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Altar Mayor Nº - 141 (14)
Thursday, 19 May a las 15:12:59

Altar Mayor artículos REVISTA DE LA HERMANDAD DEL VALLE DE LOS CAÍDOS
Nº 141  - mayo / junio de 2011

 

LA ECONOMÍA POLÍTICA DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO
Eduardo Conesa*



Introducción: España ante el descubrimiento de América

Al tiempo del descubrimiento de América en 1492 el Reino de España acababa de conseguir su unidad nacional mediante el casamiento de Isabel la Católica, Reina de Castilla, con Fernando el Católico, Rey de Aragón. La unificación de ambos reinos y la victoria de ambos en la guerra contra los moros, es decir contra el islamismo arábico que llegó a dominar gran parte de España por siglos, sirvió para crear una gran prosperidad económica en toda la península. España fue el primer país de Europa que llegó a superar el feudalismo, que con sus múltiples peajes y obstáculos al comercio y al transporte de mercaderías establecidos en cada comarca por los señores feudales del lugar condenaba a la economía al atraso y al subdesarrollo. La unidad nacional sirvió, en consecuencia, para fomentar la división del trabajo, aumentar la especialización, ampliar el mercado y por ende aumentar la productividad de toda la economía. Se aplicaría entonces un gran principio de la economía política que Adam Smith enunciaría tres siglos después: «La productividad depende de la división del trabajo y la división del trabajo está, a su vez, limitada por la extensión del mercado».

Sin embargo, la expansión de la economía española no solamente obedeció a la unificación del mercado nacional. El descubrimiento de América permitió a los conquistadores españoles obtener enormes cantidades de oro y plata de las nuevas tierras. En aquellos tiempos, el dinero estaba constituido por monedas de oro y plata. En consecuencia, el descubrimiento de América hizo posible una enorme expansión monetaria en la península, que potenció grandemente la producción y el empleo en los primeros años del siglo XVI. Cuatro siglos después, otro economista, John Maynard Keynes, enunciaría un segundo principio fundamental aplicable al caso: «La expansión monetaria en una primera fase genera un considerable aumento en la actividad económica y en el empleo pero, una vez alcanzado el pleno empleo, la expansión monetaria genera solamente inflación». Así fue que desde el año 1500 hasta el año 1600, en un siglo, España experimentó una inflación del 400%, tanto en precios como en salarios. La evidente escasez de mano de obra provenía de las enormes demandas de los ejércitos españoles para las guerras con Francia, en Flandes, en Italia o con la Turquía al oriente. También, la conquista de América demandó un considerable número de soldados y mano de obra.

Oro y plata. Inflación y monopolio

El problema con la inflación española, que se prolongó además en los siglos XXVII y XVIII, consistió en que el resto de los países de Europa experimentaron una inflación mucho menor. Se calcula que desde 1500 a 1600 la inflación en Francia y en Inglaterra fue del 150% solamente, comparada con el 400% antes referido para el caso de España. La enorme inflación de precios española fue retroalimentada por las políticas monopolistas de Felipe II y la dinastía de los Austrias que hasta el año 1700 gobernó España. Los reyes de esta dinastía estaban imbuidos de las ideas del más crudo mercantilismo bullionista, confundían la riqueza del Estado y de la Nación con la abundancia de monedas de oro y plata. Dentro de ese concepto establecieron un sistema de monopolio legal donde las colonias españolas debían proveerse solamente con bienes producidos en la misma España; y, a su vez, exportar su propia producción únicamente a la península. Se trataba de que el oro y la plata no salieran del reino y de sus colonias. Este monopolio se implementó a través de la concentración de la entrada y salida de mercaderías desde América y hacia ésta, en el puerto de Cádiz y por ende también sobre Sevilla, sobre el río Guadalquivir. Todas las exportaciones e importaciones de España a sus colonias debían efectuarse por el llamado sistema de flotas y galeones. Así, por ejemplo, se concentraban 20 ó 30 galeones en los puertos de Cartagena de Indias en la actual Colombia, o en la Habana, en la actual Cuba. Se trataba de asegurar que esos galeones viajaran desde España y hacia ella en convoyes para poder repeler los ataques de los navíos piratas que merodeaban sobre todo el Mar Caribe. El comercio a través de otros puertos, tanto de España como de América, estaba prohibido. Se vedó en particular el comercio por la vía del puerto de la Trinidad y su ciudad adyacente, Santa María del Buen Ayre.

