El Risco de la Nava - Nº 351
Fecha Miércoles, 06 diciembre a las 13:31:14
Tema El Risco de la Nava


GACETA SEMANAL DE LA HERMANDAD DEL VALLE DE LOS CAÍDOS
Nº 351 – 5 de diciembre de 2006

SUMARIO

  1. Festejos constitucionales... y Gracia y cultura andaluza en Guadalajara, Miguel Ángel Loma
  2. Frente a frente. La mirada sostenida, Minuto Digital
  3. La paz ante todo, Antonio de Oarso
  4. Las mesas de partidos, Rogelio Alonso
  5. España: un medio de comunicación coherente, Forum Libertas
  6. Constitución, laicidad y educación para la ciudadanía, Manifiesto del PSOE


FESTEJOS CONSTITUCIONALES
Miguel Ángel Loma

Cada 6 de diciembre se repiten las consabidas imágenes en las noticias de la tele: una fila de ciudadanos, en su mayoría jubilados, guardando cola ante el Congreso. Les abren las puertas, les dan un cafelito, les enseñan el hemiciclo, les muestran los orificios de los tiros del 23-F, y les dejan merodear un poquito por los escaños. Tras este ritual de puertas abiertas el personal se va contento, porque al personal le gusta sentirse protagonista aunque sea por unos minutos, compartiendo el mismo espacio de esos señores tan importantes que, en realidad, no son más ni menos que sus representantes.

Pero pese a cumplir tan sólo veintiocho añitos de edad, y de tanto ceremonial ciudadano de puertas abiertas, no corren buenos tiempos para la Constitución. Anda la pobre con unos achaques que, si no se combaten a tiempo, pueden conducirla a la UVI. Mermada por el virus del «Estado residual» que le acaba de inocular el Estatuto catalán, amenazada por las bacterias del insolidario federalismo asimétrico, y sometida a un extraño plan de «rejuvenecimiento» que la pretende trasladar de golpe a la realidad social de hace 75 años, en un futuro no lejano nos podemos encontrar con que la fila de marras a las puertas del Congreso tiene como destino la capilla ardiente del cadáver constitucional.

y...


GRACIA Y CULTURA ANDALUZA EN GUADALAJARA

Aún no se conoce la cifra exacta de millones de euros (aunque parece que pasan de dos) que se ha gastado la Junta de Andalucía en llevarse a Guadalajara (de México, por supuesto, que está más cerquita) unas 360 personas a la Feria Internacional del Libro (FIL), donde Andalucía comparece como invitada de honor. Según cuentan las crónicas, uno de los actos más festejados de la FIL ha sido la intervención del ex presidente Felipe González en la presentación de un libro sobre la guerra fría (tema candente donde los haya). Dicen que el gracejo y desenvoltura de su exposición le convirtió en la estrella de la Feria, y que congregó a un auditorio de más de 400 personas totalmente rendidas «que no pararon de reír sus chascarrillos». Que Felipe tiene gran capacidad de seducción es cosa sabida por los españoles, pero no recuerdo yo que se caracterizara por el golpe gracioso de sus ocurrencias. Claro que contando con una clac de, al menos, 360 entregados a la causa, no me cabe duda de que saldría de allí con ánimo de ganarle un concurso de chistes al mismísimo Chiquito de la Calzada.

Por cierto, según la OCDE la comunidad andaluza «goza» de unos índices de fracaso escolar superiores a la media española (que ya es decir) y europea, pero imagino que de eso nadie hablaría en Guadalajara. Y según la Encuesta de Condiciones de Vida 2005, que acaba de publicar el INE, Andalucía es la tercera comunidad más pobre de España, siendo los andaluces (un 56 por ciento de mis paisanos) los que menos pueden permitirse unas vacaciones al año, ni siquiera de 7 días. No sé por qué, pero me da a mí, que los 360 de Guadalajara no pertenecen precisamente a ese 56 por ciento.  
 

FRENTE A FRENTE. LA MIRADA SOSTENIDA
Minuto Digital

Mientras el Poder Judicial mantenga algunos de los espacios de libertad que el estado liberal le otorgó, la agenda de los tribunales la determinan los jueves y los investigadores.

