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Altar mayor Nº - 139 (19)
Wednesday, 16 March a las 13:28:48

Altar Mayor artículos REVISTA DE LA HERMANDAD DEL VALLE DE LOS CAÍDOS
Nº 139  - Extraordinario -  enero / febrero de 2011

 

ESPAÑA, NACIÓN DISONANTE
Armando Marchante Gil*



 
 
1. Presentación

A algunos podrá parecerles esta caracterización de nuestra Patria que es España, cosa extraña, confusa y sin relación alguna con la realidad de nuestro vivir cotidiano dentro de lo que algunos, para evitar utilizar la palabra España, prefieren definir como Estado español, ignorando estúpidamente que el adjetivo «español» no tiene sentido sin el substantivo España. Si hay –y ellos lo reconocen– un Estado español es porque se presupone la existencia de algo llamado España.

Resulta curioso comprobar que este empleo de la locución «Estado español» tiene innegables resonancias de su para ellos aborrecido Franco a quien, precisamente para no utilizar la palabra «República», los componentes de la Junta de Defensa Nacional eligieron como «Jefe del Estado español».

En este terreno podemos escuchar necedades tales como «llueve en todo el Estado», la «bandera del Estado» y cosas parecidas dentro de los contorsionismos habituales en algunos personajillos para evitar pronunciar la palabra nefanda que para ellos es España, patria común de todos los españoles, según reza su actual Constitución, utilizada cuando les interesa y vulnerada cuando les conviene.

En las líneas que van a seguir trataré de acometer la tarea de explicar en qué consisten esas disonancias de que habla el título de este trabajo y cómo pueden detectarse en la vida española de hoy.

2. El concepto de Nación: su evolución

Por lo que se refiere al concepto de Nación, es cierto que a lo largo de la Historia de las ideas políticas ha sufrido muchos cambios y transformaciones hasta tal punto que es tarea complicada seguir la evolución de la idea de nación en la boca o escritos de los numerosísimos tratadistas que han dedicado su intelecto a discurrir sobre esta materia.

Ahora bien, gracias a los numerosísimos estudios y  trabajos de generaciones de juristas, y a la vuelta de varios siglos hasta  nuestros días, se ha llegado a una definición y depuración de lo que tal concepto e idea representan en el campo del Derecho político. Si nos limitamos a plantear la cuestión exclusivamente acerca de lo que en los tiempos modernos, singularmente a partir de la Revolución francesa, se considera qué es lo que constituye una Nación, este concepto aparece clarísimo como la luz del día.

La concepción actual de qué cosa sea la Nación, como idea aparecida modernamente y plasmada en las Revoluciones inglesa, norteamericana y francesa, completadas con el pensamiento romántico del siglo XIX, ha llegado hasta nuestros días y es a lo que hoy se refiere la Ciencia política cuando utiliza el término Nación.

Por ello es extraordinariamente preocupante que un Presidente del Gobierno de España afirme paladinamente que el concepto de Nación es «discutido y discutible». O se trata de un «lapsus linguae». O no ha pasado por la Facultad de Derecho o la Facultad de Derecho no ha pasado por él.

Si por desventura hubiese que unir a ello un extraño desdén e indiferencia del personaje acerca del destino de una Nación como la España que gobierna, dotada de una Constitución que ha prometido cumplir y hacer cumplir, la cuestión pudiera llegar a ser gravísima además de incomprensible para los ciudadanos que somos y nos sentimos españoles.

En los imperios de la antigüedad la organización política estaba basada en el simple sometimiento de los súbditos al emperador, faraón, rey o monarca en cualquiera de sus modalidades. La relación era la de simples siervos de la persona que dirigía los destinos del imperio o del reino: la única limitación, por otra parte muy relativa de este poder absoluto, que además solía unir en sí atribuciones religiosas, se deducía de la existencia de los que pudiéramos llamar servidores directos o delegados de la autoridad máxima cuyas atribuciones, siempre temporales, eran las que les delegase aquél.

En la polis griega ya aparece un cierto concepto de la existencia de un pueblo dotado de ciertos derechos, si bien estos eran muy limitados; dentro del pueblo sólo tenían una cierta capacidad decisoria los que llamaríamos ciudadanos de pleno derecho pues los ilotas o esclavos ningún derecho tenían.

