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El Brocal: El Brocal Nº - 45
Viernes, 14 marzo a las 12:05:24

El Brocal REVISTA DE ESTUDIOS Y DE DOCUMENTACIÓN
Nº 45 – 8 de febrero de 2008

LA VOCACIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO. EL SENTIDO DE PROPÓSITO
Napoleón Ardaya Roca
Periodista y político boliviano. Fue diputado nacional en u país. Actualmente es Directos para América de Point Leadership Institute, una organización internacional dedicada al desarrollo de líderes
.

La palabra «política» en español tiene raíces griegas. Son conocidas las expresiones «Polis», «Politeía», «Tá Politiká» y «Politiké», referidas a ciudad, reunión de ciudadanos, lo concerniente a las cosas cívicas, el Estado, la vida en común, etc. Desde esta perspectiva podemos hacer una primera afirmación: no existe persona que, en el ejercicio de sus derechos ciudadanos, no sea político.

Somos políticos cuando tenemos opinión sobre la situación de nuestro vecindario, la ciudad o el país, lo mismo que cuando emitimos nuestro voto en algún proceso electoral, o cuando somos actores en cualquier área del servicio público.

A veces me invitan a hablar sobre «El Cristiano en la Política». Cuando esto sucede pido a mis anfitriones cambiar el nombre de la conferencia por «Principios para el Servicio Público». Una de las razones es porque considero que la pregunta de si el cristiano debe o no participar en política responde a una etapa ya superada. El cristiano, como cualquier otro ser humano, es un ser político, tenga militancia o no, sea servidor público o no, lo quiera reconocer o no.



Hay otro dilema que no ha sido satisfactoriamente resuelto y tendría que llamar nuestra atención. En un momento histórico de efervescencia por la participación de cristianos en procesos electorales, deberíamos cuestionarnos cuál es el propósito. Una cosa es que en esencia seamos seres políticos, otra muy diferente que decidamos ser actores en la política de nuestro país, en cualquiera de sus niveles. Si hemos decidido tomar parte activa en política deberíamos tener una idea clara del por qué lo hacemos, y creo que allí hemos demostrado una gran debilidad conceptual. Hay necesidad de considerar el principio del sentido de propósito.

Errores frecuentes

He escuchado a quienes justifican su incursión en esta arena movediza señalando que la iglesia necesita tomar el poder. Obviamente se refieren al poder político. La pregunta es ¿para qué? Normalmente no hay respuesta congruente. Esta concepción se cristaliza en participaciones de índole confesional, cuya propuesta podría traducirse como «los cristianos al poder». Por cierto no lo expresan de esta manera y es posible que la mayoría ni siquiera sea consciente de ello.

Otros creen que desde el escenario público se puede potenciar la posibilidad evangelizadora de una nación. En otras palabras buscan en la política un «púlpito para evangelizar». Este criterio conduce a una participación meramente religiosa, inefectiva y con un costo alto para la imagen de la iglesia que sufre por acciones mediocres en gestión pública e inefectivas en lo referido a la evangelización. Quien cree que su llamado es la evangelización y quiere lograr resultados de impacto, no debiera tomar partido en lo político. Así como la Iglesia no tiene que ser usada para hacer proselitismo político, tampoco la política debe ser usada para hacer proselitismo religioso.

Hay quienes, a pesar de no admitirlo, pretenden con su actuación en política, combatir confesiones religiosas diferentes. Cuando se lo manifiesta de esta manera, despojada de eufemismos, podría parecer una exageración. Sin embargo he tenido oportunidad de conversar con cristianos, en diferentes países, cuya única razón es su inconformidad con la estructura religiosa de su nación. Esta visión reduccionista de la participación pública se traduce en intolerancia solo comparable con el fundamentalismo religioso no cristiano de otras latitudes, pero sin beneficio para la sociedad y desde luego perjudicial para la tarea de dar testimonio del amor de Dios. Una vez más nos encontramos con algo que no ayuda a la iglesia ni a los demás.

También están los que creen que hay necesidad de gente honesta en la política. Todos estamos de acuerdo con esa afirmación, pero se convierte en problema cuando la hacen quienes intentan justificar su improvisación política. En política se necesita gente honesta, verdad incontrastable, pero también es imprescindible capacidad de propuesta y capacidad de gestión. Ninguno de estos tres requisitos puede ser desechado o ignorado. La necesidad de honestidad no puede ser la única razón para ingresar al terreno de lo público.

La falta de propósito no se puede esconder

Cuando se trata de luchar por el poder resulta muy fácil identificar actitudes. No se requiere de mucho análisis para reconocer a un político tradicional que sólo busca satisfacer intereses propios o de grupo. De la misma manera rápidamente se puede reconocer a cristianos, devenidos en políticos, con intereses mezquinos y faltos de visión, así utilicen argumentos revestidos de religiosidad e incluso sobre-espiritualizados. El problema con esta clase de políticos es que afectan a la sociedad y también a la iglesia.

Tener una clara concepción de lo que representa ser un «servidor público» es una condición sine qua non para encontrar un sentido de propósito como protagonista de la política.