Distorsión de precios y contrabando

Sin embargo, el sistema proteccionista español determinaba que los precios de los artículos manufacturados tanto en América como en España fueran 4 ó 5 veces más altos que en Inglaterra, Francia, los países bajos, o Alemania. Esta diferencia de precios podía considerarse también como la contrapartida de la enorme oferta de metálico que generaban las minas de oro y plata de América. Dicha oferta determinaba entonces que estos metales fueran extremadamente baratos en América y por ende, en España. La otra cara de los bajos precios del oro y la plata, es decir, de la moneda, eran los altísimos precios de las manufacturas. Esta diferencia de precios en las manufacturas y en los metales con respecto a los existentes en el resto de Europa, particularmente en Inglaterra, estimulaba el contrabando. Se generalizó así el concepto de que la ley monopolista española se acataba pero no se cumplía. El contrabando estaba prohibido en las leyes pero presente con gran fuerza en la realidad económica. Quienes contrabandeaban en España eran los ingleses por intermedio de su tradicional aliado: el Reino de Portugal. El contrabando con Francia tenía lugar por la vía de los Pirineos. La industria española, próspera en el año 1500, desapareció en el año 1600 debido a la competencia que representaba el contrabando. La actividad económica, manufacturera y agrícola dejó de ser rentable en la península. La burguesía comercial y manufacturera desapareció. Las grandes fortunas quedaron vinculadas al contrabando. De esta manera, las profesiones honorables en tiempos de los Austrias y los Borbones eran principalmente las del ejército y la Iglesia. La ausencia de una actividad económica manufacturera honesta y rentable generó un enorme parasitismo en la economía española. En América donde el oro y la plata eran más baratos aún, también se sufría el azote del contrabando, aunque a veces las grandes distancias y el costo del transporte proveían una protección natural a las manufacturas locales. El contrabando, que no pagaba impuestos, florecía particularmente en el puerto de Trinidad y en la Ciudad de Santa María del Buen Ayre. Para reprimirlo, el Rey Felipe IV, en 1660, estableció en esta ciudad una Real Audiencia compuesta de tres oidores y un Fiscal. Sin embargo, la realidad económica y la fuerza de la economía no se podían combatir con malas leyes. Así fue que en 1671 la Reina regente Mariana decidió abolir la Real Audiencia, puesto que los principales contrabandistas estaban vinculados a los oidores. Los dos más grandes economistas del Siglo XVIII, Adam Smith y Richard Cantillón destacaban en sus obras la enorme distorsión de precios que generaba el sistema proteccionista mercantilista aplicado por los Reyes de España. Esta distorsión de precios era particularmente grande en nuestras tierras dado que la actual Bolivia pertenecía al Virreinato del Río de la Plata y allí estaba ubicado el cerro de Potosí, de donde la plata emergía a raudales.

Decadencia española: el parasitismo de la economía contagia a la monarquía

Todas las crónicas de la época señalaban la decadencia de España y de sus colonias hacia fines del siglo XVII. Algunos autores mencionaban incluso que la población de España hacia fines de ese siglo se redujo a la mitad, de 12 millones de habitantes al comienzo del mismo a 6 millones hacia 1700. Para esa época se extinguió en España la dinastía de los Austrias. El último Rey, Carlos II el Hechizado, murió sin dejar descendencia. Su pariente más cercano era su hermana María Teresa de Austria, esposa de Luis XIV, Rey de Francia. El trono le hubiera correspondido a esta Reina pero la ley sálica, aplicable a los Borbones y a los descendientes de Clodoveo, Rey de los antiguos francos, impedía a las mujeres el mando político del reino. Además, en tal caso, el verdadero Rey de España hubiera sido el mismo Luis XIV, Rey de Francia. La unión de Francia y España bajo el mando de un solo monarca era de gran peligro para Inglaterra. Las discusiones sobre la sucesión del trono de España generaron una larga guerra que terminó con el Tratado de Paz de Utrecht de 1713. Según este tratado, Felipe V, nieto de María Teresa de Austria y Luis XIV, mantendría el trono peninsular, pero España debía entregar el peñón de Gibraltar a Inglaterra, que de esta manera iba a dominar la entrada al mar Mediterráneo. Además, en este Tratado, España se comprometía a permitir una entrada anual de 4.000 esclavos negros del África a sus colonias americanas que Inglaterra podía hacer ingresar libres de todo derecho. Por supuesto, con los esclavos también entrarían abundantes provisiones de mercaderías de contrabando, incentivadas por los altos precios de las manufacturas en América. El contrabando inglés se canalizaba principalmente con la complicidad portuguesa por la vía de la Colonia del Sacramento, situada en la ciudad de Colonia, en el Río de la Plata, frente a Buenos Aires.