En el Imperio romano se partió de una situación similar a la de Grecia pero, a medida que crecía su extensión e importancia, la primitiva plebe, a través de las luchas civiles durante la República, fue ampliando sus derechos civiles si bien el poder político seguía en manos de los patricios frente a los plebeyos. Poco a poco se introdujo el concepto de populus romano en cuanto a la elección de los diversos delegados de la autoridad, de donde surgió la famosa leyenda «El Senado y el Pueblo Romano» con su conocido acrónimo «S.P.Q.R.» en cuyo nombre se dictaban las leyes y se ejercía el poder. Ficción ésta que se mantuvo en le época imperial inaugurada por Augusto y que se continuó hasta el final de Imperio.

Es cierto que el cuerpo político se dividía en varias clases sociales y sobre todo la diferenciación existente entre los que tenían el derecho de ciudadanía romana y los que no lo tenían era muy clara como, por ejemplo, ocurrió en el caso de san Pablo que, por ser ciudadano romano, tuvo un trato especial en los numerosos procesos que sufrió de forma que le diferenciaron claramente de sus compañeros de apostolado. A partir del siglo III el derecho de ciudadanía se extendió prácticamente e todo el Imperio.

En la Cristiandad medieval aparece, por primera vez en la Historia un concepto de nación, que poco o nada tenía que ver con una concepción política pues se refería a la naturaleza de cada uno de los componentes de aquella sociedad feudal, fuese hombre libre o siervo. Este nuevo concepto que se designó con la palabra «nación» se refería exclusivamente a la región geográfica donde fuese nacida la persona en cuestión o bien a determinado grupo étnico con base territorial o no.

Así, por ejemplo, en las Universidades medievales los estudiantes se agrupaban en «naciones» en función del origen geográfico de cada uno. Esta circunstancia se puede apreciar incluso en las canciones goliárdicas, tan conocidas hoy. Nada que tenga que ver con el concepto moderno de Nación pues, salvadas todas las diferencias, el equivalente medieval más aproximado al concepto moderno de nación es el regnum,   concepto aportado porlos juristas medievales como contraposición al  rex.

Ahora bien, el concepto de Patria como antecedente o más bien concomitante con la moderna Nación aparece ya en el siglo XVI; de ello puede ser muestra la escena del Quijote (II, cap LIV) en la que Sancho Panza, vuelto ya de su gobernación en la Ínsula Barataria, reconoce en un grupo de peregrinos a su convecino el morisco Ricote a quien saluda con todo afecto, lamentando su exilio forzoso que el propio Ricote reconoce fundado. Al referirse a los expulsados moriscos, Ricote los llama «los desdichados de mi nación». Si nos atenemos a la nota que pone en su edición de la obra cervantina Francisco Rico la palabra «nación», es utilizada por Ricote en el sentido de «grupo étnico». No parece ser exactamente así pues a continuación el morisco le dice a Sancho lo siguiente «…lloramos por España que, en fin, nacimos en ella y es nuestra Patria natural…» para continuar diciendo: «…es dulce el amor de la Patria…».

Cervantes, una vez más define de mano maestra el sentimiento de Patria como Nación a la que cada uno pertenece y a la que se debe. Unos capítulos atrás Don Quijote, al disertar sobre las causas justas de guerra, pone en primer lugar la defensa de la Fe católica y en segundo lugar la defensa de la Patria. Estamos pues en plena modernidad en España al iniciarse el siglo XVII, pues el concepto de Nación ya está, unido firmemente al de Patria, entonces más utilizado.

Ya Covarrubias en su Diccionario había advertido que «nación vale reino o provincia extendida como la nación española». El uso del término en este sentido es profuso en Gracián, Ginés de Sepúlveda y Saavedra y Fajardo.

Pero es en la Ilustración y singularmente en los escritos de Rousseau, D´Alambert y Montesquieu donde la palabra Nación adquiere el significado político con el que ha llegado a nuestros días cuando las sucesivas Revoluciones inglesa, norteamericana y francesa fueron completadas en sus declaraciones y principios con las aportaciones del movimiento romántico del XIX.

Desde entonces la idea de Nación se identifica con la Patria que reúne a un determinado pueblo concebido como una unidad indivisible que actúa como conjunto de forma no perceptible cada día, debido a la existencia de una conciencia colectiva en un determinado grupo humano que tiene y mantiene una existencia histórica y cultural: en su virtud, se constituye diariamente como entidad de convivencia cuya representación más visible es la existencia de su Estado con carácter de organización política permanente. Es, en cierto modo, lo que Renan llamó plebiscito diario de un pueblo, constituido en lo que hoy entendemos como Estado nacional, dotado de soberanía en el concepto bodiniano del término.

