Altar Mayor - Nº 84 (27)
Fecha Sábado, 01 marzo a las 16:55:14
Tema Altar Mayor


REVISTA DE LA HERMANDAD DEL VALLE DE LOS CAÍDOS
Nº 84 – enero-febrero de 2003

DERECHOS DE LA PERSONA Y UNIÓN EUROPEA
Los valores del patrimonio común como condición previa al sistema de protección en la Carta de Derechos Fundamentales
Por María Luisa Rodríguez Aísa  - Prof. Universidad Complutense y Universidad Pontificia Comillas

1. La Carta de Derechos en los proyectos para el futuro de la Unión. Valores y convicciones que la sustentan

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobaba la Declaración Universal de Derechos humanos. Antes de transcurridos dos años, el 4 de noviembre de 1950, en el seno del Consejo de Europa se firmaba el Convenio de Roma para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Completado con once Protocolos adicionales, el Convenio instituyó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, en el que por vez primera se posibilitaba a las personas individuales el acudir a un Tribunal internacional en demanda de protección de derechos frente a los Estados.

El 7 de diciembre de 2000, después de la reunión del Consejo Europeo de Niza, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión proclamaron solemnemente la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, justificada en palabras del Preámbulo por la necesidad de «reforzar la protección de los derechos fundamentales a tenor de la evolución de la sociedad, del progreso social y de los avances científicos y técnicos». También se declara en el Preámbulo que la Carta «reafirma [...] los derechos reconocidos especialmente por las tradiciones constitucionales comunes de los Estados Miembros, el Tratado de la Unión Europea, y los Tratados Comunitarios, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, las Cartas sociales adoptadas por la Comunidad y por el Consejo de Europa, así como por la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

De acuerdo con la Declaración adoptada en Niza el 26 de Junio de 2001 por la Conferencia Intergubernamental, el Consejo Europeo en su reunión de Laeken/Bruselas (Diciembre de 2001) adoptó otra Declaración sobre el futuro de la Unión Europea que aprobó la creación de un órgano, la Convención presidida por el francés Valery Giscard d'Estaing y formada por ciento cinco miembros nombrados por los Gobiernos, los Parlamentos nacionales y las Instituciones Europeas, cuya reunión inaugural tuvo lugar el 28 de febrero de 2002. A este órgano corresponde presentar, en una futura Conferencia de los representantes de los Estados miembros de la Unión Europea prevista para el año 2004, las sugerencias y proyectos cara a una reorganización de la Unión, a causa de las nuevas perspectivas y problemas como consecuencia, especialmente, de la ampliación. Estas sugerencias y proyectos pueden concretarse en una Constitución con las consiguientes modificaciones de los Tratados y afectarán no sólo a las Instituciones comunitarias (Comisión, Consejo, Parlamento sobre todo) sino también, entre otras cuestiones, al Estatuto de la Carta de Derechos considerada como el embrión de esa futura Constitución.

En el marco de la Unión Europea, nos encontramos pues en unos momentos muy interesantes respecto a su desarrollo. Tanto en lo que se refiere a su necesaria ampliación con nuevos miembros del Centro y Este, como en lo relativo al desarrollo de los objetivos de libertad, solidaridad y justicia proclamados en los Tratados Constitutivos. Estos objetivos requieren hoy nuevos medios para su realización en razón de nuevas necesidades surgidas en el interior del espacio europeo (p. e., inmigración, protección de grupos especialmente vulnerables como ancianos y niños) y a nivel internacional (p. e., lucha contra el hambre, la violencia en especial la terrorista, el subdesarrollo, las drogas, el sida, etc.). Por otro lado, la cada vez más estrecha interdependencia entre los Estados y también entre las diversas fuerzas económicas, sociales y culturales, exigen una mayor coordinación en una «Política Común» que el Tratado de la Unión Europea ha establecido para la «defensa de los valores comunes [...] el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales [...] el fomento de la cooperación internacional [...] el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.

