El Risco de la Nava - Nº 196
Fecha Miércoles, 10 diciembre a las 16:16:47
Tema El Risco de la Nava


GACETA SEMANAL DE LA HERMANDAD DEL VALLE DE LOS CAÍDOS
Nº 196 – 9 de diciembre de 2003

SUMARIO

  1. Doña inmaculada Constitución, por Miguel Ángel Loma
  2. Miedo, por Jesús Flores Thies
  3. De la languideciente Constitución Española de 1978..., por Eulogio López
  4. La nación y la democracia, por Dalmacio Negro


DOÑA INMACULADA CONSTITUCIÓN
Por
Miguel Ángel Loma

Lo fácil es abrir las puertas del Congreso tres días al año, darse un baño de multitudes de jubilatas, mostrarles los tiros de los hombres de Tejero al techo del hemiciclo, proclamar que las instituciones son accesibles a todos los ciudadanos, cerrar los ojos, soplar las velas y pronunciar hermosos discursos. Y así año tras año, cada 6 de diciembre, siempre lo mismo, por más que «la cosa» (según la calificó el prohombrecito ese que ahora se retira entre panegíricos de todos sus colegas) nos la estén vaciando de sustancia. Pero por mucho que nos machaquen inmisericordemente con la suerte que nos cabe a los españoles por gozar de una Constitución que este año cumple 25 añitos, ni todo pueden ser celebraciones, como si se tratase de uno de esos récords que se obtienen a fuerza de aguantar lo que sea, ni cabe seguir cerrando los ojos: el panorama no es tan idílico como nos lo pintan y menos aún, después de las últimas elecciones catalanas y el progresivo desmembramiento del PSOE. Pretender convencernos de que la Constitución es una norma inmaculada que nos hace vivir en el mejor de los mundos posibles, por el simple hecho de que vaya pasando el tiempo sobre ella, es algo puerilmente suicida.

Desde su propia gestación, tan elogiada hoy, doña Consti requirió un amplio consenso que en el fondo ha sido el causante de la ambivalencia de algunos de sus postulados fundamentales, convirtiéndola en un conjunto de proposiciones tan excesivamente abstractas y abiertas que han resultado ser un arma de doble filo. Para colmo, el propio Tribunal Constitucional, encargado de encauzarla y corregir sus ambigüedades, no ha cumplido su importante función interpretativa, sobre todo, porque la «reconocida competencia» de sus miembros ha estado reñida en más de una ocasión, con la «independencia en el ejercicio de su mandato».

Fruto de aquel tan añorado consenso, preñado de dinamita con efecto retardado, fue la invención del Estado de las Autonomías, que ha resultado ser una desastrosa sangría económica y un peligroso experimento realizado con el champán de la unidad nacional; así como la inclusión del equívoco término «nacionalidades», introducido con vaselina en el artículo 2 para contentar en su momento a un grupo minoritario que, insatisfechos con tan generosa concesión, han convertido su egoísmo nacionalista en arma arrojadiza frente al resto de españoles. Nacionalistas que, abonados por la amenaza y el chantaje, se encuentran cada vez más crecidos. Nacionalistas que, aunque rechazan abiertamente la Constitución, la invocan con absoluta desfachatez para todo aquello que les resulte favorable a sus propósitos secesionistas. Nacionalistas que, al calor de las mezquinas disputas electorales entre los dos grandes partidos del Estado, explotan el síndrome de Estocolmo que va calando entre la masa de un pueblo español cada vez más harto y cansado de las siempre insatisfechas reivindicaciones de campanario.

Frente a esta grave situación en que los enanos separatistas están cercanos a fichar por la NBA, el discurso políticamente correcto ha conseguido que se considere reo de anatema a quien se muestre crítico con la Constitución, si lo que se pide es reformarla en defensa de la supervivencia del objeto de su regulación, que si no me equivoco es la nación española. El complejo de inferioridad que hoy invade a los españoles respecto al patriotismo, hace que todo sentimiento deba ser pasado por el tamiz constitucional, y si alguien osa cuestionar las virtudes de la doña y proponer alguna reforma para cubrir sus vergüenzas, una espada flamígera los señalará como presuntos mancilladores del orden constitucional y les abrirá las puertas del abismo, donde todo es barbarie; siempre, claro, que la reforma que se pida no sea la del Estado Federal o cualquier otra fórmula que propugne aún más la desunión de los pueblos de España; porque en este caso sí que estamos ante peticiones progresistas, legítimas y avanzadas, muy acordes con las necesidades que demandan los tiempos. No darse cuenta de que la Constitución es un mero instrumento legal y que está para ser cumplida, más que para celebrar sus cumpleaños; o pretender convencernos de que es norma inmaculada y virginal sobre la que no cabe crítica alguna es una gran torpeza que nos está llevando a la eutanasia como nación.

