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Altar Mayor Nº - 140 (11)
Thursday, 19 May a las 11:50:49

Altar Mayor artículos

TELEVISIONES PÚBLICAS, DEMOCRACIA Y ECONOMÍA O DELENDA EST PUBLICA TELEVISIO
Teófilo González Vila*
 
Para hacer frente a la actual pavorosa crisis económica son muchos los que, antes que la de congelar las pensiones, proponen otras medidas y, entre ellas, la de suprimir las televisiones públicas. A ver si, en efecto, la crisis acaba con ellas. Sería uno de sus paradójicos benéficos efectos. Porque no es ya la Economía la que aconseja acabar con las televisiones públicas ahora, sino que es la Democracia, como sistema de libertades, la que exige siempre que no las haya en absoluto y, por lo mismo, que se supriman las que ahora hay en todos los niveles del poder (desde el municipal al estatal). Tal la tesis que aquí se sostiene.

Dime qué piensas de las televisiones públicas y te diré…

Aunque en estas consideraciones nos refiramos preferentemente a televisión, lo que digamos vale y ha de decirse, y aun con más razón, para cualquier medio de comunicación e información general de titularidad pública (estatal, autonómica, municipal…). «Dime cómo concibes la relación entre el poder público y los medios de comunicación y te diré cómo concibes el Estado mismo, qué aprecio tienes de las libertades ciudadanas, hasta qué punto eres liberal y demócrata… o estás cautivo de una paralizante mentalidad colectivista y estatista».

¿Una tesis disparatada?

Salvo en casos –difícilmente imaginables aquí y ahora– en que hubieran de prestar subsidiariamente un servicio informativo ante la inexistencia de cualquier otro, los poderes públicos no tienen por qué ser titulares de medios de comunicación e información general. Es más: resulta democráticamente inadmisible que lo sean. La única televisión pública admisible sería, si fuera necesario, el que podría en su caso ser un Boletín Oficial Televisivo. Semejante tesis les sonará no ya extraña sino sencillamente disparatada incluso a quienes, de ordinario y en el resto de los asuntos públicos, se muestran sinceros y entusiastas defensores de la libertad. El hecho de que se hayan creado y todavía subsistan televisiones públicas en todos los países que se consideran democráticos no es sino una prueba de cuánto cuesta entender y aplicar consecuentemente las exigencias democráticas a fenómenos «nuevos». Donde la democracia no desaparezca la mayoría terminará por percibir, con toda la claridad con que ya no muchos lo perciben, el carácter antidemocrático de la existencia misma de las televisiones públicas.

Medios públicos, esto es, particulares (privados) de «los que mandan».

De quienes están en el Poder, y, por lo mismo, en poder de instrumentos televisuales públicos no cabe esperar, aunque algunos y algunas alardeen de liberales, que resistan a la tentación de utilizarlo para intereses particulares (partidistas y/o personales). Pero es que la Constitución misma parece situarse contra la tesis que aquí se defiende cuando da por supuesta la existencia de «medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público» y remite la regulación de «la organización y el control parlamentario» de éstos a una ley que «garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España» (CE 20.4). Estos últimos términos –que vendrían a expresar la finalidad y justificación de esos medios públicos– rezuman, en el mejor de los casos, la mentalidad buenista paternalista de quienes todavía no se mostraban capaces de captar las exigencias que entraña un sistema democrático de libertades en el ámbito de los medios de comunicación. Pero a priori puede decirse que un medio público de información y comunicación general o generalista, atendida su propia condición –por más que se encomiende su control a un órgano donde se entienda que están representados los «grupos sociales y políticos significativos»– lleva el germen objetivo de desequilibrio a favor del poder que en él y/o sobre él resulte de hecho efectivo, cualquiera sea éste (como si se tratara de un medio privado). Y la experiencia del funcionamiento de tales medios no hace sino confirmar el carácter necesariamente ilusorio de la presunta imparcialidad pluralista que se les quiere atribuir y con la que se pretende justificar su existencia.