Este espacio de independencia que en España mantiene a jueces a distancia de los efluvios de Moncloa, está resultando contraproducente en extremo al Proceso de rendición ante ETA.

La agenda judicial está logrando que mediáticamente se imponga la imagen de De Juan Chaos como rostro visible de ETA, frente al perfil más estudiado de Barrena, Otegui o Díez Usabiaga que andan de conferencia en conferencia y tiro por que me toca.

Ante un tipo de rostro sanguinario como De Juana, Batasuna es incapaz de imponer la imagen onírica del Mitin del Velódromo de Anoeta, coartada y punto de partida de lo que luego ha venido.

En estos días, la agenda judicial ha vuelto a jugar una mala pasada a la imagen de ETA ante la opinión pública española. Se trata, sin duda, del juicio sobre el asesinato del concejal del PP, Gregorio Ordóñez, en el que el principal imputado es Francisco Javier García Gaztelu, «Txapote», sujeto reincidente en juicios en este tiempo en el que Francia nos lo presta para que sea juzgado en España.

Y es que desde el «te voy a pegar siete tiros, hijo de puta» retransmitido «urbi et orbe», no hay agencia de publicidad capaz de convencer al personal de que cuando piense en ETA lo haga en forma de querubines alados potadores de la «pax» eterna, en lugar de en este tipo esgrimiendo su mano en forma de pistola a través del cristal, apuntando al Juez Garzón.

El otro día, más tranquilo (algún mérito tendrán los asesores de imagen batasunos), Txapote volvió a imponerse sobre el Mitin de Anoeta. Unos ojos desafiantes de un cuerpo de mujer pequeño y enjuto, ante el cual empequeñecen los españoles por millones, le sostuvieron la mirada, tanto que el cristal antibalas se hizo agua y el etarra, incapaz de aguantar el frente a frente, no pudo más que depositar su mirada en el suelo.

En un mundo de contrastes, la gigantez de María San Gil es inconjugable con la doblez de compañeros suyos de partido como Josep Piqué, ante quien las mujeres españolas por escasas de talla que anden, se agigantan.

La San Gil, una mujer ejemplo de la lealtad política a Gregorio Ordóñez, recuerda a Mercedes Fórmica, Lola Larios, Pilar Primo de Rivera o Mercedes Sanz, las mujeres falangistas que se mantuvieron erguidas frente al pistolerismo socialista y comunista que precedió el trágico derramamiento de sangre de los años treinta.

Ellas también convivieron con personajes de fácil genuflexión ante semejantes. Su ejemplo y el de muchas otras permitieron, andando el tiempo, ganar los espacios de libertad que ahora permiten que la agenda judicial nos traiga la cara de Txapote a la cabeza cuando oímos el acrónimo ETA, en lugar de las imágenes oníricas que a Batasuna y a ZP les hubiera gustado inocular en nuestras mentes.

Con su desafío, María nos ayuda a poner rostro a los responsables del dolor, tipos pequeños, como Txapote, que no pudo aguantarle la mirada a María.
 

LA PAZ ANTE TODO
Antonio de Oarso

Han sido numerosas las seguridades que ha dado el Gobierno de que las tropas españolas que se van a enviar a Líbano llevan una misión de paz. Este término de «paz» se utiliza profusamente, monótonamente. Sin duda, el deseo de paz del pueblo español es tan grande, que las palabras de paz han de ser necesariamente bien acogidas. También se ha asegurado que las tropas españolas no van a correr peligro, puesto que su misión es humanitaria y de paz. A última hora ya se admite que existe la posibilidad de riesgos, lo cual es mucho admitir para este Gobierno. Pues parecería que las tropas españolas no deben ir a ningún lugar donde haya peligro de que se produzcan disparos. Esto contrasta con el abundante material de guerra de que van provistas. ¿Se trata de simple material de adorno? Así podría deducirse, puesto que su labor no ha de tener relación alguna con la guerra. Pero si se trata de un material inservible, podría prescindirse de él. Es lo que nos dice el sentido común. Ya que la función de las tropas españolas en el extranjero se parece tanto a la de una ONG, deberían presentarse en esa condición, prescindiendo de las armas.

