Altar Mayor - Nº 86 (02)
Fecha Viernes, 30 mayo a las 20:54:23
Tema Altar Mayor


REVISTA DE LA HERMANDAD DEL VALLE DE LOS CAÍDOS
Nº 86 – mayo-junio de 2003

LOS CRISTIANOS Y LA CONSTITUCIÓN
Por Anselmo A. Navarrete, OSB

Estamos asistiendo a un intercambio de opiniones entre laicos y creyentes acerca de si en la Constitución europea, actualmente en fase de redacción, ha de figurar el nombre de Dios, o si se ha de incluir la alusión a la tradición cristiana de los pueblos del continente. Entre los creyentes que han expresado su opinión es general la idea de que sería suficientemente satisfactoria la inserción de uno u otro de estos referentes, habida cuenta de la evolución de las ideas religiosas en los últimos tiempos. Ahora bien, esa evolución no puede erradicar ciertas afirmaciones cristianas básicas acerca del orden propio de la sociedad humana que, por ello mismo, se hace preciso reafirmar.

Por otra parte, esta Constitución vendrá a ser la última palabra de Europa sobre sí misma después de una historia multisecular; por tanto, una ocasión para pronunciarse sobre su voluntad de permanecer en la órbita cristiana o de alejarse definitivamente de ella. Tal será el rasgo que la marque de manera más determinante, más allá de sus contenidos sobre la estructura orgánica y la filosofía política por las que opte. También por ello, este debate debe ser elevado a niveles de reflexión y compromiso más altos que los que normalmente se adoptan.
 

La soberanía de Dios

Una cosa es que, en el marco de la legalidad común, los cristianos renuncien a una situación de privilegio como grupo confesional. En cuanto miembros de un Estado laico, nacional o plurinacional (Europa), han de someterse a las leyes comunes, a la vez que postulan que éstas respeten activamente el libre ejercicio de la fe. Pero sería incoherente que las libertades y derechos que afirman corresponderles los entendieran referidos a ellos pero no también a Dios. Derechos que si, en su caso, son relativos, han de declarar absolutos para Dios a quien, en consecuencia con su fe, saben que pertenece la primacía única en todo el orden creado, del que forma parte el político. Y ello no sólo como un derecho: se trata de una exigencia natural y axiomática, derivada de la singularidad impar y suprema de Dios.

Sea o no acogida esa pretensión, por parte del cristiano no es renunciable la profesión explícita de esta autoridad soberana que corresponde al Dios único y verdadero. Ello pertenece al núcleo de su fe, pero es también la referencia más alta de todo hombre y de toda sociedad. La primera legitimidad cuya salvaguarda le incumbe es la que tiene por objeto a Dios en cuanto cimiento de toda construcción humana. Aunque esto sólo fuera evidente para el cristiano, cuando lo que está en discusión es el reconocimiento o rechazo de esta supremacía en el ordenamiento de la colectividad social, el creyente es requerido para reivindicarla «a tiempo y a destiempo». No hacerlo así significaría que la eliminación pública de Dios deja indiferentes incluso a los que se dicen sus fieles. Lo cual representaría la justificación definitiva para llevar a cabo esa tentativa.

A partir de esta premisa, el pronunciamiento de los cristianos en relación con la construcción de la comunidad europea y con la presencia o exclusión de Dios en lo que será su Ley fundamental, parece que debe ir algo más allá de los requerimientos que habitualmente escuchamos: inclusión en ella de evocaciones históricas, fáciles de admitir porque no suponen ningún compromiso para el presente, o propuestas de corte humanista, en el campo político, social y cultural, más o menos equiparables a las de otras corrientes de pensamiento. La conciencia cristiana ha de actuar en nombre de lo irrenunciable. Es una responsabilidad que desafía todo el significado de su fe, y que le obliga a confesar de manera absoluta al Absoluto que está por encima de todas las realidades humanas. Al hacerlo así habla simultáneamente en nombre de Dios y en representación de la humanidad, lo cual representa un apremio decisivo a su testimonio acerca de Él en el mundo, en cualquier tiempo y circunstancia.