Carlos IV, aliado de Napoleón contra Inglaterra

La llegada de los Borbones al trono de España aminoró en algo el rígido e ineficiente sistema de controles sobre el comercio establecido por los Austrias pero las diferencias de precios y, por lo tanto, el incentivo al contrabando, continuaban imparables. El Rey borbón Carlos III intentó establecer luces y criterios innovadores en el gobierno de España y contener el avance portugués, para lo cual, entre otras medidas, creó el Virreinato del Río de la Plata en 1776. En 1788, sin embargo, murió Carlos III y lo sucedió su hijo Carlos IV, un buen hombre pero sin carácter y sin condiciones de gobernante. En 1789 se produjo la Revolución Francesa que derribó a los borbones del trono de Francia y finalmente desembocó en el gobierno del General Bonaparte. Napoleón, merced a sus victorias militares, llegó a dominar el continente europeo, particularmente después de la batalla de Austerlitz de 1805 y de la paz de Tilsitt del mismo año. El problema de Napoleón era, sin embargo, su gran país enemigo: Inglaterra, que se amparaba en su condición insular y en sus fuerzas navales. Las islas británicas experimentaban en aquel momento un gran desarrollo económico debido a la Revolución Industrial y la producción en masa de sus fábricas, movidas por el reciente invento de máquinas a vapor y telares mecánicos. Inglaterra pretendía colocar su enorme excedente de mercaderías en Europa pero Napoleón decretó el bloqueo continental contra la entrada de mercaderías inglesas. El Rey Carlos IV de España apabullado por la vecindad y el poder militar terrestre de Napoleón trató de contenerlo mediante el tratado de los Subsidios, por el cual, España se obligaba a entregar 2 millones de pesos mensuales al Emperador como ayuda para sus guerras contra los ingleses. Aunque el acuerdo de los subsidios era secreto, los ingleses se enteraron del mismo y así fue que a fines de 1804, cuatro fragatas españolas que venían de Buenos Aires y Montevideo al mando del Almirante Bustamante y Guerra, Gobernador de Montevideo, fueron atacadas arteramente, por sorpresa y sin previa declaración de guerra por el comodoro inglés Moore. En el ataque se hundió la fragata española Mercedes, en la cual viajaba la esposa de Don Diego de Alvear, de apellido Balbastro, con sus hijos. Pero su marido y su hijo mayor, Carlos María, se salvaron porque viajaban en la fragata Clara, que era la que llevaba el preciado tesoro de 12 millones de pesos. Ese tesoro cayó en manos de los ingleses, que de esta manera evitaron que parte de esos fondos llegaran en ayuda de Napoleón.

El ataque sorpresivo y sin declaración de guerra a las cuatro fragatas españolas constituyó, sin duda, un casus belli y España tuvo que declarar la guerra a Inglaterra. Napoleón pidió entonces la unión de las flotas de guerra francesa y española bajo el mando del inepto Almirante francés Pierre Villeneuve. La escuadra franco-española enfrentó a la escuadra inglesa frente al Cabo Trafalgar, 25 millas al oeste de Cádiz, en 1805. El genio del almirante Nelson permitió el hundimiento y la destrucción casi total de la flota franco-española. Nelson, con su navío insignia: la fragata Victory y su flota, se metió entre las dos flotas, la española y la francesa, a gran velocidad y abriendo fuego a babor y estribor. Cuando los franceses y españoles respondieron al fuego la flota inglesa ya había pasado y españoles y franceses se cañonearon entre sí. La victoria de Trafalgar dio a Inglaterra el dominio completo de los mares, pero las victorias militares terrestres de Austerlitz, Jena y Wagram dieron a Napoleón un dominio completo del continente europeo. Ante esta situación, el primer ministro inglés, George Canning, descolgó el mapa de Europa de su despacho, pues no habría nada que hacer en el continente por muchos años. Sólo quedaba a Inglaterra apoderarse de los tesoros de provenientes de las mismas colonias españolas de América. De ahí las invasiones inglesas que sufrimos en el Río de la Plata. A todo esto, el Emperador francés, consciente de que Inglaterra todavía burlaba el bloqueo continental por la vía de Portugal, decidió invadir este país. Las tropas del Mariscal Junot cruzaron España e invadieron Portugal. La corte portuguesa, a invitación del embajador inglés Sidney Smith, más conocido como Lord Strangford, se embarcó hacia Río de Janeiro en la flota inglesa.