Nuestra remoderna y superlaica sociedad occidental, tan beligerante y ridiculizadora con los principios religiosos, instaura firmemente sus propios dogmas políticos, y así, y por poner sólo unos ejemplos, nada resulta hoy más dogmático que el principio de igualdad establecido en el artículo 14 de la doña inmaculada («Los españoles son iguales ante la ley, etcétera, etcétera») o el del 139.2 («Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado»), o ese otro del artículo 15 («Todos tienen derecho a la vida»), o aquel casi ignorado del artículo 30.1 («Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España»). ¿Somos todos los españoles iguales ante la ley? ¿Reciben las mismas prestaciones del Estado un vasco y un catalán que un extremeño? ¿Cuál es el derecho a la vida que tienen las 70.000 criaturas a las que se les impide nacer cada año? ¿Cómo trataría la justicia al español que se lanzara a defender a su patria en uno de tantos actos públicos en los que se la ofende? Mucho bicarbonato necesitan estas ruedas constitucionales de molino para ser digeridas. Que sigan los festejos, los bailes y los cánticos, que cualquier cumpleaños de éstos, al abrir los ojos para soplar las velas, nos encontramos que nos han birlado la tarta. Pero llegado el caso, no hay problema: será cosa de llamar al Tito Sam, a la Tita Unionuropea, o a la madre que los parió.
 

MIEDO
Por Jesús Flores Thies - Coronel de Artillería retirado

Se dice que en las Vascongadas se vive en un ambiente de miedo, cuando no de terror. Lo dicen incluso los políticos de toda marca o hierro, incluido el presidente Aznar. Curiosamente, esa Constitución que nació con el virus de la quiebra de España, ya en el preámbulo nos lanza unos gorgoritos sobre eso de proteger a todos los españoles, para luego en los artículos 9 y 10 cantar salmos con música desafinada sobre los «derechos y las libertades», la seguridad del ciudadano y otras maravillas. El artículo 14 es papel mojado (¡los españoles son iguales ante la ley!); el 15 resulta demoledor pues habla del «derecho a la vida» (sic); si leemos el 17, ganas nos dan de sentamos a llorar bajo el primer árbol que tengamos a mano pues dice (que nadie se ría) que «toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad»; si nos paseamos por el voluminoso artículo 20 podemos morir de impresión ante tanta belleza violada... Y no seguimos para no marear más. Bien pues todo eso se vulnera, en muchos casos con sangre, en esa desgraciada tierra. Desgraciada para muchos, que no para otros, que viven como rajás a la sombra de las pistolas etarras. Y se reconoce que se vulnera por parte del «Ejecutivo», que es quien tiene la obligación, no delegable, de proteger al ciudadano, al que se le conculcan los derechos más elementales, entre ellos el de la vida. Ya se considera normal que un español vasco tenga que irse de su tierra, o de que otro español vasco se tenga que esconder en su propio pueblo a la hora del festival cíclico de la urna, o de que un cura abandone por amenazas su iglesia... Quizá sea una consecuencia de esta cumbre de la filosofía y del derecho llamado Adolfo Suárez que dijo aquello tan sublime de hacer norma lo que ya está en la calle.

Pues existiendo ese miedo, terror y abandono inicuo del ciudadano, bajo el poder de las ratas en amplias zonas de España, mientras el Ejecutivo lloriquea su impotencia culpable, resulta que existe otro miedo, pero esta vez en un nivel más amplio y, por decirlo de forma que le molestaría mucho a Luis Solana, a nivel nacional. Gran parte de los españoles, millones de españoles, viven con el miedo en el cuerpo, un miedo sordo, molesto y abyecto pues, teniendo más o menos arraigada la idea de que la guerra fue necesaria para acabar con un estado de cosas insufrible y evitar la catástrofe para España, de que fue una bendición del Cielo la victoria del ejército nacional, de que la época de Franco fue providencial para España, y de que Franco fue uno de los más grandes personajes de nuestra Historia desde el abuelo del hombre de Atapuerca, que revolucionó la Seguridad Social y lanzó a España hacia la cabeza de los países más desarrollados. Pese a pensar así, no se atreven ni a respirar tales sentimientos. Cualquier político, periodista, militar, obispo, banquero, sindicalista, catedrático, maestro, escritor... que se atreviera, sólo se atreviera, a dejar caer un elogio, mínimo elogio, hacia la obra del Caudillo, puede tener la seguridad más absoluta (100 sobre 100) de que su porvenir profesional se había acabado. De ahí el miedo que produce cobardes. Miedo a perder un cargo, una subvención, una beca una cátedra... Y el miedo pone candados en la boca del alma.