Por esta razón, el cristiano no puede contentarse con demandar que el nuevo marco jurídico reconozca su derecho de ciudadanía mediante las correspondientes libertades religiosas. Ante lo que se pone en juego con esta Constitución lo que se espera de él es la renovación pública de estas afirmaciones. El primer derecho que ha de invocar, a favor de todos, es la libertad de Dios entre los hombres, sea en la conciencia individual o en la vida colectiva. Libertad para estar entre ellos como quien es: Origen y Destino, Padre y Señor, Camino, Verdad y Vida, Justicia y Libertad de los hombres.
 

El orden político y Dios

Por la propia naturaleza de las cosas ninguna instancia humana, en cualquier escala que sea, está capacitada para excluir o poner límites a esa presencia de Dios, o para someter al principio de igualdad a quien está por encima de todos: a Aquel de quien procede todo derecho porque es Él mismo la Ley y el Orden fundantes, puesto que Él es quien «trae el derecho a todas las naciones»; Aquel a quien ha sido dado y de quien procede todo poder; al que es el primer Ciudadano del Mundo.

Dios no puede ser objeto, en el mejor de los casos, de los criterios de tolerancia que señalan su puesto en el Olimpo común, donde la mentalidad secular recluye todo lo que tiene nombre divino. Esto lo deben recordar también los cristianos cuando admiten la concepción laica del Estado. Como los profetas del Antiguo Testamento y como el propio Yahvé, han de levantar la voz para advertir que el intento de colocar a Dios en el mismo altar de las deidades circunvecinas, en paridad de derechos con las restantes confesiones religiosas, constituye un sacrilegio, aunque la democracia considerara esta acción como su derecho y obligación inalienables.

Se ha producido así una verdadera inversión que sacraliza la concepción democrática en cuyo nombre la soberanía de Cristo es sometida a la preponderancia del Estado. La democracia se considera investida de capacidad para hacer prevalecer sus principios sobre las leyes divinas, a las que no reconoce en su ámbito, lo que da por resultado la incompatibilidad de la democracia con Dios y la prevalencia de las opciones humanas sobre los derechos divinos. La democracia juzga que actúa en consecuencia consigo misma cuando pone a Dios al nivel de todos los ciudadanos de acuerdo con los principios constitucionales: la igualdad entre todos los individuos, ideas y religiones no permite ningún privilegio para Dios; «como si Dios no existiese», dicen los intérpretes del dogma democrático. Nos habían asegurado que ya no había absolutos, ni siquiera el de Dios, pero ahí está la Razón democrática; ella sí que es categóricamente incuestionable cuando asigna a Dios «el lugar que le corresponde». Europa había sido la segunda patria de Cristo, pero en ella se cumplen de nuevo sus-propias palabras: «sólo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta» (Mt 13,57).

De hecho, los creyentes cristianos deben saber señalar los límites de cualquier proyecto humano, entre ellos el de la organización política, cuando invocan la autonomía frente a Dios, o pretenden incluirlo entre los sujetos a los que quiere extender sus leyes igualitarias. La fe cristiana no puede aceptar la idolatría de lo relativo: culturas, ideologías, credos y sistemas políticos, mientras se relativiza la Realidad Suprema, ante la cual se repite la actitud de los judíos frente a Cristo: «no queremos que Éste reine sobre nosotros». Y ello por la misma razón que entonces: es necesario que Él muera, que Dios quede neutralizado, para que sobreviva el pueblo soberano, o más exactamente, para que el poder del Estado no tenga que reconocer ninguno otro superior a él, lo cual lo eleva a la condición de verdadero Estado absoluto, absolutista por tanto, aunque se pretenda democrático.

