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Altar Mayor Nº - 142 (10)
Friday, 29 July a las 14:58:37

Altar Mayor artículos REVISTA DE LA HERMANDAD DEL VALLE DE LOS CAÍDOS
Nº 142  - julio / agosto de 2011

 

LA «DEMOCARCIA» RELATIVISTA
Javier Alonso Diéguez*



 
Frente a un bien entendido principio democrático de participación del «pueblo-sociedad» como indispensable en la gobernación del Estado cuyo poder esté limitado por la Ley Divina y la soberanía social la pseudo democracia liberal relativista es una forma política soberanista, dotada de un poder originario y, en consecuencia, germinalmente ilimitado –es decir, totalitario– desde el punto de vista material.

Toda la doctrina liberal se asienta sobre una aporía: o democracia o dictadura. El único régimen político legítimo es la democracia, gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Fuera de la democracia sólo existe la barbarie, el imperio del despotismo y la arbitrariedad.

Existe un concepto lato de democracia. De acuerdo con él, la democracia es un régimen de gobierno en el que las magistraturas políticas se proveen por períodos limitados de tiempo mediante el ejercicio del voto por parte de los ciudadanos.

Sin embargo, esta idea de la democracia no es la que está en la base de la doctrina constitucionalista contemporánea. Para el pensamiento liberal, la «democracia» es mucho más, ya que deriva directamente de la soberanía popular, que se expresa de forma auténtica mediante el sufragio universal.

Esta «democracia» no es tan sólo un sistema de gobierno, es un estado de cosas que invade todas las esferas de la vida humana, imponiendo el despotismo encubierto de instancias despersonalizadas y transnacionales de poder eminentemente económico –sinarquía–.

El dinero es el padre de esta «democracia». Crea la opinión publicada, que suplanta a la opinión pública, y, a través de ella, logra catalizar la falsa legitimidad de un sufragio corrompido y reducido a un acto de mera animalidad gregaria.

Ante todo esta «democracia» procede de la «opinión» y, en consecuencia, es preciso proscribir del ámbito de decisión el debate sobre la justicia, es decir, la legitimidad. La «opinión» se sitúa a la derecha o a la izquierda, es conservadora o progresista y, aplicando el sistema electivo a tales conceptos, puramente formales y vacíos de contenido, se alcanza la politicidad absoluta de todas las realidades de la vida humana. La causa próxima de la decisión política es su «democraticidad», es decir, el logro de la mayoría numérica, no su justicia. Es entonces cuando surge el centro, la postura política aquilatada por la media aritmética de los sufragios. Con ello, el Derecho queda profanado por una violencia subliminal, de forma que la voluntad que se expresa en la elección, por su objeto, ya no es condición, sino auténtica causa de la decisión en todo su alcance. Esta «democracia» es despótica porque es potestad pura, sin mezcla de autoridad.

Es entonces cuando logramos intuir la falacia del sofisma inicial: la alternativa es falsa y engañosa, porque la dictadura no es más que una de las modalidades de esta «democracia» revolucionaria moderna, es una «democracia» plebiscitaria, o el fatal resultado al que frecuentemente conduce la anárquica oligarquía parlamentarista.

En los países en vías de desarrollo la experiencia es aleccionadora: la implantación de la panacea democrática sujeta a los pueblos a una situación de corrupción y venalidad generalizada que desemboca demasiado habitualmente en un gobierno militar.
La Revolución desencadena una anarquía incontrolada que, antes o después, se ve obligada a embalsar en la férula despótica de una dictadura que, a su vez, sólo consigue dejar atrás después de permitir que la plutocracia parasite totalmente el cuerpo del Estado. La dictadura es el humo que delata la presencia del fuego y la devastación social «democrática», del poder del número como sublimación de la fuerza bruta.

En ambos casos, nos encontramos con una forma política soberanista, dotada de un poder originario y, en consecuencia, germinalmente ilimitado –es decir, totalitario– desde el punto de vista material. Y al mismo tiempo, esa soberanía popular no sirve sino de pábulo a un poder impersonal y oculto de carácter eminentemente económico. Si alguien desea disfrutar de un poder ilimitado e irresponsable basta con ejercerlo siempre de forma indirecta con respecto a las instancias formalmente soberanas, levantadas a partir de una abstracción transpersonal, la voluntad general, en la que el individuo queda reducido a una condición anodina y gregaria.

La misma doctrina de la «democracia» representativa es el mentís más rotundo a la teoría de la soberanía de la masa indiscriminada de los habitantes de un determinado territorio, ya que gobernante es el que tiene la potestad efectiva de decidir sobre los aspectos fundamentales de la vida de la comunidad, y no el ciudadano adulado a quien se otorga un derecho arbitrario y absurdo a opinar sobre todo lo divino y humano, con el fin de justificar la atribución efectiva de dicha facultad a sus próceres.

El principio electivo implantado de forma masiva e indiscriminada supone la disolución del sentido comunitario de la convivencia. Postular la identificación entre gobernantes y gobernados supone, en el fondo, equiparar el interés público a la satisfacción simultánea de todos los intereses individuales, lo cual resulta absurdo y antisocial. La predicación constante de los voceros de esta «democracia» ha sido que con ese régimen todos son libres y cada uno puede hacer lo que le venga en gana, siendo la autoridad pública responsable de la satisfacción universal de semejante necesidad vital. A partir de tales premisas se hace prácticamente imposible el logro de un gobierno responsable, apelándose de forma sistemática a la demagogia. La versión económica de esta nefasta teoría ha abogado en favor de una pretendida virtud regulatoria del ánimo de lucro, entendido de forma totalmente amoral –la mano invisible–, frente a la exigencia racional de un principio directivo que garantice que la asignación de recursos no sólo responde al principio de maximización del beneficio, sino también, de modo eminente, a los requerimientos de la justicia distributiva.

Esta «democracia» asentada sobre estos principios es la negación del régimen tradicional, basado en una fuerte conciencia comunitaria y en una autoridad concreta, personal y, por tanto, funcional y limitada. La primera misión del Estado es garantizar un orden de justicia, mientras que esta «democracia» constituye la negación más radical de ese orden mediante la enajenación de la humanidad del individuo y su reducción a factor de cómputo. El ahora llamado gobierno «democrático» es pura ingeniería social. Esta «Democracia» significa estatización de la sociedad, no socialización de la autoridad política. Es la sociedad la que queda condenada a dividirse en grupos políticos que incuban una eterna y larvada guerra civil, y no el Estado el que debe reflejar en sus principios constitutivos la riqueza vital de una sociedad organizada. La ciencia política clásica alumbró hace ya muchos siglos un sencillo axioma: democracia radical en lo político, tiranía oligárquica en lo social. Por eso, esta «democracia» es el mal, esta «democracia» es la muerte de los pueblos.


* Javier Alonso Diéguez.. Tomado de la revista digital Arbil.

 
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