Por su parte nuestro Ortega y Gasset observó sutilmente que si bien este pasado en común es la base de la Nación, era el futuro y el deseo de realizar en él nuevos designios comunes lo que daba fortaleza a las Naciones. O sea llevar a cabo lo que llamó «un proyecto sugestivo de vida en común», idea trasmutada posteriormente por José Antonio Primo de Rivera en aquella de la «unidad de destino en lo universal».

Para los revolucionarios franceses la Nación está constituida por un conjunto de ciudadanos iguales ante la ley y en posesión de un amplio conjunto de derechos y deberes garantizados por el poder del Estado. Esta concepción revolucionaria ganó sus cartas de identidad en la batalla de Valmy en la que el Ejército de voluntarios creado por la Convención Nacional francesa derrotó a los hasta entonces invencibles Ejército reales del Antiguo Régimen.
Un fenómeno semejante ocurrió en España durante el desarrollo de la Guerra de la Independencia, promovida por el inicial levantamiento popular de los madrileños, seguidos inmediatamente por el resto de España y refrendado luego por la Constitución de Cádiz de 1810 que algunos sitúan como nacimiento de la moderna Nación española, idea solo certera si consideramos que ya anteriormente a dicha Constitución existía desde hacía muchos siglos en España la idea de Nación, constituida como comunidad política bajo la Corona y por ello con premisas distintas de las que acababan de aparecer en la Historia.

De la discordancia entre ambas concepciones nacieron las guerras civiles y los pronunciamientos del siglo XIX, que llevaron a España a su mayor debilidad y decadencia.

Por ende, la Nación española tiene muchos siglos de antigüedad y no es un concepto discutible aunque sí discutido por minorías obtusas e ignorantes; a la vez ávidas de poder y sobradas de egoísmo devastador.

3. El Estado español

Si existe España como Nación, existe un Estado español pues ambas cosas van íntimamente unidas en nuestros días.

Ahora bien, hay muchas clases de Estados y lo más conveniente es que el Estado tenga la estructura que corresponde y se adecue mejor a las características sociológicas de la Nación a cuyo servicio debe estar.

Adelantaré aquí que si en este aspecto hay discordancia entre la Nación y el carácter de su Estado, nos encontraremos ante una disensión gravísima para la vida nacional. He aquí una de las causas, seguramente la principal, de la disonancia a que nos referíamos al principio de estas líneas.

Para ponernos en situación parece conveniente acudir a un autor tan interesante como Ramón y Cajal cuya adscripción al campo científico hace de él persona poco inclinada a entrar en disquisiciones y enfrentamientos políticos al recopilar lo que él llama «los males inveterados de España», que presenta de este modo:

1º. Cada institución o clase social se estima como un fin y no como un medio, creciendo viciosa e hipertróficamente a expensas del Estado.

2º. A que, salvo contadas excepciones, nadie ocupa su puesto: los altos cargos políticos, militares y administrativos se adjudican a gentes sin la adecuada preparación, con tal de pertenecer al partido imperante, por donde adviene su rápido desprestigio.

3º. A que, cualesquiera que sean los fracasos e inmoralidades de los poderosos, jamás se les inflige ninguna sanción, ni aún la del ostracismo. Solo en la desventurada España, según se ha repetido hasta la saciedad, se da la monstruosa paradoja de galardonar con ascensos las derrotas, imprevisiones e insensateces de los próceres de la política o de la milicia.

Por su parte, autor tan estimable como Claudio Sánchez Albornoz, sea la que sea la conformidad o discrepancia que nos merezca su obra y trayectoria política, afirma cuanto sigue:

El hiperindividualismo de los españolas puede conducir a la anarquía o puede ser un impulso creador, si se logra trasmutarlo en individual emulación y en fuerza selectiva y se destila de él lo que hay de confianza en la propia acción de cada uno y de espíritu de empresa […] Necesitamos ante todo tener fe en España y en nosotros mismos. No dudar de la capacidad de los españoles para hacer lo que hayan hecho y hagan los pueblos más inteligentes de la tierra. Y para, olvidados de nuestras supuestas frustraciones creacionales, aplicar todo el potencial humano que existe en nosotros a innovar la vida hispana.