Todo ello puede suponer cambios importantes en la configuración institucional de la Unión, en las competencias de los órganos comunitarios y en formulación y cumplimiento de sus finalidades últimas. Entre los temas candentes, se encuentra la futura composición y organización del Consejo Europeo y su protagonismo cara a la Comisión; el peso político y económico entre los actuales y los futuros miembros; el reparto de las ayudas económicas... Con un telón de fondo: la aceleración o el freno en las políticas de integración comunes, es decir, la revisión de la actual delimitación de competencias entre la Unión Europea y los Estados miembros. En cualquier caso, la cuestión del reconocimiento y protección de la persona humana y de sus derechos fundamentales ha entrado de lleno en la agenda comunitaria como capítulo insoslayable, al parecer, en la futura reforma de los Tratados.

Desde su nacimiento (París 1951, Roma 1957), las Comunidades Europeas declararon explícitamente que la construcción de la unidad de Europa era posible «sólo mediante realizaciones concretas que creen en primer lugar una solidaridad de hecho» que superando «las rivalidades seculares, pongan los cimientos de una comunidad más amplia y profunda entre pueblos enfrentados». Y que además «el progreso económico y social [...] la mejora de las condiciones de vida [...] y el desarrollo económico armonioso» se consideraban como recursos necesarios en defensa de la paz y la libertad. Sin embargo, hasta el Tratado de la Unión de 1992 la proclamación y protección de los derechos de la persona queda formalmente referida al ámbito constitucional de los Estados miembros y al Convenio de Roma de 1950 para los Estados signatarios del mismo con sus mecanismos de protección internacional. El artículo B del Tratado de Maastricht ha añadido entre los objetivos nuevos «reforzar la protección de los derechos e intereses de los nacionales de sus Estados miembros, mediante la creación de una ciudadanía de la Unión» (párrafo 3°) y asimismo al concretar los objetivos de la Política Exterior y de Seguridad Común aparece entre los mismos «el desarrollo y consolidación de la democracia y del Estado de Derecho, así como el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales» (art. Gl-2).

Sobre las causas de este planteamiento novedoso en la historia de la Unión mucho se ha comentado, reflexionado y discutido. Unas se refieren al desarrollo necesario de los objetivos de la unidad europea: la consecución de una solidaridad más profunda (en especial en el marco político) una vez puestas en marcha las realizaciones concretas de tipo económico. Otras apuntan a la conveniencia de proclamar explícitamente determinados bienes y valores jurídicos, cara a la incorporación de nuevos Países, muchos de los cuales han tenido durante décadas sistemas constitucionales inspirados en el marxismo. No puede negarse en cualquier caso que desde las primeras realizaciones en el camino hacia la unidad, la afirmación de los derechos de la persona, su contenido e interpretación, cara a su protección, formaba parte del sustrato mismo de «los valores espirituales y morales que son patrimonio común de sus pueblos y la verdadera fuente de la libertad individual, la libertad política y el imperio del Derecho, principios sobre los cuales se funda toda auténtica democracia». Esta afirmación del Consejo de Europa en 1949 se acompañaba además de la convicción de que esos principios eran un «patrimonio común» que había que salvaguardar y promover. En esta línea, se movieron los grandes artífices del camino concreto hacía la unidad europea. Robert Schumann, Konrad Adenauer, Alcides de Gasperi, mantuvieron siempre que el fundamento de la unidad estaba en esos valores espirituales y morales, entre los cuales descuella la centralidad de la persona y por tanto de sus derechos.

La declaración y protección de los derechos humanos en el ámbito comunitario europeo procedería así de un círculo cultural previo no comprensible sin referirlo a la herencia cristiana. De llevarse a sus últimas consecuencias esta afirmación facilitaría grandemente el acuerdo de legisladores políticos y jueces sobre la noción, contenido, alcance y, por consiguiente, protección efectiva de los derechos de la persona. La realidad muestra que no es así. Tanto a nivel constitucional interno como a nivel internacional, y en este caso europeo, las discrepancias son notorias. La permanente apelación a la actualidad de la cuestión de los derechos humanos y la creación de nuevos y más perfeccionados métodos y órganos de protección, no pueden ocultar violaciones graves y permanentes de los propios derechos proclamados.