Así como la carencia de propósito no se puede esconder, su presencia a través del concepto de servidor público será evidente para todos.

Los casos de Daniel y José

Al hablar del cristiano en política a menudo se citan los ejemplos de Daniel y José en la Biblia, pero nuestro paradigma meramente religioso nos conduce a realizar una lectura inadecuada de ambos casos, sin identificar los principios que hay detrás.

Tanto Daniel como José tenían un claro sentido de propósito. Entendieron que Dios los usaría de una manera particular en beneficio, no sólo de su propio pueblo, sino también de los Estados paganos en cuyos gobiernos sirvieron. En realidad esta última era su prioridad y al dedicarse a ella llegaron a ser de bendición para los suyos. Daniel y José fueron hombres honestos, de visión (propuesta) y gestión. La vida espiritual de ambos era vigorosa, pero su acción política no era religiosa.

A riesgo de parecer inmodesto tengo que decir que uno de los principios que más me ayudó a mantener dirección y ubicación en mi desempeño como parlamentario nacional, fue el del sentido de propósito. Tener en mente el concepto de servidor público fue clave para adquirir liderazgo y lograr resultados notables para la sociedad, aún sin contar con una gran estructura partidaria que me sustente, logré el apoyo de gente de otras colectividades políticas.

Estamos en política con el propósito de servir a nuestra comunidad, a nuestra nación y ayudar a construir un Estado con principios y valores que permitan a la gente tener una mejor vida.

Conclusión

La política no tiene ningún sentido si no existe el concepto de servicio público. Prueba de ello es que los sistemas políticos de muchos países latinoamericanos, que ignoraron por muchos años esta verdad fundamental, hoy están pagando un precio muy alto.

El llamado a la política es un llamado a servir a Dios, sirviendo a los semejantes, sin reparar en la confesión religiosa de ellos (los semejantes).

Por cierto, no pretendo decir que el sentido de propósito es la única clave en el servicio público, hay otros elementos a considerar y serán motivo de otros artículos, pero si tengo que hacer una clasificación, diría que este es el primer principio: tener conciencia del por qué y para qué estoy en el escenario de la política.

 

 

 

El matrimonio ya no existe legalmente
Juan A. Martínez Camino, S. J. Secretario de la Conferencia Episcopal Española. Doctor en Teología. Catedrático de Cristología en la Facultad de San Dámaso, antes Profesor en Comillas. Obispo auxiliar de Madrid.
El Mundo

 
Los promotores de la actual legislación española sobre el matrimonio pretenden hacer creer a la gente que es la más beneficiosa que existe en el mundo, puesto que –según repiten machaconamente– habría «extendido el derecho» a contraer matrimonio a quienes desean hacerlo con otra persona de su mismo sexo. Suelen añadir que de este modo las «uniones homosexuales» han sido –por fin– plenamente equiparadas al matrimonio y que se ha logrado eliminar la discriminación que siempre habrían sufrido ciertas minorías. Y todo, sin perjuicio para nadie. Son frases que pueden sonar bien, pero que enmascaran una lacerante realidad, muy distinta.

No es cierto que las uniones homosexuales hayan sido equiparadas al matrimonio. La Ley de Reforma del Código Civil en Materia de Matrimonio (13/2005) ha hecho justamente lo contrario: ha equiparado el matrimonio a las uniones de personas del mismo sexo. Y aquí, el orden de factores altera radicalmente el producto. El «matrimonio» resultante de esa operación legal ya no es la unión de un varón y de una mujer, sino la unión de cualesquiera ciudadanos. Queda así desnaturalizado por completo, en su especificidad, el contrato al que todas las legislaciones del mundo han llamado matrimonio, antes y después de Cristo. De modo que no es en absoluto exagerado decir –aunque comprendo que pueda parecerlo– que en España el matrimonio ha dejado de existir legalmente, puesto que, bajo ese nombre, el Código Civil actual entiende la unión de cualesquiera personas, con total independencia de su identidad sexual.

En otros países (poquísimos) sí se han equiparado las uniones de personas del mismo sexo al matrimonio. No es que nos parezca tampoco nada justo, pero es ciertamente otra cosa. Allí el matrimonio sigue siendo la unión de un varón y de una mujer, del esposo y de la esposa, y las leyes se han limitado a declarar que las uniones de personas del mismo sexo gozan plenamente –en algún raro caso de equiparación plena– de los mismos derechos que el matrimonio.