Alguien ha dicho que el pueblo español está enfermo, basándose en diversos síntomas. Uno de ellos sería este deseo extremado de paz. Porque una cosa es desear la paz, y otra, desear histéricamente la paz. Un ejemplo curioso y aberrante fue oírle a un ministro de Defensa, como José Bono, manifestar públicamente que él «prefería morir antes que matar». Sería una sorpresa que alguien nos informara de algún ministro de Defensa de algún país que haya dicho algo tan estrafalario y absurdo en alguna ocasión. Porque, supongamos que tenemos unas fuerzas armadas imbuidas de esta filosofía de su ministro de Defensa. ¿De qué nos habían de servir? Sería un ejército inerme, dispuesto a ser tiroteado antes que a pegar un tiro. Sin embargo, José Bono sabía que sus palabras no serían mal aceptadas por la gente en general. Bono es un demagogo y, como tal, no hace manifestaciones que no sepa que han de gustar a las masas.

Ese deseo extremado de paz nos lleva a evitar todo lo que suponga confrontación. Si estudiamos la labor del Gobierno, observaremos que se funda en hacer concesiones y promesas a todo aquel que reclame algo, al objeto de apaciguar a todos, diluir los problemas y seguir adelante. Lo erróneo de esta política, más propia de gente infantil o anormal que de políticos avezados, se muestra en sus resultados desastrosos, contrarios precisamente a sus pretensiones; pues las promesas no se pueden cumplir y las concesiones acarrean consecuencias. A esto se añade la obcecada idea de que para conseguir la paz interior definitiva del país es necesario reivindicar la memoria del régimen del bando derrotado en la contienda civil. El resultado es que nunca ha estado el país más internamente dividido, ni nunca ha sido más despreciado en el exterior. Pero hay muchos españoles que piensan que es la política adecuada porque persigue la paz, y que sus contrarios desean los conflictos. En estos españoles confía Rodríguez para ganar las elecciones.

Su tratamiento del terrorismo resulta paradigmático. No ha consistido más que en hacer concesión tras concesión, y eso que la banda estaba agotada debido a la labor del gobierno anterior. Estas concesiones han supuesto una reanimación de los terroristas, que se han reforzado y que cada vez se vuelven más exigentes y autoritarios. Por medio de un partido autorizado, su influencia será crucial en el País Vasco en el futuro. No es ese un porvenir que reconforte, pero el deseo de paz de Rodríguez y muchos españoles conduce necesariamente a esa situación. Pero nos podíamos haber ahorrado décadas de sufrimiento, si desde el principio nos hubiéramos rendido, concediendo a los terroristas lo que pedían. Claro que no sólo se trata de un deseo de paz en Rodríguez. Hay algo turbio en su actitud que apunta a corrientes subterráneas de simpatía. Como simpatía expresa mantiene hacia el régimen frentepopulista derribado en la guerra civil.

La idea adolescente y sesentayochista que, sin ser la causa última, contribuye a esa turbiedad y da cobertura ideológica a las actitudes desfondadas de Rodríguez, es que todo movimiento revolucionario o reivindicativo tiene su razón de ser y nace de una injusticia. No hay más que subsanar esta injusticia, haciendo las debidas concesiones al rebelde, y el conflicto se resuelve. El resultado de estas ideas de tebeo es una política de tebeo que no puede ser tomada en serio por el resto del mundo. Rodríguez es un político que hace reír. Aunque, lamentablemente, las consecuencias de su labor no pueden ser más desastrosas y menos risibles. Sin embargo, como no hay mal que por bien no venga, y me refiero al bien de Rodríguez, lo cierto es que algunas medidas tomadas parecen obedecer a un cálculo que le puede resultar exitoso en las elecciones futuras. La ley de matrimonios homosexuales le reportará votos, y su desastrosa política de inmigración, con la legalización para todos y el consiguiente «efecto llamada» que nos lleva a ser literalmente invadidos de inmigrantes, para cólera del resto de la Unión Europea, puede hacerle ganar un buen puñado de votos más. Para 2008 se calcula que unos quinientos mil inmigrantes habrán adquirido la nacionalidad española y podrán votar en las elecciones generales. Obviamente, a Rodríguez. Hay, pues, además de turbiedad, rasgos de astucia en una actividad política que difícilmente puede calificarse de inteligente o correcta.