La exclusión de Dios no viene exigida por la naturaleza de la democracia, ni el reconocimiento de su soberanía es contradictorio con la separación de competencias y obediencias entre la esfera civil y la espiritual. Cierto que el ordenamiento propio de la vida política y el de la Iglesia constituyen planos formalmente diferenciados, que han de gestionarse con recíproca independencia institucional. Ahora bien, para el cristiano no está dicho todo cuando ha reconocido esta autonomía de la administración estatal. Ha de añadir dos cosas: que Dios está «por encima de todo principado, poder y autoridad» (Ef 1,21; Col 2,10), y que, al igual que el individuo, tampoco ella genera por sí misma el régimen moral propio de los actos humanos, sean privados o públicos. Su origen y sus preceptos derivan del Dios Creador y Salvador, artífice y restaurador del orden humano. Aquí la subordinación no puede ser cuestionable, de manera que la autonomía de la jurisdicción civil tiene esta suprema limitación, que es más bien la oportunidad por excelencia dada a la rectitud, a la libertad y a la sabiduría del régimen político.

Es sólo la determinación arbitraria de los poderes temporales la que establece que Dios sea relegado de la colectividad estatal con el argumento de que el poder de la misma se rige por su propio fuero, o de que en ella deben tener acogida, en igual medida, todos los que no se reconocen en la misma fe. Con lo cual, en ella tienen cabida todos los hombres menos, al parecer, el «Hijo del Hombre», Aquel ante quien un representante de Roma hubo de reconocer: «este es el Hombre», para, seguidamente, condenarlo a muerte, porque la autoridad imperial y, en ocasiones, la sacerdotal no toleran competidores.

Este Hombre por excelencia, Cristo, no quiere para sí el reino de la tierra, pero sí que se reconozca el Reino de Dios, encarnado en las conciencias y en las instituciones humanas. Su señorío no estorba al que legítimamente ejerce los poderes humanos, cuya autoridad emana de la suya, pues Él es el «Príncipe de los reyes de la tierra» (Ap 1,5), Aquel que es «cabeza de todo principado y autoridad (Col 2,10), «ante quien se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos» (Flp 2,10), y «por quien reinan los reyes y los príncipes dan leyes justas» (Prov 8,15). Lo que no impide que Él mismo solicite el reconocimiento y obediencia explícitos hacia el poder establecido: «dad al Cesar lo que es del Cesar», como Pablo habría de reiterar: «todos se someterán a las autoridades constituidas» (Rom 13,1-7,17; cf Col 3,22-24; 1 Pe 2,13,18). Sumisión que, sin embargo, alcanza tanto a los súbditos como a los gobernantes: «Prestad atención los que domináis los pueblos y alardeáis de multitud de súbditos: el poder os viene del Señor y el mando del Altísimo [...] os lo digo a vosotros, soberanos, a ver si aprendéis a ser sabios» (Sab 6,2-11).

Va a suceder que la Unión Europea estará constituida por una comunidad de naciones que en el pasado y en el presente, y tanto al este como al oeste, han sido y son todavía pueblos de tradición mayoritariamente cristiana. La nueva Europa será histórica, sociológica y culturalmente una sociedad de rasgos cristianos, de los que cada palmo de su suelo e infinitos retazos de su espíritu están todavía saturados, si bien a veces semiocultos por la marea negra que se ha abatido sobre ellos. Una tradición sin duda debilitada, pero de arraigo muy superior a cualquier otra forma de ideología o cultura, que sólo se han aclimatado con fuerza en círculos minoritarios aunque, por ser dueños de la opinión pública, parezcan dominarlo todo.

Pero, además, esto ocurre cuando el pilar ideológico de los últimos siglos, la modernidad, se ha declarado a sí misma en quiebra, a la que ha seguido el desmoronamiento de uno de sus productos más genuinos: el marxismo. Bajo el mismo impulso, las luces de la Ilustración se han apagado, por más que muchos, incrédulos y hasta cristianos, finjan ignorarlo y pidan que sigan alumbrando los caminos de Europa. Por lo demás, el desplome de los sistemas ideológicos arrastra con ellos su núcleo común: el ateísmo fundamental que los ha nutrido. De él queda el agnosticismo, un neopaganismo difuso y un incipiente sincretismo religioso, que están siendo utilizados como elementos para anular el peso de la tradición cristiana, hacia la cual los presuntos demócratas reservan una irreductible intolerancia, tanto intelectual como política.
 