«Ontología» televisual y servicio público

En la regulación del llamado en su momento Ente Público de RTVE –cuyo estudio habríamos así los españoles incluido (risum teneatis) en la ontología– se concebía la televisión, la televisión formal, la modalidad televisiva de comunicación, como servicio público esencial. Ahora bien: considerar a la televisión como servicio público, en el sentido administrativo riguroso del término, supondría hacer del poder público el único titular propiamente tal del derecho a la libre actividad televisiva de expresión e información y único titular del derecho a crear los medios que hacen posible esa actividad, de tal modo que para la creación de televisiones «privadas», resultara necesaria una concesión administrativa. Esta concepción de la televisión como servicio público, en el estricto sentido dicho, es inconciliable con el reconocimiento constitucional de las libertades especificadas en el art. 20.1, a) y d) de nuestra Carta Magna, libertades cuyos titulares propios, directos, inmediatos son, «por definición» precisamente los ciudadanos y no los poderes públicos. Ciertamente el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, información y comunicación por cualquier medio puede, al igual que el de otras libertades públicas, ser legítimamente regulado por el poder público, siempre que esa regulación deje a salvo su «contenido esencialۚ» (CE 53.1) y no consista precisamente en negarla o eliminarla. Toda regulación es restricción, pero sólo es admisible aquella restricción de la libertad que, paradójicamente, asegure y ensanche su efectivo ejercicio.

Persistente mentalidad estatista en la sociedad española

Desgraciadamente no son sólo quienes ostentan el poder público los que no parecen percibir riesgo alguno para la libertad en esa concepción estatista de la actividad telecomunicativa. Ese estatismo anida en la mentalidad todavía dominante en la sociedad española, de tal modo que no parece que sean muchos los ciudadanos que se sientan «inquietos» por la existencia de medios televisuales de titularidad pública. Ciertamente a estas alturas, pocos habrá que no consideraran antidemocrático el monopolio público de la titularidad de los medios televisuales. Sin embargo, todavía, a la mayoría, diremos, parece que le parece algo «lógico», «natural», el que los poderes públicos sean titulares de tales medios y que, en todo caso, sometan a riguroso control administrativo a los privados que puedan existir. Es necesario, por eso, insistir en algo fundamental: que también en relación con la televisión, los derechos fundamentales y las libertades públicas lo son de los ciudadanos y no de los poderes públicos en cuanto tales, de tal modo que éstos (los poderes públicos) han de garantizar el ejercicio de esas libertades, por parte de los ciudadanos, en condiciones básicas de igualdad y, por lo mismo, han de abstenerse por completo de competir con los ciudadanos mismos en este ámbito. La existencia misma de televisiones públicas viene a lesionar valores fundamentales como son la libertad, la imparcialidad, la libre competencia, sin que puedan señalarse otros bienes cuya consecución sólo fuera posible mediante ella, de tal modo que quedaran compensados con la debida proporcionalidad los graves reparos que ese fenómeno merece. Si, en relación con estos medios, el poder público ha de defender, proteger, promover determinados valores y bienes, para esto no es en modo alguno necesario que se erija en titular (y, menos, obviamente, monopolista) de medios generales de comunicación y tanto menos cuanto más poderosos sean. La existencia, en particular, de televisiones públicas no puede encontrar fundamento en ninguna de las razones que suelen aducirse para defenderla. Veamos.

El extraordinario poder de estos medios

Tan poderoso medio y tan esencial servicio como el de televisión –según el argumento estatista– debe estar bajo la titularidad del poder público y, en todo caso, no puede ponerse en manos de particulares sin un riguroso control público administrativo directo. Tan dominante medio –piensa el estatista y argumenta el intelectual «orgánico»– ha de quedar sometido al vigilante y benéfico control de un poder público que busca y garantiza el bien del pueblo. En un primer momento no podía dejar de resultarle especialmente inquietante al Poder un medio cuya influencia sobre la opinión pública, sin duda poderosa, no era fácil calcular… Quizá ya no se tema que sea tanta como se le ha venido atribuyendo. Pero, en todo caso, –proseguirá el estatista– tan poderoso medio de comunicación no puede quedar expuesto al peligro de que particulares, presas del afán de lucro, lo utilicen irresponsablemente y, perdido el más elemental buen sentido, pisoteen la cultura, conculquen la moral, hagan burla de los más fundamentales valores y principios… La Administración, según el estatista, debe no sólo impedir que los medios incurran en prácticas sin duda condenables, sino que debe ayudarles en la defensa y arraigo de los valores democráticos y virtudes cívicas. Y con esa finalidad, se considerará no ya justificado, sino conveniente y aun necesario crear órganos administrativos de vigilancia audiovisual formalmente (presuntamente) «independientes» que velen para asegurar que los medios privados discurren por el buen camino… Pero estas tan bondadosas consideraciones con las que se ha querido defender incluso el monopolio televisivo estatal, valdrían para justificar cualquier restricción a la libertad. Nada más eficaz en la erradicación del «pecado» que hacerlo imposible eliminado la libertad ¿verdad? Ahora bien, para no «caer» en esa «solución» (ésa sí que «pecaminosa») no es necesario haber aprendido del Evangelio que no ha de extirparse la cizaña cuando esto significa arrancar a la vez el trigo. Bastaría una elemental laica educación democrática. ¡Es que es tanto el poder de la televisión!, dirá el celoso vigilante de la estricta observancia estatista… ¡Razón de más –contestémosle– para no dejarlo en manos del poder político! Precisamente el sorprendente poder de los telemedios de comunicación social es la mejor razón justo para no dejarlos en manos del Poder, esto es, en manos de las particulares concretas personas que lo ejercen, ni consentirles que restrinjan su uso y con él la libertad ciudadana de expresión y comunicación.