Pero lo que más puede beneficiarle es el deseo de paz de gran parte de los españoles. Este es un país que por su sol, sus paisajes, su gastronomía, sus playas y su folclore se ha convertido en uno a los más visitados por los turistas. Es un país ideal para fiestas y vacaciones. Esta situación, aparentemente beneficiosa, tiene su carga de hedonismo y relajación del espíritu, transmitida rápidamente a la población autóctona en una situación de bonanza económica sin precedentes. El deseo de placer ha aumentado extraordinariamente, así como la indiferencia por la política. Según algunas encuestas, únicamente de un diez a un quince por ciento de la población se interesa por ésta. Y es que la política es conflicto, y a una gran parte de la población lo que le interesa es la paz. O, por mejor decir, quiere que la dejen en paz. Por tanto, todo lo que conduzca a la solución de los conflictos, o que parezca conducir a ella, será bien visto. No mirarán con escándalo las concesiones que se hagan para conseguirla. Y la rendición ante las exigencias no será considerada como tal; será denominada de otra manera, pues para eso está la manipulación del lenguaje: para tranquilizar las conciencias, para contribuir a la paz mediante una cobertura verbal adecuada.

No es nada imposible que Rodríguez vuelva a ser elegido, pues tiene en la paz una baza importantísima. Salvo que los inconvenientes y perjuicios de su política lleguen a resultar tan evidentes y sangrantes que hasta las conciencias más beatíficas o anestesiadas terminen por espabilarse. 
 

LAS MESAS DE PARTIDOS
Rogelio Alonso

Profesor de Ciencia Política. Universidad Rey Juan Carlos

Diario ABC

A pesar de que el gobierno insiste en su negativa a pagar un precio político por el final del terrorismo, la realidad está demostrando que la actual política antiterrorista acarrea inevitablemente un alto coste para la democracia. Tras ocho meses de tregua, el gobierno por fin acepta que ETA no muestra «una clara voluntad para poner fin a la violencia», como exigía la resolución de mayo de 2005 aprobada en el Congreso. De ahí que el presidente haya asegurado que «con violencia, nada de nada». Sin embargo, la irrelevancia de esa aparente firmeza emerge cuando el gobierno decide continuar los contactos con el brazo político de la organización terrorista para negociar la creación de una mesa de partidos extraparlamentaria, manteniéndose por tanto inalterable la política gubernamental a pesar de las constantes amenazas de ETA que subrayan la ausencia de una «clara voluntad de poner fin a la violencia». Al enfatizarse verbalmente una firmeza que niega cesiones ante la violencia, mensaje que reconforta a quienes desean confiar en la idoneidad de esta política antiterrorista, tiende a ignorarse el alcance de una peligrosa actitud que bordea la legalidad. Así ocurre cuando se elude presentar como una cesión ante ETA lo que sin duda constituye un alto precio político en la forma de un órgano, la mesa extraparlamentaria, que debilita decisivamente uno de los pilares de la lucha contra el terrorismo durante las últimas décadas: la legitimación de las instituciones democráticas frente a los intentos de deslegitimación de las mismas por parte de quienes han desafiado a la democracia, esto es, los terroristas.