«Jesucristo es Señor»

Lo que ha de comprenderse en relación con la Constitución europea en proyecto es que, en lugar de reafirmar una concepción de Europa acorde con el Evangelio que ha nutrido durante tanto tiempo el espíritu de sus pueblos, puede significar el refrendo definitivo a la deserción en la fe, a la que se ha venido empujando a muchos de ellos, ahora formalizada finalmente en su Carta Magna. Por consiguiente, la actitud de los cristianos frente a ella no puede limitarse a la obtención de franquicias religiosas, de alusiones puramente formales a su herencia espiritual, o de una mención genérica del nombre de Dios en la que podrían reconocerse todos los credos; algo que, por otra parte, apenas tendría repercusión en el contenido de la Constitución.

El cristiano es súbdito de la ciudad terrena pero es siempre, ante todo, ciudadano del Reino de Dios, de quien sabe que su potestad es participable pero no usurpable: «no cederé a otro mi gloria». Por eso, la supremacía de Cristo sobre la universalidad de lo humano ha de ser, para el creyente, objeto de una fe pero también de una proclamación inequívoca, con independencia del eco que pueda encontrar. Con la misma fuerza que anuncia a Jesús como único Salvador, le declara también único Señor en el cielo y en la tierra: «solo Tú Señor, solo Tú Altísimo», «Jesucristo es Señor» (Flp 2,11).

Esta fe es patrimonio de los cristianos: es la fe del Evangelio, de los Apóstoles, de los Mártires -también los de nuestro tiempo-, de la Iglesia. Ahora bien, reivindica para esta primacía el acatamiento de todos los hombres. Con ello los cristianos no piden nada para sí sino para Cristo, pero para Él piden todo lo que le corresponde. Como los de los primeros siglos, se someten al emperador -al Estado o a la democracia-, pero no sólo no le rinden culto, sino que proclaman que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres cuando éstos intentan enajenar su soberanía.

Europa es la gran obra espiritual y cultural del cristianismo, sin duda afectada por todas las impurezas inherentes a las empresas que son también humanas. Pero sobre ellas emerge en este caso la fecundidad potencial de los elementos divinos que han sido puestos en acción, a los que esperan nuevas expansiones. La renuncia, por nuestra parte, a la culminación de esa misión o una merma de sus exigencias, representaría una prevaricación de los cristianos, tanto como una sustracción esencial a Europa, y a través de ella a la humanidad. Porque Dios no representa las señas de identidad de una fracción humana, en este caso europea, sino la posibilidad incondicional de que todo hombre y toda sociedad alcancen su imagen y su medida propias.

Por lo demás, el estatuto europeo que incluyera la omisión de Dios y de su Ley resultaría una Constitución escrita sobre el agua. Renunciar a Dios significaría para Europa cancelar su identidad más consistente, por lo que esta Constitución no señalará su nacimiento, sino su ocaso: los pueblos planean un fracaso» (Sal 2,1) porque, como fue dicho por el mismo Jesús: «toda planta que no haya plantado mi Padre celestial será arrancada» (Mt 15,13), ya que «con Dios no se juega» (Gal 6,7). Dicen algunos que lo importante es que esos contenidos respondan a principios cristianos, aunque no se haga referencia explícita a ellos. De hecho, no pocos de esos principios tendrán que contar con una cierta inspiración de esa índole, como ha sucedido a veces en las Constituciones nacionales modernas, debido a la influencia ambiental y a los postulados de carácter natural y racional que han debido incluir. Pero difícilmente se van a admitir propuestas cristianas allí donde puede no figurar siquiera el nombre de Cristo. Además, donde Dios es deliberadamente relegado, la justicia, la libertad y la filantropía, que serán una vez más la divisa de la Constitución, sólo resultarán un simulacro de sí mismas: «si el Señor no construye la ciudad en vano se fatigan los que la edifican» (Sal 126,1).

