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Altar Mayor Nº - 139 (16)
Wednesday, 16 March a las 18:48:40

Altar Mayor artículos REVISTA DE LA HERMANDAD DEL VALLE DE LOS CAÍDOS
Nº 139  - Extraordinario -  enero / febrero de 2011

 

EL REGIMEN CONSTITUCIONAL Y LA CRISIS DEL ESTADO
Jerónimo Molina Cano
*



 
 
1. El Estado español, enigma histórico

El Estado moderno, enigma histórico, es el problema político máximo de España. Contrasta con su magnitud la superficialidad con que de unas décadas a esta parte es abordado como problema histórico y tema científico por la Ciencia política y el Derecho constitucional hispanos, «cuerpos astrales» del Derecho político, como solía recordar el fino ingenio asturiano Rodrigo Fernández-Carvajal. Esta última disciplina, que por versar sobre las «ultimidades sociales» (postrema socialia) puede considerarse arquitectónica, es la propia de los «juristas de Estado», en los que fue pródiga en otras épocas la nación española, dotada de un acusado sentido de lo jurídico, hasta el punto de apacentar y dar su ley al Nuevo mundo. Tal vez se ha olvidado que el Derecho político hispánico, denominación clásica entre nosotros y nunca del todo sustituida por la transliteración de la terminología de origen italiano Diritto costituzionale, abarca la enciclopedia de los saberes políticos jurídicos: Teoría de la organización política, Teoría de la sociedad y Derecho público, del que sólo es una parte, la más mudable, el ordenamiento constitucional.

La actual desorientación política nacional –producto de una narración fabulosa de los orígenes del Régimen del consenso de 1978– ha venido dejando al descubierto el fracaso de la dirigencia política española y el de sus consejeros áulicos, los facultativos de la política. Hay que volver a los peores momentos de la Restauración para encontrar una clase política tan indiferente al destino de la nación.

Hay, en punto a la salud de los negocios públicos, dos circunstancias sumamente graves para un régimen político: primeramente, la incapacidad de las instituciones constitucionales para domeñar al titular incompetente de una magistratura o instancia decisoria, limitando su capacidad de ejecución; en segundo lugar, el adocenamiento de los juristas políticos, hoy llamados «constitucionalistas» y «politólogos».

2. Errores de la constitución de 1978

Unas instituciones de control político sanas, acreedoras del respeto de la opinión, sobre la que deben ejercer, en virtud de su auctoritas, una sana pedagogía civil, y refractarias así mismo de las servidumbres de la partitocracia, constituyen la honra y la seguridad de los ciudadanos bajo cualquier orden político, sea este constitucionalista o no. Entiendo aquí que el constitucionalismo no es la óptima política predicada por la doctrina política oficial desde 1945, sino una ideología jurídica que se ha justificado polémicamente, como explicó hace tiempo Javier Conde en páginas memorables, propagando una interpretación abusiva de los conceptos de representación y gobierno representativo.

No menor importancia hay que atribuir a una judicatura independiente, cuyo espíritu de cuerpo intime a jueces y magistrados a servir la causa del derecho, que es la causa de la sociedad civil, y a despreciar a quienes, de entre sus miembros, se dejen seducir por el poder, el dinero o la ideología. El imperio de la ley es su competencia, de la que tendrían que responder ordinariamente ante el juez natural y disciplinariamente ante colegios como el Consejo General del Poder Judicial. Pues los jueces, como magistratura no política que son, se deben precisamente a que la ley impere, aunque la legislación o producción del derecho sea desde hace dos siglos un monopolio estatal. En este contexto, los problemas del Estado de derecho no pueden, no deben afectar a un juez de carrera, ni sus exigencias vincularle, pues queda el juez situado en otro plano. Aunque es este un asunto que exige un razonamiento más prolijo, apuntaré al menos que la sumisión del juez al Estado de derecho, más allá de las fórmulas retóricas que han recogido todas las constituciones europeas de la II postguerra, significaría, tomada la fórmula al pie de la letra, que el magistrado es un órgano del Estado y la jurisdicción una función estatal más. El Estado de derecho, máxima expresión del positivismo jurídico, es el concepto en el que se sustentan las funciones de fiscales (defensa de la ley y el orden público estatales) y funcionarios civiles (administración del patrimonio y los servicios del Estado), meros dependientes del Gobierno en los países de configuración política de tipo francés o continental.

Los defectos de la parte orgánica de la constitución española de 1978, agravados a veces por desarrollos legislativos insensatos (expresión de lo que Herrero de Miñón llamó, años antes de su rapto nacionalista, «falsas vías del consenso constitucional»), han impedido que haya hoy en España instituciones cuyo prestigio o influencia sobre los asuntos públicos no pueda ser discutido por cualquiera, en particular por partidos de tan poca ejemplaridad histórica y mínima representación en el cuerpo electoral nacional como el Partido Nacionalista Vasco (PNV), Esquerra Republicana de Catalunya (ER) o micropartidos relictos del marxismo-leninismo y el totalitarismo rojo (IU).