En cambio, la mencionada Ley de Reforma del Código Civil –aprobada, por cierto, con una escasa mayoría en el Congreso y con el voto en contra del Senado– se ha permitido evacuar el contenido específico del contrato matrimonial por un método tan simple como devastador. A saber: eliminando del título correspondiente del Código las palabras «esposo/esposa» o «marido/mujer» y sustituyéndolas por «cónyuges», un término genérico que se salta la diferencia cualitativa entre el varón y la mujer. La misma suerte corrieron las palabras «padre» y «madre», que son reemplazadas por la palabra «progenitor». Luego hubo que precisar algo más y cuantificar lo que antes eran cualidades distintas y en los registros civiles leemos «cónyuge A» y «cónyuge B», en lugar de esposo y esposa. Procedimiento ridículo y triste, pero necesario para evitar esas palabras sagradas, que se han vuelto nefandas para la ideología de género que ha copado las leyes españolas. El matrimonio, pues, ha sido equiparado a una unión asexuada de «cónyuges» y/o de «progenitores». Naturalmente no se prohíbe que puedan ser de sexo distinto, pero no es necesario que lo sean. Con lo cual el matrimonio ha dejado de existir en su especificidad.

Es como si el reglamento del fútbol dijera simplemente que es un juego de balón; así habría sido equiparado, entre otros, al baloncesto o al balonmano. No se habría prohibido, ciertamente, jugar el balón con el pie, pero tampoco se habría excluido que pudiera ser jugado con la mano por todos los jugadores y en todas las ocasiones, por lo que, sencillamente, habría dejado de existir como balompié.

La disolución del matrimonio como figura jurídica propia no es una pura sutileza conceptual. Es un gravísimo acontecimiento de carácter epocal que trae consigo consecuencias muy negativas para la vida de todos los españoles. Significa que el matrimonio no está ni reconocido ni protegido por la ley en cuanto tal. Las leyes protegen hoy todo tipo de realidades y de bienes muy concretos: desde los osos pardos hasta los quesos de La Mancha. Está muy bien. Pero, mientras tanto, se le ha retirado la protección legal a esa realidad humana tan determinante del presente y del futuro de la sociedad que es el matrimonio, el nicho ecológico de la vida humana, el ámbito fontal de la identidad de las personas, de la cultura y de la paz.

Comprendo que quien haya tenido la deferencia de leerme hasta aquí pueda pensar que es muy exagerado lo que digo o que, concediendo al menos que algo pueda haber de lo dicho, no se trata de un asunto que le pueda afectar seriamente a él o a ella. Tratemos, pues, de verificar lo que decimos con un solo ejemplo que pone de manifiesto cómo todos quedan afectados por la desprotección jurídica del matrimonio.

No hay ningún español que no se vea concernido por las realidades significadas por las palabras «padre», «madre», «esposo» o «esposa». Pues bien, estas realidades son ahora olímpicamente ignoradas por la Ley. Nadie puede pretender que la Ley proteja su cualidad de esposo o de esposa, de padre o de madre, por la sencilla razón de que esos conceptos han sido eliminados del Código Civil y han dejado de ser realidades jurídicas. Siguen siendo, naturalmente, realidades humanas de primer orden, pero ya no realidades que merezcan una protección legal. En España, llamar esposo o esposa a una persona y tenerla como tal es algo perteneciente al mundo privado, de los afectos, de los gustos o, en su caso, de la literatura, pero no un bien jurídico públicamente defendible.

Prueba de ello es el caso siguiente. Una niña de seis años viene del colegio contándole a su madre que la profesora le ha dicho que se podrá casar con su amiguita Verónica. La madre, horrorizada, trata de explicarle un poco las cosas. Al día siguiente, la niña vuelve del colegio llorando y tachando a su madre de mentirosa porque la profesora le ha explicado de nuevo que sí podrá casarse con Verónica y que su madre está anticuada y es «homófoba». ¿Podrá esta madre tratar de defender legalmente la realidad de su hija como futura esposa de su futuro esposo y exigir a la maestra que deje de tratar de borrar de la cabecita de su hija los conceptos sagrados de «esposo» y «esposa»? No podrá, porque los promotores de la actual legislación sobre el matrimonio le han arrebatado ese derecho. En cambio, si insiste en denunciar la tropelía de la profesora, puede sucederle que alguien la denuncie a ella por «homófoba» y por educar a su hija según criterios de «discriminación por razón de género».

En resumen: la actual legislación española no reconoce ni protege al matrimonio y, por tanto, supone un retroceso histórico respecto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, de la que este año celebramos el sexagésimo aniversario. La sociedad debe reaccionar enérgicamente ante este estado de cosas. Gracias a Dios, lo está haciendo ya.>Determinada prensa me atribuye de modo reiterado una afirmación que nunca he hecho. Dicen que he dicho que la mal llamada Ley del Matrimonio Homosexual es lo más grave que le ha acontecido a la Iglesia en sus dos mil años de Historia. No lo sé. Es difícil calibrar que sea lo más grave que le haya acontecido a la Iglesia. Lo que sí he dicho y reitero es que la Iglesia nunca se ha encontrado con una legislación sobre el matrimonio como la que ahora tenemos en España. Una legislación que no es que haya tipificado para una minoría lo que podría mal llamarse un matrimonio homosexual, sino que ha deshecho el matrimonio de todos, arrojándolo fuera de la Ley. El desafío es de grueso calibre. Hay que responder a él de manera proporcionada. Lo que está en juego no son tanto los derechos de la Iglesia, cuanto los derechos fundamentales del ser humano.


 
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