No parece que el mayor problema estribe en los aspectos formales de la positivización de los derechos. Si bien resultan evidentes algunos cambios u omisiones en la Declaración europea por comparación con la Declaración de las Naciones Unidas de 1948 o con el Convenio de Roma de 1950 (p. e., entre otros el art. 16 DUDH sobre familia unida a matrimonio; el art. 12 Convención de Roma; el art. 9 relativo a la familia Declaración europea; el art. 32 también de la Declaración europea referido a la prohibición sólo de la clonación reproductora), ellos no son mas que la expresión, a un nivel geográfico más amplio de lo que ha sucedido en las normas constitucionales de muchos Estados comunitarios. Por otro lado, las deficiencias en la formulación pueden superarse a la hora del desarrollo legislativo, su interpretación y aplicación.

De mayor importancia y gravedad, a mi parecer, puede resultar el desacuerdo sobre las convicciones y valores en que se ha sustentado el principio de proclamación y protección de los derechos: la concepción de la persona humana, de toda persona humana, como dotada de una dignidad no cualquiera, sino «sagrada» y por ello destinada a vivir en verdad, libertad y justicia. En definitiva, se trata de asumir la finalidad trascendente del ser humano y, por ello, la indisoluble unión de Persona y Derecho. El Preámbulo de la Declaración de 2000 parece insertarse en esta mentalidad: «Consciente de su patrimonio espiritual y moral, la Unión está fundada sobre los valores indivisibles y universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad, y la solidaridad» (párrafo 2) que se reclaman como «valores comunes» de los pueblos de Europa (párrafo 1).

Como ha sido ya subrayado «es importante, en principio, la incondicionalidad con que la dignidad y los derechos del hombre aparecen aquí como valores que preceden a todo Derecho estatal». En este sentido podría hablarse de que la Declaración «codifica una herencia cristiana esencial en su forma específica de validez y protege un elemento esencial de la identidad cristiana de Europa en una formulación comprensible también para el no creyente».

Admitiendo esta interpretación del Preámbulo, sigue en pie sin embargo la necesidad de garantizar, en sus consecuencias concretas, una imagen del ser humano, una opción moral y una idea del Derecho que constituyen factores básicos de la identidad de Europa.
 

2. Fundamentación e interpretación de los derechos en el marco de la cultura europea. Problemática

Si desde un punto de vista muy amplio puede identificarse la cultura «como el conjunto de valores y de medios con los que el hombre expresa la riqueza de su personalidad en todas sus dimensiones». Si asimismo cabe afirmar que el objetivo y término de la cultura es la persona humana, única, completa e indivisible, sujeto y artífice de la misma, es legítimo concluir que la persona lo es siempre en su totalidad «en el conjunto integral de su subjetividad espiritual y material». De esta forma, existe una relación orgánica y constitutiva entre la religión en general y el cristianismo en particular, por una parte, y la cultura por otra. Esta relación, que se extiende a muchas realidades, a muchas expresiones concretas de la cultura en diversas épocas históricas y en múltiples lugares, alcanza en Europa toda entera un carácter específico: en la historia de cada nación y en la de toda la comunidad de pueblos europeos se hace visible la relación entre cultura y cristianismo.

Es evidente que la centralidad de la persona, en relación con el cosmos y el mundo circundante, impregna como valor capital la llamada «civilización europea». A la vez, la afirmación de la dignidad esencial del ser humano, alcanza su significación real a partir de su caracterización como «imagen y semejanza de Dios», es decir, a partir de la penetración del cristianismo en Europa.

Por ello, si se trata de situar la fuente, el origen de todo discurso en torno a los derechos humanos, es decir, en orden a su fundamentación última, no hay mas remedio que situarse en el contexto señalado anteriormente. Sólo desde la afirmación de la dignidad esencial de la persona, pueden afirmarse y recabarse sus derechos. Sólo hay historia de los mismos (filosófica, jurídica, política) a partir de ese momento concreto. Igualmente sólo han podido establecerse sistemas democráticos, sobre la base de la igualdad de naturaleza de todos los hombres hijos de un mismo Dios. Puede suscribirse así la afirmación de que «Europa no es un concepto geográfico, sino una grandeza histórica y moral», que ha encontrado en la fe cristiana los valores que la sostienen y que «más allá de su historia concreta dan el fundamento a la dignidad humana de todos los hombres».