Los vicios de nuestra partidocracia, ya referidos en un conocido ensayo del neomaquiaveliano Fernández de la Mora sobre la oligarquía como forma de gobierno; los efectos bloqueantes del Régimen de las Autonomías, cuyas consecuencias más notorias son el progresivo desapoderamiento del Estado central y los conflictos de unas Comunidades con otras, obstinadas todas en legislar sobre lo que los españoles poseen en común (cuencas fluviales; lenguas peninsuláricas); o las dificultades que la constitución y leyes de rango cuasi constitucional como la Orgánica del Régimen electoral general oponen a la formación de gobiernos estables (lo que puede resultar dramático en situaciones de emergencia nacional), constituyen buenos ejemplos de las limitaciones técnicas y de concepto de la Carta otorgada de 1978. Conviene recordar, para que no haya equívocos, que la charte octroyée es la forma trascendental de toda constitución. No hay diferencias de naturaleza, sino de grado, entre las rogadas por los Generales De Gaulle, dictador pro tempore, y Franco, dictador vitalicio, en 1958 y 1967, o la sancionada por Juan Carlos I en 1978. El sucesor de Franco a título de Rey, como depositario del poder constituyente del 18 de julio, fue el promotor de la Ley fundamental de 1978, la Novena de las leyes fundamentales si nos atenemos a una rigurosa y objetiva definición política de la misma. A diferencia de las anteriores leyes fundamentales, la del 78 tiene como peculiaridad que el poder constituyente del Rey convidó a los partidos, por vez primera desde 1936, a pactar la mutación constitucional.

Otro ejemplo de las deficiencias de la constitución del 6 de diciembre es el Tribunal constitucional, institución voluntarista de censura política –del cual se podría haber prescindido en nuestra mecánica jurídica y política, pues existen un Tribunal Supremo y una Jefatura del Estado moderadora– que se ha entregado a los partidos que sostienen el régimen. Se diría, a juzgar por los manejos de los entretelones, que la fuente de su legitimidad no es la constitución que lo ha instituido ni la Ley orgánica que lo regula, sino la circunstancia de que entre sus magistrados se reproduzca la relación de fuerzas del Congreso de los diputados, incluyéndose además, obligatoriamente, alguno de sensibilidad catalanista o euskalduna. Que un tribunal de las características del español no represente, como sucede en Alemania con la instancia política de Karlsruhe (Bundesverfassungsgericht), la culminación del cursus honorum de un catedrático de Derecho público, no parece lo más adecuado para una institución cuyos pronunciamientos, en el caso de que tal instancia política comparezca como poder constituyente constituido, pueden afectar a las más graves materias y tener enorme impacto sobre la opinión.

3. Avatares del constitucionalismo español

La «homologación» del régimen español con los sistemas políticos establecidos en Europa después de la victoria angloyanqui en la Guerra mundial II ha sido una de las obsesiones de nuestro pensamiento constitucional. España, como ha repetido tantas veces una generación ya provecta de juristas e historiadores políticos, carecía de constitución bajo el régimen de las Leyes fundamentales. Hablo de un tiempo, las décadas de Franco –título de un libro de Zafra Valverde–, en el que la Comisión Internacional de Juristas (ICJ) proclamaba su hostilidad al régimen español afirmando que España no era un Estado de derecho. Desde luego, aunque no tuviese España entre 1938 y 1976 una Carta constitucionalista, la nación española estaba políticamente bien constituida. Lo escribió en 1965, con la prosa altiva de su «Nota liminar par hispanos» de El crepúsculo de las ideologías, Fernández de la Mora: «España está en buena forma física. Se desanquilosan las urbes y brota por doquier la corteza peninsular. Músculos tirantes y metas concretas. Un mar de jóvenes injertos verdea sobre al nudoso patrón vernáculo».

Era también el franquista un Estado de derecho, aunque no por las razones esgrimidas en España, Estado de derecho, la réplica del Servicio Informativo Español al Informe de la ICJ, sino porque, como alguna vez dijera Carl Schmitt, todo Estado es Estado de derecho. El Estado administrativo de Franco no podía ser una excepción.