A la vista de estas opiniones de tan esclarecidos autores a las que podrían sumarse las de otros muchos, entre ellos Ortega y Gasset, Ganivet, Unamuno, Marías y tantos otros que harían este texto inacabable se puede formular la pregunta que sigue.

¿Hay discordancia entre el Estado español actual y el carácter histórico y sociológico de España? Mi respuesta, sometida como todo lo humano a error, es afirmativa: tal discordancia existe, va en aumento y, además, nos lleva a un lamentable retroceso en nuestro sistema de vida y de convivencia e incluso merma las posibilidades de inserción de España en las comunidades y conjuntos más amplios que, trabajosa y lentamente, se van dibujando para un futuro no demasiado lejano.

La Constitución de 1978, acerca de la cual se han escrito unas loas –que luego su desarrollo hasta hoy han demostrado excesivas y con poco fundamento– bajo las grandes declaraciones genéricas dejaba abierta la definitiva estructuración del Estado y, lo que es peor, al albur de los intereses entonces inexistentes: los de una nueva clase política, aparecida en los treinta y dos años transcurridos. Es sabido que la vida media de nuestras diez Constituciones, si contamos la de Bayona, apenas ha llegado a los treinta años.

En definitiva, la Constitución de 1978 ha dado lugar a la aparición de una nueva oligarquía que, con cierta rapidez, debida precisamente a la indefinición constitucional, ha creado una clase política muy numerosa, con un bajo nivel cultural, profesionalizada casi enteramente, y cuyos miembros carecen en general (sálvese quien pueda) de los conocimientos científicos y de la posesión de las mínimas técnicas para asumir una gobernación que ha de hacer frente a los intrincados problemas de un Estado moderno. Un Estado cuyos ciudadanos han de competir en un mundo cada día más globalizado.

Veamos un ejemplo de los varios disparates constitucionales: el referente a la creación de las mal llamadas Comunidades Autónomas, recordando, de pasada, que no hay en la Ciencia política nadie autorizado que pueda definir este sistema novísimo, sin par en Nación alguna, y sin ningún ejemplo de Estado que adopte una configuración tan sui generis.

Tal engendro ha tenido un desarrollo que parecía no haber sido previsto por los constituyentes (que, legalmente no lo eran), cuando en el artículo 137 decían: «El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan». Ese «que se constituyan» daba a entender, y así se entendió por los votantes en el referéndum que aprobó la Constitución (por cierto de magro resultado a favor de la nueva Constitución a pesar de la presión propagandística que le precedió en la que tomaron parte incluso la casi totalidad de los Obispos españoles, dirigidos por el inefable Tarancón).

Se hizo creer a los españoles que las nuevas Comunidades Autónomas se aplicarían a Cataluña y el País Vasco y, como mucho, a Galicia. Es decir a aquellas regiones que habían tenido o proyectaban tener Estatutos durante la II República y que, curiosamente recibieron el calificativo de «históricas» como si Aragón y Castilla no lo fueran. Luego la irresponsabilidad de Suárez inventó el conocido «café para todos» y así salió la criatura.

Una criatura, ésta de las Comunidades autónomas cuya inviabilidad aparece cada día más claramente a la luz de la actual crisis y que son una vuelta al caciquismo del siglo XIX con la particularidad que la compra de votos, que pagaba el cacique de su bolsillo, ahora se paga con «competencias» que debilitan cada vez más al Estado o con fondos públicos en forma de subvenciones ya que, según aquella inefable ministra, tales dineros «no son de nadie». Otros métodos que mantienen el nuevo caciquismo son menos claros e incluso delictivos.

Que el sistema autonómico, además de carísimo e ineficaz, se ha convertido en una fuente de corrupción y despilfarro está a la vista. A la vez ha creado unas tensiones cada día mayores entre las partes del cuerpo nacional; de ello es paradigma la cuestión del agua donde se ha llegado al dislate de que algunas Comunidades Autónomas defiendan con seriedad y ahínco que el caudal de los ríos que las atraviesan es de su exclusiva propiedad.

A eso, con absoluta desfachatez le llaman «blindar el Ebro, el Guadalquivir», o lo que sea. No faltará algún Ayuntamiento que, siguiendo tan esclarecido ejemplo, blinde el arroyo que pasa por su término municipal.

