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Altar Mayor Nº - 139 (44)
Tuesday, 15 March a las 14:57:12

Altar Mayor artículos REVISTA DE LA HERMANDAD DEL VALLE DE LOS CAÍDOS
Nº 139  - Extraordinario -  enero / febrero de 2011

 

LA CASTA DE LOS MEDIOCRES
Jesús Casla*



 
No es fácil elegir una contradicción de la sociedad actual cuando son precisamente sus muchas contradicciones las que la definen. Las contradicciones son inherentes a esta sociedad actual que se rige por la máxima del interés y éste, por su propia naturaleza, es cambiante y variable en función del caprichoso oleaje de las circunstancias. En mayor o menor medida, por acción o por omisión, todos contribuimos a la instauración de esa esencia contradictoria de nuestra sociedad y nos hemos acomodado a convivir con ella.

El abanico de opciones para abordar y exponer las contradicciones de la sociedad actual es enorme; pero me voy a ceñir a la falta de coherencia de una sociedad cada vez más competitiva en la que es imprescindible una mayor preparación para prosperar y subsistir, mientras que para liderarla desde el ámbito político se siguen criterios diametralmente opuestos, no de cualificación, preparación o excelencia sino de oportunismo o de derechos de sangre, según el caso.

Precisamente la no exigencia de excelencia para escalar en la política es la que ha posibilitado el asalto de una jauría de ineptos al que debería ser coto exclusivo de los más aptos. Esa casta de ineptos, por saberse en su fuero interno no legitimada para los cargos que detentan, trata de ocultar sus carencias rodeándose de otros estómagos agradecidos aún más ineptos, de lealtad perruna. Y para afianzar férreamente esa lealtad de sabueso, dispone de una pléyade de privilegios, favores y prebendas totalmente fuera de lo usual en una sociedad en la que hasta para optar a ser un humilde mileurista se exige una magnífica formación técnica, conocimiento de idiomas, experiencia, etc. Nada de eso, salvo honrosas y escasas excepciones, rige para nuestros «timoneles».

Nacida en 1976, entre sus mayores méritos cuenta con haber terminado el bachillerato y la carrera de sociología. Hasta aquí, podría tratarse de una mileurista más o, lo que es peor, una joven desempleada con escasas posibilidades de encontrar empleo. Sin embargo, ser hija de padre y madre militantes socialistas con responsabilidades locales en Alicante y Benidorm, respectivamente, facilita a Leire Pajín, que es a quien me estoy refiriendo, entrar en la política con el viento a favor. Arropada por la estructura del PSOE, se convirtió en el año 2000 en la diputada más joven de España y repitió en 2004. El resto, hasta convertirse en ministra y una de las caras más habituales de nuestro panorama político, ya lo conocen. Y hasta ahí con una preparación frugal, por no decir mediocre, y haciendo gala de unas formas entre limitadas, lamentables y hasta chabacanas. Sin haberse dedicado a otra cosa en su vida. Sin haber formado parte un solo día del mercado laboral. Sin haber tenido que competir por lograr o mantener un puesto de trabajo. Con sólo 34 años y un fondo de armario intelectual y profesional más que escaso, Leire Pajín ya tiene derecho a una indemnización del Estado de 85.000 € anuales. Sus ingresos actuales rondan los 20.000 € mensuales si sumamos su sueldo como ministra, lo que cobra del PSOE, el 80% que percibe de su sueldo como ex secretaria de Estado de Cooperación y su retribución como senadora. Una vez en la carrera política, las circunstancias pueden llevar a lo más alto a personajes así. Leire Pajín es el paradigma de esta sociedad contradictoria que ensalza a personajes que fuera de la política desaparecerían por el sumidero de la mediocridad. Pero no es la única. Ahí están Bibiana Aído, Pepiño Blanco –incapaz de terminar primero de Derecho–, el propio ZP, etc.

Apenas ha cumplido un año desde su publicación el libro La casta; el increíble chollo de ser político en España, de Daniel Montero, trabajo que pone en evidencia que nuestros políticos, más allá de sus eventuales discrepancias ideológicas, cada vez más irrelevantes, funcionan como una auténtica casta a la hora de protegerse y justificarse ante una sociedad para la que rigen unas normas muy diferentes. Y consiguen sus objetivos, no nos engañemos, con la sordina de los medios de comunicación afines.