Sólo sabiendo la existencia de ese miedo se puede entender lo que hace la Iglesia española, que en una demostración increíble, reniega de su pasado «franquista» y hasta de sus mártires, echando a la basura el apoyo, ayuda y generosidad de aquel régimen que les dio todo, incluso (algunos lo pensamos así) lo que no le pertenecía. Sabiendo la existencia de ese miedo, comprendemos la inicua desaparición de monumentos a los Caídos sin que nunca, jamás, ni por error, la voz de una alta autoridad militar haya dicho nada; comprendemos la desaparición de cualquier recuerdo de Franco en museos militares, principalmente en los acuartelamientos de la Legión; la absoluta falta de referencia a Franco o al reciente pasado de España en cualquier discurso lanzado sobre las cabezas calvas o canas de viejos militares retirados, reunidos cíclicamente en ceremonias presididas por los mismos que les han condenado, por ser fieles servidores de la España que salió de la Victoria del 1 de abril de 1939. Ese miedo es el que impide movilizarse para impedir el vergonzoso desalojo del Museo del Ejército madrileño, decir una sola palabra contra la desaparición de ésta o aquella estatua del Generalísimo. Ese miedo latente y sordo, terriblemente eficaz para los dirigentes de la quiebra de la moral nacional, es el que permite organiza el aquelarre de las Cortes de condena al «franquismo» y de homenaje a los vencidos, incluidos, precisamente incluidos e invitados, los criminales, cuando todavía hay en activo, y por supuesto que en la reserva viven miles de militares que sirvieron a España, siendo leales a Franco, cuyos compañeros murieron, precisamente, por Dios y por España, frase que ha desaparecido de los monumentos a los Caídos de los Acuartelamientos...

Y como «malditos» de esta farsa, los millones de españoles que sólo se atreven a hablar de Franco en voz baja, que son los que votan al PP para evitar aquello de que «no vengan los rojos» y porque son mejores gestores que la tropa socialista, los que votan más en «contra de» que «a favor de». Son los que pagan las caras esquelas en ABC donde, entonces sí, aparecen las Medallas Vieja Guardia, las Cruces de Cisneros, la de Ex-Cautivo, Alférez Provisional y hasta la Cruz de Hierro. Son los españoles cansados y decepcionados, que se encogen de hombros como diciendo: «a mi qué me cuentas, yo lo único que quiero es que me dejen en paz». Porque el miedo ha degradado a la sociedad española dejándola en manos de personajes de la calaña de Guerra, Arzállus, Llamazares o Carrillo.

Sin embargo, hay zonas donde la cobardía y el miedo nada tienen que hacer; son aquellas donde grupos pequeños, casi aislados, a veces a nivel de individuo, levantan la voz sin miedo y expuestos a la coz de la represalia institucionalizada, gritan sus fidelidades. Son esas páginas de «internet», esas «web» que parecen ventanas abiertas a la luz y al aire libre, son esas asociaciones que sobreviven de milagro, sin una subvención que tan generosamente se da a los club de maricones, son esos periódicos y revistas casi artesanales que se mantienen contra viento y marea, son esas peñas de amigos que sin miedo a oídos cercanos hablan en voz alta en sus periódicas reuniones, son los que van al Valle de los Caídos o se reúnen en Barcelona cada 12 de octubre... Estos guerrilleros de la sociedad, sin miedo y hasta con humor optimista, serán los que mantendrán el fuego hasta que llegue esa primavera que, dicho sea de paso, está tardando más de la cuenta en llegar.
 

DE LA LANGUIDECIENTE CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978...
Por Eulogio López

Hispanidad, 5.12.03

El 6 de diciembre de 1978, recién cumplidos los 18 años, tuve mi primera cita con las urnas. Pues bien, voté no. Espero que el señor Aznar no me aplique la nueva norma que pena con prisión a quienes malogren la norma suprema de convivencia, pero llevo 25 años preguntándome si hice bien.