4. Nuestras disonancias

41, Las disonancias cívicas

¿Que supone atribuir a España el carácter de disonante?

¿A qué clase de disonancia nos referimos? Trataré de responder a esta cuestión inicial.

Como es sabido el concepto de disonancia tiene en principio un carácter musical y no de otra índole. Disonancia es la aparición de un sonido o conjunto de sonidos que se producen de forma inarmónica y que, normalmente suelen ocasionar en el oyente una sensación desagradable que, a veces llega a ser irritante: el chirrido de una rueda mal engrasada, el chirriar de frenos y de dos metales que se frotan entre sí pueden ser ejemplos de lo indicado.

Una disonancia puede ser utilizada musicalmente para obtener determinados efectos queridos y buscados a propósito por el compositor, generalmente moderno o contemporáneo, pero su utilización en una composición musical resulta siempreexcepcional.

En todo caso los chirridos y disonancias de toda especie suelen producir en quien los oye o escucha una sensación de extrañeza, por lo menos, cuando no de irritación.

De forma semejante, cuando los hoy vivientes en España –por favor, no en el Estado español– atentos a los hechos,acontecimientos y sucesos que vemos cada día reflejados enlos medios de comunicación, e incluso los percibimos en mediode nuestro caminar diario por nuestras plazas, avenidas, calles y carreteras, no podemos dejar de contemplar actitudes, formas de lenguaje y comportamientos que llaman nuestra atención si loscomparamos con los que no hace demasiados años eran comunes en España. Nada digamos si llevamos en la mente los comportamientos observados en aquellos países pertenecientes a nuestra misma cultura que hayamos visitado o conocido suficientemente para estar en condiciones de comparar las actitudes de sus ciudadanos en la vida diaria.

La grosería ambiente en nuestras ciudades y pueblos, las muestras de incivismo, la escasa o nula atención al trato que deben recibir las cosas comunes o puramente privadas como el mobiliario urbano, los escaparates de los comercios en la vía pública, el metro y los autobuses urbanos, la continua contribución a la suciedad de los espacios comunes, el empleo de un  leguaje impropio, descuidado y a veces insultante o zafio, e incluso la vestimenta provocativa, sucia o poco cuidada son detalles que no se nos pueden escapar.

Todo aquello que se llama o llamaba civismo está muy poco presente entre nosotros. ¿Tendrá todo ello algo que ver con el desastre que es nuestro sistema educativo? Es casi seguro pero no puede ser ésta la única explicación. Pues el abandono de las comunes prácticas de cortesía y respeto a los demás, aparecen ya en todas las clases sociales y en todas las edades; lo mismo ocurre  en los medios de comunicación social y los espectáculos, singularmente el tan subvencionado cine español. No sólo disuena en la actual sociedad española el sistema educativo.

Nadie crea que estas observaciones sean propias de quien ha vivido otras épocas en la que estos fenómenos existían ciertamente, pero no gozaban de la indiferencia e incluso comprensión generalizada de que ahora disfrutan. Lo grave de la cuestión es que se trata de un síntoma de decadencia cívica que se profundiza cada día y que supone cuestiones de mucho mayor calado e importancia.

Desgraciadamente estos comportamientos públicos de muchos españoles no quedan ahí sino que siguen su camino para generar una indiferencia que demuestra una gran degeneración cívica puesse trata de hechos muy graves de la vida pública.

Es una disonancia que contrasta con lo que es la atmósfera cívica de una Nación europea. Basta cruzar la frontera para comprenderlo.

42. Las disonancias sociales y políticas

En la vida social española abundan también las disonancias que –y aquí ya entramos en un terreno aún más grave– condicionan la buena marcha de las instituciones clave para el funcionamiento de toda sociedad bien organizada.

Para el buen gobierno de toda sociedad humana moderna, además de la aceptación de unos principios generales que hagan posible la convivencia civilizada: respeto a los derechos de la persona humana, tolerancia, solidaridad y solución pacífica de los problemas por medio de la ley, es incuestionable la existencia de unas Instituciones que den consistencia, articulen y defiendan a la sociedad en cuestión y que estén por encima de toda utilización partidista.

En el fondo es la vieja aspiración a la limitación del poder auspiciada por Montesquieu al que uno de los responsables de la situación a la que se ha llegado –aunque ahora lo disimule– nos recordaba que había muerto hace muchos años. Tal sujeto ignora que las ideas no mueren.