Con el sueldo que cobra en un solo mes un diputado vive un pensionista durante dos años y medio. Además, dadas las circunstancias de la crisis, es probable que ese pensionista tenga que mantener a algún hijo en paro. Porque cualquier ciudadano español sólo puede optar a una pensión máxima de 32.000 € anuales mientras que nuestros políticos tienen derecho a pensiones vitalicias de 74.000 €, pensiones que, para más inri, no son incompatibles con otros sueldos de la Administración. El ex presidente de la Comunidad Autónoma Vasca, Juan José Ibarreche, recibirá de por vida una paga de 45.000 € anuales, así como todos los miembros de su gobierno, muy por encima de lo que pueda llegar a cobrar un español de la calle después de toda una vida de trabajo cotizando la base más alta. No está nada mal para alguien que siempre ha renegado de España, salvo para cobrar. Cuando regresó a España tras abandonar el Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato se trajo una pensión vitalicia de 60.000 € anuales, a los que suma otros 37.000 € anuales como ex ministro. Pedro Solbes dejó la política, pero no las prebendas, retirándose con unos ingresos de nada menos que 12.000 € al mes si sumamos su pensión como funcionario, la pensión vitalicia como ex comisario europeo y la compensación durante dos años por haber ejercido como ministro. Es decir, una jubilación más de diez veces superior a la de un español medio. Otro caso flagrante es el del vicepresidente tercero, Manuel Chaves. Cobra al año más de 80.000 € por su puesto en el gobierno, a los que hay que añadir 46.000 € anuales como indemnización por abandonar la Presidencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Dos sueldos del Estado; algo prohibido por ley para los españoles normales; es decir, los que no forman parte de la farándula política. María Teresa Fernández de la Vega suma a su ya excelente sueldo como ex vicepresidenta la magnífica paga vitalicia como consejera de Estado. Y podríamos continuar con un largo listado que pone en evidencia cómo la casta se rige por normas propias, acotadas para el resto de la sociedad.

Pero no contentos y satisfechos con sus extraordinarias retribuciones y pensiones, nuestros políticos hacen uso y abuso, sin ambages, de los servicios del Estado que pagamos y sostenemos entre todos, trabajadores y parados. Está establecido que los diputados puedan utilizar cuantos aviones, trenes y barcos les apetezcan. Cada uno dispone de 5.000 € al año para tal fin, a cargo, naturalmente, del Estado, o sea, de todos los contribuyentes. No es extraño, por tanto, encontrar anécdotas tan descriptivas como la de aquella comisión del Congreso que solicitó permiso para que sesenta diputados viajaran cuatro días a Canarias para estudiar el cultivo del plátano. Sobra decir que en sus equipajes no faltarían bañadores y bikinis.

Sólo el Congreso gasta cada año 160.000 € en regalos navideños. Se calcula, por otra parte, que los alrededor de 11.000 cargos públicos del país reciben regalos navideños por un total de más de dos millones de euros. No existe un límite legal para las comidas de representación que forman parte imprescindible de las vidas de nuestros «timoneles». Y, casualmente, es norma que todos tengan buen paladar y un gusto exquisito por los restaurantes más caros. Qué placentero es disparar con pólvora ajena. Algo parecido ocurre con los gastos de teléfono. Sólo los senadores, por poner un ejemplo, cuentan con 1.700.000 € destinados a dicho gasto.

Los hay que rebasan todos los límites del abuso; como Rodrigo de Santos, aquel concejal de Palma de Mallorca que gastó más de 50.000 € en prostitutas y bares. O el caso de aquel alcalde de la localidad alicantina de Dolores que en el año 2002 fue condenado a seis meses de prisión. ¿Su delito?, haber abonado con fondos municipales la factura de un local de alterne al que había acudido con siete amiguetes.

Al margen de los magníficos sueldos, no hay que olvidar las dietas. Cada parlamentario que no reside en Madrid recibe más de 1.800 € mensuales para gastos de manutención y alojamiento. Sin embargo, sus homólogos residentes en Madrid también perciben 900 € por el mismo concepto. Debe ser que no les gusta ir a comer a casa. Sin olvidar que cuando viajan por España cobran, además, 120 € diarios; 150 € si el viaje es fuera de nuestras fronteras.