Voté no por una sola razón: me gustaba la Constitución, y sobre todo me gustaba su significado, porque inauguraba una etapa de mayor libertad, una etapa de democracia parlamentaria, lo cual es, de entrada, extraordinariamente positiva. Pero había algo que no me gustaba, en concreto el derecho a la vida, base del resto de los derechos. Aquel «todos tienen derecho a la vida», me mosqueaba un tanto. Era el eterno problema de las definiciones. Y el tiempo acabó por darme la razón, circunstancia de la que no estoy nada orgulloso: 7 años después, en 1985, Felipe González inauguró la etapa abortista en España. ¿Sirvió el texto constitucional para cerrarle el paso a los mercaderes de la muerte (lo de «cultura de la muerte» siempre me ha parecido una contradicción «in terminis», son mercaderes no humanistas)? Ni mucho menos. Es más, el Tribunal Constitucional, intérprete último de la norma, decidió (¡Ole y ole!) que el feto no tiene derecho a la vida y que la persona comienza a serlo, por decreto, cuando se inscribe en el Registro Civil, 24 horas después del nacimiento. Todo muy ontológico.

Hoy, 18 años después de aprobado el homicidio legal, España se ha convertido en el paraíso del aborto, cuna de un turismo portugués, francés y hasta alemán que acude a España, el país donde abortar es más fácil, en cualquier estado del embarazo, con atenuantes o sin ellos. Pues buenos somos los españoles...

Hoy he escuchado al comentarista Ramón Pi afirmar que la Constitución es espléndida, lo malo son los patizanos del Tribunal Constitucional a la hora de explicarnos sus significados ocultos. Hombre, puede ser. Ahora bien, si un pipiolo de 18 abriles mal contados, ya sospechaba las consecuencias de un texto ambiguo, cabe la posibilidad, Ramón, de que fuera el propio texto, y no sus intérpretes, quienes anduvieran errados o anduvieran interesados. A fin de cuentas, no siempre que un libro no cabe en una cabeza humana la culpa es del libro.

Y a fin de cuentas: ¿Qué es mejor una dictadura con aborto o una dictadura que respete la vida? Supongo que lo mejor es no escoger entre dos bestialidades, y apostar por una democracia que respete la vida. Por eso, aún hoy, 25 años después, tengo la sospecha de que cometí un error al votar «no»... a pesar de que acerté en mis temores.

Otro derecho inviolable es el de la propiedad privada. Naturalmente, la Constitución de 1978 lo reconoce, pero, aquí sí anda acertado Ramón Pi, la desastrosa sentencia sobre Rumasa ya manifestaba hacia dónde apuntaba el texto. Apuntaba hacia una preeminencia del Estado y de las grandes corporaciones (es cierto que los Ruiz Mateos eran una gran corporación, pero su expropiación era lógica: el capitalismo de Estado, es decir, el PSOE, no estaba dispuesto a consentir que el capitalismo privado, las grandes empresas, se rebelaran). Y a mí me encanta el derecho a la propiedad privada, pero a la pequeña propiedad privada, o a la propiedad privada de los pequeños. Entre la preeminencia del Estado a través de los impuestos y la preeminencia de las grandes multinacionales con sus mercados financieros especulativos detrás, casi me quedo con ninguno de los dos. En cualquier caso, pierde la persona.

En materia de propiedad privada, la sociedad española ha sabido encauzar bien la Constitución, ha sabido «aplicar» sus principios: Este sigue siendo una sociedad, cuyos miembros luchan por tener una vivienda en propiedad, y un país de pymes y autónomos.

Pero hay otra cuestión: la familia. El texto de 1978, por lo demás, ni se preocupó de definir el segundo gran concepto moral, social e ideológico que nada en solfa en el siglo XXI: la familia. Entonces no hacía falta discutir qué era una familia porque todos tenían claro lo que era.

Pero eso era antes. Es lógico que la Constitución española de 1978 no entrara en ello, pero no es lógico que no lo haga la Constitución europea de 2003, porque la verdadera frontera ideológica radica justamente ahí: en la vida frente a la muerte y en la familia frente a la esclavitud del mercado, o bien en la entrega frente al contrato (sea social, político o mercantil) de una sociedad donde la familia renquea. Por eso, y no por ninguna otra razón, la familia es una célula de resistencia a la opresión. Lo que no es familia es contractual, puro mercado de intereses y contraprestaciones.