De ahí nace la organización política del Estado y sus poderes –más tarde volveremos sobre esta cuestión– uno de cuyos pilares es la Magistratura independiente de toda influencia política, y otro las Fuerzas de Orden Público, Seguridad y Defensa que defiendan a la sociedad de toda agresión, a cargo de delincuentes o de origen exterior, capaces de alterar la vida y desarrollo de la sociedad de que se trate o de atentar contra sus intereses situados más allá de los límites territoriales.
Estas instituciones básicas deben tener una cierta independencia de los poderes políticos en lo que se refiere a su funcionamiento interno, pues la interferencia de estos poderes en la vida interior de estas instituciones básicas, necesitadas de cierta autonomía en su funcionamiento, sin mengua, en el último caso, de su debida subordinación al poder ejecutivo, da a tales instituciones una independencia del partido o partidos ocupantes temporales del poder ejecutivo, su ausencia es siempre signo de falta de democracia y degeneración del sistema muy inclinado en España al favoritismo y al amiguismo.

Además de una verdadera independencia judicial, las otras instituciones citadas deben quedar a salvo en sus ascensos y destinos de toda intervención del poder político, sin mengua de su subordinación al mismo. Es lo menos que se les debe reconocer a sus miembros a cambio de su total apartamiento de los partidos y cargos políticos y la restricción de sus derechos ciudadanos. Ello es totalmente aplicable al conjunto de la Magistratura. De este modo serían imposibles los bochornosos episodios a que asistimos casi diariamente.

Los gobernantes no deben jamás traspasar los límites de sus poderes que no son ilimitados en un régimen democrático que respete los derechos humanos y las leyes. Como decía Lord Acton «el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente». A pesar de los intentos de nuestros políticos, Montesquieu no ha muerto y la división de poderes –cuando existe, de verdad– es el supremo refugio de la libertad de los ciudadanos y garantía del buen funcionamiento de las instituciones sin interferencia entre ellas.

Espectáculo condenable es la fruición con que desde determinados estamentos del poder político se corrompe diariamente a nuestra juventud, cuando so capa de impartir una educación sexual, ciertamente necesaria, se emprenden costosas campañas que son de corrupción de menores, defensa del aborto incluida. Esto es repugnante para cualquier conciencia humana.

Si el sistema en cuestión no está a la altura de sus deberes y es alterado por consideraciones e intereses partidistas meramente políticos en cada momento, el desequilibrio y la distorsión de la vida social y política están servidos. Tendremos a la vista una de las disonancias a las que me he referido más arriba. ¿Es éste el caso de España actualmente? Decididamente sí.

43. Las disonancias ideológicas

Dentro de toda sociedad organizada políticamente, es decir dentro de toda Nación en sentido moderno, es no sólo justo sino necesario que existan diferentes concepciones ideológicas en cuanto a la forma de resolver las cuestiones políticas, la manera de gobernar la Nación e incluso su estructura de orden político o territorial: en resumidas cuentas lo que constituye la organización del Estado y sus prioridades en todos los órdenes.

Ahora bien, estas discrepancias o diversos puntos de vista y posibles soluciones jamás pueden poner en discusión los fundamentos del sistema, la organización del poder político y la forma de resolver los problemas siempre dentro del marco legal que debe ser una barrera infranqueable para todo gobernante, partidos, sindicatos y demás organizaciones sociales, igual que lo es para los simples ciudadanos. Los problemas deben resolverse de forma democrática y siempre con absoluto respeto a la ley.

Cada institución social como los sindicatos o las asociaciones de todo tipo que surjan en la vida social –cuantas más, mejor– deben atenerse a sus finalidades concretas y no interferir ni ser interferidas por los gobernantes, los partidos políticos o sus aliados.

¿Ocurre así en la España actual? La respuesta, por desgracia es negativa. Aquí todo está politizado y pocas instituciones son libres e independientes en su función social. Seguimos disonando de las demás naciones civilizadas, singularmente de las que, utilizando una manida frase llamaremos «de nuestro entorno». 

44. Las disonancias territoriales
He aquí una cuestión que en la España de hoy está poniendo en grave trance no sólo el sistema político sino también nuestras reales posibilidades económicas.