El Congreso regala a cada diputado una tarjeta personalizada con un saldo de 250 € mensuales para que viajen por Madrid a su gusto; pero eso casi nunca es necesario porque estamos en el país de los coches oficiales. Tenemos más que los Estados Unidos, país que multiplica por seis nuestra población. Muchos dirigentes autonómicos y alcaldes hacen uso de vehículos de auténtico lujo. El de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, se pasea por la capital en un automóvil de 600.000 € mientras invita a los madrileños a hacer uso del transporte público. No todos los dirigentes llegan a este extremo, aunque sí es habitual en la inmensa mayoría el uso de coches de marcas de lujo y, también, disponer de varios. El gobierno autonómico andaluz dispone de una flota de 234 coches oficiales.

Recientemente, saltaba la noticia de que cuarenta chóferes despedidos del Parque Móvil del Estado revelaban las exigencias abusivas de ministros y, sobre todo, ministras; utilizando los coches oficiales para sus caprichos personales. Parece ser que la vicepresidenta Elena Salgado es muy dada a acudir a la peluquería o a pilates en coche oficial. Bibiana Aído, sin embargo, prefiere que el coche oficial acuda a buscarla a altas horas cuando sale de copas con sus amigas. Algunas directoras generales han llegado a pedir que se instalen en sus coches oficiales sillas para niños para cuando el conductor tiene que ir a recogerlos al colegio. Otro conductor denuncia que se vio obligado por la ex vicepresidenta Fernández de la Vega a circular a 190 km/h, lo que le costó, a él, no a ella, seis puntos del carné.

Pese a la crisis, el gobierno de ZP mantiene 490 coches oficiales para altos cargos socialistas, con un coste de 15 millones de euros al año. ZP, por cierto, el del talante y las buenas prácticas, es el único presidente de un país miembro de la Unión Europea que carga sus gastos de vacaciones personales a los presupuesto del Estado. Y, como sabemos, no es muy dado a vacaciones sencillas y discretas. Le gusta descansar rodeado de un séquito de más de cien personas a su servicio. Extraña y frecuente manía la de estos progres a la hora de comportarse como marajás cuando paga otro. Recomiendo en este punto la lectura del último libro de Hermann Tertsch Libelo contra la secta.

Sin embargo, y pese a todo lo expuesto, nunca se ha sancionado a ningún político español por incumplir el código del buen gobierno que nuestra casta política se ha dado. Podían empezar por el vergonzoso nivel de absentismo laboral que a diario vemos en el Congreso, del que sospechosamente no existen datos oficiales. No es extraño ese alto nivel de absentismo cuando sólo la tercera parte de nuestros diputados se dedican en exclusiva a ejercer la labor política de representación, que es para lo que les votamos y les pagamos. El resto, nada menos que el 70 % de los diputados, obtiene sobresueldos en la empresa privada, mediante colaboraciones o participando en fundaciones. Basta con pasar el examen electoral cada cuatro años, eso sí, tras la panoplia de las listas electorales cerradas, y a seguir viviendo de la política con chanchullos, suplementos, dietas y toda clase de añadidos. Porque a los numerosos beneficios propios hay que añadir también los que tienen derecho a repartir en su entorno. Así, por ejemplo, hasta hace poco a cada eurodiputado se le otorgaba un partida mensual de 17.000 € para contratar a familiares como colaboradores propios. Fue el caso de Alejo Vidal Quadras, que contrató a su cuñado como asesor personal. El eurodiputado popular Felipe Camisón fue más lejos y contrató como asistente a su esposa. El hijo de Alfonso Guerra fue elegido a dedo asistente del vicepresidente del Parlamento Europeo. José Botella, cuñado de José María Aznar, se convirtió en funcionario en Bruselas con la incuestionable ayuda del PP, pues el popular Gerardo Galeote era miembro del tribunal que lo examinó. Ahora el «cuñado» disfruta de un sueldo europeo para toda la vida. En Bruselas, lejos de los focos mediáticos locales, alejados del fragor político doméstico, dormitan multitud de enchufados y protegidos a los que no se conoce ningún mérito para haber llegado hasta allí.

Si las élites de los partidos políticos se comportan así, nuestros 8.112 alcaldes, 65.900 concejales y 1.031 diputados provinciales no iban a ser menos. Cada ayuntamiento o diputación autonómica fija el sueldo de sus cargos electos; llegando a casos escandalosos como el del alcalde de la localidad murciana de Ricote (1.300 habitantes) que percibe 40.000 € anuales. La que fuera alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, cobraba 85.000 € anuales, más que el presidente de España. Así nos va.