Las intrigas de Fernando y la descomposición de la monarquía española

Bajo el pretexto de la invasión a Portugal, las tropas francesas estacionadas en España causaron un gran malestar en el pueblo de la península para descrédito del Rey Carlos IV, que se titulaba amigo del Emperador de los franceses. Además, el heredero del trono español y Príncipe de Asturias, Fernando, hablaba mal de su padre y de su madre debido a las relaciones amorosas de la Reina María Luisa con el Primer Ministro Manuel Godoy, a quien Fernando odiaba. Por otra parte, el embajador de Napoleón en Madrid, Beauharnais, hermano de Josefina, la ex esposa del Emperador, instigaba permanentemente a Fernando para deponer a su padre, Carlos IV. Fue así que Fernando entró de lleno en la tarea conspirativa planeando el asesinato de su padre y de su madre, ayudado por su consejero Escoiquiz. La conspiración de Fernando llegó a oídos de la Reina María Luisa por aquello de que «quien tiene las hechas tiene las sospechas» y ésta informó de la intriga a su esposo Carlos IV. Estando la familia real en el Palacio de San Lorenzo del Escorial, Carlos IV entró en los aposentos de su hijo Fernando, llevándole de regalo un libro de poesía heroica titulado Triunfo Argentino de Don Vicente López y Planes, donde se cantaban loas a la gloriosa reconquista y defensa de Buenos Aires contra las tropas inglesas de 1806 y 1807. Pero al entrar en los aposentos y ofrecerle el libro a su hijo, el Rey advirtió que Fernando apartaba unos papeles tratando de impedir la vista de su padre, el Rey. Éste inmediatamente hizo sonar la campanilla que llevaba en la otra mano y entraron los guardias del palacio; que se apoderaron de los papeles de Fernando, de donde surgía claramente el intento de golpe de Estado y parricidio. El Rey mandó los papeles a sus ministros para que estudiaran el caso e inmediatamente detuvo a los conspiradores y encerró a Fernando en su cuarto. Al día siguiente, los diarios de Madrid informaron al pueblo por medio de un comunicado del Rey acerca del conato de golpe de Estado y parricidio planeado por su hijo. Carlos IV había decidido ya la revocación del título de «Príncipe de Asturias y heredero del trono» de Fernando para pasar dicho privilegio a otro de sus hijos. Pero entonces Fernando se dirigió a su madre, la Reina María Luisa, pidiéndole perdón, denunciando a los conspiradores y solicitándole que interceda ante su padre para mantener su carácter de Príncipe de Asturias, heredero del trono. Carlos IV perdonó a su hijo pero pocos meses después, estando la familia real en el Palacio de Aranjuez y aprovechando la indignación de las tropas españolas por la presencia creciente de las tropas francesas del territorio español y el malestar popular consiguiente, Fernando entró en una segunda conspiración, esta vez apresando al Primer Ministro y amante de su madre, Don Manuel Godoy. Con la prisión de su Primer Ministro el Rey entró en desesperación. Fernando aprovechó entonces para presionar a su padre, forzando la abdicación a su favor, a cambio de la libertad del ministro. Efectivamente, Carlos IV abdicó con la condición de que se liberase a Godoy. Fernando VII asumió entonces como Rey de España pero no cumplió con su promesa de liberar al ex primer Ministro. Después de todo esto, Fernando necesitaba urgentemente el reconocimiento como Rey de España de los demás Reyes de Europa, y sobre todo del propio Emperador de los franceses. De mala gana los Reyes de Europa iban a reconocer a Fernando porque un hijo que conspira contra su padre comete un acto de deshonor que las monarquías rechazan.

Craso error de Napoleón: imponer a José I como Rey de España

Pero lo importante era el reconocimiento de Bonaparte, que era el gran instigador de este golpe de Estado. El General francés Savary le informó a Fernando que después de quince minutos de conversación personal con el Emperador obtendría su reconocimiento como Rey de España. Dado que el Emperador se encontraba en Bayona, en territorio francés, allí se dirigió Fernando para entrevistarlo. Grande fue su sorpresa cuando encontró que el Emperador estaba acompañado de Carlos IV, la Reina María Luisa y Don Manuel Godoy. En esta famosa entrevista múltiple, el Emperador recriminó a Fernando por haber conspirado contra su padre y haber intentado matarlo. Le exigió además la devolución de sus títulos, incluso el del Príncipe de Asturias y el reconocimiento de la invalidez de la abdicación de su padre Carlos IV a su favor. Acto seguido Napoleón requirió una segunda abdicación de Carlos IV, pero esta vez a favor del propio Bonaparte, quien entonces entregó el trono de España a su hermano José. Napoleón convocó a un Congreso de las Cortes Españolas en Bayona, donde José I Bonaparte resultó ratificado como Rey de España. Sin embargo, José I entró a España con el pie izquierdo: el pueblo español lo denominaba «Pepe Botellas» con referencia a su carácter de borracho, lo cual era falso. José I bebía solamente agua y era el más capaz de los hermanos del Emperador. La imposición de José I como Rey de España constituyó un gran error de Napoleón porque el valeroso pueblo español no aceptó estas intrigas. Hubo sangrientos levantamientos en todas las ciudades de España contra las tropas napoleónicas. El Emperador se vio obligado a descargar con furia sin igual sobre la península los 400.000 hombres que traía frescos de la batalla de Wagram que antes había librado contra los austriacos y prusianos. El pueblo español quería a Fernando VII como Rey de España, seguramente por no conocer sus bajezas, y sin saber que este Príncipe había solicitado al Emperador la mano de una de sus sobrinas para casarse con ella y desconociendo también las efusivas felicitaciones que el mismo Fernando había enviado por carta a José I con motivo de su asunción como Rey de España.