La cuestión a la que ya hemos aludido, viene desde antiguo cuando las contínuas maniobras descocadas, ilegítimas e inaceptables de Adolfo Suárez para mantenerse en un poder que, si se hubiese atendido a su preparación y disposiciones, jamás hubiese debido alcanzar. Lo afirmo porque traté muy de cerca al personaje al que conocí muy bien: en él solo había una voluntad patológica de alcanzar el poder sin saber realmente qué hacer con él pues su ignorancia de la historia de España y de las ideas políticas era total; a cambio conocía a fondo el arte de embaucar a incautos, encantar a las mujeres y engañar a los ignorantes aspirantes a políticos que empezaban a aparecer en la escena española al olor del poder que se les venía a las manos, entregado por quien jamás debió hacerlo. La suerte de España ante un futuro prometedor sobre las bases ya alcanzadas en aquellos momentos era lo de menos para él. Grave responsabilidad la de quienes hicieron posible que llegase donde llegó.

Aunque antes hemos abordado el tema, hay que añadir aquí que España, a lo largo de su historia, especialmente a partir de las Cortes de Cádiz, ahora conmemoradas con clamorosa falta de rigor histórico, ha tendido siempre a la dispersión y al centrifuguismo, sólo atemperado cuando el peligro para el conjunto era grave e inminente, como sucedió en 1808. Aún así fue en aquellos momentos cuando la Corona española perdió la casi totalidad de sus súbditos americanos con la connivencia de la masonería universal, uno de cuyos exponentes fue Riego, traidor doblemente a su Patria y a su Rey.

Pues bien, fue en 1978 cuando Suárez, en uno de sus numerosos golpes de efecto, ¡y qué golpes!, se sacó de la chistera el malhadado invento de las Comunidades Autónomas que trataba de dar satisfacción a los separatistas catalanes y vascos. Dentro de su amplia ignorancia Suárez no sabía la historia de ambos separatismos y su decisión de romper, a la corta o a la larga, la Nación española, intento en el que se mantienen después de avanzar largamente en esa vía.
Es verdad que tuvo la mínima cautela de que en la Constitución no apareciesen en concreto qué Comunidades se iban a organizar, si bien las llamadas Preautonomías pudieron dar la impresión de que todo iba a quedar en las Comunidades Autónomas vasca y catalana, pero esa cautela resistió muy poco hasta que se llegó al «café para todos» que no hizo sino agravar el problema hasta llegar a los extremos que vivimos hoy, cuando todos los partidos rivalizan en la para ellos gloriosa tarea de descuartizar un Estado todavía español.

Cuando se comenzó a ver por los obtusos políticos de la llamada «transición» la forma en que se iba desenvolviendo el regalito que nos habían hecho, trataron de aplicar algún remedio con los intentos de leyes para «regular» un proceso que resultó imparable por el hecho de que fueron los mismos partidos políticos quienes, al no alcanzar el poder absoluto al que tienden incoerciblemente, consideraron que, al menos, la ocupación de algunos de los reinos de taifas que nacían les proporcionarían una parte del poder.

Y en eso están. Los llamados «barones» de cada partido tienen unos poderes descomunales sobre su propio partido que, si no alcanza el gobierno de la Nación, se siente relativamente satisfecho con las taifas que consigan; en agradecimiento dan a sus visires en cada demarcación cumplida satisfacción a sus deseos o caprichos.

Si alguien estima que un Estado puede llevar a cabo una política nacional en esas condiciones agravadas, además por el hecho de que no más allá de la quinta parte de los recursos de la Hacienda pública quedan a disposición del peyorativamente llamado por los separatistas «gobierno central» es evidente que poco puede gobernar y menos dirigir. Estos partidos políticos en su afán por descentralizar y debilitar el Estado han terminado por descentralizarse y debilitarse ellos mismos.

Si ciertamente me he extendido y repetido en esta cuestión es porque resulta absolutamente necesario poner coto a esta fragmentación de España que está desangrando a la Nación y poniendo en grave riesgo su supervivencia en el mundo de hoy que tiende, como es sabido, a la agrupación y suma de esfuerzos en defensa de intereses colectivos mediante nuevas organizaciones trasnacionales, como ocurre con la Comunidad europea.

Este deshilachamiento del Estado español tiene bastante que ver con la grave situación económica en que nos encontramos donde se ha puesto en riesgo incluso la unidad del mercado nacional y la posibilidad de captar inversores exteriores. A nadie puede extrañar que la recuperación económica de España aparezca cada vez más lejana en el horizonte, al contrario de lo que sucede con nuestros vecinos europeos.