Por si todo lo anterior no fuera suficiente, están los sindicatos, empresarios y banqueros, a quienes se ayuda generosamente con el dinero procedente del bolsillo de los contribuyentes. En época de crisis, las entidades bancarias han embargado por falta de liquidez la vivienda de decenas de miles de españoles, dejándolos sin techo. Sin embargo, por la misma situación de crisis, nuestro gobierno, para que las entidades bancarias no quebraran, sacó 200.000 millones de euros del bolsillo de los contribuyentes –parados y no parados–, incluidos los embargados por esos mismos bancos, para que pudieran hacer frente a sus compromisos financieros. Sospechosamente, son los mismos bancos que financian las campañas electorales de los partidos políticos y los mismos que, como ha ocurrido en varios casos, les perdonan las deudas o, desde luego, no embargan su patrimonio por impago. Hoy por mí; mañana por ti.

Mientras tanto, para mantener la fiesta, se incrementa hasta donde sea preciso la presión fiscal sobre el contribuyente, se congelan las pensiones, se incrementa el período de cotización a la Seguridad Social para tener derecho a cobrar la jubilación y la edad para llegar a ésta se retrasa, de momento, hasta los 67 años.

Si ya son injustas e impresentables las contradicciones expuestas, con la crisis actual llegan a ser obscenas, y la necesaria inmediatez para poner remedio a esta situación llega incluso desde observadores internacionales que, entre otras cosas, no se explican la relativa paz social que se vive en España con cinco millones de desempleados y un panorama a corto y medio plazo funesto.

Para empezar, se deberían poner en práctica una serie de medidas ejemplarizantes que, sin duda, contribuirían a aliviar la crisis y, sobre todo, a dotar de mayor coherencia a nuestro régimen y, por ende, a nuestra sociedad, poniendo en práctica la tan cacareada igualdad de derechos y deberes entre todos los españoles.

Se podría empezar por suprimir el Senado, cámara innecesaria y, por tanto, prescindible. Doscientas sesenta personas al paro (¿qué supone eso en un colectivo integrado ya por cinco millones de personas?) y un ahorro no desdeñable de 3.500 millones de euros al año. Por aquello de equiparar derechos, se debería eliminar la pensión vitalicia de diputados y senadores. Por el mismo motivo, supresión de los sueldos millonarios de todos los ex ministros, ex presidentes de gobierno, ex presidentes de comunidades autónomas, ex presidentes de diputaciones, etc. Bastante cobraron ya en el ejercicio de sus funciones. Revisar y poner límite a los sueldos de todos los alcaldes y concejales, tanto de ciudades importantes como de los municipios más pequeños. Suprimir, desde el primero hasta el último, todos los coches oficiales. Muchos conductores irían de cabeza al paro; pero el ahorro para las arcas del Estado sería significativo, además de poner coto al abuso que supone disponer de coche oficial «para todo». Del mismo modo, desaparición de las tarjetas de crédito oficiales para que, por una vez, hagan uso de sus magníficos sueldos. ¿Los cargos de confianza?, también todos de cabeza al paro. Con la abultada plantilla de funcionarios hay más que suficiente.

El servicio diplomático, como Bruselas, se ha convertido también en refugio de protegidos y enchufados. Es imprescindible limitar la representación diplomática al embajador y un cónsul en cada país. Los demás, a buscar empleo. España no puede permitirse gastar más que Alemania y el Reino Unido en su cuerpo diplomático.

Para terminar, anular las transferencias a sindicatos, partidos políticos y fundaciones próximas a partidos y dirigentes políticos.

Es ingenuo creer que nuestra casta dirigente va a aplicar una sola de estas medidas, aunque ninguna tiene nada de injusta, no sólo desde el punto de vista económico sino, sobre todo, desde el punto de vista moral. Su aplicación contribuiría a generar una mayor coherencia entre los mecanismos de funcionamiento del régimen y las circunstancias de los ciudadanos que con su esfuerzo y contribución hacen posible que éste funcione.

En mi ingenuidad, considero que la crisis actual, que no sólo es económica, podría aportar algo positivo: la corrección de los modos y maneras de actuación de nuestra casta política. Quizá sea mucho pedir precisamente porque es esa misma casta la que debe posibilitar los cambios en su contra introduciendo, para empezar, criterios de experiencia, excelencia, cualificación y honestidad como requisitos imprescindibles para estar en la política y, como sabemos, nunca ha dado un solo paso en esa dirección, más bien al contrario. Sospecho, por tanto, que si algún cambio cabe esperar a raíz de la situación extrema que atravesamos, llegará, lamentablemente, de forma traumática. Al tiempo.


* Jesús Casla es periodista.

 
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