No parece, sin embargo, que la fundamentación última de los derechos humanos sea hoy una cuestión de actualidad en el campo de la Ética, la Filosofía, la Política y el Derecho. Tampoco lo es la reflexión sobre los contenidos e interpretación de los mismos derechos, cuestión ésta íntimamente relacionada con la anterior. Conceptos y términos similares en Constituciones, Declaraciones y Convenciones, son aplicados muy diversamente según sistemas políticos sociales o culturales; e incluso según circunstancias o conveniencias de momento. Esta diversidad de aplicación lleva en muchas ocasiones a la falta de garantías y protección, es decir, a la negación de los derechos en la práctica.

Podría argüirse que la mundialización, también en el marco de los derechos humanos, exige la necesaria armonización de civilizaciones y culturas diversas con diferentes concepciones sobre la persona y los grupos sociales. Y que en esa necesaria armonización, para poder convivir, la defensa y garantía de los derechos humanos no puede contar con un último criterio de interpretación que solucione los conflictos posibles, ya que no todos aceptarían el contenido de esa norma superior ni la autoridad que la implantase. Sin embargo, todos somos testigos de que la ausencia de este criterio, norma y autoridad, se traduce en la práctica, muchas veces, en la imposición de criterios oportunistas de los más poderosos política, social y económicamente, también en el terreno de los derechos humanos.

Descendiendo del nivel mundial al entorno europeo, que sí se encuentra en un mismo círculo o tradición cultural, es muy preocupante que en las discrepancias o conflictos en torno a la interpretación de derechos tan fundamentales como el derecho a la vida no se utilicen tampoco criterios o normas objetivas que delimiten claramente su contenido esencial. En su aplicación concreta se devalúa, desvirtúa y vulnera (p. e., aborto, manipulación de embriones, eutanasia). Y en este caso, no por ausencia de puntos claros de referencia, sino por olvido o menosprecio de esos valores previos en los que los derechos han nacido y se han sustentado. La disociación libertad-verdad, justicia-derecho; el rechazo y alergia a la admisión de juicios de valor objetivos nos lleva así a la destrucción de la persona. Aquí, al igual que en otros campos la precedencia legislativa debe atribuirse a las normas internas de los Estados miembros de la Unión, producto de intereses ideológicos y económicos muy determinados.

De momento no parece que la situación vaya a experimentar cambios sustanciales. De insertarse la actual Carta de Derechos en una futura Constitución Europea los valores previos que han sustentado el derecho a la vida no es probable que tengan lugar como fundamentación o criterios de interpretación básicos. Lo mismo parece sucedería con respecto a la familia, desgajada de su origen en el matrimonio en el artículo 9 de la Declaración. A este respecto la Unión daría carta de naturaleza a una mentalidad que, en los Estados miembros, ha dado lugar a la toma de decisiones jurídicas, esgrimiendo la necesidad de tolerancia, contra contenidos esenciales de los propios derechos humanos. La apelación a los «derechos reconocidos especialmente por tradiciones constitucionales» recogida en el Preámbulo no significaría nada si no se reflexiona sobre lo que supone el término tradición en el ámbito de los Estados. Por otro lado, algunos hechos recientes sobre equiparación legal de la familia con otro tipo de uniones, inclusive homosexuales, han sido llevados a cabo, en algunos países como en España por partidos políticos o grupos que aparentemente proceden de una tradición cristiana e incluso católica.

A esta situación paradójica, cabría añadir también que el interés por la reflexión intelectual acerca de la fundamentación e interpretación de los derechos no está muy presente en círculos y centros de donde cabría esperar nuevos caminos para una respuesta más verdadera. Inclusive en los centros universitarios católicos. Hay una cierta explicación de esta situación en la orientación general de las Universidades hacia una formación casi meramente profesional, marginando la tarea científica de búsqueda de la verdad que a veces no resulta económicamente rentable. Pero también he de señalar que al pragmatismo se une una ausencia de criterios válidos para enfocar el tema, cuando no la asunción de vías meramente cientificistas, positivistas o simplemente secularizadoras sin más. Con estas realidades es muy difícil pedir que los dirigentes de los Estados y de las Instituciones comunitarias promuevan acciones y normas de contenido diferente a las actuales.