5. El futuro de España

¿Seguirá España siendo una Nación con un Estado tan disonante como el actual? Hay que esperar que esto no se mantenga durante demasiado tiempo, pues hoy la tendencia a la creación de Comunidades más amplias produce unas interacciones entre los actuales Estados que, por muy incompetentes y tozudos en el error que sean nuestros actuales gobernantes, no podemos olvidar que las presiones exteriores van a pesar cada día más. Lo preocupante es que estas presiones se vienen dirigiendo hasta el momento a la política económica y no van más allá de este ámbito pues nadie está dispuesto a consentir que le arruine el vecino.

En este sentido cobra actualidad la convicción orteguiana de que para España la solución es Europa, aunque tampoco le faltaba razón a Ganivet cuando afirmaba que Hispania debía recuperarse a sí misma sin mirar hacia fuera. Quizá ambos tenían un punto de razón.

Que para salir de esta triste situación cuyo síntoma más evidente es la ruina económica, síntoma y producto a la vez  en grandísima parte de la pérdida de las virtudes que hacen posible la existencia de una Patria acogedora para todos, dotada de un Estado eficiente y con un gran proyecto de futuro, es preciso un esfuerzo muy grande: su primera empresa tiene que consistir en una reforma a fondo del actual sistema institucional, descentralizado hasta extremos insufribles y con unos partidos políticos omnipresentes en todos los ámbitos de nuestra vida y actividades y que nos condicionan en todos sus aspectos, incluso en los más nimios. Así no se puede seguir.
En nuestra Patria no fue posible pasar sin traumas desde el Antiguo Régimen al Estado liberal, por muchos elogios que se hagan ahora de la Constitución de 1812. Lo hizo imposible la violenta contraposición de los liberales del «¡trágala!» y el carlismo tradicional. Cuando llegó Cánovas ya era tarde. Nuestro déficit de sentimiento nacional, nuestras continuas y graves discrepancias, la carencia secular de un sistema educativo adecuado a los tiempos y la presión revolucionaria casi permanente, produjeron cuatro guerras civiles y un atraso técnico y económico que nos separó de las naciones modernas.

En estas condiciones el intento canovista, fue herido de muerte por la pérdida de lo que quedaba del Imperio español y por lo que tenía de falso liberalismo, pues lo implantado fue una ficción: lo que campaba por los campos de España era un absoluto caciquismo: en definitiva, fracasó.

Un primer intento de crear un Estado liberal moderno para la época ya había fracasado en tiempos de Narváez y lo volvió a hacer a la muerte de Franco; en los tres casos ni los monarcas reinantes, ni el pueblo español comprendieron dónde estaba la verdadera modernidad. Lo que Franco llamó «los demonios familiares» retornan siempre.

Ahora nos dicen que estamos en un Estado social y democrático de Derecho cuyos valores serían la libertad, la justicia y el pluralismo político. De estos valores el único efectivo sería el pluralismo político pues los restantes están fuertemente condicionados por los intervencionismos en la vida ciudadana de todos los poderes públicos, partidos políticos y sindicatos –todos amamantados por el Estado– así como por la creciente confusión de poderes, de la que es víctima principal el poder judicial, gracias a la reforma de 1985.
Para garantizar un futuro democrático y en libertad, los españoles se tienen que convencer de que sólo puede ser posible ese futuro si se fundamenta en un sistema que garantice para todos las libertades reales, mientras se abandonan ficciones como el llamado Estado social que ha sido incapaz hasta la actual crisis de erradicar la pobreza y que en estos momentos pone en riesgo sus propios postulados de igualdad y servicios sociales para todos cada día más difíciles de mantener únicamente sobre los hombros de unas clases medias que, esquilmadas por los impuestos, se empobrecen rápidamente.

La tarea es ardua y exige la tenacidad de Sísifo y la aparición de unos gobernantes realistas, competentes y dispuestos a luchar contra nuestros demonios familiares.

No los veo en el horizonte, pero en otras ocasiones históricas ha sido el pueblo el que ha dado la sorpresa. Quizá algún día España, nuestra Patria, deje de chirriar como carreta disonante y se convierta en un vehículo armonioso capaz de llegar hasta las estrellas. Dios lo quiera.


* Armando Marchante Gil es General de Brigada de Artillería, diplomado de Estado Mayor, licenciado en Derecho, periodista y escritor.

 
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