Al servicio de la Cultura y de la Educación

Pero no se trataría sólo de poner en manos del providente poder político la televisión y de negar así o restringir la libertad de televisión para evitar el «libertinaje» televisual. La televisión pública, sola o en compañía de otras, se justificaría, positivamente, según otro argumento, como obligada fuente de difusión de cultura e inapreciable instrumento de educación del pueblo, etc. etc, en un discurso sin duda bienintencionado en muchos y que, por muy fervorosamente que lo desarrollen, los intelectuales-funcionales no conseguirán convertirlo en un razonamiento válido. Porque ese argumento educativo, cultural, moral, a favor de la existencia de televisiones públicas supone la totalitaria concepción (paternalista, en su versión más candorosa), según la cual el Estado estaría no ya legitimado, sino obligado a actuar como Maestro Universal de ciudadanía… La televisión pública estaría llamada a actuar como quizá el más importante agente de Educación para la Ciudadanía. No puede extrañar que coincidan los defensores de una y otra. Pero una vez más es preciso insistir en que el Estado-Maestro es el Estado Totalitario. Nunca estará de más repetirlo. Ésa es la razón radical, definitiva y sobrada para rechazar la existencia de televisiones públicas. No hace falta, por eso, para rechazar la existencia de las televisiones públicas, invocar el prolongado bochornoso «espectáculo» (nunca mejor dicho) de muchos de sus «espacios» que nada tienen que envidiar a los de las más vilipendiadas privadas en la difusión de lo más «cutre». Buena prueba, en todo caso, es esa triste larga experiencia de que la condición de pública no le garantiza a una televisión la calidad ni evita que se «embasure». Ciertamente, la pretensión magisterial general estatal televisual no tiene por qué conducir a una televisión-basura. Pero es evidente que tampoco garantiza que no incurra en lo más deleznable, en lo más «basuriento» y –esto sería aun más grave– en la más flagrante ofensa y violación de los principios, valores y derechos cuya defensa invoca como objetivo que definiría y justificaría la existencia de esos medios audiovisuales de titularidad pública. Pero es más: aun cuando –por una hipótesis de facto irrealizable– las televisiones públicas se vieran libres de esos reproches, tampoco serían admisibles porque es su mera existencia la que resulta democráticamente inadmisible.

El respeto al pluralismo o un objetivo fácticamente inalcanzable

Un argumento de especial peso en defensa de la televisión es el que apela a la necesidad de garantizar el respeto al pluralismo. De acuerdo con las manifestaciones de sus defensores, la televisión pública sería la única capaz de respetar ese pluralismo. Mantener ese respeto supone no sólo el que debe guardarse en todo momento a todas las variadas opciones existentes en los más diversos órdenes (ideológico, religiosos, moral, cultural, etc.) en cuanto objeto de atención en esos medios, sino también el facilitar que todas ellas pueden activamente tener como sujeto su presencia en los medios. A este propósito, por cierto, se presentan serias cuestiones en las que no nos detendremos ahora, pero conviene siquiera apuntar: ¿con qué criterio se determinaría la amplitud de la presencia, objetiva y subjetiva, que ha de reconocerse en los medios públicos a cada una de las diversas opciones existentes en nuestro pluralista texto y contexto…?