Las anteriores afirmaciones sobre las constantes de la herencia cristiana en Europa, aún admitiéndose su vigencia en algunas etapas, podrían considerarse desfasadas, superadas y, por ello, sin sentido cara a las próximas etapas de la construcción europea. De mantenerse esta consideración hasta su extremo lógico, no parece en absoluto necesario realizar esfuerzo alguno por dotar a la Unión de ningún tipo de garantías jurídicas de los derechos de sus ciudadanos. La apariencia de neutralidad en el plano de los valores, escondería un modelo de vida Europea de exclusiva dimensión económica y, por tanto, de vigencia de la ley del más fuerte. La libertad, justicia y solidaridad preconizadas en los Tratados Constitutivos no podrían realizarse en programas concretos ya que cabrían todo tipo de interpretaciones sobre su contenido, incluidas su negación práctica e incluso teórica.
 

3. El lugar del valor religioso. La laicidad

En ese círculo cultural de valores y convicciones en la tradición europea, resalta de forma especial la afirmación del derecho a la libertad de conciencia, a la libertad religiosa y el establecimiento de límites a la acción de poder político unido a la igualdad de todos los seres humanos sin discriminación. Su raíz, como es sabido, se encuentra en el mensaje cristiano. Sus primeras consecuencias fueron la diferenciación de sociedades política y religiosa, Estado e Iglesia, a la vez que se legitimaban ambas como necesarias, independientes y necesitadas de colaboración mutua. Esta aportación, absolutamente novedosa, puso en marcha un cambio radical en la historia de la humanidad. La persona humana, con sus derechos individuales, sociales y políticos, se convierte en la razón de ser y en la justificación última del poder político. Las consecuencias son amplísimas y no es este el lugar para enumerarlas y explicarlas.

Sí, sin embargo, resaltar dos aspectos que merecen ser recordados. El primero se refiere a que en el caso europeo, del cristianismo parte la reivindicación de los derechos de la persona, a través de una larga y compleja andadura. El segundo hace relación a que el reconocimiento del derecho a la libertad religiosa en la sociedad civil ha sido pionero en el camino hacia la positivización de los derechos humanos, y está íntimamente unido a la exigencia de limitación del poder político.

Desde esta perspectiva, parece obvio afirmar que tradición religiosa cristiana y derechos de la persona no sólo no son realidades antagónicas sino interdependientes. Por ello resultan poco comprensibles (salvo desde una óptica muy prejuiciada) las reticencias y marginaciones que se están produciendo últimamente respecto al papel de lo religioso, y más en concreto de la religión cristiana en el futuro de Europa.

El artículo 10 de la Carta europea afirma la libertad de pensamiento, conciencia y religión. El párrafo primero es casi una trascripción literal del artículo 18 de la Declaración de la ONU de 1948 y del artículo 9.1 del Convenio de Roma que añade el derecho a la objeción de conciencia. El Convenio de Roma reconoce además, explícitamente, las únicas causas de posible restricción de este derecho: seguridad pública, orden, salud, moral públicas o protección de los derechos y libertades de otros (artículo 9.2).

En sí mismo, este artículo de la Carta europea no añade pues novedades a otros referentes del mismo derecho en Declaraciones o Convenciones internacionales. Por otro lado, como en el resto, su desarrollo depende fundamentalmente de las legislaciones nacionales. Pero hay que señalar también que, al referirse a un espacio cultural determinado, el europeo, hubiera cabido la inclusión de las Iglesias y Comunidades religiosas en cuanto tales con una relevancia jurídica e institucional propia y específica, que se hubiera traducido posteriormente en el Derecho comunitario.

De momento no ha sido así, y aquí es donde se encuentra, a mi parecer, una de las claves del problema. No hay objeciones para el reconocimiento del ejercicio de la libertad religiosa. Sí las hay, y son muy fuertes, respecto a la posible influencia de los valores religiosos y de las Iglesias en la vida pública europea y a su reconocimiento positivo. Como es sabido, en el proyecto de Carta, los redactores alemanes habían introducido en el Preámbulo como herencia cultural europea, la «humanística y religiosa». El gobierno francés se opuso y fueron suprimidos los dos términos. El criterio aducido fue la necesidad de mantener el principio de separación Iglesia-Estado y la laicidad. A las protestas de la Asamblea del Consejo de Conferencias Episcopales Europeas se unieron, sin resultado, las de Jacques Delors y otras voces europeas.