El rango político-espiritual del constitucionalismo español actual, seguidista del que se ha desarrollado en el continente a medida que se volvían a instituir (en tres grandes etapas: 1945-49; 1975-80; 1992-98) los regímenes demoliberales que, según Carlos Ollero, ya se atoraron en el Interbellum, está pues determinado por dos supuestos falsos: el de la ausencia de constitución y el de la inexistencia de un Estado de derecho. A ello se atribuye el que no se desarrollara en nuestro país, hasta la década de 1970, un verdadero Derecho constitucional. Es cierto que hasta el cambio político de esos años no fue posible en España la exégesis constitucionalista, pues no había constitución de tipo demoliberal. Sin embargo, esta es sólo una de las especies posibles registradas en una Morfología constitucional general. En realidad, con pocas excepciones, la doctrina política jurídica del Estado de las Leyes fundamentales fue premeditadamente dejada en barbecho por los juristas y escritores políticos. Demostraron estos, particularmente los juristas políticos, un insólito desafecto deontológico por las Leyes fundamentales: comentar, encauzar y desarrollar doctrinalmente el derecho público vigente. Bien por desinterés, bien por cálculo estratégico. Se justifica así la paradójica ausencia de grandes monografías sobre la constitución política del franquismo. Apenas si pueden mencionarse las de Ignacio María de Lojendio, Régimen político del Estado español (1942), y Rodrigo Fernández-Carvajal, La Constitución española (1969). «La Teoría del Estado y de la Política es, queramos o no, una ocupación peligrosa», decía Schmitt a Conde en una carta de 1954. Por eso extraña que tantos juristas políticos, algunos de ellos con más de veinte años de dedicación en 1975, pasaran por las aguas procelosas del público e imperioso compromiso con la Dictadura (juramento político de fidelidad) como Moisés por el Mar rojo. A pie firme y con todas las seguridades.

La ciencia constitucionalista, incoada en España por el grupo de Nicolás Pérez Serrano en los años 1930 (Protoescuela española del Derecho constitucional), sólo ha podido configurarse durante los últimos treinta años. Pero lo ha hecho, entre algún desarrollo científico original, sobre las falsificaciones o prejuicios mencionados: el del país sin constitución y sin Estado de derecho. También cegado a la correcta integración de la Dictadura y su obra política en la historia de la España contemporánea. Pues el tópico de la vuelta a la normalidad es síntoma de un pensamiento inmaturo. Todo esto, por cierto, supone una regresión intelectual con respecto a los maestros de la Escuela española del Derecho político (1935-1969).

4. ¿Crisis de la nación o crisis del Estado?

La desorientación de los juristas orgánicos adictos al status quo, que tiene un cierto aire de familia con la traición intelectual, y los defectos de la planta constitucional son circunstancias inquietantes para una sociedad sana y bien ordenada, en la que hasta hace relativamente poco tiempo predominaba una amplia clase media recelosa de la politización y la ideologización de la vida humana colectiva. Combinadas con un gobierno imprudente y metomentodo se potencian los riesgos políticos. Se habla de los peligros que esta situación política entraña no sólo para instituciones particulares como la familia y el matrimonio, la escuela, la Iglesia católica, la Universidad o la milicia, sino también para la prosperidad económica, el Bien común o la convivencia entre los españoles. Para algunos, incluso, la instancia directamente amenazada es la propia Nación española, no como idea o conceptoabstracto, sino como estructura histórica operante hic et nunc.

Pero España como nación es irrevocable, indisponible. «No es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona», como se decía en 1812. «Las naciones no son contratos rescindibles, sino fundaciones, con sustantividad propia, no dependientes de la voluntad de pocos ni muchos», afirmación famosa de 1934. La mala política de un gobierno puede dañarla, zaherir sus sentimientos, incluso«discutirla» como concepto, pero la destrucción de una nación es proceso que necesita del trabajo de los siglos, no estando al alcance de ningún hombre singular, secta, capilla, partido o generación. Por otro lado, cada nación es una realidad histórica viva. Cristalizaron alguna vez como una unidad de destino, como una forma valiosa y universalizable de ser hombre. Del mismo modo, la existencia de una nación constituye un inexorable proceso de desrealización. Así pues, discutir si Don Julián u otro político oportunistaacabarán con la nación no deja de ser un abuso de la razón política, ocupación para menestrales del «Análisis político».

Lo verdaderamente grave en la circunstancia española actual es que la preocupación por la nación, siendo comprensible y hasta muy justificada, termine encubriendo el gran problema nacional: el de la viabilidad del Estado, fundado bajo la Dictadura del General Franco y puesto en cuestión desde hace años. El antifranquismo, profesado espontáneamente por tantos, no dejaría de ser una actitud superficial, inofensiva, incluso pintoresca, si no sirviera de expediente para demoler impunemente la obra de una generación española: la Estatalidad.