La mesa de partidos que el gobierno sigue negociando con representantes de una organización ilegal es una exigencia de ETA a la que el gobierno responde, con las graves consecuencias que de ello se deriva, pues al satisfacer ese deseo de la banda se vulneran las reglas de la democracia favoreciendo la deslegitimación de las instituciones democráticas y de sus representantes, asesinados precisamente por defenderlas. Quienes relativizan esa iniciativa presentándola como una suerte de «mal necesario» que facilitaría una supuesta transición de Batasuna hacia la democracia, obvian que la realidad muestra algo muy diferente, pues dicha mesa legitima los argumentos de ETA y Batasuna haciendo además eficaz la amenaza de una organización terrorista todavía activa. Las cuestiones que en ella se debatirían al margen de las instituciones democráticas son además de una enorme trascendencia, pues se pretende «renovar el actual marco jurídico» (El País 6/10/2006). De este modo se fuerza a la democracia a aceptar la imposición de una organización terrorista y su coacción sobre políticos y ciudadanos, presionados para aceptar tamaña anormalidad mediante la amenaza de que el apaciguamiento de ETA así lo exige. La mera negociación de dicha mesa en unas condiciones en las que evidentemente ETA no muestra ninguna voluntad de poner fin a su violencia resta credibilidad a las declaraciones de firmeza de un gobierno dispuesto a ciertas concesiones a pesar de la negación de las mismas. Así lo confirma la admisión de que el gobierno ha abandonado su exigencia inicial de «primero la paz, después la política» (El País, 19/10/2006) que las negociaciones con Batasuna corroboran.

Si con objeto de garantizar que no ha habido cesiones a ETA se recurre a los comunicados de la banda que critican al gobierno por la ausencia de «pasos», también debe recordarse que esos mismos pronunciamientos etarras insisten en la existencia de compromisos con representantes socialistas cuyo incumplimiento critican los terroristas. Por lo tanto, de los comunicados de ETA que el gobierno utiliza como muestra de su supuesta firmeza podría deducirse tanto que el gobierno no ha cedido, como que no ha cedido lo suficiente desde la perspectiva etarra, aunque demasiado desde la óptica de la democracia. El comportamiento gubernamental avala la última hipótesis. Revelador resultaba en este sentido el editorial de El País del pasado 22 de noviembre al reconocer que en relación con «el sobreseimiento de los procesos abiertos y la legalización de hecho de Batasuna» ha existido «desde hace meses» una «tolerancia» que «no habría sido difícil prolongar si ETA hubiera dado algún indicio de que estaba dispuesta a retirarse definitivamente». Estas palabras confirman una «tolerancia» hacia el entorno etarra que se ha negado en público y que dan sentido a sorprendentes declaraciones como la del propio presidente del gobierno asegurando que determinadas decisiones judiciales contrarias a Batasuna pueden dificultar el «proceso de paz». Dicha «tolerancia» se ha aceptado a pesar de que en ningún momento ETA ha cumplido las condiciones impuestas por el Congreso de los Diputados.

En retrospectiva se aprecian numerosos ejemplos de una ineficaz «tolerancia» hacia la organización terrorista, que mediante señales equívocas ha alimentado expectativas sobre su hipotético final dividiendo a partidos democráticos cuyo anterior y sólido consenso tanto la había debilitado. Estas tácticas han llevado a los responsables de la política antiterrorista a mostrar en algunos momentos mayor confianza hacia la organización terrorista que hacia el principal partido en la oposición. Así lo refleja el abandono de un Pacto por las Libertades que no se ha reunido en dos años de legislatura. La resolución de mayo de 2005 suponía un significativo cambio de estrategia antiterrorista al abrir la expectativa de negociación con la organización terrorista, si bien en determinadas condiciones. El alcance de esa iniciativa y el compromiso de «búsqueda de posiciones conjuntas» recogido en el Pacto requería que el encargado de dirigir la política antiterrorista –el gobierno–, facilitase información al otro integrante del acuerdo sobre las causas del abandono de la posición hasta entonces mantenida en la que se negaba cualquier posibilidad de diálogo con la banda o su entorno ilegalizado. Dicha información al principal partido de la oposición resultaba imprescindible habida cuenta de los contactos que representantes socialistas venían manteniendo con el entorno etarra desde 2004.