Meses más tarde, en su discurso al Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede, el 10 de enero de 2002, Juan Pablo II alertó sobre la exclusión de las comunidades de creyentes de la reflexión sobre la futura Constitución de Europa, calificando esta marginación del hecho cristiano como una «injusticia y un error de perspectiva». El Papa se refería a que en la apertura del Foro para el Diálogo de la Convención, con las representaciones de la sociedad civil, las Iglesias y las comunidades de creyentes, ni siquiera eran mencionados. Es decir, el Consejo Europeo no les reconoce explícitamente como un componente significativo de esa sociedad, con el que sería necesario dialogar para examinar las cuestiones esenciales que comporta el desarrollo futuro de la Unión. No ha habido comunicación alguna para no hacer esa referencia concreta. Según opinión del representante de la Santa Sede en Bruselas ante las Comunidades Europeas, Mons. Faustino Sainz Muñoz, «en la base de esa no mención de las comunidades de creyentes se halla una concepción inadecuada de la exigencia moderna de una justa laicidad de los Estados». La laicidad se entendería como «ignorancia pura y simple del factor religioso» en los ámbitos de la vida pública con objeto de respetar a quienes tienen una visión no trascendente del mundo y de la sociedad.

A mi entender, cabe diferenciar esa concepción inadecuada de la laicidad con el reconocimiento jurídico del derecho a la libertad religiosa. Éste puede realizarse de forma satisfactoria y coexistir con una concepción negativa del hecho religioso por parte de los dirigentes políticos y sociales, que afectaría de forma muy acusada a su desarrollo práctico.

En este ambiente, no resulta aventurado afirmar que las raíces del patrimonio común de Europa están siendo marginadas en esta etapa de la evolución comunitaria. Parece bastante contradictorio con el hecho de que parte de los Estados miembros sigan siendo constitucionalmente confesionales (Dinamarca, Suecia, Finlandia, Grecia, Gran Bretaña) y otros, sin serlo, establecen también en sus Constituciones relaciones de cooperación con las Iglesias y Comunidades religiosas (España, Italia, Alemania, Austria). Estas opciones no impiden ni «la justa laicidad» del Estado, ni el derecho a la libertad religiosa. La separación Iglesia-Estado no puede exigir (como en puridad de hecho no lo exige) la exclusión de las religiones de la vida pública, que se inserta más en una mentalidad de tradición laicista y antirreligiosa. Lo que sucede es que, junto con las componendas políticas (y las presiones francesas queriendo tutelar una cierta laicidad) el resultado está siendo marcadamente tendencioso. No hay que olvidar tampoco la ausencia de convicciones y la falta de preparación de bastantes líderes políticos en torno a estas cuestiones y el decidido rechazo a la influencia social y pública de las religiones que desde hace mucho tiempo se preconizó desde ciertos sectores, inclusive cristianos, con mucha influencia formativa y de opinión pública.

Es evidente que el lugar de lo religioso debe ser reivindicado como valor constitutivo, no sólo de una herencia histórica, sino como componente vivo y operante de la actualidad europea. Y en este sentido la afirmación de que la futura Constitución europea debe asumirlo como inspiración, como componente de millones de ciudadanos y como garantía de los derechos de la persona, de la libertad, justicia y solidaridad, no es gratuito, ni responde a planteamientos trasnochados. Racionalidad y técnica no son suficientes para mantener la centralidad de la persona y no es necesario citar muchos ejemplos para asegurar esta aseveración.

No creo posible puedan presentarse, por el momento, fórmulas o recetas excesivamente concretas para lograr este objetivo. Sí, resulta evidente la necesidad de laicos cristianos que lo expresen, refuercen y desarrollen. Sin embargo, a mi parecer es acuciante, para profesores universitarios, la necesidad de entrar en el interior de los procesos que estamos viviendo, analizarlos y juzgarlos a la luz de los instrumentos científicos de que disponemos y de la fe cristiana.









Este artículo proviene de Hermandad del Valle de los Caidos
http://hermandaddelvalle.org

La dirección de esta publicación es:
http://hermandaddelvalle.org/article.php?sid=4313