Los problemas del Virrey Liniers

Mientras tanto, Napoleón, sabedor de que Don Santiago de Liniers y Brémond, un francés de nacimiento, era Virrey interino del Río de la Plata nombrado por Carlos IV a causa de su brillante desempeño contra las invasiones inglesas a Buenos Aires de 1806 y 1807, intentó volcarlo a su favor. Para ello envió a Buenos Aires, como embajador, al marqués de Sassenay, un amigo francés de Liniers, con toda la documentación que contenía la devolución de la abdicación de Carlos IV a favor de Fernando, la abdicación de Carlos IV a favor de Napoleón, la abdicación de Fernando a su título de Príncipe de Asturias, y por supuesto la abdicación de Napoleón a favor de su hermano José I y su ratificación por las Cortes de Bayona. Los documentos eran contundentes. Napoleón esperaba que Liniers se pronuncie a favor de José I y de esta manera las riquezas del cerro de Potosí y del Río de la Plata pasaran a engrosar el tesoro común franco-español. Liniers tenía evidente simpatía hacia el Emperador y sus con-nacionales pero se daba cuenta de que la gran mayoría de los españoles residentes en Buenos Aires y los mismos criollos rechazaban a José I, y, en todo caso, querían a Fernando VII, quizá por desconocer la bajeza de su carácter. Por eso Liniers, de mala gana, hace jurar a Fernando VII como Rey de España en el Río da la Plata, despachando a Sassenay, diciéndole que no tenía fuerza política suficiente para imponer al Rey José I y que necesitaba en todo caso armas y apoyo directo del Emperador para imponerlo. A todo esto, los españoles de Buenos Aires y Montevideo bramaban contra Liniers y sus disimuladas tendencias pro-francesas. Los líderes del movimiento contra Liniers y contra los franceses eran Don Martín de Álzaga, poderoso comerciante monopolista español, y el Coronel Francisco Javier de Elío, Gobernador de Montevideo. Liniers también tenía sus contactos en España y se defendió como pudo de las intrigas de sus contrincantes mediante cartas a la Junta Central de Sevilla. Ésta concentraba el poder político de la España rebelde contra Napoleón y llegó a tener alguna influencia, especialmente después de la batalla de Bailén, donde el General español Castaños derrotó al General francés Dupont. Incidentalmente, en esta gran batalla, nuestro Capitán Don José de San Martín tuvo una actuación heroica que le valió ascensos y condecoraciones.

Finalmente, el embajador español en Río de Janeiro, el Marqués de Casa Irujo, intervino para dirimir la contienda entre Liniers por una parte, y Álzaga y de Elío, por la otra. El Marqués sugirió a la Junta Central de Sevilla la designación de un nuevo Virrey en reemplazo de Liniers y un tratamiento muy decoroso a este último, mandándolo de nuevo a España. Fue así que a principios de 1809 la Junta Central de Sevilla, en representación de Fernando VII, designó como Virrey del Río de la Plata a Don Baltasar Hidalgo de Cisneros, un ex Alcalde de la ciudad de Cartagena de España y valeroso segundo Comandante de la flota española en la batalla de Trafalgar, en la cual, a pesar de la derrota, tuvo una digna actuación. Liniers fue compensado con el título de Conde de Buenos Aires, con solicitud de que se traslade a España lo antes posible.

Cisneros debilitado frente a los Patricios

Mientras tanto, la situación política en Buenos Aires estaba complicada. Había tres grandes grupos: por una parte, el grupo de los sarracenos, partidarios fervientes de la subordinación a España y de Fernando VII, constituido por los comerciantes españoles monopolistas y encabezado por Martín de Álzaga.

Por otra parte, estaban los criollos, descendientes de españoles pero nacidos en América, donde militaban todos los integrantes del Regimiento de Patricios. Ellos poseían la fuerza militar desde su heroico comportamiento durante las Invasiones Inglesas de 1806 y 1807. Estaban en este grupo Cornelio Saavedra, Juan José Viamonte, Martín Rodríguez, Eustaquio Díaz Vélez, Francisco Antonio Ortiz de Ocampo, los Balcarce y muchos jefes militares que tuvieron brillante actuación posterior. Este grupo apoyaba a Liniers, renegaba de los sarracenos y, llegado el caso, estaba dispuesto a rechazar la autoridad del nuevo Virrey nombrado por la Junta Central de Sevilla, y en tal supuesto, aceptar como Reina de un Río de la Plata independiente de España a la infanta Carlota Joaquina de Borbón Parma, esposa del príncipe Juan de Braganza, Regente del Reino de Portugal y Brasil.

