindicalista. El objetivo es que pronto ya no haya emigrados de ninguna de esas revoluciones. El talante convergente es hacerse cargo de todo el equipaje del pasado, pero enganchando el avión europeo que va hacia el porvenir». Digerir en pocos años cinco revoluciones de ese calibre era la «misión imposible» de la que habla el autor citado, aunque en un sentido algo diferente.

Un paso importante fue elevar el nivel educativo de la sociedad española hasta límites que nadie se creía. Hemos visto el empujón que recibió la sociedad en este terreno. Imposible, en cambio, esa «reconstrucción intelectual» soñada por Laín Entralgo, mediante la recuperación de gente valiosa apartada de la escena cultural por el Régimen: Dámaso Alonso, Rafael Lapesa, Ramón Menéndez Pidal, Tello y Fernando de Castro, discípulos directos de Cajal, Julio Palacios y Miguel Catalán, Zubiri, Julián Marías, Antonio Tovar, y tantos otros.

2. Esperar a que se secaran las raíces de legitimidad del régimen fue un largo proceso pero felizmente coronado. «La legitimidad del régimen tenía raíces complejas», argumenta Víctor Pérez Díaz. La victoria por las armas, el carisma de Franco, la referencia a ciertos valores de la tradición, una legitimidad legal-racional que se había ido construyendo con la participación de los juristas y otros profesionales y, por encima de todo esto, la sobrecarga de legitimación de la bendición de la Iglesia, y, sobre todo, el éxito del crecimiento económico.

Pero las transformaciones culturales y económicas de los últimos veinte años del franquismo «empujaron irremisiblemente la vida cultural española en la dirección de hacerla cada vez más semejante a la cultura occidental, de la misma manera que las transformaciones económicas empujaban la economía en la dirección de su homologación con, y su integración en, la economía occidental. El resultado fue que el régimen político se hizo cada vez menos congruente con la vida cultural y la vida económica de la mayor parte del país».

El franquismo fue perdiendo gradualmente sus soportes sociales:

·         el campesinado, o el empresariado agrícola, que había sido franquista, porque, debido a las grandes transformaciones agrarias habían perdido poder; lo habían tenido, dado su antifranquismo;
·         algo similar sucedió con las generaciones jóvenes de trabajadores porque no aceptaron el pacto social ofrecido por el Régimen: seguridad y desarrollo económico frente a libertad de acción colectiva;
·         los trabajadores industriales porque nunca habían sido franquistas;
·         las generaciones vencidas en la guerra civil, pero no convencida, porque seguían siendo fieles a sus postulados y posiciones políticas originales;
·         e incluso las clases medias, las grandes beneficiarias del crecimiento económico porque desarrollaron una gran indiferencia ideológica hacia el régimen, y en su sector privilegiado –profesionales, altos funcionarios y empresarios–, comenzaron a soñar con ambiciones de liderazgo político;
·         En resumen, concluye Pérez Díaz, «el franquismo se vació de legitimidad y erosionó o perdió sus soportes sociales. Y así ocurrió que a la muerte del general Franco el régimen quedo en manos de una clase política franquista, no sólo sin capacidad sino incluso sin voluntad de dirigir al país».

3. La nueva política económica españ
 
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