Esta dinámica se mantiene todavía al prescindirse del Pacto por las Libertades mientras representantes del gobierno siguen negociando con Batasuna la constitución de la referida mesa extraparlamentaria y cómo legalizar a los representantes políticos de ETA. Este comportamiento mina la credibilidad del gobierno cuando niega un precio político frente al terrorismo, pues la duplicidad resumida en las líneas precedentes evidencia lo contrario, al respetarse la interlocución con una ilegalizada Batasuna pero no con un partido democrático como el PP, beneficiando por tanto a quienes apoyan la violencia precisamente como resultado de su asociación con el terrorismo. Es, pues, engañoso y perjudicial recurrir a una firmeza más bien retórica cuando el diálogo con ETA no es una ficción o un futurible, sino una realidad materializada en negociaciones con dirigentes de dicha banda y con un partido como Batasuna que continúa actuando como el brazo político de una organización terrorista cuyos dictados sigue fielmente. En estas condiciones, la firmeza del gobierno sólo sería creíble si volviera a aplicarse la estrategia de la negación de cualquier expectativa de éxito para ETA y su entorno que el Pacto por las Libertades suponía y que las actuales negociaciones con Batasuna contradicen.

En un texto publicado en 1997, titulado «Problemas de legitimidad: provocación terrorista y respuesta del Estado», José Ramón Recalde, ex consejero socialista del Gobierno Vasco, escribía: «Al resucitar el tema del diálogo político con ETA y con su entorno político, han provocado un primer efecto. Han conseguido que HB entienda y diga que, sin moverse de sus propias posiciones, ha logrado que los demás se muevan. Con lo cual la patología política de sus militantes –la de la lucha contra toda esperanza– ha disminuido. Un segundo efecto ha sido el desconcierto entre los partidos democráticos. Significa, naturalmente, cambiar sobre lo ya programado, que es que no hay diálogo mientras ETA no deje de matar y cuyo alcance no sea el marco de la Constitución; que, cuando ETA deje de matar, se tratará de la reinserción de los etarras». Las contraproducentes consecuencias del diálogo político con ETA y con su entorno continúan totalmente vigentes hoy cuando el gobierno insiste en mantener tan peligrosa iniciativa a pesar de la falta de voluntad de los terroristas para aceptar la democracia.
 

ESPAÑA: UN MEDIO DE COMUNICACIÓN COHERENTE
Forum Libertas

La Gaceta de los Negocios (www.negocios.com), desde hace poco tiempo un diario de información general y aún poco conocido como tal, ha decidido no incluir anuncios de prostitución en sus páginas. La decisión forma parte de los principios que inspiran a sus impulsores. Es el único diario español que no publica anuncios de prostitución.

Era hasta hace poco un diario exclusivamente económico y por esta especialidad se le conoce, pero ha dado un giro estratégico y se ha convertido en rotativo de información general, con amplia información y opinión en los campos político, cultural y de sociedad, además de mantener un cuadernillo de información económica.

La Gaceta ha entrado en el difícil mundo de las publicaciones diarias de información general, donde no es fácil abrirse camino hasta alcanzar a la vez una presencia social amplia y la rentabilidad que garantice la subsistencia. Por el momento, su decisión aporta un soplo de aire fresco en un mundo erotizado y a un sector editorial en el que todo vale para el negocio.
 

Europa, avergonzada de la prensa española «seria»

En el año 2003, The International Herald Tribune anunció ampliamente que en adelante no publicaría más anuncios de prostitución porque ello iba «contra los estándares y valores» de la empresa editora del rotativo.

El mismo año, Marjorie Scardino, una directiva del Grupo Pearson, editor de publicaciones tan importantes como Finantial Times y The Economist expresó su asombro, su escándalo, por el hecho de que la prensa española considerada «de calidad» publicara anuncios de prostitución, porque en la Unión Europea, la inmensa mayoría de periódicos serios no incluyen publicidad sobre el llamado «más viejo oficio del mundo» .

A veces se protesta airadamente, y con razón, acerca de algún programa de televisión, pero a la vez brindamos en bandeja y día a día a nuestros hijos, en el diario que les recomendamos leer, una dosis de porquería bastante mayor.
 

Cada ejemplar, cientos de mensajes de sexo por dinero

Más del 60 por ciento de los clasificados o anuncios por palabras de las ediciones diarias de publicaciones como El País, La Vanguardia, El Mundo, El Periódico, ABC o La Razón están destinados a contactos sexuales.