Los intelectuales de Buenos Aires formaban el tercer grupo, en el que estaban Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Nicolás Rodríguez Peña, Antonio Beruti, Hipólito Vieytes y muchos otros. Este grupo también apoyaba la idea de un Reino independiente amparado en los derechos al trono de la infanta Carlota Joaquina. Detrás de este último grupo, integrado principalmente por los intelectuales de Buenos Aires, estaban los importadores ingleses, que eran más de 120 y que se reunían periódicamente en el restaurante de las Tres Plumas. Los ingleses abogaban fuertemente por la libertad de comercio y por la apertura de la economía. Tenían como abogado al titular del mejor bufete de Buenos Aires, Don Mariano Moreno.

Ante lo complicado de esta situación, el Virrey saliente, Liniers, fue a recibir al Virrey entrante, Cisneros, en la Colonia de Sacramento. Sobre la base de la amistad existente entre ambos, Liniers aconsejó a Cisneros respetar el Regimiento de Patricios porque cualquier acción contra esta fuerza militar desembocaría en su deposición y el desconocimiento de su autoridad. Conocedor entonces de las fuerzas actuantes en Buenos Aires, Cisneros se movió con mucha prudencia, tratando de compatibilizar a los distintos grupos.

La Representación de los hacendados y la libertad de comercio

A comienzos de 1809, cuando asume Cisneros, las arcas del Tesoro de Buenos Aires estaban exhaustas. Belgrano, en su carácter de Secretario Vitalicio del Consulado, aconsejó entonces a Cisneros permitir la entrada de mercaderías inglesas mediante el pago de derechos de importación, lo cual permitiría restaurar las finanzas del Virreinato. Le daba el ejemplo de las arcas de la ciudad de Montevideo, que habían sido llenadas con ese mecanismo. Por su parte, el Virrey Cisneros sabía que la política de las Juntas españolas y, en particular, la política de la Junta Central de Sevilla que lo había nombrado, era la apertura de la península española y de sus colonias al comercio de importación inglés. En efecto, a comienzos del año 1809, el embajador español en Londres, Don Juan Ruiz de Apodaca, firmó con George Canning, el Primer Ministro inglés, un tratado por el cual Inglaterra aportaría armas y material de guerra a las juntas españolas como ayuda en su lucha contra Napoleón Bonaparte pero, como contrapartida, España abriría su comercio de importación a las manufacturas inglesas. El Virrey Cisneros sabía de este acuerdo, dado que el mismo se materializó antes de su partida de España hacia el Río de la Plata. Fue así que estando ya Cisneros a cargo del Virreinato, dos comerciantes ingleses, Dillon y Thwaites solicitaron que se les permitiera descargar una importante partida de mercaderías manufacturadas pagando de los derechos de importación. Los 120 comerciantes ingleses que tenían residencia en Buenos Aires y se reunían periódicamente en el restaurante «Las Tres Plumas», apoyaban ese pedido y ejercían fuerte presión para la apertura del comercio de importación en general. Cisneros decidió actuar con gran prudencia y pidió la opinión del Consulado que, excepto por su honorable Secretario Don Manuel Belgrano, era un aquelarre de comerciantes monopolistas españoles. Asimismo pidió la opinión de la Real Audiencia sobre los aspectos legales. También solicitó la opinión de Don Manuel Fernández Agüero, representante de los comerciantes monopolistas de Cádiz. Esta última opinión fue particularmente elocuente en defensa del proteccionismo tradicional español. En ella había un largo escrito donde se ensayó una fuerte defensa de la cerrazón al comercio de importación, como medida de protección a la industria local. Se decía por ejemplo, que uno solo de los buques ingleses estacionado en la rada del puerto de Buenos Aires contenía 19.000 pares de zapatos, y que si esas mercaderías se ofrecían a bajo precio en Buenos Aires, desaparecería la industria del zapato local. Se mencionaba que los industriales textiles ingleses eran capaces de ofrecer hermosos ponchos de gran calidad a $3 mientras que los producidos en Córdoba o Catamarca tenían un costo de $15 cada uno. La apertura de la economía iba a llevar a la ruina a las hilanderías y tejedurías del interior del país, como así también a las españolas de la península. Pero Cisneros estaba urgido por la angustiosa situación del tesoro del Virreinato y pidió la opinión de los hacendados del Virreinato, que eran fundamentalmente ganaderos, productores de cueros y sebo para la exportación. A estos les convenía la apertura de la economía, pues se suponía que, cuantos mayores fueran las importaciones, mayores deberían ser a la larga las exportaciones de los productos originales del país. Fue así que los hacendados presentaron un largo escrito firmado por el hacendado Don José de la Rosa, del pueblo de Mercedes, en la actual República Oriental del Uruguay, donde Belgrano tenía una estancia. El escrito estaba muy bien fundado en consideraciones de la Economía Política con citas de Adam Smith, Quesnay, Filangieri y otros autores, argumentando que cuanto más rico fuera el hacendado exportador, más rico sería también el almacenero donde compra a su vez sus provisiones y el médico que lo atiende y los demás proveedores de servicios al mismo. Se decía que el escrito fue preparado por Moreno, pero evidentemente estaba la mano de Belgrano, quien no lo podía firmar por ser funcionario de carrera de la Administración Pública Española. Finalmente, el día 6 de noviembre de 1809 Cisneros firmó el decreto permitiendo la importación de las mercaderías inglesas contra pagos de derechos al fisco del Virreinato. Sin embargo, las mercaderías importadas debían necesariamente estar consignadas a un comerciante español, los cuales, de esta manera, también sacarían su tajada de la apertura del comercio. Además, Cisneros prohibió que el pago de las importaciones se haga en metálico, esto es, no se permitía que la plata de Potosí saliera del país en pago de las importaciones inglesas. El pago debía hacerse con frutos del país, que eran fundamentalmente cueros y sebo. Evidentemente Cisneros estaba copado mentalmente del más crudo mercantilismo bullionista: aquel que cree que la riqueza del país reside en la abundancia de la circulación de monedas de oro y plata. Lo cierto es que el pago de las importaciones se hizo en metálico y Cisneros decidió a fines de diciembre de 1809, la revocación de la apertura del comercio. Y además dio ocho días a los comerciantes ingleses para salir del país. Sin embargo, estaba estacionada en el Puerto de Buenos Aires la fragata inglesa Lightning, cuyo capitán intercedió a favor de los comerciantes ingleses y obtuvo de Cisneros la prórroga del plazo para retirarse del país hasta el 19 de mayo de 1810.