5. Actualidad de la cuestión del Estado en España

El reflejo hispano de la «Disputa de los historiadores» se mueve todavía en una provincia intelectualmente epidérmica. El debate sobre las causas del desfondamiento de la II República y la Guerra civil se ha perdido nuevamente en una cruzada de posiciones inamovibles, por lo demás alcanzadas ya en los años 50. Aunque hay novedades puntuales con respecto a las obras clásicas sobre el periodo, resultado de una depuración y el mejor estudio de las fuentes, no puede decirse que se haya alterado en sus elementos nucleares la narración de la historiografía más seria y objetiva sobre esos años decisivos, en rigor fundacionales, de la España contemporánea. Así pues, la abundante bibliografía de la última década se mueve todavía entre los polos del franquismo y el antifranquismo. Ni uno sólo de esos ensayos ha percibido la importancia que tiene la cuestión estatal, constante del siglo XX español. Con mayor o menor conciencia de la misma es abordada en las obras de Adolfo González Posada, Nicolás Pérez Serrano, Javier Conde o Rodrigo Fernández-Carvajal, para mencionar únicamente a cuatro de los juristas políticos españoles más representativos del siglo XX.

La estatalidad es un tema máximamente grave, pues se superpone, como recordaba en los años 1960 Jesús Fueyo, con el de la decadencia secular de España. Pero no es necesario ahora remontarse a la Paz de Westfalia, donde se pusieron de manifiesto por vez primera las divergencias entre los Estados (particularistas) y la Monarquía Hispánica. En la perspectiva de 1648, como supo ver Saavedra Fajardo, la derrota de ésta y otras formas políticas preestatales era tan sólo cuestión de tiempo.

El Estado español o Nuevo Estado, instaurador de una situación normal, neutralizador de las discordias civiles y garante de la independencia nacional, así como la Dictadura, expediente extraordinario y reverso de lo estatal, son presencias constantes en el realismo político español del siglo XX. Pero se echa en falta todavía su estudio detallado. Difícilmente se puede comprender la naturaleza de la crisis del sistema político de 1978 si no se tienen en cuenta, además de sus anacronismos técnicos, las fuerzas (consciente o inconscientemente) desestatalizadoras, a las que ha resultado de gran ayuda la ausencia, en la constitución vigente, de una resuelta decisión política sobre las cuestiones últimas que afectan a la comunidad nacional.

El antifranquismo, consustancial a la izquierda y advenedizo en la derecha, es la tragedia de la inteligencia política hispana en la segunda mitad del siglo XX, pues oculta o desprecia lo esencial: la trabajosa empresa de edificar y mantener en forma un Estado.

La estatificación incoada por la República –continuadora de la obra de Primo de Rivera–, padeció una desmesurada dependencia de lo adjetivo (la forma de gobierno) y fracasó. Los juristas de Estado o de centro –el Estado moderno es el centro, como ha sugerido Dalmacio Negro– no tuvieron ocasión de rectificar los errores de una constitución con graves defectos, demasiado artificial y sectaria no obstante el entusiasmo con que fue saludada por Boris Mirkine-Guetzévitch. Caló muy bien en sus vicios políticos y sus carencias técnicas Pérez Serrano, ocupándose con detalle de ellos en su libro La constitución española: antecedentes, texto, comentarios (1932).

El fracaso de la II República, como el de la dictadura comisaria de 1923, estribó en su incapacidad estatificadora, empresa ineludible desde la liquidación de las provincias ultramarinas. La Guerra civil, impregnada de un capital sentido religioso, abocó inevitablemente a la fundación del Estado. Edificarlo y hacerlo viable fue mérito de la gobernación del General Franco. En cualquier caso, una vez desencadenada la Guerra no había alternativa a la configuración estatal de la nación. Pues también una hipotética victoria del Bando republicano tenía que desembocar inevitablemente, cegadas otras alternativas, en una forma de Estado. Por tal razón, la fecha del 18 de julio constituye una divisoria histórica.

6. Destruir Cartago

El General Franco, dictador soberano o, con precisa expresión de Fueyo, moderator hispaniae, «otorgó» la serie de Leyes fundamentales que sirvieron para dar forma a la habitud de Estado de la nación española. Las fundaciones políticas, ni en tiempos de Isabel de Castilla ni hoy han conocido de procedimientos democráticos. El caudillaje de Franco, escribió Conde en un discurso clarividente y muy poco conocido de 1953, «ha sido el factor de la institucionalización del Estado nacional español». He aquí que la doctrina antifranquista del actual Gobierno, lejos de proscribir inocentemente un régimen fenecido, no tiene más objetivo que la demolición del genuino legado político de Franco: el Estado. Ceterum censeo Carthaginem esse delendam.

Que nadie se lleve a engaño: una vez descoyuntado el Estado no sería improbable que España regresara, entre vivas al cantonalismo, al siglo XIX, a encontrarse de nuevo con los demonios políticos familiares del separatismo y la desagregación peninsulares (Estado de taifas), las mermas territoriales (erradicación de nuestra presencia secular en el África hespérica) y las discordias civiles (laicismo anticatólico), convertida la nación otra vez en objeto de la política internacional.


* Jerónimo Molina Cano es doctor en Derecho y Profesor Titular de Política social en la Universidad de Murcia.

 
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