Ahora estamos en vísperas de aprobar una nueva Constitución y ese texto no define a la familia, ni tan siquiera la nombra. Es decir, que no se van a crear los Estado Unidos de Europa, sino el Mercado Común Europeo. En una sociedad de familias, al menos dentro de esta, a cada cual se le valora por sí mismo; en una sociedad de mercado se le valora por lo que aporta. Ni más ni menos.

Es más, en 1978 la gran cuestión ideológica era la lucha de clases, es decir, vivíamos el final, durísimo final, del marxismo. Ahora la lucha de clases del marxismo se ha sustituido por la lucha de sexos del feminismo, que resulta igual de estúpido pero mucho más peligroso, dado que lleva la discordia al seno del hogar.

Y ahora «actualicemos» la cuestión: ¿El vigésimo quinto aniversario de la Constitución está sirviendo, quizás, para profundizar en los grande conceptos ideológicos como la dignidad de la persona, la realización a través de la familia o la propiedad individual frente al proceso globalizador? No, por cierto. Aquí de lo único que se habla es de nacionalismo y de unidad de España. Para el PP y el PSOE, las dos fuerzas mayoritarias, con los matices que se quieran, lo único que importa es que la Constitución es el escudo de la unidad de España (de una España con libertades públicas, ciertamente, aunque no con la libertad de vivir cercenada) y la espada contra los nacionalismos independentistas, especialmente el vasco. Para los nacionalistas, la Constitución no es más que «eso que hay que cambiar» y la norma cuya impugnación me permite fastidiar «a los de Madrid» y, de paso, convertirme en el centro de atención de 40 millones de habitantes. El rey de esta táctica es Javier Arzallus (Aitá Arzallus), un verdadero monstruo de la imagen. No, no hay que hablar de «Euskonazismo», sino de «euskovedetismo». Eso es lo que verdaderamente distingue al Partido Nacionalismo Vasco (PNV). Y Aznar, una y otra vez, pica el anzuelo.

Ahora bien, si todo el esquema constitucional se reduce a la defensa de la unidad de España y a la contención del nacionalismo radical (radicalmente bobalicón), entonces es que el debate político en España se ha vaciado de ideas. Porque ya no estaremos hablando de ideas, ni de ideologías, sino de identidades, de sentimientos que van y vienen. Habrá que insistir: el problema del nacionalismo es que traslada el debate desde el Estado de Derecho a los derechos del Estado, especialmente al tamaño y los límites de ese Estado. Entre los separatistas vascos y entre los fervientes partidarios de la unidad de España, puede haber rojos y azules, liberales y estatistas, cristianos y comecuras, defensores de la vida y adoradores de la muerte. Cabe todo, porque no hay debate alguno. Uno se siente vasco como puede sentirse español. Y si al batasumo de Hondarribia le hubiesen parido en Pekín, pues sería un chino de mucho cuidado.

Reducir el debate político e intelectual al ser de España es anular el debate. Entonces ya no habla la razón, sino los sentimientos; entonces ya no se dialoga, se embiste. No es de extrañar que el concepto más querido por la clase política actual (española y europea) sea el de «estabilidad». Nadie se atreve a cambiar el mundo, sea desde la concepción que sea, sólo a que nos matemos unos a otros. Nada más estable que los cementerios.

O sea, lo mismito que el monumento a la Constitución de 1978, erigido en el madrileño Paseo de la Castellana: una forma vacía, sin contenido.

Y ahora, nuestros queridos socios europeos, se disponen a realizar, bajo la batuta del masoncete Giscard, una norma aún con menos contenido. Tan endeble que dan ganas de pensar si realmente es necesaria.

Y este vacío ideológico es el que provoca que el actual debate se parezca mucho a un diálogo de besugos, donde al final nadie sabe ni lo que pretende. Por ejemplo, escuchen al sesudo editorialista del diario El Mundo: «Defender la independencia del País Vasco o de Cataluña es perfectamente legítimo, siempre que se haga por cauces pacíficos y respetando la legalidad constitucional». Estas palabras deberían figurar en algún monumento a la idiocia progresista. Pedro J. Ramírez, príncipe, no es posible, por contradictorio, ir hacia la independencia y, al mismo tiempo, respetar la legalidad constitucional. La Constitución está pensada para España y no ofrece ni el menor resquicio al separatismo. Si hay secesión, habrá que elaborar una nueva Constitución. Ni los nacionalistas vascos, los grandes especialistas en la ambigüedad lingüística son capaces de casar ambas cosas. Por eso, el Plan Ibarretxe ha optado por la independencia (bueno, lo ha hecho por fastidiar, pero ésa es otra cuestión).