En todo caso y de modo radical, para hacer frente a ese buenista argumento del pluralismo tanta veces utilizado para, paradójicamente, acabar con el pluralismo…, conviene tener presente algunas consideraciones tan elementales e insoslayables como la nuda realidad de las cosas. Veamos. El Poder no es una realidad abstracta, no es un inmaculado e imparcial ente etéreo, sino que, en todas sus variantes, en este plano y a estos efectos, son personas concretas que profesan opciones culturales y axiológicas particulares concretas, opciones que no pueden legítimamente pretender hacer pasar, difundir y, de uno u otro modo, implantar como comunes. Semejante pretensión entra en directa contradicción precisamente con ese pluralismo en garantía y respeto del cual sería necesaria la televisión pública.

Quienes ejercen el poder político no sólo no están obligados a orientar, dirigir, administrar, controlar, favorecer… opción cultural alguna, que siempre será una opción particular, sino que no están en absoluto legitimados para hacerlo. Sólo les corresponde crear las condiciones para que puedan desarrollarse, en condiciones básicas de igualdad, todas las opciones culturales que nazcan de la libertad de expresión y creación de los ciudadanos dentro del respeto a los principios constitucionales. Respecto de todas esas particulares opciones han de guardar la más estricta neutralidad y actuar conforme a criterios objetivos públicos normativamente establecidos lejos, por tanto, de cualquier especie de preferencia subjetiva por las que pudieran ser sus propias particulares opciones. En la actual política española abundan por desgracia ejemplos de quienes parecen sentirse investidos de una alta misión que les obliga y legitima para educarnos a los demás, para salvarnos, para llevarnos por el camino de una vida buena en la que la ética se vería sustituida por una rigurosa dietética, salvíficamente impuesta por cualquier «autoridad» pública a veces sin otro fundamento que sus personales ocurrencias… Son muchas las ocasiones de sonrojo por vergüenza ajena que nos ofrecen quienes no sólo imponen arbitrariamente sus gustos, sino que encima –¡por qué, Señor!– deciden impartirnos doctrina. Sin duda es éste uno de los castigos más refinados que puede llegar a sufrir, por sus muy graves faltas, la ciudadanía (aun la más lanarmente sesteante).

No puede extrañar que el respeto al pluralismo, virtud que según sus defensores, sería la más preclara virtud y más clara justificación de las televisiones públicas brille efectivamente en estos medios... por su ausencia. Y este factum innegable es la mejor prueba de que las televisiones que se dicen públicas, y los son «sobre el papel», esto es, en su configuración jurídica y su financiación, funcionan, en cambio, de hecho, como «privadas» al servicio de los intereses particulares de quienes en ellas mandan. Y el mismo discurso «pluralista» funciona también de hecho como cobertura de un uso inevitablemente sesgado a favor de quienes, en cualquier plano y momento, dominan el medio, sean políticos o «profesionales». (Cuando aquí hablamos de «poder» no nos referimos exclusivamente al poder político, sino a cuantos gozan de otros poderes (profesional, sindical) en el campo de los medios públicos y, en general, de las instituciones «ideológicas», como lo son las comunicacionales-creadoras de opinión).

Un pluralismo interno suficientemente equilibrado en cada medio de comunicación exigiría que quienes en él llevan a cabo tareas en las que necesariamente se refleja una determinada opción ideológica, religiosa, filosófica, etc., reflejaran en su conjunto todas las de los grupos sociales y políticos (aunque fuera sólo de los «significativos», como dice, según vimos, la Constitución (artículo 20.4): por cierto, ¿cuáles serían ésos?) o que todos renunciaran a la suya propia y asumieran una única imposible opción omnivalente. Ni en este momento se da, ni en ninguno anterior se ha dado, ni en el futuro puede esperarse que se dé pluralismo adecuado en los medios televisivos públicos, cualquiera que sea la organización que se confiera a estos entes.

Del pluralismo en el ámbito de la televisión ha de decirse lo mismo que del pluralismo en el mundo educativo: que su garantía no está en pretender que en cada medio, en cada centro, se hagan presentes todas las opciones (sin negar la legitimidad y aun bondad de los casos en los que esto se pretenda que ocurra), sino en asegurar que cada una de las opciones cuentan con medios, con centros, mediante los que expresarse o realizarse, en condiciones básicas de igualdad. De ahí que lo realista y más eficaz para asegurar el pluralismo sea garantizar el pluralismo de medios, sin empeñarse en conseguir el pluralismo en cada medio. Y todo esto supone que el poder público no entre a competir en este terreno con los ciudadanos que son los titulares de los derechos fundamentales en juego.