Según un estudio de El Confidencia Digital, el diario El País lleva del orden de 800-900 anuncios diarios de este tipo, El Mundo unos 800, El Periódico 600, La Vanguardia 500, ABC 400 y La Razón 250. 

El pasado viernes 24 de noviembre, el semanario Alba publicó un informe sobre los ingresos por anuncios de prostitución en los principales diarios españoles. El País es quien se lleva la palma, con unos cinco millones de euros anuales, pero a poca distancia le van a la zaga otros diarios.

Aquí hay poca o nula diferencia entre publicaciones de derechas o de izquierdas, más nacionalistas o menos. Parece no importar más que el negocio puro y duro.
 

«Sigue adelante sin que se note»

En cierta ocasión, una familiar muy próxima al propietario de uno de los grandes diarios barceloneses le reprochó la inclusión de tal tipo de publicidad. El propietario dijo al gerente que eliminara estas páginas, pero cuando el directivo le presentó los números del dinero que representaba, el primero argumentó: «Sigue adelante, pero que se lo note lo menos posible». Ni siquiera han procurado disimular.

Un alto cargo de la Generalitat de Catalunya, del (gobierno) tripartito, partidario de legalizar la prostitución sacaba a colación hace pocos días en un coloquio universitario la doble moral de algunos medios de prensa. «El diario que nos fustiga más por nuestra actuación respecto a la prostitución es quien cada día publica varias páginas de anuncios», afirmó.

Algunos diarios, con buen quehacer profesional, informan de las mafias que controlan la prostitución, publican las estimaciones de la Policía según las cuales del orden del 85 por ciento de las mujeres que ejercen la prostitución son forzadas a ello, quieren que las «profesionales» dejen de estar en las calles o en determinados barrios, pero a la vez incluyen sin el menor pudor páginas y páginas de anuncios que fomentan tal práctica.
 

CONSTITUCIÓN, LAICIDAD Y EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

No tenían otra cosa que decir. Son pertinaces y de ideas fijas. El sectarismo les domina. Se ciscan en todo lo que no sea su obsesión. ¿Les importa algo España y los españoles?, se preguntarán muchos. Estamos convencido de que solamente les preocupan sus ideas maniqueas situándose en el lado bueno por lo que han de destruir todo aquello que está en el lado opuesto que califican como malo. Y tienen que destruirlo a pesar de la teoría del consenso, de la tolerancia, de la búsqueda de la paz. Son devastadores. Hay que desenmascararlos y llevarlos al estercolero. Mientras la sociedad española no levantará cabeza. Incluso la sociedad mundial.


Manifiesto del PSOE con motivo del XXVIII aniversario de la Constitución

En el año 2006 España conmemora el XXVIII Aniversario de la Constitución de 1978 que, junto a la Constitución de 1931, representa la más alta plasmación en la historia del pueblo español de su voluntad de vivir en un régimen democrático. Se trata, como cada año, de un acontecimiento que debe llenar de orgullo y satisfacción a los españoles pues, no en vano, tras la quiebra del régimen republicano y con él, de la legitimidad democrática, el vivido desde la promulgación de la Constitución del 78, ha sido el único período constitucional de normalidad democrática y estabilidad política.

La nuestra es una Norma Fundamental cuya elaboración estuvo presidida por la voluntad de consenso, concordia y generosidad de todas las fuerzas políticas llamadas a representar a los ciudadanos en el año 1977 y, en cuya aprobación, jugó un papel esencial el entusiasmo de un pueblo, el español, ávido de libertad y democracia.

La Constitución de 1978 es una norma básica que garantiza el ejercicio en igualdad del amplio catálogo de derechos y libertades atribuido a los ciudadanos y que diseña un marco para la convivencia en paz asegurando la cohesión y la estabilidad política, social y económica del país.