La caída de la Junta Central de Sevilla

Mientras corrían los plazos, el día 14 de mayo de 1810 llegó a Buenos Aires el lugre de guerra inglés Misletoe, con diarios de España y de Inglaterra, que informaban sobre la caída de la Junta Central de Sevilla y arrolladoras victorias napoleónicas, además de la caída de toda Andalucía a manos de las tropas del Emperador. Es que Napoleón en su furia contra el levantamiento del pueblo de España había descargado sobre el país los 400.000 soldados veteranos de las batallas de Austerlitz, Jena y sobre todo Wagram. Contra la superioridad militar francesa sólo quedaban los recursos de la guerra de guerrillas. Prácticamente el Estado español había dejado de existir. El único lugar de España todavía no ocupado por los ejércitos napoleónicos era el Puerto de Cádiz y la isla de León. El puerto era inexpugnable excepto si se lo sitiaba por tierra y por mar. Pero como el mar estaba en poder de los ingleses, Cádiz pudo resistir. La llegada de la noticia de la caída de la Junta de Sevilla, que había designado a Cisneros, dejó a éste sin respaldo. La gran mayoría de la población, tanto españoles como criollos, consideraba que en este caso, dado que el Rey Fernando VII estaba preso, y su representante, la Junta Central de Sevilla que había designado al Virrey Cisneros había caducado, la soberanía debía revertir al pueblo. En consecuencia debían designarse en América Juntas de Gobierno en las ciudades, como en España, y reemplazarse al Virrey.

El Cabildo abierto del 22 de mayo

Y efectivamente, como consecuencia de las noticias del lugre Misletoe, el día 22 de mayo de 1810 se celebró una gran reunión de Cabildo abierto en Buenos Aires, para decidir sobre el gobierno del país. Tomó la palabra en primer lugar el Obispo Lué, quien argumentó que las colonias pertenecían a España y que mientras hubiera en América un solo español nacido en España, a él le correspondía el mando político del país. El argumento era claramente impopular. Pero además era legalmente incorrecto. La argumentación contradictoria correspondió al patriota Juan José Castelli, primo de Belgrano, quien sostuvo que de acuerdo a las leyes de Indias, las colonias pertenecían al Rey, no a España, y que esta opinión había sido ratificada recientemente por la misma ya caída Junta Central de Sevilla; que al estar el Rey preso y sin un gobierno que lo represente en la Península, la soberanía debería revertir al pueblo, a quien correspondía designar el gobierno del país. El argumento de Castelli parecía contundente y victorioso; pero tomó la palabra el Fiscal Villota, miembro de la Real Audiencia, quien si bien admitió el argumento de Castelli desde el punto de vista legal, cuestionó el derecho del Cabildo de Buenos Aires a arrogarse la representación de las ciudades del interior del Virreinato. Sostuvo que, en todo caso, debía llamarse a un Congreso General con representantes de las ciudades del interior y de Buenos Aires para que sea ese Congreso General representativo el que decida sobre la forma del nuevo gobierno. La argumentación de Villota parecía a su vez, que podía derrotar al argumento de Castelli. Sin embargo, los patriotas empujaron al abogado Juan José Paso para que retruque a Villota. Paso encontró una figura tradicional del derecho romano y del derecho hispánico, la antigua figura de la «gestión de negocios», para voltear a su vez al argumento de Villota. En efecto, cuando los bienes de una familia están en peligro y están ausentes los titulares, le corresponde al hermano mayor presente hacerse cargo de la salvaguardia de esos bienes y la preservación del patrimonio familiar. En este caso, Buenos Aires, como la hermana mayor de todas las ciudades del interior, tenía el derecho que asumir la tácita representación de las ciudades del interior y establecer una Junta de Gobierno provisoria. Sometida a votación la cuestión, se decidió nombrar una Junta de Gobierno. Los comerciantes españoles, el Cabildo y el Fiscal Leiva presionaron para que la Junta estuviese presidida por el mismo Cisneros, lo que fue aceptado por los cabildantes. La designación de Cisneros produjo un gran descontento en las tropas, particularmente en el Regimiento de Patricios, que definitivamente no aceptaba a Cisneros como Presidente de la Junta.