Por un Estado a-televisual!

Para defender la televisión pública aducen algunos el hecho de que la haya en los países de más limpia y larga tradición democrática. Sí, es verdad: también en esos países hay televisión pública. Pero esto desde nuestra perspectiva no es sino una prueba más de cuánto cuesta –por lo que se ve– aplicar claras exigencias de la libertad y de la democracia a situaciones nuevas, cuán lento y laborioso es el proceso de comprensión generalizada de que a la poderosa televisión le son perfectamente aplicables y han de serle, en efecto, aplicadas las exigencias democráticas que ya están perfectamente atendidas en el régimen de plena libertad vigente respecto de otros medios y que también hubo que conquistar contra las apetencias controladoras antidemocráticas del poder público...!

El Estado, el poder político, podríamos decir, ha de ser «a-televisual», como es a-confesional. Pero ¿qué dice usted? Si, la distancia entre las realidades a que nos referimos, no borra la semejanza sobre que tiene sentido esta consideración. «Ninguna confesión tendrá carácter estatal», establece nuestra Constitución (artículo16.3). ¿Por qué? ¿para qué? Porque debe garantizarse y para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos en el ejercicio del derecho a la libertad religiosa, igualdad que no quedaría a salvo si el Estado profesara una particular concreta confesión, con lo cual ésa resultaría privilegiada y quebrado el plano de igualdad en el que ha de asegurarse a todos los ciudadanos el efectivo pleno ejercicio de su libertad religiosa. Por la misma razón ha de entenderse establecido: «Ninguna televisión tendrá carácter estatal». ¿Por qué, ¿para qué? Porque hay que garantizar y para asegurar las condiciones básicas que permitan a todos los ciudadanos la posibilidad de ejercer su libertad, activa y pasiva, de expresión, de información y… comunicación televisual.

Y además… ¡ruinosas!

Las anteriores consideraciones ponen de relieve que las televisiones públicas antes que ruinosas son per se, en su mera existencia (y sin entrar en sus contenidos), antidemocráticas. Pero no sólo no quitamos importancia al hecho de que sean ruinosas, sino que, según nuestra tesis, el despilfarro de dinero público en el sostenimiento del insaciable monstruo de las televisiones públicas es consecuencia inevitable del carácter de públicas de éstas. Ese despilfarro, pues, no tiene otro remedio que la simple y llana supresión de éstas. A la hora de llevar a cabo ese ineludible objetivo será preciso, obviamente, hacerlo en términos que dejen a salvo los derechos fundamentales de quienes trabajan en los medios a los que nos referimos.

Delenda est publica televisio!

El poder público puede y debe regular el ejercicio de la libertad de creación de medios de comunicación social, asegurar condiciones básicas de igualdad, asegurar la libre concurrencia en este campo, remover los obstáculos que impiden a determinados grupos sociales desfavorecidos hacerse con medios de este tipo, velar por el respeto a valores, derechos y libertades fundamentales y, en suma, hacer posible y favorecer el ejercicio de la libertad,… todo, menos suplantar a los ciudadanos ni aun competir con ellos en el ejercicio de esas libertades de las que sólo los ciudadanos en cuanto tales (y no quienes ejercen el poder público en cuanto tales) son titulares.

Imaginemos una situación en la que, cuando nos acercáramos al quiosco, nos encontráramos unos diarios editados por el Ente Público Periodístico de información general, dependiente de un poder público (estatal, autonómico, municipal), en cuyo interior pretendiera tener asegurado el más abigarrado y completo pluralismo, según proclamara en su portada con un impactante lema y aun con su mismo nombre (podrían llamarse –imaginémoslo– El Gran Pluralista, El Imparcial Garantizado, El Independiente Absoluto u otras lindezas)… ¿Consideraría usted democrática la situación en que ese fenómeno se diera? Ahora bien: ¿Acaso es cualitativamente distinta de esa ridícula situación imaginaria la presente situación de unos cada vez más numerosos y depredadores entes públicos audiovisuales en manos de quienes ejercen el poder político en uno u otro nivel? No tengo –no tenga, por favor– la menor duda: hay que acabar con la televisión pública, delenda est publica televisio!


* Teófilo González Vila es Catedrático de Filosofía y Escritor. Tomado de Análisis Digital.

 
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