No será tampoco una victoria de la democracia, sino la derrota de la Razón: el supuesto de que el Estado democrático puede o debe exceptuar a Dios de su sistema, porque Dios es renunciable pero no ninguno de los dogmas en cuyo nombre no hay espacio para Él, resulta un despropósito inenarrable: Dios es declarado máximo obstáculo para la cohesión de la sociedad humana y para la realización en ella del hombre. Al mismo tiempo, se ignora que Dios es un postulado tanto de la conciencia como de la razón para la generalidad de los hombres. Se repite de nuevo lo que san Pablo llama el tropiezo de los judíos al rechazar a Cristo: «chocaron con esa piedra de la que está escrito: pongo en Sión una piedra de tropiezo, una roca de escándalo» (Rom 9, 32-33). Entonces el pretexto fue la justificación del hombre ante Dios por las obras de la ley; ahora es la «sacralidad» del sistema racional y democrático, en el que se cifra la «justificación» de la nueva sociedad. En ambos casos el obstáculo se llama Cristo.

Y aquí parecen pertinentes algunos interrogantes: ¿cómo explicar, en primer término, que se considere obligado imponer a los extranjeros residentes en Europa la asimilación de la cultura y las leyes de los países receptores, al mismo tiempo que en su Constitución se pretende omitir la mención del que es el símbolo superior de esa cultura -el nombre de Dios- para no «herir sensibilidades»? Resulta, pues, que Dios es el único que no tiene derecho a molestar.

Por otra parte, los planteamientos reseñados suscitan, en la conciencia cristiana, importantes problemas en torno a algunas derivaciones del sistema democrático: ¿Qué clase de obcecación hace que la teoría democrática se muestre incapaz de situar, en el plano que le corresponde, a Aquel en quien la libertad y la igualdad, la razón, el derecho y el imperio, tienen su fuente y su garantía? ¿Qué género de lógica es el que permite que el principio «gobierno para todos» conduzca al desafuero de que en el Estado moderno haya sitio para todos menos para Dios? ¿Es Dios un estorbo para que las leyes puedan administrar justicia para el conjunto de los ciudadanos, sean o no creyentes? ¿La igualdad entre todos ellos es incompatible con el reconocimiento público de Dios y con que Dios sea también objeto de justicia y derecho por parte de la sociedad y de sus leyes? Asimismo, ¿pueden los cristianos acatar una democracia cuyo precio parece ser esa expulsión de Dios de la colectividad social, o pueden considerarse ciudadanos europeos bajo una Constitución en que dicha exclusión llegue a tener carta de naturaleza?

Finalmente, ¿quién va a ocupar el lugar del Dios ausente? ¿El Hombre, la Razón, la Ciencia, el Poder, el Becerro de Oro? ¿O la Sombra simiesca que agita todos estos fetiches?

El problema de Europa no es el de sus instituciones, ni siquiera el de las bases culturales, humanistas o morales que le han dado carácter, sino el que está detrás de toda construcción humana: el Fundamento y el Modelo sobre el que se ha de establecer el diseño del Hombre y de su entorno, en este caso del Hombre y de la Casa europeos. Es aquí donde los cristianos debemos repetir a Europa las palabras de las que huye: que Cristo es el epicentro del mundo, que «nadie puede poner otro fundamento que el que ha sido puesto: Cristo Jesús» (1 Cor 3,11).

La función de los cristianos en esta hora de Europa no es la de mendigar que nos permitan la entrada; menos aún la de resignarnos a que bajo nuestros ojos se lleve acabo, en ella, la segunda kénosis de Cristo. Por el contrario, lo que nos espera es el esfuerzo para reponer a Cristo en el centro del pensamiento y de la atención de los europeos; para devolver el gozo, el honor y el orgullo de la fe en Él; para dejar sin consistencia los argumentos que eliminan el factor cristiano en la edificación de una Europa renacida; finalmente, para prepararle una nueva Pascua, una nueva resurrección, que sería la de Europa.









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