De tanto negar la verdad, el progre siempre acaba por incurrir en contradicción. Verás: o Constitución o separatismo. Las dos son posturas muy legítimas, pero son incompatibles. Ya saben, como el negro y el blanco, el ser y el no ser, la verdad y la mentira, el Madrid y el Barça, y esas cosas.
 

LA NACIÓN Y LA DEMOCRACIA
Por Dalmacio Negro

Las Nación, 25.11.03

Nación y democracia son dos maneras de autogobierno que han confluido modernamente. En principio son aliadas e históricamente ha sido el Estado Nación surgido en la revolución francesa el resultado de esa alianza. Pues el Estado, que ha hecho las naciones -primero como Estado Monárquico, luego como Estado Nacional-, en tanto igualador es, decía Ortega, democrático en su raíz: según el concepto puro de Estado, ante el Estado, en el Estado, dentro del Estado o bajo el Estado, todas las personas son iguales y libres. Sin embargo, hoy parece como si la democracia, al disolver todos los lazos, se hubiese constituido en el enemigo de la nación; pues, radicalizando el individualismo e internacionalizándose disuelve el sentimiento, los intereses y la voluntad nacionales.

No obstante, históricamente en el sentido moderno y contemporáneo, Nación y Democracia en tanto dos formas de expresar el autogobierno, una como un todo y la otra como el conjunto de los individuos que la forman, son en realidad consustanciales: no hay nación sin democracia ni democracia sin nación. Nación y democracia constituyen un par dialéctico, siendo la nación -el Estado Nacional en el continente europeo- la forma política de la democracia moderna.

Ahora bien, si por una parte se radicaliza el imperio de la democracia haciéndola penetrar en todo sin circunscribirla al círculo propio de lo Político, el individualismo democrático, guiado a la postre por el espíritu del bienestar, disuelve el sentimiento nacional, disgrega los intereses nacionales, comunes, y debilita la voluntad de la nación reduciéndose la nación política a una abstracción, como la que ha dado en llamarse patriotismo constitucional: la Constitución más que como regla de juego de planificación de la democracia cuyo principio, la libertad política, cede el sitio a la igualdad política. Es el dilema de Tocqueville, según el cual, si prevalece la igualdad sin contradicción, esta última deviene formal al ser una igualdad sin contenido político, puesto que la política está ligada a la libertad y no a la igualdad; la misma política igualitaria, mientras sea política y no otra cosa tiene por objeto la libertad política. La igualdad como principio político, sólo tiene sentido como igualdad jurídica, no como igualdad social o económica; estas últimas, al final son sólo igualdad meramente administrativa; así ocurre hoy en día en Europa, donde la primacía otorgada a la igualdad social y económica sobre la libertad política destruye también de hecho la igualdad jurídica al privilegiar inevitablemente, con la ley, a los distintos grupos sociales en concurrencia mediante la política social, que incluye la política económica.

Esto por una parte. Por otra, al contrario, el nacionalismo, en tanto radicalización del sentimiento nacional por la primacía absoluta –totalitaria- otorgada a la igualdad al incluir en ella la igualdad étnica, lingüística o cultural reales o supuestas frente a los intereses, destruye la homogeneización deviniendo fácilmente en particularismo contrapuesto a la democracia; en realidad la destruye reemplazándola sin matices por la oligarquía. La democracia y la nación se convierten así de aliados naturales en adversarios e incluso en enemigos.

Es lo que está ocurriendo en España. Por un lado, la nación, particularizada como nacionalismo -el «¡sé tú mismo! ¡Llega ser lo que eres!» como dice P. Manent- democráticamente constitucionalizado, está destruyendo de diversas maneras la democracia, y por otro, la democracia social y económica -la democracia igualitaria- destruye, lo mismo que en otros países, la nación, cuyo concepto implica el libre equilibrio de los sentimientos, los intereses y la voluntad de sus miembros colectivos e individuales.

La nación política y la democracia política no son incompatibles, puesto que su relación es dialéctica. Pero si se inclina excesivamente al Estado hacia la democracia se daña a la nación, y si se antepone la nación se perjudica la democracia.







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