La Revolución del 25 de mayo

Fue así que sordos ruidos se dejaron oír de corceles y de aceros. Y Cisneros tuvo que renunciar el 25 de mayo de 1810, día en que el Cabildo designó nuestra Primera Junta de Gobierno Patrio. Ella estaba presidida ahora por Cornelio Saavedra, jefe del Regimiento de Patricios e incorporaba al Teniente Coronel Don Miguel de Azcuénaga del mismo Regimiento. Su secretario era el Doctor Mariano Moreno, considerado en la época el mejor abogado de Buenos Aires. Don Mariano Moreno, graduado en la Universidad de Chuquisaca, en la actual Bolivia, era un profundo de conocedor de la filosofía de la ilustración. Había traducido el Contrato Social de Jean Jaques Rousseau, donde se abogaba por la igualdad de los hombres, por la propiedad, por la santidad de los contratos y por una Constitución que mediante la consagración de estos principios repotenciara a todos los integrantes de la sociedad. Don Mariano Moreno tenía la representación de los comerciantes ingleses, y mantenía correspondencia con Lord Strangford, el embajador inglés en la Corte Portuguesa de Río de Janeiro. Otro ilustre integrante de la Primera Junta era el Doctor Don Manuel Belgrano, abogado y economista, profundo conocedor de las doctrinas económicas de la época, particularmente de Adam Smith y los fisiócratas. Belgrano había sido designado en 1794 por el Rey Carlos IV como Secretario del Consulado con sede en Buenos Aires de por vida, y por lo tanto gozaba de esta sinecura, por la cual no tenía necesidad alguna de arriesgar su vida y su fortuna en la difícil empresa de formar una nueva Nación. Pero su patriotismo, su abnegación, y el verdadero ahínco con el que se desempeñó, no sólo como vocal de la Primera Junta, sino como General de nuestros ejércitos, e incluso como diplomático, luego lo hicieron merecedor conjuntamente con San Martín del título de «Padre de la Patria». Otros integrantes de la Junta eran menos notorios, pero también contribuyeron a la creación de la nueva Nación. Particularmente Juan José Paso, el laborioso abogado, secretario de la Junta. Domingo Matheu y Juan Larrea eran comerciantes españoles que no obstante su nacionalidad y su amistad con Martín de Álzaga, el jefe de los sarracenos, contribuyeron al éxito de la Primera Junta. La Junta también incluía al cura Manuel Alberti, párroco de la Iglesia de San Nicolás, con lo cual la Junta no solamente representaba al pueblo, sino también al ejército, a la inteligencia, a los comerciantes y a la Iglesia. La jura de la nueva Junta fue dispuesta para el 27 de mayo de 1810. Ese mismo día la Junta derogó el decreto de expulsión de los comerciantes ingleses, que había sido dispuesta por el ex Virrey Cisneros. Ese mismo día la escuadra inglesa estacionada en el Río de la Plata, vestida de gala, saludó con 21 cañonazos el nacimiento del nuevo gobierno. La Junta de Mayo tenía como proyecto «in rectore» la fundación de una nueva y gloriosa nación, pero por consejo de Lord Strangford y del Foreign Office inglés, se postergó la declaración de la Independencia pues Inglaterra quería aprovechar el levantamiento popular de las ciudades de España contra el emperador francés, y no deseaba que se interprete su apoyo explícito a nuestra independencia como una traición al pueblo español, que era en ese momento su mejor y gran aliado en la lucha contra Napoleón. Sin embargo, en la ciudad ya campeaba con certeza la idea de que una nueva y gran nación había nacido. En efecto, corría entre el pueblo de Buenos Aires en 1810 la siguiente estrofa:

          Calle Esparta su virtud
          Su grandeza calle Roma,
          Silencio! Que al mundo asoma
          La gran capital del Sud.


* Eduardo Conesa es Doctor por la Universidad de Pensilvania, Máster en Economía, Abogado y Contador Público. Tomado de la revista La Ley, nº 98, de mayo 2010. Buenos Aires.

 
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