Como pone de manifiesto el actual proceso de renovación de nuestro Estado autonómico, en dicho marco de convivencia diseñado por la Norma Fundamental española tiene cabida la articulación de la diversidad territorial que caracteriza a la España plural. Pero, además de dicha diversidad territorial, nuestra Norma básica sienta las bases para el desarrollo de otro tipo de diversidad: el que deriva del libre y plural ejercicio del derecho de libertad de conciencia de todos sus ciudadanos. En un momento como el actual, en el que el fenómeno migratorio está convirtiendo a la sociedad española en una sociedad multicultural, es preciso recordar y reafirmar el valor de un principio constitucional, el de Laicidad, cuya vigencia es esencial para que nos hallemos en grado de revalidar los ya veintiocho años de convivencia en libertad que han conducido a España a un estatus de progreso y estabilidad sin precedentes. Y ello porque la Laicidad se configura como un marco idóneo y una garantía de la libertad de conciencia donde tienen cabida todas las personas con independencia de sus ideas, creencias o convicciones y de su condición personal o social, siendo por ello requisito para la libertad y la igualdad.

Los fundamentalismos monoteístas o religiosos siembran fronteras entre los ciudadanos. La laicidad es el espacio de Integración. Sin laicidad no habrían nuevos derechos de ciudadanía, serían delitos civiles algunas libertades como la interrupción voluntaria del embarazo, el matrimonio entre personas del mismo sexo,… y dejarían de ser delitos el maltrato a la mujer, la ablación o la discriminación por razón de sexo. Sin laicidad sería difícil evitar la proliferación de conductas nada acordes con la formación de conciencias libres y críticas y con el cultivo de las virtudes cívicas.

Desde la laicidad se garantiza la convivencia de culturas, ideas y religiones sin subordinaciones ni preeminencia de creencias, sin imposiciones, sin mediatizar la voluntad ciudadana, sin subordinar la acción política de las Instituciones del Estado Social y Democrático de Derecho a ningún credo o jerarquía religiosa. La Laicidad es garantía para desarrollar los derechos de ciudadanía ya que el Estado Democrático y la Ley, así como la soberanía, no obedecen a ningún orden preestablecido de rango superior, pues la única voluntad y soberanía es la de la ciudadanía.

Creemos que el respeto a todas las opciones que suscita la vida personal y social, el respeto de la discrepancia y de la diferencia y la apreciación de la riqueza de la diversidad de concepciones y valoraciones son pilares esenciales del entendimiento democrático. Sin embargo, el cultivo del derecho de libertad de conciencia y la autonomía moral, ideológica o religiosa de los individuos, debe conciliarse con la potenciación del mínimo común ético constitucionalmente consagrado integrado por el conjunto de valores que constituyen las señas de identidad del Estado Social y Democrático de Derecho: igualdad, libertad, justicia, pluralismo, dignidad de la persona y derechos fundamentales.

En una sociedad cada vez más plural en la que se hallan en circulación pluralidad de códigos éticos, fruto, entre otros factores, de la generalización de los movimientos migratorios, uno de los desafíos más importantes que se plantean a los poderes públicos tras veintiocho años de vigencia constitucional, es contribuir a la formación de «conciencias libres, activas y comprometidas» con el «mínimo común ético constitucional», esto es, con el patrimonio común de valores constitucionalmente consagrado.

Y es en dicho marco donde el legislador democrático ha asumido la parte de responsabilidad que le corresponde incluyendo en la nueva Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la asignatura Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, una materia que trata de dar cumplimiento al mandato constitucional de promocionar los valores que integran lo que el ilustre constitucionalista Francisco Tomás y Valiente dio en llamar «ideario educativo constitucional» recogido en el artículo 27.2 de la Norma Suprema. La Constitución española del 78 no diseña una enseñanza valorativamente neutral sino que hace pivotar el sistema educativo sobre el deber de trasmitir y promocionar el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales como el modo más adecuado para consolidar y perpetuar la vigencia del propio régimen constitucional y la convivencia de todos.

En el vigésimo octavo aniversario de la Constitución española de 1978, los socialistas queremos manifestar nuestro compromiso con el fomento inobjetable de la ciudadanía como eje de la democracia y por ello nos congratulamos de la creación de una nueva materia curricular que no hará sino fortalecer dicho valor.







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